Voces

miércoles 6 jul 2022 | Actualizado a 16:20

Día Internacional de la Mujer

Ahora más que nunca, debemos trabajar por una generación con igualdad

/ 7 de marzo de 2020 / 21:59

La Organización de las Naciones Unidas ha decidido reservar el 8 de marzo para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Además, se suma a las millones de mujeres, feministas y activistas en Bolivia y en todo el mundo que salen a las calles a hacer oír sus voces por la defensa de sus derechos y demandas.

Como señala la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, el 2020 es un año trascendental para la igualdad de género. Una igualdad que no solo favorece a las mujeres y niñas, sino que, por el contrario, es de beneficio global, para toda la humanidad, procurando no dejar a nadie atrás. Este es el año de la “Generación Igualdad”, cuando se conmemoran los 25 años de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing. Y junto con la sociedad civil, estamos sumando esfuerzos para avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

En la actualidad observamos algunos cambios positivos a nivel global. El índice de mortalidad materna ha disminuido en un 38%; 131 países han realizado reformas legales para apoyar la igualdad de género y combatir la discriminación; más de tres cuartos de los países aplican leyes contra la violencia hacia las mujeres; y el número de niñas que asisten a la escuela es mayor que nunca.

Sin embargo, ningún país ha podido llegar a alcanzar la igualdad de género; y ningún país ha logrado erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, empoderarlas plenamente, ni hacer que sus voces y demandas sean escuchadas en todos los espacios.

Por ello, ahora más que nunca, debemos trabajar por una generación con igualdad, articulando acciones y esfuerzos bajo los compromisos internacionales que el Estado asumió recientemente en el marco de la XIV Conferencia regional de la Mujer. Por ejemplo, entre otros compromisos, aumentar la asignación de recursos financieros, la presupuestación con perspectiva de género y la supervisión y la rendición de cuentas. Fomentar la aplicación de medidas para eliminar los obstáculos jurídicos, culturales, sociales e institucionales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y discriminación. Adoptar medidas eficaces para garantizar el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Y en general, reforzar las acciones dirigidas a promover  la igualdad en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Creemos firmemente que es imposible avanzar si no vamos de la mano con nuestras aliadas y aliados, la sociedad civil y el compromiso de los Estados. Estamos conscientes de que las pequeñas acciones pueden generar grandes repercusiones y hacer realidad esta visión. Este Día Internacional de la Mujer invitamos a toda la población boliviana a ser parte del cambio y a unirse a la #GeneracionIgualdad.

* es representante de ONU Mujeres en Bolivia.

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Género y COVID-19

Las mujeres están en la primera línea en la respuesta a la crisis sanitaria

/ 18 de julio de 2020 / 16:56

Se estima que la crisis del COVID-19 disparará una recesión económica aún más profunda que la crisis financiera de 2008, provocando una crisis de desarrollo sin precedentes. En este contexto, la pandemia ha expuesto aspectos centrales que afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres. Factores como el aumento de la violencia de género, la reducción en los ingresos, el aumento de los riesgos para las trabajadoras de la salud, la sobrecarga en las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, que generalmente recaen en las mujeres, y el limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son algunas de las dimensiones que impactarán en el bienestar de mujeres y niñas en el corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres en América Latina y el Caribe ha padecido violencia física y/o sexual; y existe evidencia de que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda o denuncian el delito. En Bolivia, las cifras todavía son más alarmantes. Según los datos levantados en la Encuesta sobre Prevalencia de la Violencia en el país en 2016 más de 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Debido a las medidas de aislamiento por el COVID-19, los riesgos de violencia de género e intrafamiliar aumentan, tal y como se ha documentado en el contexto de las emergencias, ya sean crisis económicas, conflictos o pandemias. Por ejemplo, en Argentina, Perú y Colombia aumentó hasta en 50% el volumen de llamadas a líneas de denuncia, y los reportes de violencia y feminicidios se incrementaron en todos los casos. En Bolivia, el porcentaje de denuncias atendidas por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) habría disminuido en 25% en las primeras semanas de la cuarentena. Sin embargo, es probable que estas cifras estén subestimadas e invisibilicen la gravedad de la situación, ya que muchas mujeres no pueden contactar a los servicios de manera segura al encontrarse confinadas junto a su agresor. En este sentido, se han creado varias iniciativas apoyadas por ONU Mujeres para apoyar a las mujeres a hacer sus denuncias online o en farmacias y supermercados.

