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sábado 24 jul 2021 | Actualizado a 06:35

Igualdad de género y un nuevo pacto fiscal

Al centro de las desigualdades de género está la inequitativa distribución de las tareas domésticas. En el frente económico, la injusticia cometida contra las mujeres es también flagrante

/ 14 de marzo de 2020 / 00:49

Ni una sola mujer en oficinas, universidades o escuelas; ninguna en la calle ni en el transporte público; tampoco en tiendas, restaurantes o lugares de diversión. Por un día, México fue un país sin mujeres. Esta fue la propuesta de un colectivo de movimientos feministas para el 9 de marzo. Bajo el lema #UNDÍASINNOSOTRAS, el paro nacional se convocó en contra de la violencia de género, la desigualdad y la cultura del machismo.

El apoyo al paro superó las barreras de clase y las preferencias políticas. De hecho, el movimiento va mucho más allá de México. Después de varios días sin mujeres en otros países: Islandia fue pionera en 1975, lo hemos visto en años recientes también en Polonia, Suiza, Estados Unidos y Argentina. Organizaciones de todo el mundo pidieron que este año el paro tome una dimensión global.  

Se hace imprescindible llamar la atención. A pesar de la retórica, los derechos de la mujer son constantemente vulnerados en todo el mundo. La violencia, cuyos niveles se han vuelto intolerables —y no solo en México—, es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres. Cada día, un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo muere a manos de su pareja o de un miembro de su familia, según datos de las Naciones Unidas. En cuanto a América Latina, es el hogar de 14 de los 25 países con las tasas más altas de mujeres asesinadas en el mundo. Un reporte reciente de la Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL) indica que Bolivia es la nación donde más mujeres son asesinadas en Sudamérica.  

Sin embargo, esta no es nuestra única lucha. En el frente económico, la injusticia es también flagrante. Los hombres poseen el 50% más de la riqueza total del mundo que las mujeres. En promedio, las mujeres reciben el 77% de lo que reciben los hombres por igual trabajo, educación y responsabilidad. El propio Foro Económico Mundial estima que se tardará 202 años en cerrar la brecha salarial entre los géneros.

Al centro de las desigualdades de género está la inequitativa distribución de las tareas domésticas y de cuidados. Somos las mujeres quienes asumimos la mayor carga en el cuidado de niñas y niños, adultos mayores, y personas con enfermedades o discapacidad. Somos nosotras también quienes hacemos la mayoría de las tareas domésticas diarias como cocinar, limpiar, lavar, remendar y buscar agua.

La invisibilidad del aporte de las mujeres en esta área es inmensa. Las mujeres y las niñas que viven en la pobreza y las que pertenecen a grupos marginados dedican 12.500 millones de horas diarias al trabajo de cuidado de otras personas de forma gratuita. Según Oxfam, este trabajo añade un valor a la economía de al menos 10,8 billones de dólares al año, una cifra tres veces mayor que la industria tecnológica.

Se estima que a nivel mundial aproximadamente 606 millones de mujeres, o el 41% de las actualmente inactivas, están excluidas del mercado laboral debido a sus responsabilidades familiares no remuneradas. Incluso cuando las mujeres consiguen trabajar, a menudo se ven atrapadas en trabajos informales, mal remunerados y con horarios flexibles que les permite una segunda jornada no remunerada en el hogar.

Y se espera que esto empeore con las consecuencias del cambio climático. Se estima que para 2025, hasta 2.400 millones de personas vivirán en zonas sin suficiente agua. Lo que significa que las mujeres y las niñas se verán obligadas a caminar cada vez más lejos para encontrarla. El surgimiento de graves crisis de salud pública, como la del coronavirus COVID-19 también se va a traducir en una demanda de tiempo creciente para las mujeres.

