Voces

jueves 2 dic 2021 | Actualizado a 18:05

Lento, pero (in)seguro

“Ya los comités cívicos son el gobierno provisional en ejercicio”, escribió el ácrata desde su trinchera. Y los pies del Cristo Redentor sudaron de alegría.

/ 3 de noviembre de 2019 / 00:00

Suele decirse, con mezcla de seriedad y falso orgullo, que el sistema electoral boliviano privilegia la seguridad por encima de la celeridad. No es para menos: el cómputo de votos se hace en las salas plenas de vocales departamentales, en eventos públicos, juzgando cada una de las actas electorales. Es un sistema basado en el papel. En esa tradición, los resultados finales de los comicios tardan hasta una semana en consolidarse a nivel nacional. Muchos días sin datos oficiales. Demasiada incertidumbre.

¿Cómo se suplía esa lentitud? Hasta las elecciones generales de 2009, los canales de televisión daban resultados a las 18.00 horas con base en resultados en boca de urna, la mayoría con elevados márgenes de error. Con la Ley del Régimen Electoral (2010) el plazo se recorrió hasta las 20.00 horas, con lo cual los datos provenían de conteos rápidos, algunos muy cercanos al posterior resultado oficial. Así, la “proclamación” de resultados era obra no del organismo electoral, sino de empresas privadas.

Esa historia empezó a cambiar desde el referendo de 2016. En esa consulta el TSE adquirió un innovador sistema de transmisión rápida de datos de la votación, por entonces denominado “Aseguramiento de actas”. El propósito era brindar resultados preliminares la misma noche de la jornada electoral. Así se hizo, junto con datos de dos conteos rápidos. En las elecciones judiciales de 2017 la única fuente de resultados fue la oficial. El sistema se usó también en varios referendos autonómicos de alcance local.

Tras ese corto trayecto, ya bautizado como Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el sistema informático tuvo su primera experiencia este año en una elección general. Si bien no está previsto en la legislación electoral, el TREP fue formalizado en reglamento como un sistema de información no vinculante previa al cómputo definitivo. La unidad responsable del operativo fue el Servicio de Registro Cívico (Sereci), dependiente del TSE, con el soporte técnico de la empresa Neotec.

Con o sin transmisión rápida, el sistema electoral boliviano seguirá privilegiando la seguridad antes que la celeridad. A ello contribuye, como blindaje, el principio de preclusión. Claro que ahora el cómputo oficial puede hacerse en 48 horas. Igual, como señal de transparencia, se necesitan datos preliminares. Y las imágenes de las actas en mesa son muy valiosas como respaldo. Cuando pase el temblor, si acaso, tocará evaluar el TREP (en coma desde las 20.10 del 20 de octubre) y debatir la norma.

FadoCracia luctuosa

Este muerto, mío”, dijo el patriarca uno. “El otro muerto, mío”, reclamó el patriarca dos. Y se culparon por las muertes. “Asesinos”, dijeron todos apuntándose con el dedo, libres de espejos. Luego, en coro de patriarcas, expresaron lamento y condolencias a las familias. Pero los cadáveres, ¡ay! —Vallejo presente—, siguieron muriendo.

“Si quieren bala, bala tendrán”, amenazó/anticipó el pistolero. “Los vamos a recibir con plomo”, añadió. Y hubo bala. Los muertos no saben para quien trabajan. “¿Querían muertos? Pues lograron los muertos”, acusó otro pistolero. Hoy son “héroes de la democracia”. Vamos a hacerlos virales. Muertos-familia, muertos-bandera.

“Mantengamos la paz, la oración, la fe en Dios”, invocó el pastor con su cruz verde. “No es por rencor ni odio”, añadió. Y en homenaje a su maestro Pablo Escobar instruyó: “Saquen la agenda para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”. Y sus feligreses aplaudieron, sacaron agendas, corrieron listas para el piadoso ajuste de cuentas.

