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sábado 4 dic 2021 | Actualizado a 22:21

Amazonía en riesgo

/ 19 de noviembre de 2019 / 23:53

Una nota de la BBC advierte que la deforestación de la selva amazónica brasileña se ha acelerado peligrosamente. Imágenes satelitales muestran que solo entre agosto de 2018 y julio de 2019 se destruyeron cerca de 10.000 km2 de selva (un millón de hectáreas), equivalentes a 30 veces la mancha urbana de Santa Cruz. Esta deforestación representa un aumento del 29,5% respecto al mismo periodo del año anterior, siendo Mato Grosso el estado más afectado, donde los agricultores habrían quemado grandes extensiones de bosque para producir soya y algodón.

Los científicos coinciden en que las pérdidas aceleradas de vegetación devienen en parte como consecuencia de los efectos del calentamiento global, pero también y sobre todo por las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro, que favorecen el desarrollismo a corto plazo por encima de un progreso sustentable con base en la conservación. Respecto al país, no sobra recordar que los incendios forestales arrasaron cerca de 5 millones de hectáreas, de las cuales un millón (una superficie similar a la deforestada en Brasil) correspondía a parques naturales.

Hablamos de cifras alarmantes, sobre todo si se piensa en términos de pérdida de biodiversidad y de capital natural. El cual incluye los recursos naturales y los servicios ecológicos que los ecosistemas producen (funciones de absorción y dilución de contaminantes, mantenimiento de la composición de la atmósfera, control de inundaciones, flujo de energía, entre otros); que son imprescindibles para la supervivencia del planeta y el “vivir bien”.

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Los fantasmas de Santa Cruz

/ 4 de diciembre de 2021 / 01:06

La vegetación húmeda y frondosa — “el monte” que le llaman los cambas que viven en el campo— nos remite invariablemente a los cuentos y a las novelas del gran Gabriel García Márquez, aquel que hizo del clima y del calentamiento global epicentro de sus fantásticas historias sobre patriarcas, coroneles, terratenientes, putas tristes y abuelas desalmadas. Hay que haber vivido en la profunda Chiquitanía o en el Norte Integrado para empaparse de esa Bolivia con 37 a 40 grados de temperatura, y saber de qué van estos otros bolivianos a quienes se mira desde las alturas cordilleranas, tantas veces con el desdén y menosprecio de ese andinocentrismo demodé.

Hace como una década se hablaba en el Beni de carreteras fantasma, esto es, de proyectos de infraestructura vial por los que un puñado de pícaros cobraban puntualmente sin entregar jamás medio kilómetro de obra, pero ahora resulta que lo fantasmal cobra vida —y fortuna mal habida— en la oficina de recursos humanos del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la que un señor al que le dicen Tony y apellida Parada, en su calidad de mandamás, habría fabricado ochocientas pegas para ciudadanos y ciudadanas que no existen, pero que cobraban salarios puntualmente cada fin de mes durante la gestión de Percy Fernández-Angélica Sosa.

No hay peor negligencia que la de no cerrar como se debe una historia matrimonial y por ello el señor Parada debe estar lamentándose haber terminado de mala manera con Valeria Rodríguez, quien en una mezcla de despecho y sed de justicia habría encontrado profusa documentación en algún lugar secreto de su casa, a lo Breaking bad, en la que su ex guardó papeles que lo señalarían como autor de una maquinaria de cobrar dinero a nombre de ochocientas personas inexistentes, durante por lo menos cuatro a cinco años.

Hay que suponer que esta no es la Santa Cruz y la Bolivia federal que quiere Luis Fernando Camacho, aunque tampoco debería ser esa que convierte a un comité cívico en un ente supraestatal que organiza el tráfico vehicular y el de personas cada vez que se decide un paro al estilo golpista de noviembre de 2019. Y tampoco será la Santa Cruz y la Bolivia federal ideales, la que le franquea las posibilidades a un médico de apellido Amelunge de reabrir una clínica de nombre Santa María, utilizando la figura de su padre muerto, otro verdadero escándalo del macondiano departamento más grande del país.

