La incógnita sobre el litio
El proyecto de explotación e industrialización del litio boliviano ha sido uno de los más afectados por la inestabilidad política reciente del país. Considerando su gran potencial para impulsar la economía nacional y permitir su articulación con una cadena industrial de alto valor agregado en los mercados globales, este tema debería ser asumido como una política de Estado.
Desde hace varios años, el aprovechamiento del litio para el ensamblaje de baterías eléctricas y la producción de otros elementos de valor ha sido identificado como una de las posibilidades más prometedoras para aumentar las exportaciones bolivianas en el mediano plazo e impulsar el desarrollo de la gran región altiplánica del suroeste nacional.
Pero este proyecto no solamente es estratégico por su posible contribución a las arcas nacionales y al equilibrio macroeconómico, sino también porque nos permitiría sumarnos a una de las cadenas de producción industrial más innovadoras del siglo XXI.
Nos referimos a la revolución que promete transformar en los próximos 20 años la industria del automóvil y la matriz energética mundial. De ahí que, bien encaminado este emprendimiento nos permitiría participar en uno de los eslabones tecnológicos críticos de este siglo.
Se puede disentir sobre ciertos aspectos de la estrategia del anterior gobierno en este ámbito, por lenta y a veces excesivamente aislacionista, pero hay que reconocer que supo darle la jerarquía que merece en la nueva agenda del desarrollo nacional. Se apuntaba a constituir un ambicioso polo de industrias innovadoras en los salares de Potosí y Oruro en torno al litio.
La alianza con una empresa alemana para industrializar este elemento, que además contaba con el respaldo decidido de su Gobierno, perfilaba un escenario interesante. Bolivia conseguía así un socio estratégico que tiene la urgencia de subsanar su rezago frente a sus competidores asiáticos y estadounidenses en el creciente negocio de los vehículos eléctricos. Lo cual lo impulsó a invertir recursos financieros, aceptar condiciones particularmente favorables para Bolivia y generar tecnologías adecuadas para que el proyecto salga adelante.
Pero lamentablemente, esta importante iniciativa se vio afectada por el conflicto político de octubre y la confrontación del entonces oficialismo con los grupos cívicos de Potosí. El resultado fue la abrogación del decreto que estructuraba el acuerdo con los socios alemanes, dejando en ascuas el esfuerzo de varios años. Y hasta la fecha no se ha logrado dar estabilidad institucional a las instancias encargadas de la cuestión: hay una rotación preocupante de altos cargos, sin que aparezca una línea política al respecto.
Por su carácter estratégico y de futuro, se precisa que esta agenda sea retomada y discutida por todas las fuerzas políticas que aspiran llegar al Gobierno en mayo próximo. Urge saber qué quieren hacer con el litio; es decir, con uno de los pilares de la futura economía nacional. Y es de esperar en el Gobierno transitorio un mínimo de orden y, al menos, el compromiso de preservar lo avanzado en esta materia, a la espera de decisiones de mayor alcance.