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Tuesday 27 Sep 2022 | Actualizado a 03:35 AM

Coches eléctricos

La venta de coches eléctricos en el mercado interno es una necesidad económica y de salud de primer orden

/ 27 de noviembre de 2019 / 00:19

Entre otros aspectos, el cerco a la planta de Senkata durante más de 10 días puso de relieve la gran dependencia de la ciudadanía paceña y de El Alto respecto a los combustibles fósiles, como la gasolina y el gas natural; a tiempo de evidenciar la imperiosa necesidad de impulsar energías alternativas como los paneles solares y el uso de coches eléctricos en el país.

Y es que este tipo de vehículos no solo son mucho más amigables con el medio ambiente respecto a los motores a carburantes, sino que además pueden recargarse incluso en los propios hogares. Por ejemplo, Volkswagen ha desarrollado un sencillo dispositivo que se puede acoplar a la pared del garaje. Aparato que, según explica la compañía alemana, se puede integrar a la red doméstica de datos. Con lo cual, los usuarios pueden monitorizar la carga de sus vehículos eléctricos desde la comodidad de un sofá, así como gestionar aplicaciones o actualizar el software.

Y si se vive en un condómino o se utiliza un garaje compartido, se puede instalar un aparato comunitario con varias tomas, sufragado por todos los usuarios. Además, si se masifica el uso de coches eléctricos, como está ocurriendo en varias ciudades de Europa, EEUU y —especialmente— del Asia, con el tiempo los centros comerciales, supermercados, hoteles e incluso los lugares de trabajo pondrían a disposición de los usuarios puntos de recarga.

Todo ello eliminaría la dependencia respecto a los combustibles fósiles. Subordinación que es particularmente perjudicial en ciudades como La Paz y El Alto, cuya provisión depende íntegramente de la planta de Senkata. Lo que la convierte en un lugar estratégico cuando de causar problemas y desabastecimiento se trata; tal como se pudo percibir no solo en los días precedentes, sino también en los conflictos de octubre de 2003, en la llamada “guerra del gas”.

Por otro lado, no sobra recordar que los motores a diésel y gasolina son una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático y de la contaminación atmosférica en las ciudades. La cual genera no solo enfermedades respiratorias, sino también arteriosclerosis, cáncer, diabetes y problemas en el desarrollo neuronal, según investigaciones promovidas y difundidas por la OMS. Y esta peligrosa polución podría eliminarse paulatinamente con el uso masivo de coches eléctricos.

Por todas estas razones (la posibilidad de librarse de la dependencia de los combustibles fósiles y los beneficios medioambientales, junto a las ventajas de contar con enormes reservadas de litio, el principal componente para las baterías que utilizan los coches eléctricos), la venta masiva de estos vehículos en el mercado interno constituye una necesidad económica, social, medioambiental y de salud de primer orden, que debería ser impulsada a través de políticas públicas y privadas.

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Bolivia sí está saliendo adelante

/ 27 de septiembre de 2022 / 01:41

La crisis económica que viene azotando al mundo dejó a muchos países con las posibilidades limitadas de poder alcanzar mínimas tasas de crecimiento asociado a altos índices de inflación y endeudamiento (organismos internacionales han vaticinado la caída del crecimiento que hubo en 2021 de 6,1% en el mundo, al 3,2% para este 2022), esto provocó que analistas y otras instancias empiecen a lanzar propuestas de política económica y, como en repetidas ocasiones, se formulan recetas únicas para todo un conjunto de sociedades en el mundo completamente diferentes, que además tienen ya una data histórica de desastres sociales y económicos, fruto del ya conocido modelo neoliberal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), como no podía ser de otra manera, pone nuevamente de manifiesto su acérrima posición de defensa al achicamiento del Estado, la reducción de gastos que tienen finalidades sociales y la deconstrucción del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP, implantado en Bolivia desde 2006), que viene siendo la antítesis de lo planteado en otra hora por sesudos artífices del caos socioeconómico que vivió el continente latinoamericano a finales de los años y principios de los 2000.

