El mundo se enfrenta a una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico, social y ambiental ya adverso. Si bien la historia registra antes el paso de grandes pandemias, ninguna irrumpió en un mundo tan poblado ni tan interconectado y con un planeta ambientalmente enfermo.

Hace cinco años el papa Francisco lanzó la encíclica Laudato si’, donde aborda la degradación ambiental y el cambio climático. En ella llama a la acción rápida y unificada para cambiar la dirección de la relación humana con su entorno que, de continuar la misma senda, acabará con la humanidad misma. La encíclica del primer Papa latinoamericano nos llama a reflexionar sobre la relación con la naturaleza, nuestra casa. Y las decisiones próximas definirán esta relación y el futuro de América Latina y el Caribe.

Tras la emergencia sanitaria nos enfrentaremos a la depresión económica más grave en 120 años. La urgencia de reducir sus impactos ya se está aduciendo para abandonar avances regulatorios y consideraciones ambientales y climáticas que, si no se integran al centro de la recuperación económica, empujarán a la región hacia efectos más dramáticos y a mayor plazo que los del COVID-19.

La reanimación económica requerirá recursos y endeudamientos que restarán capacidad de gasto público. La potencia de nuestros países para responder a las crisis climáticas recurrentes y cada vez más intensas se verá gravemente disminuida: sequías, inundaciones, huracanes, pérdidas en la producción agrícola, pérdidas de energía y exposición a un aumento de las pandemias, entre otras.

Preocupa especialmente la región del Caribe, que ya estaba previamente asediada por golpes tanto climáticos como económicos, incluyendo un fuerte endeudamiento y una alta exposición a desastres naturales. Para el Caribe el cuidado de los océanos es esencial en la lucha contra el cambio climático; y el turismo sustentable será clave para afrontar la crisis postpandemia. Por todo ello, es tan importante tomar medidas de reactivación económica sostenibles y “a prueba del clima”; no las usuales. 

La salida de la crisis de 2008 en la región vio programas muy tradicionales: construcción de carreteras, edificaciones y estímulos a industrias altas en emisiones, como la producción y venta de automóviles. No hubo apoyos a las energías renovables o al transporte público limpio, por ejemplo. Doce años después, la emergencia climática y la crisis de la biodiversidad han aumentado, y estamos frente a la sexta extinción masiva, que evidencia la interacción entre la crisis sanitaria y la del medio ambiente. La reorientación del desarrollo con otros sectores y políticas coherentes tiene ahora importantes expresiones, como el Pacto Verde de la Unión Europea, la Civilización Ecológica China, el Nuevo Pacto Verde de Corea del Sur y las propuestas demócratas con su Green New Deal en Estados Unidos.

La recuperación debe ser distinta esta vez, basada en sectores verdes, con un gran impulso a la sostenibilidad o de economía verde. Estas inversiones alentarían la innovación, nuevos negocios y empleos decentes, efectos positivos en la oferta y demanda agregada en las economías de la región, superiores a los de sectores tradicionales de infraestructura. Esta oportunidad no debe desperdiciarse, como en 2008. El liderazgo político es clave para abordar simultáneamente la crisis sanitaria, la económica y la climática, con coraje y audacia, y el momento es ahora.

Es imperativo otorgar certidumbre a la inversión para la economía sostenible con marcos coherentes, legislativos, regulatorios y de política pública. Las áreas de mayor oportunidad para alcanzar la Agenda 2030 y la recuperación verde son, al menos, los siguientes: i) energías renovables y eficiencia energética con ventajas económicas de empleo y ambientales, y pueden sustituir importaciones. Más inversiones en hidrocarburos no son justificables económicamente.  ii) Transporte público y de última milla electrificado, de fabricación regional, competitivo frente a soluciones individuales, que llevan a crisis de congestión y contaminación urbanas, que integre cadenas de valor en el sector (litio, cobalto en el triángulo del litio).

iii) Soluciones basadas en la naturaleza para la producción agrícola y ganadera, a la gestión del agua y a los ecosistemas, que dinamizan las economías y limitan la aparición de futuras pandemias, pues dos tercios de las zoonosis se originan por el contacto humano con la vida silvestre.  iv) Restauración de ecosistemas con orientación científica y pagos por servicios ecosistémicos que operarían como programas de empleo emergente y generan mayor productividad en la agricultura y ganadería y oportunidades de desarrollo.

v) Ampliación de la infraestructura sanitaria básica (agua y saneamiento), con importantes impactos en salud, inclusión, intensos en mano de obra, con insumos nacionales. vi) Producción de materiales bajos en carbono para la construcción.

