Una gestión pública incierta
El Gobierno transitorio no tiene el tiempo ni la capacidad suficientes para impulsar cambios estatales profundos.
Uno de los objetivos del Gobierno transitorio era garantizar un funcionamiento estable del aparato estatal hasta la elección democrática de una administración con suficiente legitimidad y tiempo para encarar transformaciones de mayor calado en las políticas públicas. Pretender ir más lejos, sin condiciones, puede generar contradicciones y conflictos innecesarios en este corto periodo.
Garantizar un mínimo de claridad y de certezas es una de las principales tareas de políticos y gestores públicos, aún más cuando estamos saliendo de un periodo de conflicto agudo en el que se han exacerbado tensiones sociales. La mayoría de los bolivianos entiende que las elecciones del 3 de mayo serán un primer paso para reconstruir una agenda de políticas públicas que cuente con un amplio apoyo social, y dotarse de un gobierno con un mandato y un periodo suficientes para hacer frente a estos desafíos.
De hecho, la complejidad técnica y social de muchas cuestiones como el futuro de la economía extractiva, el destino de las empresas públicas o la continuidad de las políticas sociales es tan grande que para resolverse necesitan una evaluación realista de las soluciones posibles, y la posterior construcción de consensos socio-políticos suficientes en los meses posteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno.
Por estas razones, se entendía que un gobierno transitorio tenían naturales limitaciones en términos de gestión del aparato estatal. Sus condiciones de tiempo y capacidad eran y son muy débiles como para impulsar cambios profundos en la mayoría de las políticas y acciones públicas. Excederse en esos objetivos puede generar conflictos innecesarios, emitir señales erradas de incertidumbre a la ciudadanía, y contaminar aún más el clima político y económico, que ya están bastante deteriorados.
Preservar estas estabilidades mínimas implica tener mucho cuidado en la rotación del personal en las entidades públicas, prudencia en los anuncios y decisiones sobre proyectos o acciones en curso, y señales inequívocas de que la nueva gestión no está influenciada por intereses partidarios o particulares. Sin embargo, desde hace varias semanas se acumulan las idas y venidas de autoridades gubernamentales sobre la continuidad de varias políticas e inversiones estatales relevantes; y las explicaciones no siempre son claras acerca de las decisiones que se están tomando, lo que genera confusión e inquietud en la población.
No se trata de que la actual administración asuma acríticamente la herencia del anterior gobierno, o que no impulse las investigaciones y evaluaciones que sean necesarias; pero éstas deberían realizarse sin prisa, contrastando toda la información disponible y, sobre todo, asegurándose de que no sirvan solamente para polémicas mediáticas o para el nefasto camino de la judicialización de la política.