Más allá de cómo lleguemos a las elecciones del 3 de mayo y cuáles sean sus resultados, una asignatura pendiente es la reconfiguración del sistema de representación política en el país. La actual crisis político-institucional plantea un horizonte de incertidumbre, en este caso sobre el futuro de los partidos políticos y, por tanto, del sistema de gobierno representativo.
Entre otros terrenos inciertos y de necesaria recomposición tras las fallidas elecciones de octubre, un aspecto crítico es cómo se gestionará la hoy evidente crisis de representación política. Es cierto que hubo un quiebre en el sistema de partido predominante (MAS-IPSP), que tuvo vigencia en la última década, pero no hay claridad respecto al nuevo sistema de partidos. En principio podría esperarse que sea un sistema de pluralismo polarizado, pero tal horizonte parece todavía muy distante.
Además de la incertidumbre sobre la reconfiguración del campo político en general y del sistema de partidos en especial, un dato inequívoco es la debilidad orgánica, falta de renovación de liderazgos y poca institucionalización de las organizaciones políticas en el país. La mejor (o peor) expresión de ello fue la forma atropellada, con mucho pragmatismo, en la que se establecieron las siete fuerzas políticas (tres partidos y cuatro alianzas) para competir en los comicios generales de mayo.
Una muestra clara de la debilidad partidaria en el país es la gestión de las listas de candidaturas. Ninguna de las ocho fuerzas políticas, sin excepción, contó con mecanismos y procedimientos democráticos internos para la definición de sus candidatos. Casi todas ellas incumplieron el mandato legal sobre la paridad y alternancia de género. Y la mayoría tuvo candidaturas inhabilitadas y observadas, sin la posibilidad de subsanarlas plenamente en los plazos establecidos en el calendario electoral.
Más allá del uso instrumental de las elecciones primarias en 2018, Bolivia cuenta con una avanzada Ley de Organizaciones Políticas en el propósito de fortalecer la representación política, impulsar la democracia interna en partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, y alentar su institucionalización y vida orgánica. Claro que la realidad dista mucho de la normativa. En general, las organizaciones políticas siguen siendo autoritarias, excluyentes y condicionadas por la dinámica electoral.
Es evidente que la representación política excede, en mucho, a los partidos políticos, aunque éstos cuenten con renovado monopolio de la postulación de candidaturas a nivel nacional. Hay otras organizaciones de mediación y agregación de intereses que son fundamentales en el ejercicio de la política. En todo caso, vista la centralidad de los partidos, queda la incertidumbre sobre su desempeño en las elecciones de mayo y, en especial, acerca de su reconfiguración en el escenario postelectoral.