Hay cosas difíciles de recordar y no quiere decir que no estén ahí, en la memoria, quizás en las profundidades de la amígdala del cerebro o en los todavía misterios que envuelven a su funcionamiento. En uno de tantos ejercicios de una imprescindible materia cognitiva para personas relacionadas con el sonido, a la que Murray Schafer denominó “el aprendizaje de la escucha”, se pide a un grupo de personas, estudiantes o no, que traigan a la memoria un sonido querido, de la infancia. Cuesta mucho y la mayoría hace trampa. Traen de la memoria recuerdos queridos, sí, pero acompañados de una imagen. Entonces, le ponen sonido. Así de tramposa la concurrencia. Una máquina de escribir que usaba el abuelo, una máquina de coser que usaba la tía abuela o al revés, el abuelo cosía, la abuela escribía. No importa qué. Sirve para detenerse en la sonoridad, y recordar. Una campana en el pueblo chico, el viento en medio de los juncos, los trancos lentos de un caballo maltratado, casi como el de Turín. Sonidos traídos con trampa, desde algún lugar de la memoria. Asociados siempre a una imagen, no al revés. No se asocia, al recordar primero un sonido, a este, con una imagen. Esa la dificultad. Es una tarea de concentración, de tiempo, de honestidad. Resulta de igual dificultad, una vez que se experimenta con estos ejercicios en relación a lo sonoro, intentarlo con los aromas. La palabra aroma proviene del griego antiguo, de una palabra que se traduce como “arrancar”, una hierba, una planta. Pero no cualquiera sino las que despiden una especial y agradable fragancia. También y aunque no se ajuste a la etimología aceptada, otra palabra, también griega, relacionada a labrar la tierra, tiene una raíz que podría dar lugar a la palabra aroma. En un sitio del cerebro se guardan millones de olores y entre ellos, aromas, que además de ser memoria, pacífica, amorosa, feliz, puede también ser dolorosa, brutal, profundamente triste. Están ahí, esperando su tiempo, en una suerte de biblioteca de lo que fueron alguna vez partículas viajando en el aire. En los años 70 del siglo pasado, un bioquímico clasificó algo así como lo que vendrían a ser los olores primarios y más tarde y hasta hoy, hay una clasificación que divide a eso que huele, en frutados, cítricos, ahumados, en fin, esas diferencias que la memoria puede distribuir en experiencias distintas porque más allá de la química, hay también un componente simbólico detrás de cada aroma. ¿A qué huele la extendida melancolía de un zapato sin pareja, en medio de un barco abandonado a la deriva? Un enólogo, durante la pandemia de la Covid 19, perdió el olfato. Seguramente hoy, si no logró recuperarlo, vende cositas en alguna calle de alguna ciudad cuya plaza principal huele a lavanda y a madera antigua. Al perder el olfato habrá perdido también retazos de la vida. En un huayño, memorable como un documento, el texto dice que la sangre del pueblo tiene rico perfume, que huele a jazmines, a violetas, a pólvora y dinamita. Es difícil, como un sonido, traer un aroma desde la memoria profunda, lo que suele ocurrir es que, al enfrentarse una persona con un aroma, en la calle, al ingresar a una habitación, en el mercado, al recorrer una silla, al abrir un cajón, de pronto, hay un detonante, uno que huele y provoca una cadena de reacciones hechas emociones. El olor a guardado que hizo llorar a la tía en una casa de Miraflores, o ese aroma particular que debió haber tenido la celda obligada e injusta de Camille Claudel.

El recurrente olor a tierra mojada, apenas, por una lluvia tenue, suele ser el más mencionado y en circunstancias diversas, para empezar un poema, para terminar un discurso, para intentar una seducción por demás ineficiente, para describir el camino que lleva a los músicos al horizonte, en franca despedida. El aroma, el del almizcle, el del comino, el de la alegría particular de una guitarra, el que se desliza sin pausa, lentamente, hasta el regazo de la madre.

Óscar García es compositor y escritor.

El Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) convocó para este 13 de diciembre a su XXXIII congreso ordinario; la realización de las elecciones para el poder judicial del 15 ha llevado a su postergación para enero del 2025.