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Dos tercios (no) es democracia

/ 28 de noviembre de 2021 / 00:37

Dos tercios, señorías, ¿es democracia? ¿Y tres cuartos? ¿Cuatro quintos? Eso depende. Con las mayorías especiales nunca se sabe. Hubo un tiempo —ah, democracia (im)pactada— en que bastaba tener la mitad más uno. Cuestión de cuoteo y aritmética. Pensar en dos tercios era un exceso propio de mega/coaliciones promiscuas y contranatura. En democracia la mayoría decide. Ningún demócrata que se respete aceptaría el veto de la minoría. Pactos multipartidistas eran los de antes.

Cuando por primera vez en elecciones un partido obtuvo mayoría absoluta, el principio de mayoría se convirtió velozmente en objeto de sospecha. Hasta entonces los partidos, todos ellos, se habían especializado en perder. Luego estos derrotados (dos, tres, cuatro) se unían para formar mayoría. ¿Cómo era posible que las urnas, esas veleidosas, otorguen de pronto mayoría monocolor? ¿Y el derecho de las minorías? Tal vocación mayoritaria, faltaba más, solo podía ser autoritarismo.

Entonces hubo cambio de escala. Ante la mayoría monocolor en la Asamblea Constituyente, tener mayoría absoluta ya no fue visto como democrático. La bandera con letras rojas estaba lista: “2/3 es democracia”. Era una forma refinada de decir: nuestro tercio (de veto) es democracia. Quien niegue semejante verdad es porque lo suyo es proyecto he-ge-mó-ni-co. La consigna de los dos tercios se agitó para abortar el proceso constituyente. La minoría se soñó mayoría.

En la siguiente elección sobrevino el desasosiego. Las urnas otorgaron dos tercios monocolor en ambas cámaras. Nada menos. Y entonces dos tercios, señorías, precozmente y sin sonrojarse, dejó de ser democracia. Guarden banderas. ¿A quién se le ocurre obtener semejante mayoría especial? Era el fin de la democracia. Y se reafirmó en sucesivos comicios. El partido mayoritario devino en partido predominante. No necesitaba, ni le interesaba, pactar. El debate es interno, dijeron con desprecio.

Los veranos, de antiguo se sabe, no son eternos. Tienen final o, al menos, paréntesis. En el renovado/recalentado ciclo, el partido predominante conservó la mayoría absoluta, pero perdió los dos tercios. Y qué sorpresa: dos tercios volvió a ser democracia. “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Previsora, la mayoría monocolor en la Asamblea eliminó algunas decisiones por dos tercios. Igual, desde siempre, las leyes solo requieren la mitad más uno.

Corolario con/sin moraleja. La relación entre mayoría y democracia —sea absoluta, sea especial—, más que principista, resulta instrumental: depende de quién (no) la tenga. Por eso, en Bolivia, dos tercios es y no es democracia. Sigan, sigan participando.

FadoCracia dictatorial

1. Como hoy la insignia del “fraude” no es muy útil, la oposición radical, con eje en la dirigencia cívica y conades anexos, tiene nueva narrativa, con tres cabezas: libertad y democracia; dios y la propiedad privada (binomio indisoluble); y el espantajo “no queremos ser Cuba-Venezuela”. 2. ¿Qué significa ser/no/ser Cuba-Venezuela? Supongo que no se refieren a su belleza y atractivos, sino al régimen político. Ah, esas dictaduras. 3. Pero no es necesario ir tan lejos. Tenemos un modelo en casa. 4. La dictadura local opera así: un grupo de hombres descabellados, en petit comité, decide que tres millones de personas paren. Y listo. 5. Como toda dictadura, lo primero que elimina son las libertades. No puedes circular, te imponen horarios para abastecerte, ordenan: “andá a pie”. 6. Si te pasas de listo e intentas pasar una rotonda, te pegan. No hay dictadura sin violencia. 7. De tan afinada, esta dictadura contiene en sí misma, disfrazada de fascismo, su propia dicta/dura. Si acaso el cacique levanta el paro, es un vendido, un traidor. Debe renunciar. Y así, hasta ser como Cuba-Venezuela.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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Tránsfugas, traidores, librepensantes

