La verdadera controversia en torno a lo que el presidente del Senado declaró el miércoles está más relacionada con el trasfondo de su postura más que con ella en sí misma. En el caso del presidente Rodríguez, lo ocurrido esta semana implica un hito en la construcción comunicacional de su personalidad política como una de las figuras sobre las cuales se está vertiendo una enorme cantidad de expectativas de liderazgo nacional. Al final, quiérase o no, que una de las más importantes figuras políticas del país haya emitido un criterio con ese alcance nos permite (aunque no de la manera deseada) volver a poner sobre la mesa de la agenda nacional un tema latente, irresuelto y urgente: la violencia contra las mujeres.

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Para darle algo de contexto a la declaración sobre la cualidad “antihombres” que tuviera la Ley 348 contra la violencia contra las mujeres, huelga decir que tuvo lugar en medio de una sesión camaral en la que se trataban modificaciones a la misma. Respecto al estilo comunicacional del presidente Rodríguez, un poco por decisión y otro poco por circunstancia, está claro que, hasta ahora, ha optado por una imagen pública de bajo perfil, con algo de presencia en actos propios del cargo y de la pertenencia a su partido político, pero con poca densidad discursiva. Se trata de una opción legítima de administración de su comunicación política, pero ello, por supuesto, hace que sus posturas manifiestas y polémicas adquieran mayor peso y resonancia. A esto se le suma que existe una real necesidad de conocer las posturas políticas de la tercera persona más importante del Gobierno nacional, pues empieza a ser insuficiente una comunicación que por buscar la neutralidad ante las corrientes internas de su organización, lo sea ante temas nodales de disputa política en la actualidad.

En el otro lado, resulta curioso el momento en el que emerge esta propuesta de modificación legislativa y la posición, esta vez, ya no solo del presidente Rodríguez, sino además de sus colegas parlamentarios del masismo durante este mismo impasse: concretamente Patricia Arce y Daniel Rojas. La primera presentó la propuesta de modificación de la norma bajo el discurso de que su objetivo es que la misma proteja de igual manera a hombres y mujeres. Esta comprensión invisibiliza el hecho de que la violencia contra las mujeres es un penoso hecho estructural y tira por la borda la actual vigencia de una sociedad patriarcal. Y el segundo acude (en entrevistas televisivas) al uso de datos elaborados a conveniencia y provenientes de organizaciones emergentes como la Casa del Hombre o la Federación Nacional de Víctimas de Denuncias Falsas que, vaya casualidad, en sus recientes movilizaciones (de hace menos de una semana) solicitaban modificaciones a la ley en “beneficio” de quienes ahora se consideran las nuevas víctimas (los hombres) y no así de las alrededor de 430.000 mujeres que denunciaron violencia durante la vigencia de esta norma.

Es una verdadera lástima que el tema vuelva a palestra de esta manera, sobre todo cuando anteriormente ya se había entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional una nutrida agenda de propuestas de modificación a la Ley 348, pero buscando, sobre todo, proteger de mejor manera a las mujeres sin dejar de lado —cómo no— la discusión en torno a la mejora de la gestión de las acusaciones falsas que son pocas y no debieran alcanzar a empañar el espíritu de la norma. En el trasfondo de lo ocurrido esta semana en la ALP existe un aire antifeminismos y antiderechos, y ese es —al final del día— el hecho que debiera ponernos en alerta. Pues, las cosas son claras y no se debe permitir su distorsión: la Ley 348 no enfrenta a mujeres con hombres, la ley busca proteger la vida de las mujeres.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Así se puede calificar lo que se le viene al MAS-IPSP y que desde ya atraviesa estas semanas, en las que se ubica, más que lo usual, en el centro de la atención mediática y política del país. Es cierto que muchas veces se ha cuestionado la centralidad noticiosa que de manera continua adquiere la figura de Evo Morales y la del MAS. Pero, en esta ocasión, se puede alegar que al estar en juego la viabilidad electoral de la sigla del partido más grande del país, los hechos en torno a la carrera que transita para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Organizaciones Políticas son relevantes sobre todo en su relación con el desgastado sistema de partidos del país. No es poca cosa.