Este crecimiento selectivo debe expresar un acuerdo social recogido en política económica y regulatoria en favor de esos sectores, en ascenso, y de desincentivo a los sectores en ocaso. Y los recursos necesarios son muy insuficientes si sólo se dispone de recursos públicos. Por tanto, es necesario que los flujos financieros apoyen la lucha contra el cambio climático, así como las asociaciones con el sector privado. Para ello es fundamental reorganizar las áreas de inversión financiera como están haciendo economías más avanzadas, a través de taxonomías sostenibles como guías para la inversión. La Agenda 2030, con su llamado a la universalidad y simultaneidad, al igual que el Acuerdo de París orientan el desarrollo en el sentido correcto y para una recuperación verde. Si tomamos estas acciones América Latina y el Caribe saldrá reforzada de esta crisis, y podremos decir que fuimos responsables para con la casa común que, como dice la encíclica del Papa, se nos ha confiado.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); y Leo Heileman, director regional para América Latina y el Caribe de Programa de la ONU para el Medio Ambiente.

Los países de América Latina y el Caribe han desplegado un gran compromiso con la Agenda 2030, con importantes avances en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, las tendencias revelan que el cumplimiento de esta hoja de ruta global hacia 2030 se encuentra en un punto crítico en la región. A casi cuatro años de su aprobación, 29 de los 33 países de América Latina y el Caribe cuentan hoy con mecanismos institucionales de coordinación y seguimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional, cuya labor se funda en instrumentos legales que definen sus alcances y objetivos.

En contraste, la heterogeneidad en el alcance de algunas de las metas de los ODS ha puesto en riesgo la integralidad de la Agenda 2030. Así, mientras algunas metas ya se han cumplido a nivel regional, otras solo serían alcanzables con altas tasas de crecimiento o con fuertes cambios distributivos, y otras parecen inaccesibles ante cualquier hipótesis.

Entre los avances podemos destacar que la región ya alcanzó la meta en la reducción de la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años de al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos; y se aprecia una tendencia positiva en el porcentaje de personas que usan internet.

Sin embargo, parece muy difícil que la región logre otorgar acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas y todos. Mientras que la tendencia en el acceso a la educación secundaria no es suficiente para que todos los niños y niñas culminen el nivel oportunamente en el 2030. En la región, además, se frenó la tendencia positiva que exhibía la prevalencia de la subalimentación.

El desempeño económico y distributivo reciente, en tanto, es insuficiente para eliminar la pobreza extrema: en los últimos 10 años, el PIB de América Latina ha crecido a menos del 2% anual (1,7%). A su vez, el coeficiente de Gini (que mide la distribución del ingreso) se redujo a una tasa del 0,9% anual en los últimos 10 años. No obstante, en los tres años precedentes el ritmo de reducción fue de solo 0,6% anual.

Por todo ello, y dado que las tendencias de muchos indicadores muestran que las metas de varios ODS no se alcanzarían, las políticas para implementar la Agenda 2030 son hoy más imprescindibles que nunca. Asimismo, evaluar los impactos de esas políticas es crucial para determinar si están revertiendo las tendencias negativas y reforzando las positivas.

La Agenda 2030 requiere de un nuevo multilateralismo que fortalezca la confianza en la cooperación internacional y la acción colectiva para la provisión de bienes públicos globales y regionales, que aumente la resiliencia ante los choques financieros, comerciales y tecnológicos; que universalice Estados de bienestar y proteja los derechos de las minorías; que fortalezca los intereses difusos de la mayoría por sobre los intereses de grupos organizados o que concentran capital y tecnología; y que fortalezca las capacidades deliberativas, la transparencia y el debate informado del conjunto de los ciudadanos.

El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, que se desarrolla en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 8 al 19 de julio, invita a los países miembros a presentar sus avances en la implementación de la Agenda 2030, y a intercambiar experiencias en la construcción de sociedades más resilientes. Este foro es el escenario propicio para que los países de la región refuercen su compromiso con el cumplimiento de la agenda de transformación civilizatoria que el mundo se ha fijado para 2030, así como una oportunidad para dar más y mejores pasos en el combate contra el estigma que marca nuestra histórica identidad: la desigualdad.

* Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (11/07/19)

Casi cuatro años después de que la comunidad internacional aprobara la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, los países de la región se darán cita en la tercera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, ocasión propicia para hacer un balance de lo alcanzado y de los desafíos en esta compleja coyuntura mundial.

La tercera versión del encuentro regional se celebrará en medio de una paradoja centrada en el debilitamiento de la cooperación internacional en momentos en que la escala y complejidad de los problemas globales la hace más necesaria que nunca. Crecientemente, algunos gobiernos han reaccionado políticamente a los impactos de la hiperglobalización con políticas defensivas que buscan crear barreras, debilitar la cooperación internacional (especialmente aquella multilateral) en favor de respuestas unilaterales, atribuyendo la responsabilidad de las dificultades económicas al comercio con los países más pobres o a los inmigrantes. Paralelamente, el aumento de la desigualdad e inestabilidad económica ha erosionado la confianza en la democracia y en su capacidad de dar respuesta a las necesidades de empleo y bienestar de los ciudadanos.