/ 14 de noviembre de 2021 / 00:38

La deshonrosa elección de la directiva en Diputados puso a los actores políticos, en este caso de la oposición, ante el espejo roto del transfuguismo. ¿Qué pasa cuando uno de los tuyos, más allá del motivo, discrepa con la línea oficial de la organización política? ¿Lo declaras traidor y, sin derecho a la defensa, lo expulsas? ¿Le quitas el curul? ¿Lo marginas sin echarlo? ¿O, más bien, toleras su derecho a la disidencia? ¿Gruñes cuando es declarado “librepensante”?

Veamos la sesión de marras. Por principio habrá que decir, sin matices, que resulta deplorable —y por tanto inaceptable— que el bloque de mayoría (MAS-IPSP) haya desconocido la decisión orgánica de una parte del bloque de minoría (bancada de Comunidad Ciudadana) para adoptar e imponer en la directiva a un diputado disidente. Es un exceso que daña el pluralismo político. El caso de Creemos parece diferente: más que disidencia, en su bancada existe una representación propia (UCS).

Ahora bien. ¿Cuándo una expresión de disidencia, que puede ser saludable, se convierte en acto de transfuguismo? Entre otros derechos reconocidos en la norma, los integrantes de las organizaciones políticas, en su ejercicio interno, tienen “el derecho al disenso, libres de toda forma de acoso y violencia política”. Hay aquí dos cuestiones sensibles y difíciles: la primera, cuándo se incurre en transfuguismo político; la segunda, quién lo define, con qué criterios y procedimiento.

La Ley de Organizaciones Políticas establece que hay transfuguismo cuando un representante electo: i) asume una militancia diferente al partido o alianza que lo postuló, ii) declara públicamente su independencia o iii) asume una posición contraria a la declaración de principios y/o la plataforma programática. En estos casos, el tránsfuga pierde su escaño, que pertenece a la organización política. En rigor, los dos disidentes de CC no incurrieron en ninguna de tales causales.

A reserva de lo que implica, como falta, postularse a la Directiva por fuera de la plancha oficial, ¿los diputados “rebeldes” no debieran ser sometidos a un proceso interno donde, con arreglo a una instancia y algún procedimiento, asuman su defensa? En este bochornoso episodio la cúpula de CC, copiosa de autoritarismo, determinó en horas su expulsión sumarísima. Los condenaron por “traidores”. El descargo de éstos fue expuesto en los medios: “no hay democracia interna”.

Hubo un tiempo en que disentir con la dirigencia partidaria y/o declararse independiente era objeto de celebración. Y está bien. Pero la valoración depende del partido al que se pertenezca: unos son “vendidos”; otros, “librepensantes”. La doble moral y la definición del transfuguismo dan para todo.

FadoCracia potosina

1. En un fiero-simbólico ejercicio de segregación, el diario El Potosí utilizó el siguiente título en una noticia: “Potosí toma la plaza de armas 10 de Noviembre que estaba llena de campesinos”. 2. Clarito: los “activistas” del comité cívico son Po-to-sí. Defienden y recuperan su plaza. Y los campesinos, ¿qué son? ¿Extranjeros, invasores, orkos? 3. La nota del diario sigue: “La población potosina, la gente, salió a las calles para resguardar la ciudad. Los otros, los comunarios, se dispersaron”. Había que hacerlos retroceder y expulsarlos… ¡de Potosí! 4. El despojo de ciudadanía ya no sorprende: “hubo enfrentamiento entre ciudadanos y campesinos”. Los campesinos no son ciudadanos. No lo merecen. 5. Pero El Potosí dio un salto: les quitó su pertenencia departamental: Potosí versus campesinos. El segregacionismo, sin máscaras, en su hora cínica/cívica. 6. En el extremo, herencia del colonialismo, el otro es degradado hasta en su condición humana: “hordas, salvajes, bestias”. Lo suyo es la subhumanidad. 7. Todo sea en nombre de la libertad, el respeto, Dios, la democracia y otras hipocresías que no me acuerdo.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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Ley para los ‘medios alineados’

