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Friday 12 Aug 2022 | Actualizado a 01:57 AM

Sedentarismo y obesidad

No es poco lo que está en juego. Estamos hablando de la salud de las personas y de la economía en general

/ 8 de noviembre de 2019 / 00:58

Días atrás se presentaron los resultados de la última Encuesta de Factores de Riesgo de Enfermedades, realizada a 5.760 personas de 18 a 69 años en diferentes regiones del país. Entre otros hallazgos, este sondeo evidencia que solo el 12% de los varones encuestados realiza algún deporte de manera regular. Y si bien entre las mujeres este porcentaje aumenta un poco (23%), sigue siendo alarmantemente bajo.

Y es que, no sobra recordar, la actividad física, junto con una dieta balanceada y nutritiva, resulta fundamental para garantizar la salud de la población. Una de las razones de esta elevada tasa de sedentarismo sería la ausencia de parques y áreas verdes que permitan practicar deportes de manera frecuente, especialmente en ciudades del occidente como La Paz, El Alto, Potosí y Oruro. A ello se añadirían factores culturales como el “apego” al trabajo, a la fiesta y a la política, particularmente en la sede de gobierno. Lo cual incidiría en el poco interés que la población manifiesta por las actividades recreativas al aire libre, así como el desinterés de las empresas e instituciones por fomentar estas prácticas.

A esta falta de interés o de imposibilidad para practicar deportes se suma el consumo creciente de comida chatarra en el país. Una peligrosa combinación que se estaría traduciendo en mayores índices de sobrepeso y obesidad, así como problemas de salud, físicos y mentales. Para ponerle datos a este escenario, el sondeo antes mencionado alerta que el 66,3% de las personas encuestadas manifiesta sobrepeso, y el 31,8%, obesidad, siendo las mujeres las afectadas por estas dolencias.

Cabe resaltar que las consecuencias del sedentarismo y de la obesidad van más allá del tema estético, ya que están directamente relacionadas con dolencias crónicas como la diabetes tipo 2; una enfermedad silenciosa con terribles efectos para la salud, responsable de la mayoría de los casos de ceguera en el país, amén de causar la muerte en sus etapas avanzadas.

Por otro lado, los expertos alertan que el excesivo consumo de bebidas azucaradas, así como de alimentos ricos en sal y grasas saturadas (pollos a la broaster, papas fritas, sopas instantáneas, hamburguesas, helados y comidas procesadas en general), está detrás de padecimientos tan graves como los infartos, la hipertensión arterial o problemas en los riñones.

Como se puede observar, no es poco lo que está en juego. Estamos hablando de la salud de las personas y de la economía en general; ya que de continuar esta tendencia, los sistemas de salud podrían sobrecargarse por la atención creciente de las dolencias crónicas antes mencionadas. Por ello, resulta cada vez más imperioso invertir recursos estatales orientados a impulsar programas que inculquen en la población, desde la niñez, la importancia de realizar ejercicios físicos de manera frecuente y de mantener una dieta nutritiva y equilibrada; junto con alternativas reales para poder vivir de manera saludable.

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Bajo pretexto de la reforma judicial

/ 12 de agosto de 2022 / 00:49

Hace poco se hizo pública la propuesta del Grupo de Juristas Independientes (GJI), quienes presentaron una “reforma judicial” ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la cual pretenden modificar la Constitución Política del Estado mediante un referéndum constitucional con cuatro preguntas que la población respondería mediante voto popular.

El GJI, encabezado por el constitucionalista José Antonio Rivera, busca una presunta reforma judicial que le permita cambiar el sistema de selección y designación de autoridades judiciales; se asigne un 3% del Presupuesto General del Estado anual; que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos resuelvan sus conflictos jurídicos en el marco de la aplicación de su derecho consuetudinario y finalmente, crear jueces barriales en cada una de las ciudades.

En el fondo, la propuesta de este grupo es afirmar que el sistema judicial no sirve y se necesita modificar la Constitución para reformar la Justicia, políticamente esto sería empoderar a estos grupos de derecha, que han perdido en las urnas, que perdieron el control de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral y ahora desde los medios de comunicación establecen una campaña de descrédito a la administración de la justicia, y por ende tomar el control del Órgano Judicial.