Para lograr sus fines, cualquier agrupación de ciudadanos establece estatutos, para mantener la coherencia interna y el respeto a los derechos de todos y cada uno de sus afiliados; su vulneración trae como consecuencia el descrédito, desconfianza y la distorsión de los objetivos por los cuales se agruparon. En el caso de la FSTMB el congreso se realiza después de nueve años, cuando la norma dice que debe ser cada dos; la consecuencia es que la otrora vanguardia del movimiento obrero ha perdido su voz en momentos agitados de la vida política del país, su conducta se dejó llevar por el vaivén de la coyuntura, sin analizar, consultar y determinar en asambleas los rumbos afines a sus intereses que son los de la nación.

El proletariado minero, surgido de la introducción de la industria en la explotación minera, tuvo su período de formación en la lucha por mejores condiciones de vida y trabajo, sus primeras conquistas fueron la jornada de ocho horas, el derecho a la sindicalización, un salario justo, el aprovisionamiento de alimentos en el campamento, mejoramiento de la vivienda, la educación para sus hijos, la atención de salud, etc. Estos procesos de lucha fueron consolidando su organización, el conocimiento de su rol en la economía y su dependencia de las fluctuaciones del mercado internacional. Superaron sus métodos de lucha, en principio el motín y la bronca contra los ejecutivos de la empresa; por la negociación y la utilización de la huelga como medio de lucha, cuando, a costa de privarse del pan de cada día, se golpea al patrón donde le duele, privándole de su ganancia.

La masacre de Catavi (1942) marcó su ingreso en la vida política nacional cuando el gobierno del Cnl. Peñaranda se puso al lado de la empresa norteamericana, Patiño, a costa de privarles del derecho a la sindicalización y el aumento de salarios; por eso, su apoyo (1944) al gobierno del mayor Gualberto Villarroel, enfrentado a la rosca minera y el imperialismo. Su lucha se coronó con la nacionalización de las minas en octubre de 1952, luego de las jornadas de abril, que mostraron su olfato político, capacidad organizativa y de lucha contra el ejército en El Alto y la ciudad de Oruro.

Su participación con el gobierno de la revolución nacional, con sus propias banderas como el control obrero en COMIBOL, fundiciones de estaño e industrialización del país, fueron relegadas por el poder real, la nueva burguesía. Su balance en los congresos XII en Colquiri y XIV en Siglo XX fue bastante crítico y concluyeron que la única solución a los problemas del país era el socialismo. En este enfrentamiento ideológico no hubo temor a señalar los errores, por primera vez el liderazgo de Juan Lechín fue cuestionado, se enfrentó en el IV congreso de la COB contra Víctor López, los resultados no minaron en nada la unidad del proletariado, necesario ante el fraccionamiento partidario.

Las dictaduras en nuestro país tuvieron al proletariado minero al frente, fueron llevados a cabo innumerables masacres en los campamentos para paralizar sus protestas. La derrota de las dictaduras fue fruto de su lucha, sin embargo, la formula constitucional prolongaba el poder de la clase política y marginaba al pueblo.

Con las armas de la democracia, el gobierno constitucional de Víctor Paz (1985) liquidó al movimiento minero, su recuperación se deja esperar aún. El congreso de San Cristóbal el 2015 dio su apoyo al Proceso de Cambio para hacer realidad una “política minera que se convierta en el pilar central del crecimiento económico del país”. ¿La clase obrera estuvo a la altura de este objetivo? y ¿el gobierno lo apoyó? El balance es necesario y sólo se logrará con una reflexión dentro del marco de la democracia participativa, en todos los niveles de la organización sindical.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Cada 10 de diciembre, en todo el mundo recordamos la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

A través de las décadas, la comunidad internacional ha utilizado la Declaración como base para desarrollar un sistema de nueve tratados vinculantes que abordan las principales categorías de derechos, situaciones y de grupos de particular protección como mujeres, infancia, migrantes, personas con discapacidad y otros.

La Declaración Universal es producto de su época y, como tal, no menciona explícitamente varios asuntos que estaban totalmente ausentes del debate público por aquel entonces, pero que hoy son centrales para los derechos humanos. Es el caso de los derechos de los Pueblos Indígenas, las obligaciones de las empresas, los derechos ambientales y los derechos de la propia naturaleza, de reciente conceptualización.

