Ni una sola mujer en oficinas, universidades o escuelas; ninguna en la calle ni en el transporte público; tampoco en tiendas, restaurantes o lugares de diversión. Por un día, México fue un país sin mujeres. Esta fue la propuesta de un colectivo de movimientos feministas para el 9 de marzo. Bajo el lema #UNDÍASINNOSOTRAS, el paro nacional se convocó en contra de la violencia de género, la desigualdad y la cultura del machismo.

El apoyo al paro superó las barreras de clase y las preferencias políticas. De hecho, el movimiento va mucho más allá de México. Después de varios días sin mujeres en otros países: Islandia fue pionera en 1975, lo hemos visto en años recientes también en Polonia, Suiza, Estados Unidos y Argentina. Organizaciones de todo el mundo pidieron que este año el paro tome una dimensión global.  

Se hace imprescindible llamar la atención. A pesar de la retórica, los derechos de la mujer son constantemente vulnerados en todo el mundo. La violencia, cuyos niveles se han vuelto intolerables —y no solo en México—, es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres. Cada día, un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo muere a manos de su pareja o de un miembro de su familia, según datos de las Naciones Unidas. En cuanto a América Latina, es el hogar de 14 de los 25 países con las tasas más altas de mujeres asesinadas en el mundo. Un reporte reciente de la Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL) indica que Bolivia es la nación donde más mujeres son asesinadas en Sudamérica.  

Sin embargo, esta no es nuestra única lucha. En el frente económico, la injusticia es también flagrante. Los hombres poseen el 50% más de la riqueza total del mundo que las mujeres. En promedio, las mujeres reciben el 77% de lo que reciben los hombres por igual trabajo, educación y responsabilidad. El propio Foro Económico Mundial estima que se tardará 202 años en cerrar la brecha salarial entre los géneros.

Al centro de las desigualdades de género está la inequitativa distribución de las tareas domésticas y de cuidados. Somos las mujeres quienes asumimos la mayor carga en el cuidado de niñas y niños, adultos mayores, y personas con enfermedades o discapacidad. Somos nosotras también quienes hacemos la mayoría de las tareas domésticas diarias como cocinar, limpiar, lavar, remendar y buscar agua.

La invisibilidad del aporte de las mujeres en esta área es inmensa. Las mujeres y las niñas que viven en la pobreza y las que pertenecen a grupos marginados dedican 12.500 millones de horas diarias al trabajo de cuidado de otras personas de forma gratuita. Según Oxfam, este trabajo añade un valor a la economía de al menos 10,8 billones de dólares al año, una cifra tres veces mayor que la industria tecnológica.

Se estima que a nivel mundial aproximadamente 606 millones de mujeres, o el 41% de las actualmente inactivas, están excluidas del mercado laboral debido a sus responsabilidades familiares no remuneradas. Incluso cuando las mujeres consiguen trabajar, a menudo se ven atrapadas en trabajos informales, mal remunerados y con horarios flexibles que les permite una segunda jornada no remunerada en el hogar.

Y se espera que esto empeore con las consecuencias del cambio climático. Se estima que para 2025, hasta 2.400 millones de personas vivirán en zonas sin suficiente agua. Lo que significa que las mujeres y las niñas se verán obligadas a caminar cada vez más lejos para encontrarla. El surgimiento de graves crisis de salud pública, como la del coronavirus COVID-19 también se va a traducir en una demanda de tiempo creciente para las mujeres.

Avanzar en la igualdad de género hace imprescindible el reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados. Para ello será necesario establecer servicios públicos de calidad como guarderías, centros de salud y residencias para adultos mayores. También es necesario invertir en infraestructura como agua potable, saneamiento, electricidad. Ese tipo de medidas permitirían mejorar el costo de oportunidad de las mujeres para salir al mercado laboral o disponer de tiempo para actividades productivas o tiempo de ocio.

¿Cómo se puede financiar este esfuerzo en estos tiempos de austeridad fiscal? Avanzar en la igualdad de género requiere un nuevo pacto fiscal. De una parte, deben diseñarse sistemas tributarios progresivos, que busquen redistribuir los ingresos de modo que impida que las mujeres soporten una carga desproporcionada. Por otro lado, se debe también aumentar los recursos fiscales disponibles. Esto se puede hacer por varias vías, como mejorar la eficiencia en la recaudación o combatiendo la elusión y la evasión fiscal.

En este sentido, se hace urgente un cambio en el sistema fiscal internacional. Se necesita que las multinacionales —y los súper ricos que las controlan— paguen la parte que les corresponde de impuestos. Mientras, por un lado, muchas empresas multinacionales aprovechan cada oportunidad para presentarse como aliadas de las causas feministas, por otro, tienen a un ejército de abogados y contadores manipulando el sistema tributario internacional para evitar pagar los impuestos que les corresponde. Muchas veces logran esconder sus beneficios en paraísos fiscales de manera legal. Esto se traduce en 200.000 millones de dólares anuales en pérdidas para los países en desarrollo.

Por ello, en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), institución de la que formo parte, estamos convencidos que enfrentar la grave crisis de desigualdad, incluyendo la de género, requiere una reforma significativa del sistema internacional de tributación de las grandes empresas. Y hoy existe una oportunidad histórica para hacerlo.

En años recientes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países ricos, ha propuesto cambios al sistema tributario mundial. Sin embargo, como lo explicamos en un informe reciente, dichas propuestas no son ambiciosas ni justas. Mientras se siga reflejando la voluntad de las multinacionales y las élites, cualquier reforma perpetuará las desigualdades económicas y sociales, así como la cultura del patriarcado.

Declararse feminista requiere repensar las estructuras económicas y sociales que impiden la igualdad de género. No basta solo con apoyar a las mujeres que, en México y en otros lugares, participaron del paro del 9 de marzo. También significa exigir que las grandes empresas y los súper ricos paguen lo que deben.

* Es directora ejecutiva del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). Entre 2008-2014 fue la Relatora de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos. Twitter: @Magda_Sepul.