Santa Cruz es una tierra de oportunidades y hospitalidades, realidad indiscutible, aunque sobre todo la hospitalidad que pasa por el costumbrismo sea más generosa con el blancoide de “buena familia”. Pero es también el lugar en el que el pragmatismo ha roto la barrera del pudor para incursionar en ciertas actividades y eso también se lo debemos al banzerismo, desde el que la actividad del narcotráfico no solo generó nuevas fortunas, sino también nuevos arquetipos del heroísmo popular traducidos en hospitales, plazas y escuelas para olvidadas poblaciones rurales a las que el Estado boliviano jamás tuvo la intención de llegar.

Hay una palabra que se usa en Santa Cruz y no en otros lugares del país: Meleador. Define a la persona que a través de las malas artes, la corrupción o el simple robo consigue bienestar material en desmedro de personas e instituciones de las que se aprovecha circunstancialmente para obtener un beneficio a costa de la desgracia ajena, en el caso de Tony Parada, del municipio cruceño, y en el del doctor Amelunge, pisoteando la tumba de su padre “Que Dios lo Tenga en su Gloria”, ya que hay una efervescencia por la Biblia y la palabra de Dios en la tierra de Rómulo que casi seguro volvería a matar a Remo si este osara resucitar para disputarle las coordenadas y los límites de la ciudad de los anillos.

Como para que la historia quede felizmente completada, el fiscal de distrito de Santa Cruz, Róger Mariaca, ha designado fiscal anticorrupción a Mauricio Toro Flores para que investigue la trama, con el antecedente de haber rechazado en principio la denuncia de la señora Rodríguez. ¿Quién es este fiscal? Nada menos que un exfuncionario municipal cuando ejercía funciones la señorona del pueblo, Ángelica Sosa, a la que el legendario Percy le profesaba una fe ciega. Debe ser una broma dirán muchos horrorizados y la respuesta es no, porque así se manejan justicias e injusticias en la tierra de Melchor Pinto Parada.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las matemáticas nos enseñan que las formas en que se sumen y multipliquen los números pueden ser variadas, pero que los resultados conducirán necesariamente al mismo lugar. Sirva este paralelismo para comprender la corrupción como sistema, aquel que puede verse liberado de equilibrios y contrapesos en caso de que un modelo estatal federal elimine del espectro al último gran vigilante, el eslabón todavía en condiciones de combatir meleadores: El Estado central.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Volver a lo fundamental

/ 4 de diciembre de 2021 / 01:00

La incertidumbre es siempre nociva para cualquier gobierno. Sentimiento que suele ser un sinónimo de la incapacidad del poder político para entender y orientar las expectativas de la población. El oficialismo parece haber entendido, finalmente, que la recuperación socioeconómica está en el corazón de las certezas que la mayor parte de la población está esperando.

La desconexión entre un clima sociopolítico crispado y una gestión gubernamental con resultados razonables en estabilización de la economía y control de la pandemia es una de las paradojas más llamativas de la coyuntura. Eso está dificultando que mejoren las expectativas y que la gran mayoría asuma que estamos en un momento menos incierto, lo cual debitaría a los que desean la confrontación y la ruptura a cualquier costo.

De hecho, el Gobierno habría tenido posiblemente aun mayores problemas para encarrilar la conflictividad en el último mes, si no fuera por esos resultados y por la prioridad que la gente le sigue asignando a esos temas.

Así, pues, la defensa de la estabilidad y la reactivación económicas ha terminado siendo uno de los argumentos centrales entre los oficialistas para contrarrestar la movilización opositora. Lo cual no debería ser tampoco un gran descubrimiento si no fuera por la tendencia de las dirigencias, sin distinción, de distraerse en cosas alejadas de las preocupaciones del ciudadano de a pie.

En una sociedad que está viviendo grandes turbulencias, la apuesta natural suele ser por la estabilidad, por un mínimo de orden y tranquilidad, y mejor aún si además se le define y hace creíble un horizonte de progreso. La percepción de muchos de que el MAS y Arce podían realizar esas tareas sin discriminaciones odiosas y sesgos clasistas fue una de las razones de su victoria.