El informe del artículo 4 presentado por el FMI está profundamente contradicho dentro del mismo documento, ya que elogia nuestra reducción de pobreza, pero critica las políticas que generaron esos resultados; el mismo encontró un nicho de defensa de sus recomendaciones en las publicaciones de Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central durante la que fue la época mas calamitosa en lo que se refiere a indicadores de orden macroeconómico en Bolivia. No solo el crecimiento que se tuvo en este periodo no superó el 3%, sino que las reservas internacionales no llegaron a más de $us 1.000 millones. Menciona además una preocupación intensa sobre el déficit fiscal en su último artículo, olvidando que cuando él era autoridad, tanto en la política fiscal como monetaria, todo el gobierno era fielmente obediente a los empoderados directores del FMI; pese a esa dócil posición, en Bolivia existía un déficit fiscal incluso en la cuenta corriente, que no pudieron solucionar hasta su estrepitosa salida del poder.

Por otro lado, es bueno recordar que el neoliberal gobierno de Juan Antonio tuvo otro boom de precios internacionales de los commodities que representan gran parte de nuestras exportaciones, sin embargo todo este excedente que se generó tenía como grandes ganadores a empresarios privados por una parte, pero principalmente a extranjeros que tenían el control absoluto de empresas que fueron creadas originalmente por el Estado y lograron ser privatizadas supuestamente para conseguir inversiones que nunca llegaron.

Hoy Bolivia, en un contexto sumamente complicado por todas las externalidades a su economía, logra tener una tasa de crecimiento económico de 4% para el primer trimestre, una política de control inflacionario efectiva que hace que nuestro país tenga 1,6% de tasa de inflación, la más baja del continente y una de las más bajas del mundo. Un saldo de la balanza comercial de 2,8% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), otro indicador que nos pone en el primer lugar de Latinoamérica. El déficit fiscal se redujo de 12,7% (obra y gracia del gobierno de facto) a 9,7% para 2021 y para 2022 se espera un 8,5%, con una tendencia a la baja, lograda a través del control de gasto corriente e incremento en el gasto de inversión que mejora la calidad de vida de la gente. Y por último, y no por eso menos importante, mercados abastecidos con bienes y servicios siendo transados con total normalidad en todo el territorio nacional.

Otro punto que se hace menester poner sobre el tintero es que a través de un control efectivo del gasto público, la calificadora de riesgo Fitch Ratings mantiene la calificación riesgo país del Estado Plurinacional de Bolivia en B, con perspectiva estable; esto significa que la proyección de déficit fiscal de 8,5% respecto al PIB, planteado en el programa fiscal del Gobierno, podría ser mucho más bajo para fin de año; además de que indicadores como deuda pública, reservas internacionales netas, producción hidrocarburífera, balanza comercial, transformación de la matriz productiva y energética, entre otros, fueron analizados y encontrados satisfactorios para la firma internacional, dejando claro que Bolivia no solo está en un sitial privilegiado dentro de las economías regionales, sino que viene mostrando cómo un MESCP logra hacer que los bolivianos salgamos adelante.

Mike Gemio es economista. Tiene una maestría en Gestión y Políticas Públicas.

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Su peligrosa estupidez

/ 27 de septiembre de 2022 / 01:37

La confesión de estupidez que hizo ayer el diputado Gustavo Aliaga no debe tomarse como una expresión de falsa modestia. La oposición partidaria en este país nunca pudo estar a la altura de las circunstancias, y para corroborarlo solo hace falta retroceder a noviembre del año pasado, cuando sus colegas José Ormachea y Alejandro Reyes se limitaron a sonrojarse infantilmente después de que un periodista les preguntara sobre las razones de su rechazo al plan de desarrollo que entonces había propuesto el Gobierno. Ese es el nivel de seriedad de los legisladores de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que ya ni sueñan con recuperar el poder y se contentan con obstaculizar cualquier iniciativa del oficialismo, así sea atentando en contra de la propia institucionalidad democrática que se supone deberían defender.

Sin embargo, no estamos tratando con menores de edad aquí, razón por la cual deberíamos tomarnos muy en serio las posibles consecuencias de tener cretinos en cargos de representación política. Después de todo, como advirtió el teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, son los estúpidos los que deberían preocuparnos.

Alguien “malo” se guiará, de alguna manera, por ciertos criterios de racionalidad, nos explica, mientras que alguien estúpido resulta impredecible justamente porque no piensa como lo haría alguien normal. Hannah Arendt decía algo parecido cuando hablaba de la banalidad del mal para referirse a sujetos como Adolf Eichmann, quien jugó un rol importante en la ejecución del holocausto judío, sin sentir remordimiento alguno al respecto. Cuando se le preguntó en qué demonios estaba pensando cuando facilitaba el procesamiento administrativo de las incontables víctimas de la irracionalidad nazi, se limitó a responder que “solamente seguía órdenes”. Ese es el extremo al cual pueden llevarnos quienes simplemente no tienen dos dedos de frente.

