La proliferación de casos judiciales que involucran a funcionarios públicos o personas vinculadas con la política en vísperas del proceso electoral es inquietante. Quizás algunos creen que pueden obtener réditos de este panorama, pero la saturación que está produciendo en la opinión daña la confianza en las instituciones y aumenta la imprevisibilidad del resultado electoral.
No hay día en que no se informe sobre nuevos casos de supuestas irregularidades de actuales o exautoridades, o en los que candidatos o sus familiares aparecen involucrados. Muchos de estos casos vienen además acompañados de grandes despliegues mediáticos, que suelen terminar en aprehensiones y otras medidas de extrema severidad a cargo de policías y fiscales.
Hay, por supuesto, un acuerdo general en nuestra sociedad de que no se debe tolerar y proteger la corrupción. Este ha sido un reclamo permanente de todos. Su persistencia en el tiempo indica que el endurecimiento normativo no es suficiente para combatirla, y que hay necesidad de incidir en las condiciones que facilitan una cultura política proclive al uso clientelar y arbitrario de los recursos e instituciones públicas.
Sin embargo, detrás de esta legítima y urgente demanda ciudadana se oculta igualmente una inquietante tendencia a utilizar cuestiones de este tipo para dirimir diferencias políticas, a veces con base en situaciones reales, y en otros casos mediante calumnias y medias verdades. Más allá de la calidad de las denuncias, el punto crítico es que todas éstas deberían ser resueltas por un sistema judicial que garantice derechos y un debido proceso. Pero al contrario, en estos días se ha hecho frecuente el predominio de una lógica inquisitiva en el tratamiento de estas situaciones, en el límite o sobrepasando los derechos constitucionales y humanos de los que es titular cualquier ciudadano. A esto se denomina “judicialización de la política”.
Muchos suponen que enlodar al adversario produce réditos políticos o electorales en la medida en que la reputación es un atributo central del liderazgo y la confianza. Pero cuando esta práctica se extiende a moros y cristianos, en una tormenta de acusaciones, aprehensiones y denuncias, se aumenta la desilusión, la desconfianza y el rechazo de la población a todo el sistema político, e incluso al sistema democrático.
Un clima de sospecha estructural, en el que ya nadie cree en nadie, es también el caldo de cultivo para la volatilidad y sorpresas electorales, pues la decisión escapa de marcos racionales y se contamina de emotividades primarias como la bronca, la victimización, el odio y la revancha. Urge evitar esta vía que degrada nuestras instituciones y la democracia. No hay que jugar con fuego, pues éste al final puede quemar a quien lo inició o, peor aún, incendiar nuestro hogar común. Seamos demócratas, respetemos los derechos y el debido proceso de todos, sin distinción.