Tras los vertiginosos hechos que derivaron en la forzada renuncia del expresidente Evo Morales, el Gobierno transitorio asumió dos prioridades: la urgente pacificación del país y la imprescindible convocatoria a elecciones. Los comicios van por buen camino, aunque todavía sin garantías. La pacificación, en cambio, parece hoy distante con las calles ocupadas por la fuerza pública.
Con la aprobación por unanimidad de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio, se encaminó bien la recomposición del organismo electoral y, con ella, la convocatoria a elecciones generales. Hoy tenemos nuevos vocales en el TSE y en los nueve tribunales electorales departamentales, los comicios han sido convocados para el 3 de mayo y el calendario electoral está en marcha. Esto es fundamental para preservar las urnas, no las acciones de facto, como fuente de legitimidad de autoridades electas.
Mientras la ruta electoral avanza, la anhelada pacificación sigue tropezando con intimidación y acciones de hecho. Hace apenas unos meses, en medio de un temible escenario de violencia con quema de tribunales y domicilios, gritos de “guerra civil”, amenaza de cerco a las ciudades, agresiones y vigilias, las Fuerzas Armadas y la Policía desplegaron operativos en diferentes lugares. Como resultado más de 30 personas fallecieron, en especial en las masacres (como las calificó la CIDH) de Sacaba y Senkata.
Producto del diálogo del Gobierno con representantes del MAS y dirigentes de organizaciones sociales, con el acompañamiento de la ONU y la Unión Europea, se logró frenar el riesgo de enfrentamiento y más muertes. Quedó pendiente el compromiso de una ley de garantías y resarcimiento de daños, mientras arrecian las detenciones y juicios contra autoridades del anterior régimen. Y se allanó la vía para la extensión del mandato de todas las autoridades electas, además de la Presidenta transitoria.
Ante la tensión generada por la proximidad del 22 de enero, día del Estado Plurinacional, con advertencia de nuevas movilizaciones sociales y la inaceptable declaración de Morales sobre “milicias armadas” (de la cual se retractó rápidamente), el Ejecutivo no tuvo mejor idea que ocupar el territorio nacional, en especial las ciudades, con militares y policías fuertemente armados “para el restablecimiento del orden público”. Rara forma de operaciones de prevención “para estar tranquilos” (sic).
La paz social es un principio fundamental de toda sociedad democrática y es una condición de gobernabilidad y convivencia. Esa paz se construye con diálogo, con el reconocimiento del otro, con genuina voluntad de lograr acuerdos. Las declaraciones altisonantes y la militarización no generan paz, sino miedo. Y prolongan la polarización, el asedio, el revanchismo. Con falta de garantías y “patrullaje en las calles” se está dañando la difícil ruta electoral arduamente lograda hasta el momento.