La reforma judicial que postulan no es nueva, en realidad sigue la misma línea de la propuesta de Juan del Granado, que en 2021 indicaba que esta reforma debía pasar por las siguientes líneas: la Justicia debe pasar por independencia, mejor presupuesto, atribuciones al Consejo de la Judicatura, respeto a la Justicia y revalorización a la justicia originaria-campesina. En el fondo, reduce la administración de justicia a la selección de postulantes para magistrados que estarán en manos de una Comisión Nacional Ciudadana que elevaría una terna para la elección por dos tercios de la Asamblea, sujeta a un referéndum.

Rivera prácticamente hace solo una réplica nada nueva de Del Granado, pero en un escenario donde se denota un trabajo de baja intensidad, bregando en un tema de fondo que es el de empoderar a ciertas clases políticas de tecnócratas de la burguesía en la administración de la justicia, con los medios de comunicación como aliados.

Los procesos de modificación constitucional pasan una serie de etapas, los proponentes ahora esperan que el TSE proceda a la revisión de la propuesta y remita las preguntas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su control. De pasar la revisión de la constitucionalidad de las preguntas, el TSE deberá entregar libros de registro a los juristas para que recolecten el millón y medio de firmas que requerirían para la realización del referéndum.

En caso contrario, el TCP podrá determinar que la propuesta atinge a las bases fundamentales de la Constitución, por lo cual se requeriría una Asamblea Constituyente para su modificación.

La iniciativa de este grupo de la derecha de la oligarquía boliviana es apoyada por capas medias, pequeñas burguesías; para ellos la propuesta sería viable, con el acompañamiento de criterio de autoridad académica, y son las universidades las que también impulsan esta propuesta.

Abrir la Constitución sería un riesgo y un peligro para las transformaciones sociales que se han ido dando durante este gobierno popular, porque daría la posibilidad de ampliar una serie de modificaciones constitucionales, y empoderados los grupos de derecha, desde el control de las oligarquías, conflictúan al país y agitan a grandes retrocesos.

El escenario es también dado a la falta de “intelectuales orgánicos”. Si bien hay críticas a la administración de la Justicia, éstas se exacerban en las posturas de teóricos de la derecha, que campean en las columnas de opinión de medios que hegemonizan la opinión pública, y que pareciera no existieran otras propuestas de reformas judiciales.

La falta de una contrapropuesta o una reforma de la Justicia desde el ámbito popular y de clase hace que estos vacíos sean copados por la postura de la derecha. Es necesario asumir de manera autocrítica que no estamos ingresando en una disputa teórica, y peor mediática en el plano de lucha de ideas, sino que nos reducimos al mero espectáculo o a la contemplación de los fenómenos políticos, con una falta de propuesta estratégica.

Es ahí que debemos de advertir los riesgos, y de entrar en el debate con la suficiente claridad que nos brinda la base fundamental de las transformaciones que son las tesis y programas que surgen desde las clases populares.

Fernando Flores Zuleta es excomunicador del juicio de responsabilidades contra Goni y sus colaboradores.

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El eterno retorno de la conflictividad

/ 12 de agosto de 2022 / 00:47

Sin duda, esta semana hemos sido testigos del retorno colectivo a la sensación de que la conflictividad nuestra de cada día está de regreso a nuestra convivencia social. Poco sanados colectivamente de la grave crisis política de 2019 o, peor aún, sin haber tenido la oportunidad de hacerlo, los recientes conflictos registrados en las ciudades de Santa Cruz y La Paz inevitablemente nos recuerdan el hecho de que las fisuras subcutáneas que tenemos como sociedad boliviana están aún latentes. Las heridas están ahí, eso es seguro, pero ello no es certeza suficiente de que se vayan a manifestar de la misma manera que lo hicieron cuando abrieron, allá en noviembre de 2019.

Sea con aprendizajes o sin ellos, lo que de alguna manera queda en el escenario latente del conflicto es movimiento. Movimiento respecto a la forma de asumir la conflictividad por parte de los actores de los escenarios polarizados que somos, finalmente, las y los bolivianos. Ante la certeza casi inequívoca de que el Censo está siendo utilizado, por ahora y por maniobra de las fuerzas polarizantes, como un dispositivo en torno al cual se busca reorganizar la irresuelta pulseta de fuerzas, las pulsiones de opinión en torno a la decisión gubernamental de postergarlo resultan importantes al momento de tratar de prever el cauce que podrían tomar los escenarios de conflictividad.

