Del acuerdo por una salida “lo más próxima a la Constitución” que dio origen al gobierno de Jeanine Áñez muchos episodios han pasado, menos la pacificación y la reconciliación del país que tanto se ufanan la mandataria transitoria y sus colaboradores.
El país no está en paz ni en vías de armonía porque desde el régimen circunstancial se insiste en la narrativa de que las masacres de Sacaba y Senkata —como las calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— fueron consecuencia de una respuesta de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana a los aprestos “terroristas” en la crisis que terminó con el gobierno de Evo Morales.
Si bien el gobierno de Áñez logró neutralizar las movilizaciones de noviembre con la acción represiva de las fuerzas policiales y militares, lo único que consiguió es evitar más conflictos con miedo y zozobra. No puede llamarse “pacificación” del país a un estado de situación actual que tuvo el costo de 34 muertes, cuyo esclarecimiento judicial no es prioridad del Estado ni las familias dolientes son capaces de impulsarlo, ante un misterioso silencio de instituciones que otrora soltaban el grito al cielo contra represiones sin mayores consecuencias.
No puede haber pacificación con un ministro que desde antes de su posesión ya amenazaba con cazar a sus detractores. No es exagerar si decimos que cada día se informa de un acusado, un aprehendido o un detenido por distintas razones en el país. Y siempre exautoridades o exfuncionarios del gobierno de Morales, desde mensajeros, apoderados o poderosos exministros, como el de Gobierno Carlos Romero. A diferencia de otrora “perseguidos políticos” y algunos con sentencia judicial, que al retornar al país ni fueron citados por las autoridades llamadas por ley.
Sin olvidar la escandalosa detención de un exministro y un exviceministro pese un salvoconducto otorgado por la misma administración Áñez, acción que puso en tela de juicio la fe del Estado y la credibilidad del Gobierno.
No por nada, el enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jean Arnault, acaba de instar a las autoridades nacionales a evitar persecuciones políticas o el abuso de procedimientos judiciales.
A este último cuestionamiento se suma el abuso de grupos civiles que apoyan al Gobierno o se convierten en su brazo de hostigamiento político, como la llamada Resistencia Cochala, que causó terror en motocicletas en la crisis de octubre y noviembre, al punto de humillar o golpear a personas movilizadas en defensa del anterior gobierno. A Romero lo cercaron estos grupos en su casa y en el hospital, y estas mismas facciones civiles hacen guardia en la Embajada de México, como si se trataran de grupos regulares.
No podrá haber pacificación ni reconciliación reales si desde el Gobierno se impulsa la polarización del país con la reivindicación de emblemas de las movilizaciones del año pasado que dividen, como en el logotipo de Bolivia Tv, la merienda de BoA, una promoción en Entel o el discurso: las “pititas” (Morales los bautizó así al intentar menospreciarlos) representan a un segmento, no al conjunto del país.
Ni qué decir de la pretensión del Ministerio de Comunicación que al inicio de esta gestión gubernamental amenazó con procesos a periodistas “sediciosos”. La amenaza no contribuye ni a la paz, ni a la reconciliación ni a la democracia.
En toda esta vorágine, Áñez se empeña en hacer creer que su gobierno recuperó la democracia y la libertad, pero muestra que el gobierno anterior se parece a éste, y no a la inversa. Proclamada en una sucesión cuestionada y accidental, es ahora candidata más allá de su carácter transitorio y su tarea de solo presidir las elecciones generales del 3 de mayo, cuya promesa la incumplió de forma escandalosa.
* Periodista.