En este escenario, el impulso de políticas globales, regionales y nacionales que promuevan el comercio, la integración y la cooperación con inclusión social y sostenibilidad ambiental, al tiempo que fortalezcan la democracia, se torna urgente. En nuestra región, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible da forma tangible al multilateralismo, a la vocación integradora y al ánimo vivo por la cooperación regional.

A través del foro, los países de la región han avanzado en la implementación de la Agenda 2030. Hoy, 29 de los 33 países de la región cuentan con mecanismos institucionales de coordinación y seguimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional, cuya labor se funda en instrumentos legales que definen sus alcances y objetivos. Este notable avance institucional fue acompañado de la preparación de informes nacionales voluntarios que describen las actividades de los mecanismos de coordinación y los avances logrados en la implementación de la Agenda 2030.

Si se consideran los 22 informes nacionales voluntarios ya presentados y el interés manifestado por 10 países en presentar informes en el bienio 2019-2020, puede afirmarse que cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030, la región contará con 32 informes elaborados por 24 países. Más aún, puesto que en el mundo solo 17 naciones habrán presentado al menos dos informes entre 2016 y 2020, el hecho de que siete de ellos sean de América Latina y el Caribe muestra el compromiso de la región con la Agenda 2030.

Si bien la región está encaminada a cumplir algunos ODS, el logro de otros es inviable en el estado actual. Persisten los desafíos, ya que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del planeta. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha enfatizado que la desigualdad es ineficiente y que las políticas sociales son, al mismo tiempo, políticas de construcción de capacidades. El impulso al crecimiento sostenible debe estimular la creación de empleos con derechos que, en conjunto con políticas sociales ambiciosas y de carácter universalista, recuperen la confianza y legitimidad de los sistemas democráticos, al tiempo que abren espacios para la cooperación internacional como instrumento del desarrollo.

El foro, que este año se celebrará del 22 al 26 de abril en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, representa una oportunidad singular para que los gobiernos, la sociedad civil, la academia, el sector privado y las organizaciones internacionales discutan los problemas que afectan a la región en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental. Sus debates tendrán lugar en un contexto que es en sí mismo un ejemplo del multilateralismo que fortalece la democracia: transparente y abierto al escrutinio público, con diversidad de actores y miradas, con una preocupación marcada en promover la inclusión, y con una base de evidencias empíricas y estudios técnicos que le dan solidez a los análisis, debates y propuestas.

* Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los Estados miembros de las Naciones Unidas se aprestan para adoptar en Marrakech (Marruecos) el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, al que la región de América Latina y el Caribe ha entregado amplio apoyo. Este instrumento surge como una respuesta de la comunidad internacional frente a los desafíos y oportunidades que plantea la migración en una agenda global. Se trata de un instrumento histórico que constituye un ejemplo de renovado interés multilateral.

Asistimos hoy a una intensa movilidad internacional de la población. Si bien esta realidad se ha replicado en otras épocas de nuestra historia, esta vez el fenómeno alcanza al mayor número de migrantes registrados (258 millones en el mundo, 30 millones en América Latina y el Caribe); y posee una diversidad de expresiones que han situado el tema de la migración en la agenda global, como lo ilustra su inclusión explícita entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Si bien la migración intrarregional en América Latina y el Caribe ha venido aumentando de manera importante, la mayor parte de los migrantes aún se dirige hacia fuera de la región. Estados Unidos constituye el principal destino de la emigración centroamericana: hacia 2015, el 78% de los emigrantes de Centroamérica residía en aquel país, rasgo que se intensifica en el caso de El Salvador (89%), Guatemala (87%) y Honduras (82%).

Se debe destacar que las personas migrantes hacen contribuciones positivas a la economía, a la sociedad y a la cultura de todos los países. Sus aportes son de tal magnitud que debieran alentar la construcción de una imagen positiva de la migración; desechando los prejuicios, riesgos y vulnerabilidades que la menoscaban. En Estados Unidos, por ejemplo, la población de origen latino ha jugado un papel clave en la reproducción demográfica y en el mercado laboral. Cálculos realizados indican que el 38% del déficit de su fuerza de trabajo entre 2000 y 2015 fue cubierto por inmigrantes latinoamericanos, de los cuales los mexicanos y centroamericanos aportan más del 80%.