Desde mi punto de vista, los resultados de la actual administración en esos aspectos no son malos, ayudados por un contexto externo favorable. En economía, hay una senda de recuperación del crecimiento, la gente quiere trabajar y se está esforzando, las exportaciones han tenido un comportamiento excepcional y, contrariamente a los malos augurios, se está logrando mantener ciertos equilibrios macroeconómicos. Estabilidad y crecimiento moderado, en suma, al menos a ojos de muchos. El reto es que se sostengan y amplifiquen.

Y en salud, algo parecido, entre una vacunación masiva que funciona razonablemente para nuestros parámetros, bastante voluntarismo en la entrega de insumos y medicamentos, y unas olas que, al final, no parecen tan dramáticas, nos vamos habituando a “vivir con el bicho”, como me decía un taxista.

Sin embargo, el malestar sigue ahí. Obviamente la polarización no es extraña a ese fenómeno. Soy de los que creen que tenemos que vivir con ella. Y también de los que piensan que no se puede ceder en la búsqueda de justicia para los que sufrieron violaciones a sus derechos en el gobierno de Áñez. Pero asumir esas cuestiones no implica encerrarse monotemáticamente en ellas o incluso instrumentalizarlas sin saber cómo se las va a canalizar institucionalmente.

No voy a acabar con la cantaleta de que todo esto se debe a una “mala comunicación”. Se trata primero y sobre todo de un problema político, una cuestión de definir prioridades y horizontes, leyendo lo que más interesa a las grandes mayorías y no solo a los convencidos. Y de coordinar luego inteligentemente acción y persuasión para hacerlos creíbles.

En un entorno comunicacional atrapado por el inmediatismo, la manía de responder a todo, de sacar conejos del sombrero para distraer a la platea y en el que la labor dirigencial parece ser de inventarse performances, la coherencia, consistencia y persistencia en el mensaje político, de manera que vaya creando certezas en medio del ruido, es un bien raro, poderoso y demandado. En eso, el Gobierno se ha mostrado indeciso y hasta indisciplinado en muchos momentos de este año.

Pero, insisto, no hay que echarle la culpa al transmisor, el problema de fondo es entender cuáles son las prioridades reales de la gente en esta coyuntura específica y a partir de ellas articular un discurso y acción que ordenen la agenda pública, que diga a dónde vamos y que vaya construyendo sentido en la mayoría. Es decir, saber qué es lo más importante.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Información que desinforma

/ 4 de diciembre de 2021 / 00:55

El propósito principal de los medios de comunicación es precisamente comunicar con objetividad acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para transmitirlos al receptor a objeto de informar, educar, entretener, formar opinión, enseñar, etc. Sin embargo, es de conocimiento público que algunos medios se dan a la tarea de desinformar, provocando ansiedad y confusión en los receptores.

Uno de los casos donde la desinformación dio los resultados esperados por quienes la propiciaron fue la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, que se promulgó en cumplimiento al compromiso adquirido con las Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y tenía por objetivo contribuir a evitar el tráfico de dinero de dudoso origen, relacionado a actividades como narcotráfico, corrupción, trata y tráfico de personas, contrabando, entre otros, males que la mayoría de los países combaten porque debilitan su capacidad productiva y generan competencia desleal con las actividades legales y legítimas; en tal sentido, se debe advertir que un país sin normas definidas con relación a dicho tema bien podría convertirse en un destino atractivo para el blanqueo de capitales, producto de actividades ilícitas como las mencionadas.

Otro claro ejemplo de desinformación intencional es la referida a la creación del “impuestazo digital”, asociado a la emisión de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 102100000020, de 4 de noviembre de 2021, por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la cual solamente realizaba incorporaciones al Anexo II de la RND 102000000023, de 26 de agosto de 2020, de “Homologación de Actividades Económicas del Padrón Nacional de Contribuyentes”. Al respecto, es necesario aclarar que solo la ley puede crear tributos, conforme dispone el artículo 6 de la Ley 2492, Código Tributario Boliviano; por tanto, lo que hizo la administración tributaria, en el marco de sus atribuciones, es incorporar nuevas actividades relacionadas al padrón de contribuyentes con una clasificación afín a la realidad económica, toda vez que se ha modificado los patrones de consumo, producción y distribución de bienes y servicios.

