El país está en una encrucijada histórica: o profundizamos el enfrentamiento entre hermanos bolivianos o logramos una salida pacífica, pactada y democrática a la crisis. Es el momento en que todas las dirigencias deben mostrar sensatez y generosidad. No está en riesgo solamente el destino de un gobierno, sino evitar que se abra una grieta inquietante en la convivencia social.
Son días difíciles los que estamos viviendo desde la realización de las elecciones del 20 de octubre, este conflicto ya ha provocado tres muertos y decenas de heridos. En los últimos días la zozobra ha aumentado aún más con la presencia en la sede de gobierno de diversos grupos movilizados, la proliferación de discursos agresivos en redes sociales, y finalmente con el repliegue y motines de la Policía a sus cuarteles. Parecería que estamos al borde de una confrontación de niveles inéditos.
Al mismo tiempo, los actores políticos, tanto del oficialismo como de las oposiciones, no logran acercar posiciones para acordar una agenda que dé un cauce institucional, pacífico y democrático a la profunda controversia suscitada por el cuestionamiento de los resultados de las elecciones. Cada sector parece entrampado en verdades absolutas. De un lado, el oficialismo, que sostiene su victoria electoral argumentando que es un proceso válido. Del otro, la oposición, que enarbola la bandera del gran fraude.
Tampoco la realización de un “análisis de integridad electoral”, para el cual llegaron al país 30 expertos bajo la batuta de la OEA, y que cuenta con amplio apoyo externo, ha conseguido consenso pese a ser una opción que podría aclarar si los comicios fueron transparentes o no. A medida que la situación se va complicando, se han ido también radicalizando las propuestas, al punto que hoy la solución a la crisis parece estar bloqueada.
Estamos pues en un momento de grandes decisiones, en que la dirigencia política y social del país no puede eludir sus responsabilidades. Está en sus manos seguir por el camino, sin horizonte positivo, de la confrontación e incluso de la ruptura del orden constitucional, o avanzar con sensatez, tolerancia y generosidad hacia una salida que seguramente no contentará a todos, pero que devolverá la paz y la certeza a la población.
Pese a las grandes divergencias, todos apelan al respeto y la importancia del voto en la elección de las autoridades y a la necesidad de renovar el Tribunal Supremo Electoral, esos podrían ser puntos de partida de un acuerdo que todos los ciudadanos anhelan.
No está demás reflexionar sobre los riesgos que implica no lograr estos acuerdos básicos en las próximas horas: se puede alentar a que el desenlace de la coyuntura sea violento, pero, también, esto puede provocar una grieta que no cerrará rápido y que dividirá por largo tiempo a los bolivianos. Urge responsabilidad y sensatez en todos los actores.