Cada victoria política tiene un relato, interpreta la historia, reescribe el pasado. Lo hace para justificar las acciones de sus protagonistas y, también, para legitimar un proyecto. Obviamente, hay victorias y victorias, relatos y relatos. La primera pieza del relato de los vencedores coyunturales de la crisis provocada entre octubre y noviembre del año pasado es la afirmación de que hubo fraude y no golpe de Estado. Pero se trata de ingredientes discursivos para cumplir el objetivo de legitimación, puesto que con el argumento de “fraude monumental” se desplegó un plan que concluyó en un golpe de Estado que provocó la renuncia forzada de Evo Morales. Después, carta blanca para la represión militar y policial. Y Senkata y Huayllani como revancha y advertencia.
El MAS fue desplazado del poder político por las élites de antaño, que están empeñadas en desplegar una restauración señorialmente oligárquica y económicamente neoliberal. No obstante, se van aclarando las cosas respecto a los acontecimientos y también se refuerzan los argumentos (algunos vertidos en esta columna) que hasta hace poco eran rechazados con vehemencia por los adversarios (políticos e intelectuales) del MAS que defendían la idea de “fraude monumental”. Ahora algunos guardan un estruendoso silencio.
Estos días fue publicado un artículo en el periódico estadounidense The Washington Post reafirmando que la OEA no demuestra el supuesto fraude y que su informe es inconsistente. Lo que no dicen sus autores es que esos informes fueron parte del plan dirigido a crear condiciones para el golpe de Estado, y no tenían por qué hacerlo. Tampoco Luis Fernando Camacho y Waldo Albarracín tenían que decir nada sobre la asonada golpista, pero lo hicieron, cada uno a su manera, de modo indirecto al contar los entretelones de la planificación de las protestas, de los arreglos con policías (amotinados) y militares (insubordinados), y de las negociaciones secretas (extraparlamentarias) para decidir sobre la persona que iba a ocupar el cargo de presidente. Es cuestión de tiempo para conocer la verdad de los hechos y la responsabilidad de sus protagonistas.
Ahora me interesa abordar otro tópico del relato de la “revolución de las pititas”, un ícono que hasta libros tiene. Aquella pieza del relato que se refiere a los “14 años de dictadura”. En general, a 14 años de -lo-que- sea para referirse a la presencia de Evo Morales en el gobierno. Se ha convertido en una frase que denota obviedad; sin embargo, es una afirmación errónea. No tendría mayor importancia si su uso se limitara a las redes sociales. Pero es moneda corriente en el vocabulario de periodistas y, obvio, de analistas políticos.
Esta idea de “los 14 años” pretende borrar el hecho de que la primera gestión del MAS (2006-2009) se caracterizó por una figura de “gobierno dividido”, porque el Senado estuvo en manos de la oposición parlamentaria que se convirtió en un actor de veto capaz de limitar el accionar del oficialismo. Así ocurrió con la modificación de varios artículos como condición para aprobar la convocatoria al referendo de aprobación de la nueva CPE.
Paralelamente, en ese periodo se instauró la división vertical de poderes, porque en 2005 se eligieron prefectos por voto popular y siete de nueve autoridades fueron opositores a Evo Morales. Así, el primer presidente elegido por mayoría absoluta empezaría su gestión con un menoscabo de su autoridad en la distribución horizontal y vertical del poder político. Entonces, ¿de qué hablan cuando dicen 14 años de algo?
Fernando Mayorga
es sociólogo.
blog: www.pioresnada.wordpress.com