Avanzar en la igualdad de género hace imprescindible el reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados. Para ello será necesario establecer servicios públicos de calidad como guarderías, centros de salud y residencias para adultos mayores. También es necesario invertir en infraestructura como agua potable, saneamiento, electricidad. Ese tipo de medidas permitirían mejorar el costo de oportunidad de las mujeres para salir al mercado laboral o disponer de tiempo para actividades productivas o tiempo de ocio.

¿Cómo se puede financiar este esfuerzo en estos tiempos de austeridad fiscal? Avanzar en la igualdad de género requiere un nuevo pacto fiscal. De una parte, deben diseñarse sistemas tributarios progresivos, que busquen redistribuir los ingresos de modo que impida que las mujeres soporten una carga desproporcionada. Por otro lado, se debe también aumentar los recursos fiscales disponibles. Esto se puede hacer por varias vías, como mejorar la eficiencia en la recaudación o combatiendo la elusión y la evasión fiscal.

En este sentido, se hace urgente un cambio en el sistema fiscal internacional. Se necesita que las multinacionales —y los súper ricos que las controlan— paguen la parte que les corresponde de impuestos. Mientras, por un lado, muchas empresas multinacionales aprovechan cada oportunidad para presentarse como aliadas de las causas feministas, por otro, tienen a un ejército de abogados y contadores manipulando el sistema tributario internacional para evitar pagar los impuestos que les corresponde. Muchas veces logran esconder sus beneficios en paraísos fiscales de manera legal. Esto se traduce en 200.000 millones de dólares anuales en pérdidas para los países en desarrollo.

Por ello, en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), institución de la que formo parte, estamos convencidos que enfrentar la grave crisis de desigualdad, incluyendo la de género, requiere una reforma significativa del sistema internacional de tributación de las grandes empresas. Y hoy existe una oportunidad histórica para hacerlo.

En años recientes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países ricos, ha propuesto cambios al sistema tributario mundial. Sin embargo, como lo explicamos en un informe reciente, dichas propuestas no son ambiciosas ni justas. Mientras se siga reflejando la voluntad de las multinacionales y las élites, cualquier reforma perpetuará las desigualdades económicas y sociales, así como la cultura del patriarcado.

Declararse feminista requiere repensar las estructuras económicas y sociales que impiden la igualdad de género. No basta solo con apoyar a las mujeres que, en México y en otros lugares, participaron del paro del 9 de marzo. También significa exigir que las grandes empresas y los súper ricos paguen lo que deben.

* Es directora ejecutiva del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). Entre 2008-2014 fue la Relatora de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos. Twitter: @Magda_Sepul.

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Vientos de cambios fiscales

Más del 40% de los beneficios obtenidos por las multinacionales son trasladados a paraísos fiscales.   

/ 16 de septiembre de 2019 / 02:05

A principios de 2016, en los pasillos de las Naciones Unidas en Nueva York se respiraba un aire triunfal con la entrada en vigor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Motivos no faltaban, a pesar de que el mundo seguía viviendo los estragos de la crisis económica global, había una luz de esperanza gracias a la adopción de un plan global con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abarcaban las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental.

Desde su entrada en vigor, se ha hecho evidente que alcanzar las metas planteadas requiere menos retórica y más políticas públicas efectivas, que contribuyan a reducir la desigualdad. Y esto inevitablemente implica una inversión importante de recursos. Sin embargo, cuando los ciudadanos de distintos países se movilizan demandando mejoras en la calidad de la educación y la salud pública, pensiones decentes para las personas mayores o que se financie una verdadera transición ecológica, con frecuencia se enfrentan a la misma respuesta: la falta de recursos.

Si en el pasado esta respuesta lograba zanjar la discusión, hoy en día existe una mayor conciencia de que, incluso en los países más pobres, existen opciones que pueden explorarse para generar los recursos necesarios para enfrentar la miseria y la desigualdad. Una de ellas es buscar que las empresas trasnacionales paguen los impuestos que les corresponden.