Con base en el espíritu inclusivo y visionario de la Declaración Universal, el sistema internacional de derechos humanos ha evolucionado y avanzado —pese a la reticencia de varios Estados—, por ejemplo, con la creación de instrumentos y mecanismos específicos para la protección de los Pueblos Indígenas.

El factor determinante para que el sistema internacional de derechos humanos haya sido capaz de evolucionar y adaptarse a nuevos escenarios sociales es la participación de la sociedad civil. La experiencia a nivel mundial demuestra que el activismo de las personas y organizaciones es el catalizador tras los avances en derechos humanos. Un ejemplo reciente de ello es el Acuerdo de Escazú sobre información, participación y justicia ambiental, tratado regional del cual Bolivia es parte y en cuyas negociaciones la sociedad civil ha tenido un rol protagónico.

Para los Estados, garantizar la participación efectiva de la sociedad civil es también imprescindible, aunque estas sean críticas de la realidad o del actuar de quienes detentan el poder político, económico o mediático. Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos ejercen una labor valiosa para toda la sociedad, que debe ser protegida y valorada por las autoridades.

El mundo en general, y América Latina en particular, enfrenta desafíos en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos asumidas por cada Estado al ratificar dichos tratados. Bolivia no está exenta de estos desafíos, que incluyen la desigualdad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la información, la discriminación, o la administración de justicia (incluyendo temas como independencia judicial y debido proceso, o las condiciones del sistema penitenciario).

En el país son de especial relevancia también la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y los temas medioambientales, ante amenazas como la contaminación, los incendios forestales devastadores (como los ocurridos este 2024), la explotación de recursos naturales (uso de mercurio para la extracción de oro, desafíos y oportunidades de la extracción de litio y otros), y en general el desarrollo sostenible.

Frente a flagelos como la desigualdad estructural y la polarización política, resulta esencial ofrecer respuestas que sitúen a los derechos humanos como eje de todas las políticas del Estado. La política penal y de seguridad, el desarrollo económico, la minería y el medio ambiente, a fin de ser eficientes y sostenibles, deben basarse en las obligaciones internacionales en derechos humanos, facilitando la participación amplia de la sociedad civil y brindando particular atención a las personas y colectividades más desfavorecidas.

En un contexto de múltiples desafíos, antiguos o nuevos, como ONU Derechos Humanos estamos comprometidos a acompañar a la sociedad boliviana —a las autoridades, las organizaciones y especialmente a las y los titulares de derechos— en su camino hacia una mayor vigencia de los derechos humanos para todas las personas, sin discriminación.

Jan Jarab es representante en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El pasado 4 de diciembre, el asesor general del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Óscar Navarro, declaró en medios de prensa que la justicia impide la fiscalización técnica territorial efectiva. ¿Estará consciente de que esto puede traer repercusiones de desgobierno contundentes para La Paz?

Actualmente, el municipio tiene conflictos limítrofes con siete municipios: El Alto, con una pretensión de 0,12%, Achocalla 2,78%, Palca 12,65%, Mecapaca 2,84%, Guanay 24,40%, Coroico 11,04% y Caranavi 3,20%; en sumatoria, la pretensión total de los municipios colindantes compromete a más del 50% del territorio de La Paz en su área urbana y rural.

Es cierto que esta problemática no es reciente y sería injusto individualizar la responsabilidad al GAMLP. Sin embargo, la improvisación, que es ya una marca registrada del gobierno de Iván Arias, se hace presente una vez más en declaraciones irresponsables que fácilmente pueden ser tomadas por promotores de construcciones ilegales y profanadores del patrimonio como una nueva justificación para atentar contra la gobernabilidad y soberanía municipal.

De acuerdo con el PTDI, aprobado por la Ley Municipal Autonómica N° 503 de 16 de febrero de 2023, el municipio cuenta con una extensión territorial de 3.155 km² avalados por una extensa lista de normas en materia de límites, estableciendo esta superficie como el territorio oficial del Municipio de La Paz, el cual, debería ser protegido, defendido y resguardado. Quizá el Asesor General desconoce este cuerpo normativo promulgado por el propio alcalde y trabajado desde la Secretaría de Planificación durante dos gestiones.

