El martes, luego de casi ocho meses de parálisis política en el Gobierno de España, una coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (izquierda) permitió la ratificación de Pedro Sánchez, líder del primero, como presidente de gobierno, dotándole de la legitimidad y el poder formal del que carecía a causa de la falta de apoyo parlamentario.
Aunque el PSOE, encabezado por Sánchez, está en el poder desde junio de 2018 (cuando prosperó una moción de censura contra el entonces presidente de gobierno, del derechista Partido Popular, debido a una crisis producida por la galopante corrupción en ese partido), desde las elecciones de abril de 2019 no lograba obtener la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar ese país de casi 50 millones de habitantes, incluso a pesar de haber repetido la votación meses después.
Considerada “inédita” por la prensa española, la coalición PSOE-Podemos recibió 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Esta apretada victoria de dos votos de diferencia, que le permitió al líder del partido socialista asumir el Gobierno, pende como una espada de Damocles no solo sobre el partido gobernante, sino sobre todo el país, pues la parálisis política repercute en numerosos aspectos de la vida cotidiana.
La coalición fue posible gracias a una agenda de reformas gubernamentales contenida en un voluminoso libro de acuerdos negociado por las partes y que ha recibido toda clase de críticas desde la derecha y los sectores conservadores, comenzando por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ya ha afirmado que el programa propuesto está “más cerca del populismo que de la ortodoxia económica” y que afectará la creación de empleo.
El rechazo de la patronal se funda en que el programa incluye incrementar impuestos a quienes ganan por encima de los 130.000 euros anuales ($us 145.000), así como fijar un impuesto mínimo a las empresas para evitar condonaciones y otros trámites que terminan por eximir a éstas de sus obligaciones con las arcas públicas; desmontar la reforma del mercado laboral de 2012, considerada por muchos como la piedra de toque de la precarización del empleo en el país ibérico; y seguir incrementando el salario mínimo, que ya subió en 22% el año pasado y que debería llegar al 60% del salario medio español.
Es evidente que el optimismo que ha inspirado el acuerdo y su materialización en la votación congresal del martes no será suficiente para atravesar las siempre turbulentas aguas de la política española, mucho más si el actual gobernante no disimula su interés en cambiar aspectos de la política que agradaban particularmente a los sectores más conservadores y retrógrados. Es seguro que afrontará una crispada oposición, cuya apuesta pasará por polarizar a la sociedad, oscureciendo el porvenir de España.