Las empresas han ganado la batalla cultural. Han logrado imponer la idea de que la única manera de incentivarlas a invertir en un país es estableciendo una baja tasa de impuestos sobre la renta de las sociedades (IRS). El resultado ha sido una desastrosa competencia fiscal a la baja con consecuencias devastadoras, especialmente en los países en desarrollo. Estos países dependen en mayor medida del impuesto a la renta de las sociedades. Por ejemplo, en América Latina representa el 15,4% de todos los ingresos fiscales, en comparación con el 9% en los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).

Esta competencia les ha traído grandes beneficios económicos, que a las multinacionales no les basta. El sistema fiscal actual también les permite fijar los precios de las transacciones entre sus subsidiarias, garantizando que los beneficios sean gravados en los países donde los impuestos son más bajos y no donde realmente tiene lugar la actividad económica. Así, globalmente, más del 40% de los beneficios obtenidos por las multinacionales son trasladados artificialmente a paraísos fiscales. El costo de estas manipulaciones tributarias es de 240.000 millones de dólares anuales, según un cálculo conservador de la OCDE. En América Latina las pérdidas representan el equivalente de 1,5% del PIB.

Estas prácticas no hacen más que perpetuar la desigualdad. Si las empresas multinacionales no pagan lo que corresponde, no hay fondos para programas sociales, servicios públicos o infraestructura. Además, la carga de la recaudación fiscal tiende a recaer sobre la ciudadanía de pie, normalmente en forma de impuestos regresivos al consumo, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA).

Mientras que algunos expertos fiscales, abogados corporativos y responsables políticos buscan mantener las discusiones fiscales a puerta cerrada, la buena noticia es que cada día incrementa el interés de la sociedad civil organizada en estos temas. A nivel regional y global, una red de ciudadanos, instituciones académicas, organizaciones feministas y activistas ha comenzado a movilizarse en contra de las injusticias fiscales. Se está construyendo un nuevo discurso que aborda las fallas del sistema fiscal, proponiendo soluciones efectivas y viables para una fiscalidad más progresiva que combata los niveles históricos de desigualdad en que vivimos (nuestra región siendo la más desigual del mundo).

En Latinoamérica, hemos visto desde movilizaciones exitosas eliminando el IVA a productos de primera necesidad para las mujeres (i.e. toallas higiénicas y tampones) a “youtuberos” explicando los ardides de las multinacionales para no pagar impuestos. A nivel global, un ejemplo es la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), en la que, desde el 2015, se ha venido promoviendo un debate público amplio sobre el actual sistema tributario internacional. Estas iniciativas, entre otras, nos han hecho ver que la política fiscal no debe estar excluida del debate público.

La presión conjunta está empezando a dar sus frutos: por primera vez, un grupo de 129 países organizado bajo la tutela de la OCDE han pedido una reforma radical del sistema fiscal internacional, ahora con el respaldo del G20 y del G7. Se busca que las empresas multinacionales no sean consideradas como una multiplicidad de filiales independientes, sino como lo que realmente son: empresas unitarias que se benefician de un mercado global gracias a la integración de actividades que realizan en distintos territorios. Aunque no todos los países en desarrollo están representados en los debates, el nivel de participación actual representa una mejora sustantiva. En la primera ronda de negociaciones solo participaron las naciones ricas y un puñado de grandes países en desarrollo.

Hoy tenemos una oportunidad histórica para construir un sistema tributario más justo, que funcione en beneficio de todas las personas y no solo para un grupo de accionistas privilegiados. Los gobiernos de los países en desarrollo deben hacerse oír en el debate global. Nosotros, las ciudadanas y ciudadanos, debemos seguir presionando, puesto que sin justicia fiscal, no hay desarrollo. Jugando con el famoso eslogan de campaña que ayudó a Bill Clinton a ganar en 1992, repitamos: ¡Son los impuestos, estúpido!

* Ex relatora de las Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. En la actualidad es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). Twitter: @Magda_Sepul

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