No hace mucho, un verdadero ejemplar de la imbecilidad humana tuvo control sobre la Policía Nacional por casi apenas un año, provocando dos masacres y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de miles de bolivianos. Me refiero, por supuesto, a Arturo Murillo, pero junto con él, a todos aquellos que acompañaron aquel régimen de arbitrariedad desenfrenada encabezado por Jeanine Áñez.

Lo que más gracia me causa en todo esto es que muchos partidarios de esta derecha tan ejemplarmente representada por CC y Creemos suelen presumir petulantemente de poseer educación universitaria y hasta de posgrados, a tal punto que un opinólogo (tal como yo, debo admitir tristemente) escribió hace un tiempo algo así como que antes de la llegada del MAS al poder reinaban en Bolivia los sabios y los intelectuales, formados en las más connotadas casas del saber en el mundo, solo para ser desplazados por las masas populistas organizadas en el partido de los sindicatos. ¡Oh, la decadencia! La estupidez de esta oposición se torna proverbial cuando se comprueba qué es lo que hicieron con el país durante el gobierno de facto estos genios formados en Harvard y no sé qué otras universidades.

Su ineptitud sería perdonable de no ser por el hecho de que no solo no sabían qué hacer con el Estado cuando éste cayó en sus manos (por estupidez nuestra, debo aclarar), sino que además se dedicaron a desvalijar el Tesoro público como si se tratara de una promoción de tiempo limitado. Me pregunto si hubieran sido más torpes de no haber estudiado, aunque sus esquemas de corrupción los pudo haber ideado cualquier bachiller aturdido por sus cambios hormonales.

Esa es nuestra oposición.

Carlos Moldiz es politólogo.

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Renacer de las ciencias criminológicas

/ 27 de septiembre de 2022 / 01:34

Mi amigo Jean Paul Feldis, en su obra sobre sociología jurídica y su abordaje desde la visión del caos, señala que un fenómeno económico importante produce en consecuencia un fenómeno social y éste a su vez uno cultural, para concluir en efectos políticos.

La Guerra del Chaco, que posibilita el “descubrimiento o el encuentro de la otra Bolivia”, sumada a la gran casualidad —desde nuestra visión— de la profunda recesión norteamericana que posibilitó el plan Bohan y como una de las consecuencias que Prebisch impulse el no poner todos los huevos en la misma canasta, produjeron un hecho económico sin precedentes para Santa Cruz, por el financiamiento con que llegó; además, reforzado por la “colonización” (instituto se llamó para trasladar, como hasta actualmente se sigue haciendo, a personas vivientes en la zona andina hacia Santa Cruz y el oriente).

Esa rica y compleja amalgama de variables, hoy posibilita que sea innegable el fenómeno económico de Santa Cruz —¿modelo?— como también el social: lo cruceño está preñado de bolivianidad (alrededor de 67.000 personas migran del resto del país a nuestro departamento, cada año y desde hace muchos). O sea, la mayor población de los ocho departamentos fuera de ellos se encuentra en Santa Cruz. Esto también es innegable.

La escuela ecológica (en realidad sociológica) de Chicago explica las situaciones criminógenas de todo proceso intenso migratorio; lo mismo explica Ferri en su visión de sobresaturación. Y debiera ser así, pero no lo es en tanto y en cuanto comparemos con otra ciudad que también ha explosionado migratoriamente como lo es El Alto (cuyos índices de violencia, cuantitativa y cualitativamente, superan a los de Santa Cruz de la Sierra) que, si bien es también un fenómeno económico y social, no lo es en la dimensión de Santa Cruz, como lo explicamos anteriormente: ausencia de la bolivianidad diversa.

Creo que este departamento está viviendo esa su etapa cultural, preñada de esa “bolivianidad” social. La Academia Boliviana de Ciencias Criminológicas (ABOCCRIM) es una de las tantas señales. Lo que se inicia por casualidad (ley dialéctica menospreciada) termina produciendo una causalidad (ley dialéctica sobredimensionada): las ciencias criminológicas renacen y se reimpulsan desde Santa Cruz.

Con la primera obra de criminología en Bolivia de Bautista Saavedra en 1901, las de César Cadima y, principalmente, la de Huáscar Cajías —texto oficial en muchas universidades—, acompañaron a los fenómenos económicos, culturales y políticos de La Paz.