La Ley N° 233, de Fiscalización Técnica Territorial tiene por objeto el regular la fiscalización territorial como efecto de la ejecución de obras, construcciones y/o edificaciones realizadas en el territorio del Municipio de La Paz a través de diferentes instrumentos como notificaciones, multas, sanciones de demolición, entre otros, los cuales, de acuerdo al exviceministro no podrían realizarse debido a la existencia de fallos judiciales que impiden cualquier accionar en las áreas que son reclamadas por otros municipios, es decir, La Paz estaría en completa indefensión ante la pasividad, inoperancia y poca voluntad política de defender el territorio por parte de las autoridades actuales, mismas que aceptarían esta situación con total comodidad.

Las aseveraciones vertidas permiten inferir dos suposiciones tan críticas como preocupantes. La primera, las autoridades municipales desconocen de leyes y atribuciones, este desconocimiento genera que se realicen declaraciones absurdas de manera sistemática e insensata por altos cargos dentro del municipio. La segunda, las autoridades municipales actúan con discrecionalidad favoreciendo a ciertos promotores de la construcción, fingiendo restricciones inexistentes acompañadas de demencia transitoria cuando se trata de grandes edificaciones, ejerciendo su atribución de control territorial únicamente cuando se trata de pequeñas construcciones. Estas hipótesis son por ahora simples suposiciones, sin embargo, las mismas pueden ser la base de una gran investigación en materia acción y omisión.

Lo que si es cierto es que, de acuerdo a Navarro, La Paz es tierra de nadie, al menos en la mitad de su territorio. Los avasalladores son intocables y no procesables debido a fallos judiciales que nadie conoce excepto él. Qué gran noticia para las empresas constructoras que casualmente establecieron sus lugares de intervención en estos sectores en conflicto.

Rodrigo Mamani es arquitecto municipalista.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inicia la próxima semana audiencias inéditas con el objetivo de establecer un “marco jurídico” sobre cómo los países debieran proteger el medioambiente y pronunciarse sobre las consecuencias si no lo hacen.

A partir del lunes, abogados y representantes de más de cien países y organizaciones presentarán sus declaraciones ante este tribunal internacional con sede en La Haya, en Países Bajos, que es la máxima instancia judicial de la ONU.

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Las expectativas de los activistas del medioambiente respecto a este proceso son dispares. Algunos consideran que la opinión de los jueces de la CIJ tendrá un impacto en la lucha contra el cambio climático.

Otros temen que la petición de un dictamen consultivo no vinculante, que tendría el respaldado de esta instancia de la ONU, en realidad tenga un efecto limitado y probablemente tarde meses, o años, en emitirse.

Estas audiencias empiezan días después del cierre de las ásperas negociaciones climáticas en la COP29 de Azerbaiyán, en las que los países desarrollados se comprometieron a financiar con al menos 300.000 millones de dólares anuales la adaptación y la lucha contra el cambio climático de los países en desarrollo, de aquí a 2035.

Los países en desarrollo tacharon de “insulto” el acuerdo que, además, no menciona ningún compromiso mundial para dejar los combustibles fósiles que provocan en gran parte el calentamiento del planeta.

El año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para remitir dos preguntas clave a la CIJ.

La primera es qué obligaciones tienen los Estados en virtud del derecho internacional respecto a la protección del sistema climático de la Tierra contra las emisiones de gases de efecto invernadero.

La segunda es cuáles deben ser las consecuencias jurídicas de estas obligaciones dado que los Estados “por acción o por omisión, han causado daños importantes al sistema climático y a otros elementos del medioambiente”.

La segunda cuestión evoca también las posibles responsabilidades jurídicas de los Estados por los daños causados a países pequeños más vulnerables y a sus poblaciones, especialmente en el Pacífico.

El año pasado, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución para solicitar un dictamen consultivo a la CIJ.

Algunos de los principales contaminantes del mundo, entre ellos los tres principales emisores de gases de efecto invernadero (China, Estados Unidos e India), figuran entre los 98 países y 12 organizaciones que deben presentar sus observaciones.

En dos semanas de audiencias previstas, otras instancias como la Unión Europea o la Organización de Países Exportadores de Petróleo deberán expresar también su posición.

(*) Jan Hennop es periodista de AFP