Las todavía débiles señales de acercamiento entre el Gobierno provisorio y el MAS, hoy replegado en su condición mayoritaria en la Asamblea Legislativa, brindan esperanza de una salida pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis político-institucional y al persistente conflicto social que atraviesa el país. Es fundamental que tal aproximación se convierta en un acuerdo. No será fácil.
Desde las malogradas elecciones del 20 de octubre, estamos en una coyuntura muy delicada y crítica, que puede conducir a una escalada de hechos de fuerza con efectos trágicos para nuestra convivencia social. Para evitarlo, es imprescindible construir un acuerdo que permita la anhelada pacificación y, al mismo tiempo, encamine la convocatoria a nuevas elecciones a fin de reponer la legitimidad de nuevos gobernantes y representantes. La mediación de la ONU es fundamental en esta agenda urgente y esencial.
Como manda la Constitución Política, el Gobierno provisorio debe concentrarse en viabilizar la pronta realización de nuevos comicios, que deben ser probadamente transparentes, plurales y competitivos. Está claro que la primera condición para volver a las urnas es la designación de vocales en el TSE y en los nueve tribunales electorales departamentales. Además de probas, las nuevas autoridades electorales deben ser competentes y, sobre todo, equidistantes respecto a los actores políticos relevantes.
La ruta crítica del acuerdo implica también la elaboración y aprobación pactada de una ley especial para la convocatoria a nuevas elecciones. Para el efecto, se deben modificar o dejar en suspenso algunos artículos de la Ley del Régimen Electoral y de la Ley de Organizaciones Políticas. Si hay voluntad política en la Asamblea, no debiera haber dificultad técnica para esta norma de transición. Claro que deben cuidarse los plazos. Y será necesaria, asimismo, una definición sobre los comicios subnacionales.
La recomposición de la institucionalidad y la convocatoria a elecciones generales, como resultado de un imprescindible acuerdo, pasa por asegurar condiciones de participación de todos los actores políticos y, por supuesto, de la ciudadanía en el territorio nacional. Así, es fundamental que los partidos políticos tengan amplias garantías para competir por el voto ciudadano. En ese sentido, se requiere un esfuerzo especial de todos para evitar mensajes de confrontación y alentar el diálogo plural.
Igual la tarea prioritaria en este momento, en la que tanto el Gobierno provisorio como el MAS y los movimientos sociales tienen amplia responsabilidad, es lograr la necesaria pacificación del país. Eso solo será posible si los actores en conflicto tienden puentes, ceden, evitan revanchismos y se reconocen como interlocutores válidos. La movilización popular maximalista y la represión policial-militar deben dar paso a un acuerdo que permita la paz, condiciones de gobernabilidad y la pronta ruta electoral.