La universidad pública enfrenta recurrentemente situaciones que afectan los principios de autonomía y el cogobierno docente estudiantil, así como a sus propias normas y reglamentos, causando trastornos que deben subsanarse oportunamente. Por ejemplo, con el actual sistema electoral laxo y la forma de elegir autoridades en la UMSA se adquieren compromisos preelectorales desmedidos que pueden impulsar prácticas corruptas para honrarlos. Aunque esto no siempre ocurre, gracias a docentes y estudiantes que preservan la honestidad en la gestión universitaria y no aceptan transgresiones porque “así nomás tiene que ser”.

En dos oportunidades se intentó implementar un nuevo sistema electoral confiable, digno y transparente. Infelizmente el primer intento naufragó y el segundo duró poco tiempo, porque rápidamente fue desvirtuado y retorcido hasta hacerlo fracasar.

Por otra parte, los requisitos para los candidatos se han ido suavizando, de manera que la experiencia, trayectoria académica y méritos perdieron preponderancia frente a otros atributos más eficaces para tomar el poder, como la capacidad para negociar, tranzar, “amarrar” y usar la demagogia eficientemente. A pesar de todo esto, nunca faltaron prestigiosos y destacados docentes que fueron verdaderos íconos en la UMSA.

Asimismo, el cogobierno docente estudiantil se ha ido distorsionando por la acción de los grupos de poder. Es así que desaparecieron los respetables cuadros estudiantiles de antaño, para dar espacio a una nueva estirpe de pragmáticos activistas, altamente ideologizados y políticamente alineados, revestidos de gelatinosos principios y valores que se “ofrecen” en un mercado libre de compra y venta de servicios electorales.

La aparición de candidatos a rector autoproclamados con excesiva anticipación forma parte de un peculiar entramado de caudillaje que no busca más tiempo para elaborar propuestas o conformar equipos técnicos de gestión, sino, anticiparse en negociar cargos, prometer ítems, contratar por adelantado a grupos de activistas, involucrar a trabajadores administrativos y conseguir patrocinios. Es decir, “amarrar”, término que describe los acuerdos obscuros por beneficios mutuos. Los grupos así estructurados organizan campañas costosas, basadas en parrilladas, farras, regalos, fiestas y otros despilfarros que algunos interpretan como “inversión” para la corrupción. Es obvio que los planes de trabajo no interesan en este esquema.  

Actualmente, los procesos electorales se inician con la conformación de comités electorales que los interesados buscan “copar” de cualquier manera, llegado a enfrentamientos graves con ese propósito. Incluso los sorteos aleatorios digitales son alterados. Dicen los que mejor saben que controlando el comité electoral se tiene ganada media elección. Y tienen razón, si se considera que hoy por hoy teniendo mayoría en un comité se puede manipular cronogramas, tiempos y requisitos; así como inhabilitar y habilitar a conveniencia candidatos, aunque eso signifique vulnerar sin escrúpulos los reglamentos.

Ocurre también que, desconociendo el principio de preclusión, y dependiendo de la correlación de fuerzas, el Honorable Consejo Universitario, sin ser su competencia, acepta impugnaciones, anula o aprueba resultados electorales y, cuando le hace falta, se apoya en criterios jurídicos elaborados a medida o con suficientes contradicciones e imprecisiones. Otro mecanismo que se usa para eliminar potenciales candidatos es llevarlos a proceso, contando para ello con operadores. Por estas actuaciones inadecuadas, algunos afectados han logrado que sus casos se reviertan, acudiendo a instancias judiciales extrauniversitarias.

Lo expuesto nos permite concluir que el sistema electoral actual de la UMSA genera un alto riesgo para la corrupción, y que urge la institución de una corte electoral universitaria conformada por notables que den confianza a los docentes, estudiantes y trabajadores administrativos dignos y honestos, que son la mayoría en la universidad. De otra forma, es fácil imaginar la clase de autoridades que tendremos.

* Exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Hace pocas semanas, las autoridades del Seguro Social Universitario (SSU) de La Paz presentaron la “Audiencia Púbica de Rendición de Cuentas Final 2018”. Se trata de una práctica obligatoria frívola y rutinaria, en la que las instituciones se esmeran por brindar buenos refrigerios servidos por acicaladas azafatas. Los expositores hablan lo que les viene en gana, de lo maravillosas que son sus instituciones y de lo buenos que son para conducirlas. Si el que rinde cuentas es nuevo, garantiza que con su presencia salvará la institución. La pantomima acaba con la firma de un acta preelaborada, que no incluye las opiniones críticas de los asistentes. Los que conducen esta audiencia se esmeran para que el acto termine lo más pronto posible, sin peguntas ni comentarios, porque saben que se trata de un evento más sin efecto alguno.