Así como estos ejemplos existen otros casos de manipulación de la información con claros fines políticos que buscan desmerecer la gestión del actual Presidente del Estado, llegando a provocar amenazas de “tumbar el gobierno de Luis Arce”, en flagrante vulneración a la ley, delito que está tipificado en el artículo 123 del Código Penal.

Los últimos acontecimientos suscitados en el país nos deben traer a la reflexión sobre las nefastas implicancias que trae consigo la desinformación que, por la gran cantidad de contenido falso, pone en riesgo los valores e instituciones democráticos, por lo que como ciudadanos debemos tomar conciencia sobre la responsabilidad que conlleva divulgarla. No obstante, resulta evidente que nuestra mejor arma es la educación y la fortaleza de nuestros propios principios.

Catalina Apaza Aduviri es economista.

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La vacuna contra el hambre

/ 3 de diciembre de 2021 / 01:35

El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto en 20 años. Y la inseguridad alimentaria afecta a 4 de cada 10 personas. Esas son solo dos de las señales de alerta que entrega un nuevo informe de cinco agencias de las Naciones Unidas. El Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional muestra una situación muy grave: 60 millones padecen hambre, 267 millones de personas padecen inseguridad alimentaria moderada o grave y 106 millones viven con obesidad.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 es en parte responsable del deterioro de la seguridad alimentaria en los países: en 2020, el número de personas que padecen hambre en la región aumentó en 30%, un salto nunca visto.

Además, debido al aumento de la pobreza, la caída en los ingresos, la inflación y el alza en los precios de los alimentos, millones de familias están teniendo que optar por dietas más pobres y comida menos nutritiva, lo que está repercutiendo gravemente en su seguridad alimentaria y en su calidad de vida.

Pero si bien es indudable que la pandemia ha tenido un efecto, el hambre en la región viene creciendo desde hace años: el número de personas con hambre aumentó en 79% desde 2014, un incremento de 26,5 millones de personas.

América Latina y el Caribe continúa siendo la región del mundo donde sale más caro comer sano: con eso, no debe sorprendernos que 1 de cada 4 adultos viva con obesidad, y que el sobrepeso infantil lleve dos décadas al alza.

¿Cómo salir de esta dinámica? Sin duda, una parte fundamental de la solución es incluir la seguridad alimentaria como un objetivo importante de las estrategias y políticas con que los países buscarán la recuperación de la crisis social y económica generada por la pandemia.

La lucha por la seguridad alimentaria requiere más empleos y mayores ingresos laborales, especialmente para los sectores más vulnerables. Como la recuperación de la pandemia será desigual entre países y grupos sociales, debemos mantener y fortalecer los programas de seguridad y asistencia social creados durante la pandemia, con un fuerte foco en las familias más pobres y en todos aquellos trabajadores informales que durante largos meses perdieron sus fuentes de ingreso, hasta que dichos hogares recuperen sus niveles de ingresos anteriores a la crisis sanitaria.

La recuperación va a requerir inversión pública y privada dirigida a resolver las debilidades estructurales que fueron desnudadas por la pandemia, ya que esta no será la última vez que debamos enfrentar desafíos similares: los mercados mayoristas deben ser resilientes a este tipo de impactos, y la agricultura familiar, las personas que trabajan de forma asalariada en la agricultura y en la agroindustria deben contar con seguridad social. Necesitamos fortalecer los mercados locales, tanto en el campo como en los barrios de las ciudades, para poder asegurar canales de distribución de alimentos sanos y de alta calidad nutricional, incluso en tiempos de gran crisis y estrés social.

Si no desarrollamos sistemas agroalimentarios más eficientes, resilientes e inclusivos, no podremos enfrentar desafíos como el incremento que estamos observando en los precios internacionales de los alimentos, y la subida en el costo de insumos agrícolas y fertilizantes. Estos son factores globales que escapan del control de los gobiernos nacionales: afrontarlos requiere invertir y aumentar la eficiencia de nuestros sistemas alimentarios, para poder traspasar esas eficiencias a productores y consumidores.