/ 31 de octubre de 2021 / 00:53

Parece inútil esperar que los actores políticos, cualquiera sea su signo, asuman la necesidad de autocrítica. Y no es que les falten motivos. Al contrario: sobran errores, desviación, retrocesos. Igual lo suyo siempre será la (auto)conmiseración, lo más lejos posible de la reflexividad y el examen crítico en el espejo. ¿Podemos decir lo mismo, salvando distancias/similitudes, de los actores mediáticos? ¿Cómo está hoy, señorías, el oficio periodístico?

Hay esquiva discusión sobre el desempeño de los medios en general, y algunos diarios en especial, en la coyuntura crítica de 2019. Aunque el tema está ausente en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quedan los hechos. Y las evidencias. Algunos operadores mediáticos no solo fueron parte activa de la polarización: también promovieron selectivamente la crisis, manipularon noticias, legitimaron masacres.

Veamos un hecho más cercano. En la reciente disputa de calle en el marco del día de la democracia, la cobertura informativa reafirmó sus nichos retorcidos, empezando por la denominación de los movilizados. Las etiquetas cuentan. Los de un lado son ciudadanos, activistas, sectores; los del otro, en tanto, “grupos de choque” (sic), “afines al MAS”, “gente pagada”. Hay no solo posicionamiento político, sino también prejuicios, carga racial, odios viejos.

No sorprende pues la Resolución del Pacto de Unidad (que agrupa a las cinco organizaciones matrices que sostienen “el Instrumento Político”), en la que, entre otros puntos, rechazan “el papel nefasto de los medios de comunicación alineados y de propiedad de la derecha y la oligarquía neoliberal”. Y los asocian con mentiras y afanes desestabilizadores. La retórica es beligerante. E inaceptable. Pero así percibe una parte de la sociedad a los medios. Debiera preocuparnos.

¿Qué hacer? El mismo Pacto de Unidad exige la distribución equitativa de la publicidad estatal y avanzar en una ley de comunicación. El primer punto es necesario y encomiable. Tengo reparos sobre el segundo. Dudo que la solución sustantiva a la actual degradación del campo mediático pase por una ley. El desafío no es controlar o sancionar a los operadores mediáticos, sino democratizar la comunicación. Se dice fácil. No lo hemos logrado en casi cuatro décadas de democracia.

El debate sobre los derechos a la comunicación e información es de larga data. No es un terreno de anomia. Existen leyes, entre el riesgo de la regulación y la coartada de la autorregulación. Los medios digitales multiplican la complejidad. Urge más deliberación (menos verdades) y autocrítica (menos ombligo) en el gremio periodístico y sus organizaciones.

FadoCracia hipocrática

1. Algunos miembros de la Iglesia Católica tienen afición por los niños. Y los violan. Otros se preocupan también por las niñas. Niñas violadas. “El amor siempre vence”. 2. Si una de esas niñas, digamos de 11 años, es embarazada por un violador, opera el milagro: de víctima se transforma en ni-ña-ma-má. Aleluya. 3. A los antiderechos, camuflados de “provida”, les importa un carajo la vida de la menor. Quieren hacerla parir. La cri-a-tu-ri-ta será su trofeo. 4. El operativo es sencillo. Y funciona. Filtran la decisión de interrupción legal del embarazo; los medios-canalla agitan el “debate”; no falta el médico hipócrita/hipocrático; los jerarcas con y sin sotana intervienen en la nocturnidad, prometen, amedrentan; la menor es secuestrada en un albergue hasta que sea madre. 5. El embarazo forzado es un acto de tortura, advierte la ONU. 6. ¿Y el Estado laico? Excepto por la Defensoría del Pueblo, más parece un Estado flácido. 7. Si su “Dios de la vida”, prelados, permite esa tortura, no lo quiero: “tutor de los perdones / distribuidor de penas / condona las condenas / condena los condones”. No gracias.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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Votar bien