La complejidad de la migración en la región ha ido en aumento, como lo revelan los movimientos en Centroamérica y las insuficientes respuestas frente a los llamados flujos mixtos, incluyendo niñas y niños migrantes no acompañados; la emigración desde Venezuela y las nuevas realidades que enfrentan los países receptores; la emigración desde Haití y las discriminaciones que sufren sus emigrantes; y como corolario, el cuadro de contrastantes realidades expresadas en el sinfín de adversidades que enfrentan muchas personas migrantes en sus travesías.

Los países también han apoyado iniciativas en favor de la facilitación de la migración, como lo revelan los acuerdos de residencia del Mercosur, que además buscan reducir la irregularidad migratoria; y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013, que define una estrategia para la gobernanza migratoria fundada en la protección de todas las personas migrantes con propuestas concretas de acciones e indicadores. Como respuesta a las problemáticas de vulnerabilidad en la emigración, el tránsito y el retorno, los países de Centroamérica y México están definiendo un plan integral de desarrollo que buscará ofrecer más oportunidades a los habitantes en sus comunidades de origen. Se trata de crear políticas que busquen reducir las brechas productivas y salariales, y generen posibilidades de desarrollo que alentarán decisiones migratorias informadas y no forzadas.

La CEPAL reconoce la plena validez del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular para el interés de los países de América Latina y el Caribe. Tanto por sus principios como por sus objetivos y propuestas de acción, este pacto viene a contribuir con respuestas y la creación de capacidades de anticipación frente a la compleja realidad migratoria. Entre los principios, para la región es relevante que se consideren los asuntos de desarrollo sostenible, el debido proceso, la inclusión social, el interés superior del niño y los enfoques de género y de derechos.

También elogia la importante labor que han tenido diversas entidades del sistema de las Naciones Unidas, en especial la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ACNUR y Unicef, en sus aportes para avanzar hacia este acuerdo global y por sus acciones en terreno en la región de América Latina y el Caribe.

La CEPAL ha apoyado el proceso de consultas y negociaciones del pacto, y cree firmemente en la genuina aspiración de concreción de sus objetivos, poniendo al alcance de los países toda la colaboración necesaria. Los países de América Latina y el Caribe deben aprovechar la gran oportunidad que representa este instrumento para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desde un enfoque de derechos humanos y con el objetivo de superar la desigualdad.

Es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Nuestras sociedades demandan cada vez más y mejor acceso a información adecuada y confiable, así como más y mejores oportunidades para participar de manera significativa en las decisiones que les afectan. Para apoyar esta senda de desarrollo más igualitario, inclusivo y sostenible, América Latina y el Caribe cuentan hoy con un instrumento multilateral sin precedentes: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como el “Acuerdo de Escazú”.

Adoptado en marzo de este año en Escazú, Costa Rica, este acuerdo ofrece a nuestros Estados y sociedades una plataforma pionera para avanzar hacia el acceso pleno a la información, a la participación más allá de la consulta y a la justicia ambiental.

Buscando garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, el Acuerdo de Escazú apunta al fortalecimiento de capacidades y refuerza la cooperación entre los países de la región. También plasma nuestras prioridades y aspiraciones comunes y demuestra la vigencia del multilateralismo regional para el desarrollo sostenible.

Y es que la región tiene buenas razones para sentirse orgullosa de este instrumento: además de ser el único tratado emanado de Río+20, es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto es de especial relevancia en una de las regiones más críticas para quienes defienden el ambiente y la tierra.

Negociado por y para la región, con la significativa participación del público y el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su calidad de secretaría técnica, el Acuerdo de Escazú pretende llegar a los sectores más vulnerables, marginalizados y excluidos a través de medidas afirmativas, y aspirando a remover aquellas barreras que impiden o dificultan el pleno ejercicio de derechos. Se trata de una fiel expresión del objetivo último de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: no dejar a nadie atrás.

Transitar hacia modelos más justos y sostenibles de desarrollo con la participación oportuna e informada de todos los sectores de la sociedad será fundamental para afrontar temas tan urgentes como la vulnerabilidad climática, el incremento de los desastres (particularmente en el Caribe y en Centroamérica), la acidificación de los océanos, la erosión de los suelos o la pérdida de la biodiversidad.

En ese sentido, recordemos que fue en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, donde se fraguaron los tres principales tratados ambientales multilaterales de las Naciones Unidas (cambio climático, biodiversidad y desertificación). Veintiséis años después, nuestra región vuelve a ser protagonista de la historia.

El 27 de septiembre, los países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad histórica de situarse a la vanguardia de un desarrollo sostenible con igualdad.

Ese día nuestros países podrán firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, afianzando su compromiso con una región más próspera, inclusiva e igualitaria.

Con el decidido apoyo de todos, el Acuerdo de Escazú pronto se convertirá en sinónimo de mayor democracia, transparencia y bienestar. Los países y pueblos de América Latina y el Caribe siempre podrán contar con la CEPAL en esta noble e imperiosa tarea.

Es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).