Como las anteriores, esta rendición de cuentas fue autocomplaciente y cuidadosamente veladora de la verdadera situación del Seguro Social Universitario, expresada en conflictos recurrentes; alto porcentaje de profesionales y trabajadores con contratos temporales; el incremento desmesurado de la planilla administrativa sin que el número de asegurados haya aumentado; en una errática gestión de los recursos humanos; en una infraestructura y equipamiento en franco deterioro; en la utilización de saldos comprometidos de caja y banco; en la alta insatisfacción de los usuarios, incluyendo dramas humanos; en el Programa Médico Estudiantil (Promes), que se desarrolla con total anarquía y mala gestión; en los interinatos habituales de autoridades con procesos de institucionalización amañados; en la compra de servicios a precios elevados; y en la existencia de núcleos subterráneos de poder que manejan y ensombrecen a la institución.

Ocultando a los asistentes que el proceso de institucionalización del cargo de gerente general está observado, los otros gerentes (que están estrenando sus cargos), después de quejarse del estado en que encontraron a la institución aseguraban que, con su nuevo plan, estaban sacando Seguro Social Universitario de su crítica situación. Claro que, por la forma cauta en que cada uno contó su historia, se percibía que la realidad era más grave que la descrita.

Lo llamativo es que pareciera existir una especie de pacto para no procesar a los responsables, y por razones inexplicables, no se da a conocer que la principal autoridad de esta institución es el Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, en su condición de presidente de un directorio planificadamente obsecuente, que funciona con dudosa confiabilidad, amparado en la falacia de una autonomía universitaria absoluta. En consecuencia, el desastroso estado del SSU es resultado de la buena o mala gestión del rector de turno, porque los gerentes son solo sus dependientes sumisos, a partir de la forma en que son contratados.

Lo paradójico del Seguro Social Universitario es que, teniendo asegurados activos estables con salarios altos, pasivos en proporción adecuada, infraestructura y equipamiento aceptables, el grado de satisfacción de los usuarios sea tan bajo; la institucionalización de cargos, precaria; la inestabilidad laboral y los interinatos prolongados, una regla; su modelo de atención y sus procesos administrativos, obsoletos; y los conflictos laborales, recurrentes. ¿Qué falla entonces? Sin duda, la calidad y el estilo de gestión, con poder centralizado y rasgos de corrupción. A pesar de todo, las fortalezas que le quedan al SSU y la inminencia del cambio de rector permiten alimentar esperanzas, para que pronto se produzca una transformación radical, despojada de intereses obscuros, que elimine las prácticas de gestión que han ido dañando al Seguro Social Universitario de La Paz.

* Exdecano de la Facultad de Medicina de Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Desde sus inicios, el Gobierno, a través de sus ministros de salud, hizo diversos intentos fallidos para resolver la dramática situación de salud. Primero, propuso el Seguro Universal de Salud gratuito centralizando y redistribuyendo los recursos de las cajas de seguro; luego, un seguro con limitadas prestaciones básicas; posteriormente lanzó el mega Plan Nacional de Hospitales, junto con los programas “MI Salud”, “Telemedicina”, “Sistema de Emergencia” y otros. Estas medidas estuvieron alejadas de un enfoque sistémico, y probablemente se ejecutaron con el propósito de mitigar la frustración reiteradamente expresada por el Presidente y Vicepresidente del Estado. La centralización, exclusión y la falta de equipos de gestión calificados y estables explican en parte los pobres resultados.

La Ley 1162, recientemente promulgada, no crea un Sistema Único de Salud como todos erróneamente entienden y repiten; lo que se hizo es modificar la Ley 475 para incorporar a todos los bolivianos sin seguro al denominado Seguro Integral de Salud (SIS), que solo cubría a menores de cinco años, gestantes, adultos mayores y población con capacidades especiales. En consecuencia, ahora tenemos un seguro de salud que brindan las Cajas de salud, otro seguro público producto de la ley modificatoria, el Susat tarijeño, el seguro de salud cruceño, el yacuibeño, los seguros privados y otros más que gozan de plena autonomía e independencia. En esas condiciones, resulta desatinado y agotador discutir sobre un Sistema Único de Salud que no existe ni existirá hasta encontrar consensos. Por el contrario, de acuerdo a la ley modificatoria y a los anuncios de las autoridades, la fragmentación e ‘incoordinación’ de los entes prestadores será mayor. Insistimos en que un “Sistema Único” de Salud es en el que todas las instituciones de salud prestan servicios rigurosamente armonizados para asegurar el ejercicio del derecho a la salud de todos los bolivianos.