De acuerdo con los resultados del informe de encuestas de opinión sobre la coyuntura nacional realizado por la empresa Diagnosis y difundido en su primer reporte digital en días pasados, del total de una muestra a nivel nacional de población urbana y rural, un 56% de personas está muy en desacuerdo y en desacuerdo con la postergación del Censo y solamente un 28% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo con esta decisión. De hecho, el grueso de la población que no está de acuerdo con la medida se encuentra “incluso en la base social de apoyo al Gobierno: principalmente en el área rural”. Luego, en el otro lado, también destaca el dato que del 28% que sí está de acuerdo con la medida adoptada, un 44% (el mayor porcentaje) fueron votantes de Camacho en las elecciones generales de 2020.

Respecto a las medidas de protesta que se han producido a nombre de la postergación del Censo, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, los datos también son bastante elocuentes, al tiempo que señalan que un 45% de la población nacional encuestada se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo con estas movilizaciones. En este tema un 14% se muestra indiferente al conflicto.

Cuidado. No podemos tan solo dejar en el recuerdo el hecho de que una vez recuperado un gobierno electo democráticamente, nos la hemos pasado reflexionando y debatiendo sobre cómo curar las secuelas de la crisis en nuestra sociedad y si bien no se puede hablar ni de lejos de un retorno a un escenario de conflictividad tal como el de 2019, ciertamente sí va a ser difícil dejar atrás la idea de que cada paso rumbo a la afrenta o la confrontación que esté mal dado, erróneamente medido o irresponsablemente administrado puede acercarnos un poco más a ello. Tocará a la ciudadanía —posiblemente a ese grueso que, por ahora, se mantiene indiferente a la conflictividad emergente— recordárselo constantemente a quienes, ya sea por acción o reacción, tienen aún en la mente la posibilidad de repetir en las calles los escenarios de polarización política vividos en 2019.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Nuestra casa

/ 12 de agosto de 2022 / 00:44

Los seres humanos construimos identidades comunes y a diferentes escalas: en el conventillo, el barrio, la ciudad o la patria. Todas esas escalas se simbolizan en escudos, banderas o himnos. Son como “casas comunes” o refugios de identidad colectiva que se representan en libros sagrados o, simplemente, en un dibujo. Evoquemos juntos la mayor representación de un refugio existencial —en todo el sentido del término—, que hicimos los seres del Ande: el altar principal del Templo del Sol, el Coricancha, en el Cusco. Esa cumbre de nuestra cosmovisión, destruida en la conquista, fue redibujada (circa 1620) por el cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua. Un dibujo icónico de la cultura andina que pervive hasta nuestros días gracias a la enorme cantidad de interpretaciones y estudios que se realizan sobre ese admirable altar.

Una interpretación la realiza Nathan Wachtel en El regreso de los antepasados, libro reeditado por la BBB el presente año. Wachtel describe el “mapa cosmogónico” de Santa Cruz Pachacuti en sus diferentes componentes. Lo más importante, todo está enmarcado en el perfil de una casa arquetípica: un rectángulo con techo a dos aguas. Nuestros antepasados concebían la relación hombre/naturaleza bajo la simbología de un hogar que albergaba la suma existencial. En la cúspide se ubica un óvalo alargado que representaba a Viracocha, la entidad andrógina. Y a partir de ella, se configuran dos áreas: a la derecha lo masculino (sol, venus de la mañana, la tierra y el hombre) y a la izquierda lo femenino (la luna, venus de la tarde, el océano y la mujer). La suma del hombre y la mujer conforman el orden social, y ese orden está rodeado por ríos, nubes, estrellas y montañas que conforman la complementariedad y reciprocidad entre lo humano y lo natural. El conjunto termina en una cuadrícula que representa los frutos de la tierra. Nada es estático en la representación de Santa Cruz Pachacuti. Todo es dualidad y complementariedad que se mueve de derecha a izquierda y de arriba para abajo porque los trazos son flujos de energía encuadrados en esa “casa común”.

No conozco dibujo de arquitecto o urbanista que represente con tanta sabiduría una comunidad en correspondencia con la naturaleza. Es un diseño humanista y ecológico de lo que debe ser nuestra morada colectiva: un lugar en el universo donde primen las complementariedades. Sin embargo, hoy en día, nuestra ciudad se construye aislada de la naturaleza, retraída del cosmos y alejada de las creencias; y esa “casa común” es la antítesis perversa de lo que se simbolizaba en el maravilloso altar del Coricancha.