/ 17 de octubre de 2021 / 00:22

El consagrado escritor peruano Mario Vargas Llosa —a la sazón fracasado candidato presidencial de su país—, se animó a decir algo que los suyos callan, a veces murmuran, creen sin matices, desean intensamente. Para Vargas Llosa, lo importante en unas elecciones “no es que haya libertad, sino votar bien”. Como algunos países latinoamericanos “votan mal” (sic), el castigo consecuente es terrible: “lo pagan caro”. De la democracia, pues, hemos transitado a la “benecracia”. Qué tal.

Hasta ahora creíamos que lo fundamental en democracia es que los comicios sean plurales, transparentes y competitivos; acordes al principio de certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado; con deliberación programática y alta participación ciudadana; voto libre e informado, no bajo presión o amenaza; en fin, con aceptación de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Para los varguitas nada de eso es “lo importante”. El nuevo canon es el bien votar.

La cuestión por dilucidar es qué significa votar bien/votar mal. Don Mario no fue explícito al respecto en la Convención del derechista Partido Popular, en España, donde lanzó el mandato. Pero viendo su experiencia, se entiende. En las recientes elecciones peruanas, votar bien hubiera sido elegir a Keiko Fujimori. Hace 30 años, votar mal fue optar por Alberto Fujimori. En ambos casos Vargas Llosa estuvo entre los derrotados. Votar bien es votar lo que él diga.

Claro que la apelación de Vargas Llosa no es nueva, ni mucho menos. La idea del votar bien está en la base del voto calificado (restringido). ¿Quiénes “votaban bien” en Bolivia desde su fundación en 1825 hasta la Revolución del 52? El derecho era de los letrados, que acreditaban propiedad o renta. Las mujeres votaron por primera vez en elecciones municipales entre 1947 y 1949. Lo hicieron a prueba: si votaban mal, perdían el derecho. Los indios votaron recién en 1956.

Ahora, cuando para los varguitas sería políticamente incorrecto dar marcha atrás en el voto universal (bien que quisieran una democracia censitaria), cuando la premisa del voto en libertad es incuestionable, cuando la narrativa del “fraude monumental” no impide ganar elecciones a los que votan mal, se pone en cuestión el ejercicio del voto. “Los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal”, esto es, cuando giren a la derecha.

En el referéndum del gas de 2004, un letrado dijo que el voto de un campesino no podía valer lo mismo que el de un ingeniero, que “los rurales votaban mal”. Como desde entonces estos señores se han especializado en perder, exigen a los descarriados votar bien: por ellos. Y así les va. Sigan, sigan participando.

FadoCracia trapera

1. Cría calvos y te sacarán los ojos. ¿O eran cuervos? ¿Y trapos? Las ingratitudes dan para todo. 2. “Es una falta de respeto, gente malagradecida que viene a esta tierra que les da de comer, no sean cuervos”, vociferó Rómulo sobre el wiphalazo en Santa Cruz. 3. Ya lo habíamos oído, en versión sucrense, por boca de Horacio: “Hay que ser malnacido para votar por los verdugos de tu tierra”. 4. Mi tierra/tu tierra. Mi tierra, erra, erra. “Mi tierra no es su tierra, arrimados de porquería”, advierten los hospitalarios traperos de sangre verde-azul. Denles el premio Sájarov. 5. Volvamos a Rómulo: “Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, gruñe ante la wiphala. Le faltan pelos en la lengua, le sobran pelos de tonto. 6. Aclaración: “Han sacado de contexto las declaraciones del presidente del Comité pro Santa Cruz”. Ah, el contexto, parece bestia humana. 7. Unos morenitos reaccionan rápido con denuncias por agravio, racismo y discriminación. “El único trapo son sus calzoncillos”, asegura un ministro. Gran nivel. 8. “Puñalada trapera siempre me has de asestar / Puñalada trapera es tu sonrisa fatal”, canta el gran Jaime López. 9. Y sí: que venga el tercer round.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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Justicia en tres tiempos

/ 3 de octubre de 2021 / 00:15

Un grupo de juristas, varios de reconocido prestigio (más allá de su trayectoria y posicionamiento político), han elaborado una valiosa propuesta para avanzar en la “transformación integral del sistema de justicia”. Aspiran consensuar un proyecto de reforma parcial de la Constitución Política, mediante referéndum por iniciativa popular. Y convocan a “organizarnos para el debate”. Respondo al llamado.