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Ya que se trata de hechos relevantes para el sistema político, corresponde también preguntarse por qué es recién hasta ahora que, contrarreloj (e incluso contra la pared, dirán algunos), esta organización busca los caminos para salir de su propio laberinto. Y, ojo, no es el único partido que corre contra el tiempo; se sabe que de 10 partidos políticos, solo tres han cumplido hasta la fecha con lo establecido respecto a directivas. Huelga señalar que el plazo que hoy se maneja como de máximo cumplimiento: 7 de mayo, es un plazo establecido en una cuarta ampliación, el verdadero plazo feneció hace dos años. Cuatro veces ha debido flexibilizar la normativa el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conminando a quienes pugnan por ofrecer proyectos colectivos al país a que cumplan la normativa. Algo similar a lo que pasa con la actualización de los estatutos de las organizaciones, cuyo plazo extendido por tercera vez culminará también a inicios de mayo.

Apelo al dato porque da cuenta del nivel de flexibilidad con la que la institucionalidad electoral viene intentando que el cúmulo de organizaciones políticas cumpla con lo que estableció la norma hace seis años. Bien podría decirse que también el TSE lleva mucho tiempo intentando sortear obstáculos y salir del laberinto que implica “jalar” a la mayor parte de organizaciones políticas del país a que cumpla la norma. De ahí las conminatorias, exhortaciones y ampliaciones que terminan debilitando su capacidad para dar cumplimiento a la ley.

Además de ello, es inevitable caer en cuenta, y por lo tanto imposible de no apuntar, que una buena parte de las acciones institucionales que ha tenido que adoptar el TSE en sus recientes acciones, provinieron de una intervención judicial. El efecto simbólico de esta intrusión es el incremento de la presión sobre la institución electoral y el efecto material es el de mantener al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como una instancia administrativa y no jurisdiccional en temas electorales (como le es asignado en la CPE, pero casi no ha sido puesto en práctica).

Buena parte de los partidos políticos, pero el MAS-IPSP en el centro —por su peso en el sistema de partidos—, tienen una responsabilidad no solo con sus proyectos de país y militancias, sino también con la institucionalidad democrática del país, que necesitamos en pie para sortear adecuadamente el periodo electoral que se avecina. Y la responsabilidad tiene que ver con cumplir la normativa sin presionar a que el árbitro determine a conveniencia las formas que están ya escritas en leyes, reglamentos y estatutos. Pues esto solo significa seguir comprimiendo la ya debilitada institucionalidad, en detrimento de los clásicos mecanismos políticos: como ser el diálogo, la negociación y la concertación. 

Es complejo que empiece a parecer mejor idea zafar de lo que se está convirtiendo un problema: la democratización interna dentro de las organizaciones políticas (es decir: primarias). Pues este fracaso daría cuenta de que en vez de ampliar la democracia, tenemos que contraerla porque nuestra realidad política nos impide, en este momento, gestionarla en su bondadosa amplitud.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

De un primer número de 715 profesionales que se presentaron a la convocatoria para las elecciones judiciales, ya sabemos que 340 continúan en carrera, algo menos de la mitad. En un reportaje que presentó La Razón el pasado domingo, se daba cuenta que, salvo que algún número experimente un cambio ligero en la actual etapa de impugnaciones, solo un 27% de las postulaciones que están actualmente habilitadas son de mujeres. Este es un número bajo por donde se le vea y lejano del 50% o más que los esfuerzos del movimiento de mujeres y la normativa han venido logrando en los últimos lustros. Otro dato, más preocupante aún, es el que señala que existen cinco departamentos en el país (Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni y Potosí) en los que actualmente no existen suficientes candidatas mujeres al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que la lista final enviada al Órgano Electoral Plurinacional, en lo que respecta a esta institución, sea paritaria. Ante esta realidad, le toca a la Asamblea Legislativa Plurinacional dar continuidad a este proceso encontrando la manera de que este hecho no signifique un retroceso para los derechos de las mujeres.

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Aunque esta regresión podría tener lugar en las candidaturas finales que figurarán en la papeleta correspondiente a autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, es cierto que la participación de mujeres en este proceso está disminuyendo. Estos son los datos que la Coordinadora de la Mujer ha brindado: el proceso de 2011 contó con 57% de candidatas mujeres; el de 2017, con 44% de ellas y éste de 2024, contó (en un inicio) con 32% de postulaciones de este tipo.

