No es menor lo que está en juego: habiendo concluido meses atrás la fase de alegatos escritos, próximamente iniciarán los alegatos orales ante el más alto tribunal internacional de justicia, para dirimir si las aguas del Silala emergen efectivamente de manantiales o, como sostiene Chile, se trata de un río internacional de cauce sucesivo. La Canciller está en La Haya para conocer el estado del caso.
A tiempo de partir rumbo a la ciudad sede del Parlamento del Reino de los Países Bajos y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de la ONU, la Canciller boliviana informó que Jaime Aparicio Otero, embajador de Bolivia ante la ONU, será también el agente del país ante la CIJ, en reemplazo del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé. El nuevo representante ostenta una nutrida hoja de vida como diplomático.
La Ministra de Relaciones Exteriores adelantó que en las últimas semanas se trabajó “intensamente” en la Cancillería revisando los actuados del caso Silala, agregando que concluida la etapa de alegatos escritos, donde Bolivia establece la naturaleza de las aguas, toca concentrarse en la fase oral, que será preparada por un equipo de abogados que trabajan para el Estado boliviano y con quienes se reunirá la autoridad de la diplomacia.
En 2016, Chile demandó a Bolivia para que la CIJ declare que el Silala es un “río internacional” y de uso “equitativo”, tesis que es rechazada por Bolivia, que defiende la soberanía sobre ese recurso desviado hacia territorio chileno a través de una canalización artificial construida hace más de un siglo, para alimentar las locomotoras de una empresa ferroviaria británica cuya concesión ya no existe hace décadas.
El proceso se complicó por la abrupta transición gubernamental de noviembre pasado, cuando no solo cambiaron las autoridades del Ejecutivo, sino también todo el servicio exterior. Incluyendo al expresidente Eduardo Rodríguez, quien “por decoro” presentó su renuncia a la Presidenta interina, que fue aceptada “de modo retroactivo”; razón por la cual aparentemente el exagente boliviano no habría podido colaborar con el Gobierno para continuar con el delicado proceso.
Bolivia viene de recibir un revés en la misma CIJ, que en octubre de 2018 falló señalando que Chile no había adquirido obligación de negociar una salida soberana al Pacífico para Bolivia. El adverso resultado tuvo entonces más repercusión en la esfera simbólica. Pero en el caso de las aguas del Silala, está en juego el derecho que pretende Chile de coadministrar el preciado recurso, cada vez más escaso en el norte chileno debido a las operaciones mineras.
Lo que está en juego no es la imagen del anterior gobierno, como pareciera sugerir la Canciller cuando habla del inicio del proceso, sino la dignidad y la soberanía de Bolivia sobre su territorio y sus recursos naturales. Una derrota en este proceso significará mucho más que una nueva ventaja para los intereses chilenos y un nuevo despojo al país.