Si en algo está fallando ostensiblemente el Gobierno transitorio es en su gestión de los derechos humanos, tanto en lo discursivo como, mucho más importante, en lo práctico. Dos hechos producidos días atrás lo demuestran: la censura al Ministro de Defensa en la Asamblea Legislativa, y la denuncia de la Defensora del Pueblo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reunida en Haití.
En ambos casos el problema gira en torno a la violencia desatada luego de la renuncia de Evo Morales, y la forzada asunción de la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Decenas de muertos en Sacaba y en El Alto motivaron a un enviado de la ya nombrada CIDH a calificar lo sucedido como “masacre”, mientras que las autoridades del Gobierno transitorio insisten en señalar solo su presunto efecto: la pacificación, y no el costo.
No es el único problema discursivo que muestra el Ejecutivo; insiste en caer en la trampa retórica del “tú también”, para escudarse en la denuncia de que el anterior gobierno “también” vulneró derechos; cuando lo que está en discusión no es quién lo hizo peor, sino el hecho de que no hay manera posible de “recuperar la democracia” sin establecer primero una sólida base de derechos humanos.
Lo señalado se ha visto con meridiana claridad en dicha sesión de la CIDH, donde la Defensora del Pueblo denunció que ni militares ni policías se avienen a entregar la información solicitada por la institución a su cargo a fin de encontrar la verdad histórica de lo sucedido. El Ministro de Justicia y el Procurador General de Estado, también presentes en la reunión, optaron por reprochar al organismo interamericano por su supuesta inoperancia durante los últimos 14 años, sin responder al cuestionamiento puntual.
Sobre el Ministro de Defensa, la Asamblea Legislativa determinó el viernes censurarlo debido a que en tres ocasiones consecutivas presentó excusas para no someterse a interpelación oral precisamente sobre las polémicas actuaciones en Sacaba y El Alto, además de un caso todavía no aclarado en la zona Rosales de la sede de gobierno.
Al respecto, la Presidenta interina respondió primero ratificando su confianza en el ministro censurado, pero luego decidió cesarlo, lo cual evitará ahondar las diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo. Tampoco ha ayudado a mejorar el estado de cosas que la Mandataria considere “berrinches” las protestas de quienes perdieron a sus seres queridos en las nombradas masacres.
Urge, pues, que las autoridades hagan un esfuerzo por comprender, y llevar a su práctica política, el contenido y alcance de la noción de derechos humanos. Emplear la mentira y figuras retóricas (que por algo son llamadas “falacias”) no le hace ningún favor a su situación ante la opinión pública y, mucho menos, a la democracia que dicen estar reconquistando para el país.