Se ha reanudado el mediático ejercicio de publicar encuestas de intención de voto sin que, primero, se realice una autocrítica sobre el cuestionable desempeño de los sondeos en los frustrados comicios de octubre pasado. Parece necesario repensar la aplicación de la normativa en esta materia y la necesaria autorregulación de la industria que las produce y difunde.
Uno de los aspectos más llamativos del último proceso electoral fue la proliferación de estudios de opinión de diversa calidad, que tuvieron un papel relevante en la manera cómo evolucionó la campaña preelectoral e incluso en los sucesos posteriores al voto. Por ejemplo, se cuestionó la cobertura y la solidez metodológica de varias de las encuestas realizadas, por su incapacidad para reflejar adecuadamente todos los segmentos sociales y territoriales que conforman el país. De igual manera la extrema volatilidad de los resultados de diversas empresas en un mismo periodo generó preguntas legítimas sobe la calidad de estos instrumentos.
Fue también muy cuestionada la tendencia a simplificar el debate y la información del proceso electoral en torno a las variaciones, grandes y pequeñas, que iban mostrando diversos sondeos a medida que se acercaba el día de la elección. En muchos casos se convocaba a políticos y analistas solo para comentar los estudios de manera intuitiva, con escasa base analítica y poca reflexión.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también contribuyó al desorden, con un seguimiento deficiente de la solvencia metodológica de varios estudios y con polémicas decisiones acerca de las limitaciones para su publicación en ciertos casos. En vez de dar certidumbre, la aplicación de la normativa en esta materia amplificó las dudas sobre el uso parcializado de estos instrumentos.
Y al parecer algunos de estos vicios se están repitiendo. Por ejemplo, en la insistencia de sacar conclusiones a partir de estudios de intención de voto sobre candidatos que aún no son oficiales, y en los que se mezclan moros y cristianos. Con lo cual, estos ejercicios se parecen más a la quiromancia que a una evaluación rigurosa de las percepciones políticas de la opinión.
En suma, hay diversas aristas que no pueden ser soslayadas en esta cuestión ahora que empezamos un nuevo proceso, que debería ser modélico por las implicaciones que su éxito y fracaso tendrá en el futuro del país, después de la grave crisis política que hemos vivido.
La mala praxis en la elaboración, difusión y análisis de las encuestas de intención de voto debe ser enfrentada seriamente, y no solo por las nuevas autoridades electorales, sino también por las empresas que las realizan; los medios que las difunden; y los políticos y analistas que las usan para sus evaluaciones, divagaciones o propaganda. Es una responsabilidad de todos.