Estos decidores datos dan cuenta de que mientras, por un lado, se trata de fortalecer y avanzar en los objetivos que configuran la democracia paritaria intercultural (uno de ellos, la paridad numérica en candidaturas para cargos electos), la realidad muestra que, por el otro lado, al menos en lo que respecta a las elecciones judiciales, la motivación de las mujeres por participar en estos procesos va disminuyendo paulatinamente. Se trata de un dato riesgoso.

Múltiples estudios dan cuenta de que la vida de las mujeres en cargos públicos es muy distinta a la de los hombres. Implica sortear constantemente obstáculos que van desde el trabajo de cuidados, pasando por la cultura machista de la sociedad (que nos encasilla en roles preestablecidos), concluyendo en la dolorosa realidad del acoso y la violencia política, la cual se establece casi como una normalidad para las que deciden ingresar a la vida pública.

No es un secreto para nadie que lo que hoy transita la sociedad boliviana es un profundo proceso de desafección hacia la institucionalidad política. Buena parte de las nuevas generaciones ya no ven en la política su potencia transformadora, ni le dan a la democracia su valor igualador. Así, toca entender que le asignan otra valoración y un nuevo significado a la participación política como tal.  Con sus propias particularidades, este proceso judicial empieza a mostrar síntomas de ello y la participación de las mujeres empieza a dar cuenta de que los obstáculos, junto con las sociedades, se transforman y lastimosamente, en este caso concreto, se multiplican.

Queda pendiente pues el desafío de engranar adecuadamente lo que son los históricos desafíos de la participación política de las mujeres junto con los nuevos desafíos de la participación política en general. Y, a partir de ello, generar las nuevas preguntas y trazar las nuevas rutas por las que se seguirá transitando el horizonte hacia la democracia paritaria intercultural.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Dibujo Libre

El pasado miércoles el Parlamento Europeo aprobó lo que es la primera ley integral sobre Inteligencia Artificial (IA) en el mundo. Tras meses de discusión, Europa ha optado por poner sobre la mesa del debate global una normativa que intenta poner en el centro el resguardo de los derechos y que se ha focalizado en establecer los riesgos que implica el uso ciudadano/ cotidiano de la IA. A pesar de que huelga adentrarse un poco más dentro del contenido de esta novedosa norma y entender el marco regional en el que se la propone, lo indiscutible es que se ha dado un nuevo paso en lo que varios autores han optado por denominar como la “nueva guerra fría” de este tiempo, basada en buena parte en la lucha geopolítica por el liderazgo global tecnológico, que hoy lleva, en buena medida, la tonalidad de la Inteligencia Artificial y que conlleva la emergencia de un remozado “tecnocapitalismo”.

Problemática. Desde que una aplicación chatbot de IA se volvió una herramienta de uso masivo atravesamos -sin duda alguna- por un nuevo periodo de inflexión tecnológica caracterizado por darle un giro radical a lo que hasta ahora habíamos entendido como internet (hay quienes afirman que lo que se viene no se parecerá en nada a lo que hasta ahora conocemos). Y este periodo se bifurca precisamente en la discusión en torno a los escenarios venideros que conllevan la accesibilidad y popularización de un (ro)bot de IA como el ChatGPT (el primer ente no humano elegido como científico, el año 2023, por la revista Nature), que apuesta por construir su lógica en el límite entre lo humano y lo tecnológico.

Como bien se ha vuelto un sentido común, toda esa cantidad de vertiginosas transformaciones tecnológicas (hoy con rostro de IA) tienen una importante implicancia en los procesos y las dinámicas sociopolíticas de este y cada tiempo. Y, en medio de ello está -cómo no- incluida la democracia y su calidad, pero incluso su legitimidad y permanencia a futuro. Así, entre las principales preocupaciones dentro del campo sociopolítico que genera esta nueva era comunicacional predominantemente tecnologizada (y todo lo que incluye: información, debate, deliberación e intercambio) están los procesos de desinformación que, de manera clara, se intensifican -uso de tecnologías mediante- y que, también con mucha claridad, terminan afectando a la democracia.

