América Latina vive una etapa compleja crítica, porque están en cuestión la eficacia de las instituciones políticas, la capacidad representativa de los partidos y la cohesión social basada en la modernidad. La democracia pierde legitimidad. No es un período de incertidumbre, es una época de kamanchaka (oscuridad) a nivel global (Fernando Calderón dixit). Los conflictos de las últimas semanas expresan esa sensación: protestas sociales en Ecuador y Chile y crisis política en Bolivia. Me enfoco en nuestro país para explicar las razones que condujeron a la renuncia de Evo Morales. Asimismo, presto atención a la solución político institucional a la crisis.
La renuncia de Evo Morales fue resultado de un plan golpista que fue configurándose en el camino. Los primeros atisbos se dieron cuando varios actores sin filiación partidista, como el Conade, dijeron que no reconocerían la victoria de Evo Morales bajo ninguna circunstancia, puesto que consideraban ilegal su candidatura. Igualmente, instalaron la idea de “fraude” para rechazar su victoria cualquiera sea el resultado de las urnas. A esa postura se sumaron los partidos políticos de oposición que se subordinaron al movimiento social urbano impulsado por los comités cívicos, que rechazaron las propuestas del MAS una tras otra.
Y lo hicieron realizando potentes bloqueos en las principales ciudades, con participación de sectores de clase media y con nítido protagonismo de los jóvenes, convocados bajo el lema “Mi voto se respeta”; lo que permitió que la noción de democracia sea articulada al discurso opositor en oposición a la “dictadura” atribuida al MAS. Esta victoria en la disputa por el significado por la democracia (para el MAS democracia es igualdad y justicia) amplió la base social de la protesta, que fue incrementándose debido a errores tácticos del MAS (convocar a cercos campesinos a las ciudades y despreciar la participación juvenil) y por la incorporación de elementos religiosos, anticomunistas y antiindígenas: “la Biblia debe regresar al Palacio de Gobierno”.
La conducta de la oposición siguió ese plan. Primero rechazó la verificación de resultados mediante una auditoría electoral a cargo de la OEA. Luego desechó el llamado a nuevas elecciones que realizó Evo Morales para resolver la crisis política cuando estaba en marcha el motín policial. Su renuncia se convirtió en el objetivo central y se consumó cuando el Alto Mando militar “recomendó” la dimisión de Evo Morales, mientras varios funcionarios y dirigentes del MAS eran atacados y amenazados para que renuncien a sus cargos. La declaración militar consumó el golpe de Estado, cuyos rasgos no son convencionales porque no implica la presencia de militares en el Gobierno ni cambio de régimen. Empero, fue un derrocamiento mediante el uso de la fuerza, el motín policial y la amenaza militar.
La victoria opositora se tradujo en la conformación de un Gobierno transitorio cuya tarea primordial es convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, usa la potencia del aparato estatal para reprimir (con un saldo de 30 muertos y cientos de heridos y detenidos) y debilitar a las organizaciones populares afines al MAS. Ha dado carta blanca y más recursos a las FFAA; acusa con sedición a periodistas y ejecuta persecución judicial contra dirigentes del MAS. Así, la convocatoria a elecciones tiene dos caminos: una ley congresal que sea resultado de una negociación entre el gobierno de Áñez y el MAS o un decreto presidencial que puede tener la intención de desterrar al MAS del escenario político. Tal vez lo sepamos antes de ojear este diario.
* es sociólogo. www.pieb.combo/blogs/mayorga/mayorga