Se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, el acuerdo de Naciones Unidas más ratificado del mundo, en el que los países se comprometen con el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a los puntos de vista del niño. Entretanto, en Bolivia cerca de 4 millones de niñas, niños y adolescentes no asistieron a clases en las últimas semanas, y tampoco accedieron al desayuno escolar. En El Alto se destruyeron cuatro defensorías de la niñez y adolescencia, dejando a 313.000 niñas, niños y adolescentes sin servicios de protección; y más de 960.000 han sido expuestos a diversos grados de violencia que está afectando su salud emocional.
Este aniversario era un momento para celebrar lo avanzado y recordar los retos que tiene Bolivia con sus niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, el país está viviendo momentos muy difíciles, y se está olvidando de los más vulnerables. Día tras día, los niños son testigos de la violencia a través de las redes sociales, los medios de comunicación o de lo que vive su familia en esta coyuntura; mientras los adultos no nos detenemos a pensar qué estamos enseñando a nuestros hijos.
Durante los últimos 30 años, Bolivia ha elevado a grado constitucional el garantizar la protección de sus niños, niñas y adolescentes, y ha modificado su marco legal en tres oportunidades. La primera, en 1992 con la promulgación del Código del Menor; luego en 1999, con el Código Niño, Niña y Adolescente; y finalmente en 2014, cuando el país dio un enorme salto cualitativo que, con algunas sombras, es el reflejo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por otro lado, el Estado boliviano estableció el principio de no discriminación tanto en su Constitución como en el Código de 2014. Y si bien rompe con la doctrina de la situación irregular sustituyendo el paradigma tutelar por la doctrina de la protección integral, para este nuevo modelo solo existen dos categorías de niños, niñas y adolescentes: los que tienen garantizados sus derechos y los que no los tienen.
El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo muestra evidentes progresos en los últimos 30 años. En 1989 la mortalidad de los menores de 5 años quintuplicaba la de 2016, y la cuadruplicaba en menores de un año. La atención del parto por personal calificado se incrementó en 114%. Y el número de alumnos de primaria aumentó en más de 300.000.
Bolivia no contaba con seguros de maternidad y niñez. Entre 1993 y 1996 se creó el “Plan Vida” para reducir la mortalidad materna y perinatal. En 1996 se creó el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN). Para 2016, el índice de mortalidad neonatal fue de 15 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. El Bono “Juana Azurduy” también ha contribuido a esta reducción. La mortalidad infantil bajó de 88 a 24 por cada 1.000 nacidos vivos (EDSA 2018).
Con la Reforma Educativa de 1994 se inició la educación intercultural bilingüe, pues antes la educación solo se impartía en español. En 2000 el promedio de escolaridad era 7,7 años, pero en 2014 llegó a 9,1 años. Es importante el estímulo a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo que significa el Bono Juancito Pinto.
Sin embargo, los desafíos le restan luz a todo lo que Bolivia ha avanzado. Entre ellos están la medición de la calidad educativa, la prevención y atención de la violencia y la explotación contra la niñez y adolescencia, el desarrollo integral de la primera infancia, y la prevención del embarazo adolescente. Los últimos meses han estado marcados por la movilización de jóvenes exigiendo con fuerza y pasión su derecho a que su voz se escuche y a participar directamente en las decisiones que les afectan. Sin duda estos jóvenes son los niños, niñas y adolescentes que han crecido a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, y ahora nos muestran su fuerza motora para impulsar cambios que les aseguren mejores y más oportunidades para el desarrollo de su potencial.
La sensación de inconformidad de los adolescentes está presente, sienten que no los escuchamos, que no los dejamos participar en foros apropiados, y sienten que sus futuros son inciertos. Urge priorizar en todo momento a la niñez, para que esta nueva generación esté presente en los cambios sociales y políticos del país; pero también necesitan que los adultos muestren una cultura de diálogo y paz para resolver los problemas que nos afectan a todos.
* Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Bolivia.