Es en ese escenario en el que, el año 2023, nace el Grupo de Debate y Reflexión sobre Desinformación; una iniciativa impulsada por la Fundación Internet Bolivia, la Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) y Oxfam en Bolivia que tiene como objetivo impulsar reflexiones y evaluaciones acerca del manejo de la comunicación política, las campañas electorales y los efectos de la desinformación, con el foco en nuestro país. Todo esto en la búsqueda de generar propuestas ante la compleja agenda electoral que se avecina. Como actualización, este grupo arrancó su segundo año de existencia, esta semana, con la presentación del libro Comunicación Política e Inteligencia artificial.

Cuando la tecnología toma el poder , del comunicador e investigador uruguayo Diego Mota.

IA. Sobre el tema, se sabe que existe una relación intrínseca entre Inteligencia Artificial y Comunicación Política, en inicio porque la propia emergencia y desarrollo de la IA tiene un carácter político inherente y una consecuencia comunicacional, desde sus inicios.

Después, porque a través del tiempo, la Inteligencia Artificial ya se ha venido relacionando con la Comunicación Política de manera casi natural, sobre todo, como señala la publicación, en todas esas actividades que implican: a) procesamiento de grandes cantidades de datos, b) sistematización de patrones y tendencias, c) análisis de la opinión pública (también conocido como Social Listening) y, d) rastreo de millones de publicaciones para clasificarlas según sentimiento.

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Pero, ante todo y finalmente, porque toda inteligencia sólo es comprobable en su poder de comunicar; es decir en todo aquello que implica el intercambio entre emisor y receptor. Y en esta instancia concretamente se hace referencia -según Mota- a un momento del proceso que desarrolla la Inteligencia Artificial y que brilla por su potencialidad y trascendencia en el mismo: el procesamiento del lenguaje natural. Ese momento que consiste en “traducir” en datos el lenguaje humano a modelos de lenguaje más avanzados y complejos. Lenguajes que, ya en lo práctico, buscan de manera insistente, automática e inherente mejorarse en cada resultado que genera la IA pero que, a la vez, sirven exclusivamente para comunicación entre máquinas y que, por ello, terminan siendo altamente sofisticados para la comprensión humana común.

Comunicación política electoral Dentro de ese gran universo que contiene los usos que la comunicación política como área le ha venido dando a la IA, predomina por volumen, repetición y fama, aquella subárea que es la comunicación (o también el marketing) electoral. Y esto tiene que ver con que, desde siempre, un momento cúspide de la comunicación política, son los procesos eleccionarios en general y las campañas electorales, en particular. Nada de lo que ahora ocurre en esta instancia es nuevo en esencia, pero si se ha vuelto continuamente novedoso en sus formas, hoy tecnologizadas.

Y es, en este escenario, donde se ubican buena parte de las grandes preocupaciones que involucran uso de IA en campañas electorales; concretamente: a) Fake news y Deep fakes, b) uso de datos de la población, c) uso opaco y/o sesgado de los algoritmos (sesgos) y d) la posibilidad de devenir en un instrumento de control autoritario.

Aternativas. No obstante, un apunte tremendamente relevante sobre Comunicación Política que se encuentra en el libro viene a ser la descripción de sus otras tres facetas (además de la electoral): comunicación gubernamental, comunicación de crisis y comunicación de riesgo. Y ello es relevante, en la medida que invita a entender los procesos de IA un poco más allá de los lugares comunes sobre los cuales se la ha puesto sobre la mesa del debate en su relación con la política; esto es, pensándola más allá del momento electoral, concretamente en momentos de mandato público, de gestión de crisis y de riesgo. Es decir, en las potenciales oportunidades que posibilita en la cotidianidad comunicacional en su más aspecto más público y democratizante. Porque, de alguna manera, esto nos recuerda que hay más comunicación política allá de las elecciones y que hay IA más allá de los intereses partidarios/autoritarios.

De todas maneras, acá se presenta solamente un abordaje superficial de esta relación. Lo que no pasa con el documento escrito por Mota, en el cuál de manera esquemática se establece un preciso y detallado mapa sobre los alcances y niveles que llega a alcanzar la relación entre Inteligencia Artificial y Comunicación Política, no sólo en el día de hoy sino además en lo que significa una meticulosa revisión del pasado que deja ineludibles pautas para avizorar un futuro cuyo desafío principal será que no termine siendo distópico, ni construido por fuera de la democracia.

 (*)Verónica Rocha Fuentes es comunicadora social