Hemos visto cómo los gobiernos se han movilizado para actuar contra la pandemia. Necesitamos de forma urgente una vacuna contra el hambre y la malnutrición.

Esa vacuna es la transformación de los sistemas agroalimentarios para volverlos más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles, asegurando una mejor producción, una mejor nutrición y un mejor medio ambiente, para una vida mejor.

Julio Berdegué es representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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Públicos internos

/ 3 de diciembre de 2021 / 01:24

Toda movilización política es, de manera primigenia, una puesta en escena. Y ésta es un hecho principalmente comunicacional. Con esto, se hace referencia al fuerte componente simbólico que contienen las movilizaciones políticas y que determinan de gran manera cuáles son los mensajes que se busca posicionar. Muchas veces estos pueden ser simples y directos, como es el caso de una puntual demanda social. Otras veces suelen revertir mayor complejidad debido a que no buscan la concreción de un hecho específico, sino, por el contrario, existen para intervenir y modular los imaginarios sociales y políticos colectivos que existen en una determinada sociedad y son ciertamente dinámicos; en consecuencia, potencialmente cambiantes. Debido a que estamos un tanto acostumbrados a que estos últimos tengan lugar exclusivamente en periodos electorales, puede resultar difícil comprender por qué razón una autoridad electa se ve obligada a movilizarse. No obstante, si se mira de cerca la dinámica de las recientes movilizaciones (oficialistas y opositoras), se está en condiciones de aseverar que esta característica se vuelve cada vez menos excepcional y ello, como en momentos anteriores, está íntimamente ligado a los tipos de disputas políticas que se plantean hoy en nuestro espacio público.

De manera general, cuando se delinean estrategias comunicacionales, una de las primeras preguntas que se debe resolver tiene que ver con a quiénes se busca llegar, esto es: los públicos, ya sean internos y externos. La mayoría de las veces una estrategia comunicacional privilegia a los externos debido a que quienes deben ser convencidos de una determinada idea se encuentran por fuera de la estructura que envía el mensaje. En este nivel, se puede decir que la Marcha por la Patria ha buscado posicionarse como un referente de democracia, esto debido a que actualmente uno de los clivajes discursivos predominantes en la escena nacional es el de dictadura/democracia. Así, resulta lógico pensar en la necesidad de las partes en disputa de apropiarse de esta categoría, sobre todo en un país que recientemente ha atravesado momentos políticos asociados al riesgo de quiebre de la misma.

Como se decía, si bien es cierto que el énfasis suele estar puesto en los públicos externos, es perfectamente posible que existan puestas en escena cuyo objetivo mayor sea llevar el mensaje a internos y este puede ser el caso de esta movilización. ¿Cuál mensaje? El de su composición diversa (urbano/rural, por ello la ruta), que apunta a la idea de posesión de la representación del bloque popular, buscando asemejarlo al liderazgo de éste. No obstante, a diferencia de lo que se puede pensar, lo que se trató de comunicar superó el énfasis de imágenes personales a las que más bien buscó asimilar a la colectividad (de ahí el mecanismo de movilización elegido, que evoca horizontalidad). Y este mensaje, a diferencia de lo que se puede suponer, no tiene como único objetivo la cohesión, sino también la delimitación del bloque, por lo que se busca dar a entender que lo que se encuentre por fuera es distinto. Este mensaje iría más puntualmente a algunos grupos que se identifican con este segmento, pero que últimamente, en apego a sus intereses, participaron en movilizaciones que han problematizado fuertemente la gestión de gobierno.

Así, mientras de forma dominante se batallaba por posicionar evaluaciones en torno a su forma: si la constituyeron funcionarios/as, perjudicó las carreteras o la ciudad, se la recibe con banderas blancas o indiferencia, o, finalmente, si en cada píxel de foto caben 50 o mil paisanos, pocas claves sobre las dinámicas que se desplegaron dentro de la movilización se pusieron sobre la mesa. Las (no) noticias pasan, los mensajes, ¿quedan?

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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