La transición de criminología a ciencias criminológicas se da a partir de la división de los norteamericanos principalmente, quienes dejaron a los sociólogos abordar el fenómeno de lo delincuencial o factores criminógenos, y a la criminology para el abordaje de lo concreto, del crimen realizado: reconstrucción de los hechos y probables autores (las forensias: perfiles —psicología— , escena del crimen —balística, dactiloscopía, etc.).

El reto histórico que tiene Santa Cruz con Bolivia es el traslado, por el momento, de consecuencia cultural que debe vivir a plenitud, y que ya hay atisbos de ello: las Ciencias Criminológicas.

Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y fanático destroyano.

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El vendedor de paraguas

/ 27 de septiembre de 2022 / 01:32

Daniel vendía paraguas en una ciudad en la que nunca llovía, ni hacía demasiado sol. Mala inversión, dirían algunos. Lo que no sabían es que Daniel, quien era muy hábil, conocía sobre los misterios de las expectativas y su rol en las decisiones económicas. Él no necesitaba de una lluvia real o de un sol intenso, no. Él solo necesitaba que las personas creyeran que iba a llover o que habría un sol abrasador.

¿Cómo?

Si las personas de la ciudad tenían suficientes elementos para pensar que llovería, quizás serían más propensas a comprar un paraguas. Daniel entonces recurría a tomar todas las señales de la naturaleza (un halo de luz alrededor de sol, por ejemplo) para insertar su narrativa y, haciendo uso de sus conocimientos de marketing, emprendía una feroz campaña mediática para implantar la idea de un diluvio sin precedentes. No necesitaba usar la palabra “paraguas”, solamente asegurarse de que la población esté bien enterada de un fenómeno climatológico para el cual tomar previsiones.

Esto, más allá de parecer una historia de ficción, ejemplifica cómo la implementación de narrativas puede afectar el mercado, y por supuesto, beneficiar a ciertos grupos. Crear un ambiente de incertidumbre (algo malsano sin duda) orienta a que las personas decidan en mayor medida erróneamente. A esto le llamamos la influencia de las narrativas económicas.

Con el uso más frecuente de internet y medios relacionados, la viralidad de estas narrativas ha crecido exponencialmente. Que “va a haber inflación”, que “se van a quedar con nuestro dinero”, que “habrá un corralito”, son afirmaciones imprecisas que navegan en redes generando incertidumbre y poniendo en riesgo la estabilidad. Si creemos en estas afirmaciones seguramente tomaremos decisiones no tan acertadas, movidos por el miedo o quizás por la búsqueda del bienestar de nuestros seres queridos.

Eso es algo bien sabido por los Danieles del mundo, quienes van dejando estas semillas de desinformación con el único objetivo de obtener un beneficio propio. Poco les interesa que las personas arriesguen todo su capital por una mala decisión. No, lo que esperan es recibir los frutos de la desinformación, vender sus paraguas y buscar nuevas formas de atrapar incautos.

Sabiendo que este es un riesgo real, ¿qué podemos hacer? Robert Shiller, premio Nobel de Economía 2013, en su libro Narrativas económicas, nos brinda una abrumadora frase al respecto: “La verdad no es suficiente para detener la propagación de narrativas falsas” (pp. 166). Y es que hay algo por lo que estas narrativas tienen éxito. Más allá de usar suposiciones generalizadas y utilizarlas para influir, estas narrativas hacen uso de prejuicios, emociones, miedos, sensaciones humanas que develan nuestra naturaleza animal.

Ante ello, la única solución es romper nuestros sesgos, basarnos en datos y sentarnos a meditar un instante antes de compartir estas narrativas. Esos valiosos segundos pueden ayudarnos a cortar la cadena. Una pregunta útil a plantearse cuando nos encontramos ante una narrativa económica que genera pánico y zozobra es: ¿Quién o quiénes resultan beneficiados con la difusión de este contenido? Quizás será algún Daniel. Si es así, probablemente no sea bueno apoyar su juego. Allí, todo el poder de amplificar, o no, esta narrativa está en nuestras manos.

Bueno, a pesar de todo, Daniel ya vendió todos sus paraguas y está consciente de que volver a prometer un diluvio que nunca llega podría poner en riesgo su reputación. Por tanto, ha decidido cambiar de narrativa. Estemos atentos a las nuevas narrativas de Daniel.

Judith Apaza es auditora financiera.