Sin duda fue una genialidad abandonar la intensión de crear una compleja ley del “Sistema Único de Salud”, tarea muy complicada, y solo modificar algunos artículos de la ley del SIS, dejando la impresión de haber constituido el nuevo SUS. También fue un acierto romper con la ley financial al autorizar que los médicos especialistas puedan trabajar medio tiempo más, sin entrar en incompatibilidad y pudiendo superar el salario del Presidente. De esa manera, se extinguió el fantasma de las 8 horas y se incrementó en 50% la disponibilidad de especialistas. Finalmente, la tercera gracia fue abrir a la medicina privada la posibilidad de favorecerse sin límites de la venta de servicios al seguro público. De cualquier forma, lo que no puede dejar de reconocerse es que con la ley modificatoria todos los bolivianos están irreversiblemente asegurados, aunque sea en diferentes instituciones, que funcionarán con liberalidad e independencia naturales al no existir un auténtico sistema.  

Estas acciones dejaron desconcertada a la dirigencia del Colegio Médico, que presentó su propuesta de “Sistema Boliviano de Salud”, y ahora están a la espera del fracaso en la implementación de la Ley 1162 para reiniciar movilizaciones. El riesgo de que esto ocurra es muy alto si el Gobierno no hace el esfuerzo efectivo para incorporar en los espacios de decisión y coordinación a los principales corresponsables del sector; necesita lograr consensos y acuerdos sinceros con municipios y gobernaciones, que son imprescindibles para hacer viable este proyecto de país que debe unirnos a todos. Siempre habrá tiempo para las rectificaciones beneficiosas, que podrían lograrse reconociendo con humildad que en vez de imponer es mejor concertar. Por último, debe quedar claro que por ahora no hay un SUS, sino un nuevo seguro público de salud independiente de los otros seguros.

* Exdecano de la Facultad de Medicina, UMSA.

Con la nueva ministra, el Gobierno tiene su última oportunidad para atender la salud con dignidad, sin tretas, ni artimañas. El exministro y su equipo no fueron capaces de imponer  lo que erróneamente creían que era un Sistema Único de Salud (SUS). No entendieron que “único” significa que nadie relacionado con la salud puede estar fuera, incluidas las cajas de salud que, respetando su independencia y autonomía, deben ser parte de la interacción sistémica que garantice el ejercicio del derecho a la salud. Por tanto, era engañoso señalar que a las cajas no las tocarían. De la manera que explicaban, parecía estarse creando un seguro público e independiente para los no asegurados; imprecisión reiterada que constituye una falla medular del SUS propuesto, que tiene origen en una corriente de la medicina social que se adoptó sin entenderla ni ser aplicable a nuestro caso.

La precipitación, desorden, improvisación e inconsistencia con que se pretendía instaurar dicho SUS era patente por las contradicciones y superficialidades que transmitían los múltiples voceros respecto a la gradualidad: la contratación de 8.500 médicos, el inicio en marzo, el registro, la concertación con municipios y gobernaciones, así como sobre los supuestos acuerdos logrados en “reuniones de coordinación”. Pareciera que la línea trazada era imponer el SUS utilizando cualquier ardid, como hacer gran propaganda, utilizar dirigentes y juntas vecinales paralelas o asegurar que con los 3.500 médicos egresados en Cuba se sostendrá el SUS, cuando en varios años del programa Mi Salud ni siquiera lograron un registro informatizado de los bolivianos que no tienen seguro. Estos desaciertos son los que exacerban sentimientos de desconfianza y rechazo de los profesionales de la salud, que son aprovechados por quienes potencian sus proyectos personales con los enfrentamientos.   

La participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue poco auspiciosa al afirmar que $us 200 millones  son suficientes para el SUS, suma que alcanzaría solo para los salarios de los 8.500 médicos que supuestamente contratará el Gobierno. Lo cierto es que, más allá de presupuesto, será posible instaurar un Sistema Único de Salud a partir de la voluntad política del Ejecutivo para lograr consensos y acuerdos nacionales, y un plan gradual concertado. La OPS, consecuente con su misión, debería patrocinar con la nueva ministra la conformación de un amplio espacio de debate y construcción del sistema, en un ambiente de confianza e inclusión, que evite la confrontación en favor de un gran acuerdo nacional por el derecho a la salud y la vida; en el que estén comprometidos el Gobierno central, los gobiernos departamentales y municipales, colegios profesionales, universidades y representantes técnicos de las organizaciones sociales.

Para esto, la ministra debe abandonar la idea de sus antecesores que creían que las soluciones competen al ministro o ministra y el Colegio Médico, marginando y menospreciando al resto de involucrados; no debe utilizar el ardid de reunirse con dirigentes intermedios y dar información fragmentada, que deja incertidumbre. Antes que imponer debe concertar, y la mejor medida sería constituir un órgano nacional, ampliamente participativo, que construya y lleve adelante el SUS, como en algún momento propuso el Presidente del Estado. El ministerio solo no podrá hacerlo exitosamente.    

* Exdecano de Medicina de la UMSA.

Más allá del objetivo electoral que podría tener el anuncio de que todos los bolivianos ejercerán su derecho a la salud en un Sistema Universal Gratuito, financiado por el Estado, es algo que esperamos ansiosos los bolivianos. Un soporte de $us 200 millones que llegará a más de $us 400 con recursos de los municipios puede ser razonable, dependiendo de lo que se quiere lograr.  

El acierto estará en asumir que del inicio a un proceso largo que requiere ser cuidadosamente planificado, gradualmente implementado y respaldado por una sólida base de consensos con todos los sectores. El problema es que por la forma en la que se realizaron los encuentros departamentales, todo parece apuntar a que existe una línea trazada para que mayorías amorfas impongan el proyecto del Gobierno denominado “Nuevo Sistema Único de Salud Universal y Gratuito-Bases técnicas y políticas” de circulación restringida. Si finalmente así ocurre, se habrán creado las condiciones ideales para nuevos conflictos que llevarán al fracaso el proyecto. Y cuando los conflictos se hagan inmanejables, otra vez será el Presidente quien tenga que dar marcha atrás, como con el código penal.

Frente a esta oportunidad, con auténtica esperanza, la Facultad de Medicina de la UMSA hizo llegar al Ministro de Salud una propuesta para el encuentro, que contó con la adhesión de las otras facultades del sistema universitario. En ella se planteaba que los participantes representen proporcionalmente a los gobiernos central y departamentales, a organizaciones sociales y municipios, a facultades de medicina, además a los colegios profesionales. Lamentablemente no se tuvo ninguna respuesta y los encuentros se realizaron con la exclusión insensata de instituciones fundamentales o en ausencia de las facultades de medicina que decidieron no asistir por la falta de atención a su propuesta y porque la grosera desproporción en las representaciones no daba ninguna posibilidad para que se tomaran en cuenta posiciones alternativas. En esas condiciones es de esperar que el Encuentro Nacional por la Salud y la Vida, convocado por la Conalcam,  aprobará una propuesta preelaborada que será impuesta el próximo año con menosprecio a los verdaderos actores e involucrados en la salud, que nos encontramos sinceramente dispuestos a construir integralmente un verdadero sistema de salud.

A pesar de este opaco panorama, algunos tenemos todavía la esperanza de que el Ministro de Salud y su equipo humano puedan entrar en razón y orientar al señor Presidente para reconducir el proceso de manera auténticamente inclusiva y participativa; haciendo que se incorporen a la construcción del nuevo sistema de salud todos los comprometidos e interesados en resolver la desastrosa situación que por muchos años agrede y lastima a Bolivia. De no ser así, los responsables se arrastrarán en la historia al igual que otros que fracasaron, y que por obsecuente insinceros fueron en contra del derecho a la salud de los bolivianos, haciendo errar al presidente.

Si finalmente los operadores hacen que el Gobierno imponga su voluntad, el escenario de confrontación y conflicto impedirá llegar a buen término. Peor aún, si por razones políticas precipitan la implementación del proyecto sin la participación de los mejores profesionales que se encuentran en las instituciones marginadas. Frente a la desastrosa situación del sistema de salud, el Gobierno antes que imponer debe consensuar; así asegurará el éxito y recibirá el reconocimiento del pueblo.

* Exdecano de Medicina de la UMSA.