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domingo 3 jul 2022 | Actualizado a 13:25

Diferenciación en la comunidad campesina

El INRA ha liquidado la consolidación de la propiedad de las tierras originarias en favor de sus verdaderos dueños.

/ 14 de noviembre de 2019 / 23:43

Muchas instituciones sin fines de lucro y el mismo Estado pregonan la homogeneidad social de la comunidad indígena originaria campesina, sobre la cual estaría constituida el “socialismo comunitario”. Sin embargo, las políticas de gobierno sobre tierras y el proceso de saneamiento en su etapa de conclusión niegan tal afirmación. Para demostrar esta enunciación nos remitiremos a considerar el proceso de saneamiento en el altiplano, las formas de propiedad que se han consolidado y la composición social de la comunidad en función a la tenencia de la tierra.

Hace tres años, el gobierno de turno se vanagloriaba de haber impulsado la mayor redistribución equitativa de tierras a pueblos indígenas originarios campesinos, pero las cifras ocultan la verdadera concentración de la tierra, que se encuentra en pocas familias agroindustriales del oriente y la Amazonía, además de las serias contradicciones internas que ello implicaba al interior de las comunidades campesinas.

Con el saneamiento de tierras en el altiplano se han otorgado títulos de propiedad bajo dos modalidades: por adjudicación y por dotación. No obstante, el INRA aún promueve la distribución de tierras bajo esas dos modalidades para consolidar el derecho de propiedad individual en contraposición al espíritu colectivo de las comunidades. De esta manera, el INRA ha liquidado por completo las reivindicaciones históricas de los pueblos y naciones originarias sobre la consolidación de la propiedad de las tierras originarias y comunitarias a favor de sus verdaderos dueños.

Este proceso agrario retaceó la propiedad agraria, con lo cual evidenció la existencia de una diversidad de formas de propiedad de la tierra y dimensiones distintas. En medio de esta diversidad se han visibilizado socialmente dos formas de propiedad dominantes en las comunidades del altiplano: la familiar y la comunal. Y detrás de estas formas de propiedad social se puede evidenciar la existencia de la pequeña, la mediana y la gran propiedad. La primera constituye la causa de la miseria campesina e incluye aproximadamente al 60% de los pequeños propietarios; los medianos propietarios representan un 30%, y los grandes propietarios, un 10%. El saneamiento de tierras impulsó la modalidad del SAN–SIM para individualizar el derecho de propiedad de la tierra, para luego imponer al pequeño productor una infinidad de costos y valores impositivos y transaccionales.

Además, el proceso de saneamiento de tierras ha profundizado las diferencias sociales al interior de las comunidades originarias y campesinas, ha contribuido en la definición de la nueva composición social de la comunidad en base a las formas de propiedad de la tierra: pequeños, medianos y grandes propietarios. Los gastos de cada familia para el cumplimiento de la función social (FS) son simétricos; Empero, los ingresos económicos que la tierra provee a cada familia son asimétricos. En consecuencia, el cumplimiento de la función social es diferenciado.

Por estas razones en las comunidades campesinas se comienza a difundir la consigna “Queremos justicia social, no podemos erogar los mismos gastos en el cumplimiento de la función social”. En el fondo,  al interior de la comunidad se puede observar la existencia de desigualdades sociales y económicas producto de un proceso de saneamiento de tierras que ha sentado las bases de una paulatina concentración de la pequeña propiedad agraria en pocas manos, mediante la apertura del mercado de tierras.

* Sociólogo.

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Lenguas originarias y sentido nacional

La existencia de varias lenguas en Bolivia genera una amplia gama de visiones, producto de la realidad social.

/ 25 de septiembre de 2019 / 00:00

En estos últimos tiempos ha emergido la problemática de las lenguas como una obligatoriedad, y la discusión de este tema se centra en qué funcionarios públicos cumplen los requisitos establecidos en el Art. 5 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, si bien es adecuado comprobar si los funcionarios conocen por lo menos una de las lenguas originarias reconocidas en la CPE, se olvida analizar el sentido objetivo de la existencia de las lenguas. Al respecto, debe tenerse en cuenta tres puntos fundamentales: la caracterización del país en términos económicos y lingüísticos, la inconclusa construcción de la cuestión nacional y la existencia de diversas lenguas.  

Bolivia es un país capitalista, atrasado, con una economía combinada que se concretiza en relaciones sociales y lingüísticas igualmente combinadas. El altiplano boliviano es una región dedicada en parte a la agricultura tradicional, impulsado en cierta medida por una economía especializada pujante y actividades de servicios que se ajustan a un idioma familiar y colectivista: el aymara. Según las normas internas de las comunidades, el aymara es la primera lengua y el castellano, la segunda, es decir, las relaciones de producción comunitarias no requieren del castellano para desarrollarse.

En los valles y algunas regiones del altiplano podemos observar varias comunidades y familias de habla quechua, en las que el sistema productivo ha privilegiado la producción de productos dulces como el maíz, el trigo y tubérculos que se ajustan al clima. A esta forma de organización productiva se ajusta un idioma dulce y elemental como es el quechua.  

Una tercera región es la Amazonía y el oriente boliviano, donde están los guaraníes. Sin embargo, los pueblos indígenas son más diversos en su existencia, aunque los sistemas productivos de recolección, caza y pesca son dominantes en la economía, existe un variado repertorio de lenguas estructuradas según sus propias formas de organización productiva y social.

En su Art. 5, la Constitución señala la existencia de 36 lenguas en el país. En este abanico, ¿el castellano es el uniformizador de las actividades económicas, políticas, sociales, culturales y hasta simbólicas de los ciudadanos? Taxativamente afirmamos que no. Cada pueblo, nación o región tiene su lengua oficial que se articula con otras. En esa medida, la construcción de la identidad y el carácter nacionales como símbolos del Estado nacional fracasó y, por tanto, de la lengua nacional. Los gobernantes tuvieron la posibilidad de construir un Estado nacional, pero se enfrascaron en políticas discriminatorias y aniquiladoras de las lenguas originarias.

Asimismo, la existencia de una diversidad de lenguas en Bolivia genera una amplia gama de visiones, producto de la realidad social. Bajo esta perspectiva, las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos expresarán siempre las relaciones de producción comunitarias que, sin embargo, encuentran dificultades en la administración del Estado; a lo que se debe la obligatoriedad de conocerlas, lo que no implica la necesidad de los servidores públicos de hablar un idioma originario.  

Creemos que bajo este análisis los conceptos de preservación y promoción de las lenguas no tienen sentido, porque no se puede preservar a las familias que viven en las comunidades indígenas originarias campesinas, y su lengua solamente es empleada para promover escenarios turísticos y fotográficos.

* Sociólogo.

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