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El Deber de informar y hacer justicia

/ 26 de septiembre de 2022 / 01:49

El último lunes 12 de septiembre, con estupor vimos cómo un periodista de El Deber, desde su cuenta de Twitter (@msuarez_ED), decía: “Eso le faltó al anterior, ensayar”, en respuesta al tuit del periodista Carlos Montero donde citaba una noticia que titulaba “Vandalizaron un monumento a Néstor Kirchner: ¿Fue atacado a balazos?”.

Ante este gravísimo hecho al que podemos calificar como apología del delito, nos comunicamos con el director general del diario El Deber para solicitarle que se repudiara o se acusara que no se compartía dichas posturas.

La respuesta fue que el sacaría una aclaratoria al respecto y quedaba a disposición para que desde la Embajada tuviéramos derecho a réplica sobre otros artículos publicados en el diario en cuestión. Desde el día 14 al día de hoy, fue infructuoso poder comunicarnos con el señor Rivero, por lo cual nos vemos en la obligación de contestar ante tamañas agresiones publicadas en un diario que dice ser democrático y respetuoso del debate de ideas y pluralidad de opiniones, hechos que no son asumidos cuando se solicita acusar actos graves como estos.

A más de tres semanas del intento de magnicidio a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, la solidaridad del pueblo boliviano no solo se hizo sentir con los mensajes de sus principales autoridades nacionales, sino también por la ciudadanía en general y sus organizaciones sociales en las puertas de la Embajada Argentina en Bolivia, el pasado viernes 2 de septiembre.

El pueblo argentino se viene movilizando por más de cuatro semanas en defensa de la Vicepresidenta desde que la Fiscalía colonizada por Mauricio Macri pretende dictar una sentencia de 12 años de prisión, sin tener pruebas y usando la figura de “asociación ilícita”, mecanismo ya reconocido en la justicia argentina para procesar a alguien cuando no hay pruebas.

Los fiscales pretenden hacer creer que Néstor Kirchner fue electo presidente en 2003 y Cristina Fernández en 2007 y en 2011 con el 54% de los votos, con el único objetivo de crear una asociación ilícita, con el agravante de que todos los actos de esos periodos hubieran sido ilícitos, incluso el nombramiento del fiscal Lucíani cuya designación fue firmada por Cristina y hoy es quien la acusa.

¿Pero por qué este poder judicial sometido los grupos concentrados de la economía y los monopolios mediáticos, se enfrenta alevosamente contra Cristina Fernández?

Cristina representa la amenaza a los intereses de corporaciones monopólicas en Argentina y a los sectores especulativos de las finanzas, que tienen un prontuario de políticas de endeudamiento odioso en países subdesarrollados; sometiéndolos a reajustes económicos que afectan al bolsillo del pueblo trabajador.

Cristina, durante su gobierno, logró que los trabajadores se beneficien en la distribución de la riqueza con un 51% a su favor y 49% para las patronales. Esos números, durante el gobierno de Macri, se revirtieron en 57% en favor de las patronales y 43% para los trabajadores.

Hay algunos voceros que pretenden enlodar el legado de Cristina con falsas acusaciones, pretendiendo justificar el intento de magnicidio. Véase el artículo escrito por Javier Medrano en el periódico El Deber, “¿Quién es Cristina Fernández? Una política del melodrama y el teatro”, donde el autor afirma que:

“Lo sucedido en Argentina, con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner… es una clarísima muestra del riesgo de estos hechiceros de la política, que pueden conducir a la gente a realizar actos de violencia pura, como es el intento de un asesinato”.

Por “hechiceros” no se refiere a los medios de comunicación y políticos que echan leña al fuego todos los días para alimentar los discursos de odio y la división en las sociedades, no, sino que para el autor: “…Lo único cierto es que ella (Cristina) es culpable de haber abierto una grieta profunda de odio y revanchismo.”

Intentan convertir a la víctima en victimaria, curiosa forma de analizar un intento de magnicidio.

Si uno dice defender a la democracia y sus instituciones, lo primero que debe hacer es defender la presunción de la inocencia, y así no caer en la lapidación mediática que lo único que busca es inocular odio en las sociedades para justificar magnicidios.

En definitiva, si uno dice defender a las instituciones, lo último que puede hacer es justificar un intento de magnicidio a una autoridad electa por el elemento más sagrado de la democracia: el voto.

Todo esto, sin sumar la actitud de algunos “periodistas”, que en sus redes sociales inflan la llama del odio con comentarios que por lo menos deberían ser repudiados por los medios en donde trabajan.

Ariel Basteiro es embajador de Argentina en Bolivia.

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