Seguramente la noche del jueves muchas personas en La Paz estuvieron “con el Jesús en la boca”. Algunos escapando con sus niños de los gases lacrimógenos y los dinamitazos; otros esperando la llegada a casa del familiar que estaba en los conflictos, algo que precisamente vivimos mi familia y yo.
Mi hermana estudia en la Universidad Tecnológica Boliviana (UTB), pasa clases en las noches en predios de la calle Socabaya; una vía de ingreso a la plaza Murillo que ese día tenía resguardo policial para impedir el paso a manifestantes que denunciaban fraude electoral.
Las clases en esa universidad son irregulares desde hace dos semanas, y cualquier suspensión es comunicada en su página de Facebook, pero el jueves no hubo ningún aviso. Mi hermana se contactó por esa vía para consultar, teniendo en cuenta que el cabildo de cívicos programado para las 18.00 cambió de lugar, de Següencoma a la Av. Montes, a pocos pasos donde ella estudia. La UTB respondió que todo era normal. En casa no nos gustó la idea, pero ella asistió porque la gestión concluirá pronto.
Cerca de las 21.00 comenzaron los dinamitazos y la universidad decidió cerrar las puertas por seguridad. Pero no contó con que el cierre de las puertas no es un obstáculo para los gases, que rápidamente ingresaron a las aulas. Hubo pánico e incluso llanto. Los administrativos, de forma desatinada, les pidieron que suban hasta el último piso del edificio (el cual por cierto carece de salidas de emergencia), para evitar intoxicarse. Afortunadamente en el grupo había personas que conocían de estos químicos y pidieron a todos quedarse en la planta baja, pues el gas sube.
Finalmente, luego de una hora pudieron escapar del edificio escoltados por la Policía. Mi hermana salió del centro asustada, afectada por los gases y con ardor en la cara. Gracias a Dios llegó bien a casa y pudo relatar lo que ahora detallo en este espacio. A nosotros nos volvió la calma.
La violencia desatada ese día por jóvenes movilizados, que derivó en enfrentamientos con la Policía, es inaceptable. Pero más allá de eso, mi cuestionamiento es a la universidad, que no tomó recaudos y puso en riesgo a sus estudiantes. Por otro lado, he leído una carta del Viceministerio de Educación Superior dirigida a la Asociación de Universidades Privadas en la que le pide “informar si todas las universidades privadas se encuentran pasando clases”, ante supuestas denuncias de que docentes y autoridades universitarias estarían suspendiendo las clases “para obligar a los alumnos a movilizarse”. No me parece sensato considerar solo este argumento con el fin de presionar a las universidades privadas para que funcionen con normalidad. ¿Dónde queda la seguridad para los estudiantes?