¿Justicia?
El caso Terrorismo es una prueba evidente de la perversión de la Justicia boliviana
No se pretende aquí afirmar si los imputados eran culpables o no. Esa tarea debía hacerla el sistema judicial, que tiene en este caso una prueba evidente de la perversión de la Justicia boliviana. Pues en los casi 11 años transcurridos desde la matanza en el hotel de Santa Cruz nunca fue posible establecer la verdad histórica de los hechos, y —lo que es peor— el caso se trabó por las malas prácticas de los responsables de la investigación.
Luego de los sucesos, cuando se evidenció que un grupo de extranjeros había acopiado un arsenal bélico, que se almacenaba en un predio de propiedad de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), y presuntamente se preparaba para iniciar una aventura bélica para “separar” el departamento cruceño del país, se conformó una comisión parlamentaria que investigó el tema y emitió un voluminoso informe que tuvo amplia difusión.
El Ministerio Público tomó como base de sus investigaciones dicho informe, pero poco a poco el caso se fue complicando por una serie de factores que van desde la indebida custodia de las pruebas recolectadas, hasta la fuga del Fiscal asignado luego de que se supo que había extorsionado a algunos de los acusados.
En la fundamentación de su decisión de retirar la acusación contra 36 personas, el Ministerio Público usó cinco argumentos: que el fiscal encargado del caso, hoy refugiado en Brasil, había extorsionado a algunos imputados; que un abogado relacionado con dicho fiscal había sido sentenciado a dos años por extorsión; que una jueza ciudadana del caso renunció hace pocas semanas; que el Ministerio de Gobierno retiró la demanda interpuesta hace más de 10 años; y que existe una denuncia formal contra el exministro de Gobierno Carlos Romero, quien nada tuvo que ver con el caso.
Es evidente, pues, que no hay una sola razón vinculada con el caso que permita al Ministerio Público renunciar a su deber constitucional de llegar hasta el final del proceso, a menos que se trate de otra clase de intereses, probablemente vinculados con personajes que huyeron del país para evadir la indagación de la Fiscalía y hoy pasean por las calles de Santa Cruz con ánimo de venganza contra quienes no corrieron su misma suerte.
Así, una vez más, la impunidad se hace presente gracias a una perversa combinación de manipulación política, falta de independencia de las instituciones judiciales e incompetencia de algunos profesionales. La Justicia en Bolivia sigue siendo un asunto de qué preocuparse, si no asustarse.