Carlos Villagómez es arquitecto

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Censo y cartografía

/ 12 de agosto de 2022 / 00:36

El paro de 48 horas llevado a cabo en Santa Cruz, demandando la realización del Censo “justo y transparente, lo más antes posible”, tuvo el argumento de que la cartografía no es excusa técnica para postergar esta actividad hasta 2024, argumento que fue aceptado y comprendido por ocho gobernadores, por todos los alcaldes de los municipios urbanos, por más de 300 municipios y casi todas las universidades del país.

La cartografía delimita un determinado espacio de territorio estableciendo claramente los límites que tiene con sus similares que la rodean. Los conflictos limítrofes están presentes en casi todos los departamentos del país, llevan meses y hasta años en resolver porque se tienen que tomar en cuenta los múltiples argumentos de cada municipio involucrado, y nadie está dispuesto a ceder un centímetro porque en ese lugar podría encontrarse al tipo recurso.

Un claro ejemplo de esto es el conflicto que tiene el municipio de Nuestra Señora de La Paz con sus vecinos de Achocalla y Mecapaca, por el crecimiento de la mancha urbana, donde los habitantes no saben a dónde ir a pagar los impuestos de sus casas, significando estos ingresos para el municipio, al que también exigen obras.

Otro factor para la generación de estos conflictos es la creación de nuevos municipios que no tienen claros sus límites cartográficos, donde pueden encontrar recursos naturales, como es el caso del conflicto que existe entre los municipios de Culpina e Incahuasi en el departamento de Chuquisaca, que disputan el aprovechamiento de agua, lo que ha derivado en enfrentamientos violentos con heridos y bloqueos por parte de los pobladores.

En el caso del departamento de Santa Cruz, tiene 14 conflictos limítrofes que involucran a casi el 50% de sus 56 municipios, de los cuales muy pocos han llegado a una resolución con la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales. Además, hay un conflicto de límites interdepartamental con el Beni y Cochabamba, y recordar el conflicto con Chuquisaca por el pozo Margarita. Este departamento no es el único con este tipo de problemas, también lo tiene La Paz con Oruro. De acuerdo con las últimas declaraciones del viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, el 80% de los municipios del país tiene algún tipo de conflicto de límites sin resolver.

La Gobernación de Santa Cruz es la segunda en recibir mayores recursos por regalías, por ser un departamento productor de hidrocarburos, también recibe recursos por IDH e IEHD, distribuidos en función del número de población, y además tiene otro tipo de ingresos, que no están siendo utilizados para el objeto que fueron distribuidos. Según un último reporte del Ministerio de Economía, al séptimo mes ésta tendría una ejecución presupuestaria de tan solo 13%, dejando así de atender las necesidades en caminos, electrificación, educación, salud e infraestructura urbana y rural, y saneamiento básico.

Con esta baja ejecución presupuestaria, lo único que hace es retener recursos que están destinados a la inversión pública, y así generar infraestructura y empleo para varios sectores que la necesitan, perjudicando de esta manera a la población y a la economía de esa región.

La posición de llevar adelante un Censo sin tener definido el tema cartográfico que resuelva la mayoría de los conflictos limítrofes, es irresponsable, porque ello generaría mayores conflictos y enfrentamientos entre departamentos y municipios, además este proceso no asigna nuevos recursos al día siguiente de su realización.

El Gobernador de Santa Cruz prioriza lo político a lo técnico, lo cual se puede apreciar en el afán de mantener su liderazgo en el ámbito regional y proyectarse en lo nacional; sin embargo, en este paro también se evidenció la división de la “institucionalidad cruceña”, apareció la otra Santa Cruz, la que no participa de las cumbres del Comité Cívico, la que se perjudica con los bloqueos y la que recibía los palos y patadas de la Unión Juvenil, que cada vez le hace más resistencia al Comité Cívico.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía.

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Me equivoqué sobre Facebook

/ 11 de agosto de 2022 / 00:56

A principios de 2009, ofrecí a todo el mundo un consejo tecnológico del que me he arrepentido desde entonces: les dije a todos que se unieran a Facebook. En realidad, eso es decir poco. No solo se lo dije a la gente. Exhorté a la gente. No solo me equivoqué sobre Facebook; lo entendí todo al revés. Si todos hubiéramos decidido abandonar Facebook en ese instante o en cualquier momento desde entonces, internet y quizás el mundo serían mejores lugares.