En días pasados, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hacía un llamamiento a poner fin a la violencia en todas partes, identificando áreas críticas para la acción, incluyendo poner a disposición de las organizaciones de derechos de las mujeres financiación urgente y flexible, reconociendo su rol en la respuesta a la pandemia; garantizar servicios sanitarios y sociales, así como acceso a respuesta policial y servicios de justicia, implementación de medidas preventivas y asegurar la recopilación de datos para mejorar los servicios y programas en cumplimiento de estándares éticos y de seguridad.

Las mujeres están en la primera línea en la respuesta a la crisis sanitaria y asumen más costos físicos y emocionales, así como un mayor riesgo de infección. En América Latina, 57% de las doctoras en medicina y 9 de cada 10 de las y los profesionales de enfermería son mujeres. Una sobrerrepresentación en ocupaciones como la enfermería crea mayor riesgo de exposición asociado al manejo de la enfermedad, por ejemplo, en la toma de muestras de pacientes. Sin embargo, aunque las mujeres representan 70 por ciento del sector de la salud en todo el mundo, el acceso a la anticoncepción, la salud materna y los servicios y bienes de salud sexual y reproductiva se han reducido a medida que aumenta la presión de respuesta al COVID-19 en los sistemas de salud. Mujeres entrevistadas reportan resistencia a acudir a los centros de salud por miedo a la exposición al virus, o se enfrentan a otro tipo de obstáculos derivados del confinamiento.

Adicionalmente, las mujeres también están sobrerrepresentadas en sectores que están siendo altamente afectados por la crisis, como los servicios turísticos, transporte aéreo, entretenimiento y servicios de limpieza y cuidado y trabajo doméstico remunerado. De hecho, América Latina es la región del mundo con mayor porcentaje de empleo femenino en turismo, con casi el doble de mujeres empresarias en turismo que en cualquier otro sector (51%). También, las mujeres trabajan de manera desproporcionada en el sector informal y tienden a asumir la carga del trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado. El trabajo de cuidado remunerado constituye uno de los pilares de la economía del cuidado y concentra empleos altamente precarios y mal remunerados, siendo uno de los sectores donde las desigualdades sociales y de género se expresan con mayor claridad y evidencia, pues suele ser la puerta de entrada al mercado del trabajo para las mujeres y niñas más pobres, con menor nivel educativo y que viven en un entorno de mayor exclusión social. Además, debido a la saturación de los sistemas sanitarios, el cierre de escuelas, guarderías y residencias, y dadas las normas sociales imperantes, las tareas de cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres y las niñas, quienes asumen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, niños, niñas, personas adultas mayores, entre otras, lo cual puede tener un impacto en la salud física y emocional de estas mujeres por la sobrecarga de trabajo que asumen.

La pandemia es más que una emergencia sanitaria mundial, es una crisis sistémica del desarrollo humano, cuyo impacto sin precedentes ya se ha hecho patente en las dimensiones económicas y sociales del desarrollo. El COVID-19 intensificará las desigualdades económicas y sociales existentes. Los impactos asociados a las medidas de contención, como el aislamiento o el distanciamiento social, instan a que las respuestas de política pública aseguren la dimensión de género, considerando de manera diferenciada las necesidades de mujeres, hombres, niñas y niños y grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre otras medidas, sistemas de protección social fortalecidos, incluidas las transferencias monetarias, la cobertura universal de salud, la creación de un sistema de cuidados, el acceso a otros servicios esenciales, y el desarrollo de planes y programas específicos de empoderamiento y recuperación económica centrados en las mujeres serán centrales para erradicar las desigualdades que caracterizaban a las sociedades antes de la COVID-19, y que hoy se hacen más visibles. Por su parte, las iniciativas de promoción de la igualdad de género deberán recibir apoyos más decididos para coadyuvar en la eliminación de todas las formas de discriminación en razón de género y la deconstrucción de las normas sociales arraigadas en torno al reconocimiento, reducción y redistribución de la sobrecarga de trabajo no remunerado, el liderazgo y participación política de las mujeres en todas las fases de respuesta a la emergencia y su inclusión en la esfera digital.