El diagnóstico estructural del grupo es inequívoco: “el sistema no está cumpliendo su obligación de administrar justicia”. La crisis no es simple ni de coyuntura, sino terminal. Justicia para pocos, jueces poco idóneos y sin independencia, retardación, presupuesto miserable y mal administrado, corrupción, falta de estrategias, hacinamiento carcelario, abuso policial, violencia… Agotado, el sistema resulta insoportable.

Semejante crisis, agravada por la polarización política, hace imprescindible una reforma pronta y sustantiva. Las interrogantes son de alcance, oportunidad y procedimiento. ¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? La viabilidad pasa, sin exclusiones, por asegurar un amplio proceso deliberativo y un gran acuerdo nacional. Ahí está la propuesta como detonante, con el reto de modificar 12 artículos de la CPE e incluir otros dos.

La iniciativa se concentra en cuatro ejes: i) modificar la forma de elección de las altas autoridades del sistema; ii) sextuplicar su presupuesto anual precautelando una correcta administración; iii) apostar en serio por el pluralismo jurídico con revalorización de la justicia indígena (suprimiendo la aberración del “deslinde jurisdiccional”); y, iv) garantizar el derecho de acceso mediante jueces/juezas de paz. Son propuestas de fondo.

Señalo para el debate algunas inquietudes preliminares sobre la elección de magistrados. La propuesta contempla tres tiempos: ternas a cargo de una Comisión de Postulantes, elección en la Asamblea y referéndum ratificatorio o denegatorio. ¿Qué garantiza la imparcialidad de dicha comisión más allá de su no militancia formal? (bien conocemos la falacia de los “notables independientes”). ¿Cómo evitar que el referéndum se politice? ¿Qué ocurre si en la consulta predomina, por consigna, la votación denegatoria? ¿Vuelta a la comisión y otro referéndum?

Por último, observo la declaración principista del grupo: “ya no podemos ni debemos esperar nada del Estado y del gobierno”. Es comprensible. ¿Pero será razonable una “reforma consensuada” sin la participación de los órganos que se busca mejorar? ¿Será viable imponer el cambio desde una ciudadanía movilizada, con previsible bandera antigubernamental?

Hay que construir acuerdos y blindar la reforma ante la disputa de relatos. Corre debate.

FadoCracia camachista

1. Refiriéndose al catálogo de “derechos del hombre”, Baudelaire subrayó el olvido de dos fundamentales: a contradecirse y a marcharse. 2. El ciudadano Luis Fernando Camacho parece cultivar ambos con ventaja. No está mal. 3. Tras la quema de la wiphala en 2019, LFC difundió un video, wiphala en mano: “hay que aprender a respetar esta bandera porque representa a los indígenas”. El pasado 24 de septiembre, después de marcharse con monopolio de la palabra, se comió el respeto: “nos pidieron izar la wiphala y les dijimos que no; han venido a querer imponer su bandera, no nos representa”. 4. La contradicción también puede ser intergeneracional: “fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan; la Policía, de la misma manera, fue mi padre”. ¿Qué dice hoy José Luis Camacho? “Muchos militares jubilados me decían: ‘no van a tirar contra ustedes’. Eso alimentaba a mi hijo cuando estaba en La Paz”. Alguien miente. 5. Antes de marcharse a Palacio con carta y Biblia, LFC instruyó en un cabildo: “tenemos que sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar”. Menos mal que era solo para anotar “los nombres de los traicioneros”. Derechos guardan derechos.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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