Me había enamorado de la utilidad de Facebook, de la magia de buscar a alguien y encontrar a esa persona exacta, algo que hoy suena poco impresionante pero que entonces era simplemente alucinante.

Durante la primera década del nuevo milenio, la industria tecnológica explotó con una serie de nuevos inventos. Además del auge de las redes sociales, la década de 2000 nos trajo sitios de contenido “generado por el usuario” como Flickr, YouTube y Reddit; potentes aplicaciones basadas en la nube como Gmail, Google Maps y, para los desarrolladores, Amazon Web Services; servicios de medios digitales como iTunes Store y el servicio de transmisión en continuo de Netflix; y, con el lanzamiento en 2007 del iPhone de Apple, el acceso generalizado a internet a través de los celulares con pantalla táctil.

Lo que no había tenido en cuenta era cómo interactuarían todas esas cosas nuevas entre sí, especialmente a medida que más personas se conectaran. En 2009, internet seguía siendo en su mayor parte estacionario: solo un tercio de los estadounidenses utilizaba el celular para conectarse. Eso hacía que hubiera un gran abismo entre lo que ocurría “en línea” y “sin conexión”. Sean cuales sean los horrores que rondan el ámbito digital, no podían zumbarte el bolsillo en cualquier lugar y en cualquier momento.

Por supuesto, habría sido imposible predecir los efectos de la presencia de internet en nuestras vidas. Pero al pedir que todo el mundo se metiera en Facebook, debería haber intentado adivinar mejor lo que podría salir mal si todos lo hiciéramos. ¿Cuáles serían las implicaciones para la privacidad si todos usáramos Facebook en nuestros teléfonos? ¿Cómo se desarrollaría en el mundo la capacidad de Facebook para unir a la gente? ¿Sería una ayuda mayor para los activistas de la libertad que luchan contra los gobiernos represivos o, por ejemplo, ayudaría a los estadounidenses agraviados a atacar su Capitolio? ¿Cuáles serían las implicaciones para la expresión y los medios de comunicación si esta única empresa se convirtiera en un centro de intercambio de información en el discurso global?

Son preguntas difíciles, algunas de ellas imposibles de responder ahora y mucho menos entonces. Pero al menos debería haber pensado en formularlas.

Mi artículo se publicó la semana anterior a la toma de posesión del primer presidente negro de Estados Unidos, cuya campaña había utilizado las redes sociales y otras innovaciones digitales de una forma nunca vista en una contienda presidencial. También estaba escribiendo en las profundidades de una recesión causada por el colapso del sistema financiero mundial, un colapso considerado, en buena medida, obra de Wall Street. Esa era la sensación que invadía los medios de comunicación y la política a finales de la década de 2000: Wall Street había arruinado el mundo. Silicon Valley podría arreglarlo.

Todavía estamos en medio de la toma de posesión digital de la vida real y probablemente solo sabremos cómo se desarrolla todo esto dentro de muchos años. Y puede que no importe ahora, de todos modos: las redes sociales están aquí para quedarse. Pero lo que me molesta es el poder inigualable que personas como Zuckerberg han adquirido con sus inventos. No parece en absoluto bueno para la sociedad —para la economía, para la política, para un sentido básico de la igualdad— que un puñado de empresas de $us 100.000 millones o incluso de $us 1 billón controlen porciones tan grandes de internet.

Este problema, el poder de los gigantes de la tecnología, se fomentó en el gobierno de Obama. Es un resultado directo del ambiente que describo: la sensación de que la gente de la tecnología sabía lo que estaba haciendo, que eran los buenos, que sus inventos iban a salvar el día. Los reguladores de Obama permitieron a Facebook comprar a sus mayores competidores —primero, Instagram; luego, WhatsApp— y no tomaron medidas contra su imprudencia con los datos privados de los usuarios. Los representantes de Google visitaron la Casa Blanca, en promedio, más de una vez a la semana durante gran parte de los dos mandatos de Obama, superando con creces las reuniones de este tipo con otras empresas.

Me gustaría poder decir que critiqué estas fusiones y la intimidad de la Casa Blanca de Obama con la tecnología, pero, como muchos otros en la prensa, no lo hice hasta muchos años después. A finales de la década de 2000 y principios de la década de 2010 fui demasiado tímido con respecto al creciente poder de las empresas tecnológicas; vi que ocurría, pero rara vez señalé sus peligros. Me arrepiento.

Farhad Manjoo es columnista de The New York Times.

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