Luciana Mermet y Violeta Domínguez son representantes del PNUD y ONU Mujeres-Bolivia

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XIV Conferencia Regional sobre la Mujer

La base para trabajar la autonomía económica de las mujeres debe ser abordada desde sus raíces.

/ 26 de enero de 2020 / 06:30

En la medida en que los Estados garanticen la autonomía económica de las mujeres, se podrá potenciar las economías de los países, las comunidades y las familias. Esta autonomía se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios, a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. También considera el uso del tiempo en los cuidados de los familiares y en el hogar.

Este es el tema que se abordará en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizará del 27 al 31 de enero en Santiago de Chile. Evento que constituye una oportunidad y un espacio único para articular alianzas estratégicas de cara a trabajar en la igualdad de género en toda la región. Tenemos certeza que la base para trabajar la autonomía económica de las mujeres debe ser abordada desde sus raíces, que recaen en la división sexual del trabajo y la injusta organización social en la corresponsabilidad de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado.

Como ONU Mujeres, creemos firmemente que la reflexión debe estar centrada en el diseño de políticas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres a la luz de los cambios en el entorno macroeconómico, la mayor participación laboral femenina en los sectores clave, la redistribución de los cuidados, la volatilidad de los flujos comerciales y financieros, la revolución digital, las transformaciones demográficas y el cambio climático. Temas que fueron planteados en la Estrategia de Montevideo en 2016, cuando se celebró la XIII Cumbre Regional.

Bolivia participará con una delegación conformada por nueve representantes, entre autoridades estatales y líderes indígenas. Ésta está presidida por la viceministra de Comercio Exterior e Integración (del Ministerio de Relaciones Exteriores), Claribel Aparicio, y por el viceministro de Igualdad de Oportunidades (del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional), Óscar Urquizo, entre otras autoridades. También participarán en el evento Fátima Velazco, beneficiaria del Proyecto de Empoderamiento Económico de las mujeres del Norte Amazónico, y Soledad Pérez, líder de El Alto, quienes compartirán las experiencias de empoderamiento económico de mujeres rurales e indígenas del país.

Este evento constituye el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Es organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como secretaría de la conferencia, y cuenta con el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

Este foro internacional reúne a las principales autoridades latinoamericanas y es convocado regularmente cada tres años para identificar la situación regional y subregional respecto de la autonomía y los derechos de las mujeres, presentar recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de género y realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales.

No debemos olvidar que el Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado importantes avances en los últimos años para el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de empoderamiento económico de las mujeres y en la lucha contra las discriminaciones de género. La participación laboral de la mujer boliviana es la más alta de la región (62%), frente al 51% que se registra en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sigue siendo menor que la de los hombres.

También existe un alto nivel de vulnerabilidad e informalidad, y una importante concentración en sectores de baja productividad, particularmente en el caso de las mujeres indígenas. El 60% de las mujeres se encuentran insertas en este tipo de ocupaciones, frente al 40% de los hombres. En Bolivia, según el informe Salario, Remuneración y Empleo del sector Privado, del INE, entre 2008 y 2015, la brecha salarial entre hombres y mujeres se incrementó de Bs 60 a Bs 410.

Frente a este contexto, ONU Mujeres tiene el firme propósito de seguir brindando asistencia técnica y financiera para empoderar económicamente a las mujeres y así lograr la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo, como plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular su quinto objetivo.

Violeta Domínguez

es representante de ONU Mujeres en Bolivia.

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