Voces

Monday 28 Nov 2022 | Actualizado a 15:03 PM

Una violación cada cuatro horas

Es seguro que ese dato escalofriante es apenas una muestra de un número mayor de casos en el país.

/ 14 de marzo de 2020 / 23:26

El Día Internacional de la Mujer fue un grito de protesta desesperado, masivo y contundente en América Latina y en Bolivia. Y cómo no habría de serlo, si cada día amanecemos contando feminicidios, contando violaciones a niñas y adolescentes, muchas de ellas forzadas a unirse con su agresor y a ser madres a temprana edad para esconder el delito. Cada día, estos crímenes, a cuál más cruel, a cuál más impune.

En la edición del domingo 8 de marzo, La Razón publicó el dato escalofriante de que en los primeros dos meses de 2020 en Bolivia se denunció una violación cada cuatro horas; es decir, seis violaciones por día. En casi la mitad de esos casos se trató de agresiones a niñas y adolescentes. Si consideramos que la violación sexual es una de las formas de violencia que más cuesta denunciar porque el perpetrador suele ser un familiar o un conocido cercano de la víctima, es seguro que ese dato escalofriante es apenas una muestra de un número mayor de casos en el país, que no se registran ni denuncian; y que en este preciso momento se ocultan en el miedo, en la amenaza y, sobre todo, en el silencio.

Más allá de las cifras, la manifestación del patriarcado y del machismo es el común denominador en cada historia: niñas y adolescentes abusadas por su padre, por su tío, por su abuelo, por su vecino, por su amigo, por el primo, por el compadre y hasta por el hermano. Estos agresores además amenazaron a la víctima para que guarde silencio por una vez o por varios años. Pasó en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro, Beni, Chuquisaca y Pando. Es decir, en los nueve departamentos, en las capitales y en municipios más pequeños.

Como Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) hemos evidenciado en distintas investigaciones que la violencia sexual no respeta fronteras, edades, cultura, situación de discapacidad ni parentesco; lo que hace más complejo combatirla y eliminarla. Por ello, se requiere del compromiso de todas y todos, y en especial del Estado para desnaturalizar, prevenir, atender y sancionar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en todas sus manifestaciones.

Nos sumamos a las voces de organizaciones de mujeres para que las propuestas de los partidos políticos incluyan de manera expresa, firme y comprometida políticas públicas e inversiones sostenidas para garantizar que las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas ejerzan su derecho a una vida sin violencia. Reiteramos, el compromiso debe ser de todas y todos para que dejemos de contar muerte y violencia, y contemos, cada vez más, derechos y equidad.

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Cuarentena con el agresor

Tortura es lo que siente una niña cuando es víctima de violencia sexual en su propia casa.

/ 1 de agosto de 2020 / 10:25

Tortura, esa es la palabra que quizá mejor exprese el horror que padece una niña o una adolescente cuando es víctima de violencia sexual en su propia casa, una agresión sistemática, por meses, por años, perpetrada por un familiar o conocido y que se reproduce en medio del silencio, la amenaza y la impunidad. En esa situación se encuentran muchas niñas y adolescentes bolivianas, en los nueve departamentos, sin excepción, encerradas hoy con sus agresores debido a la pandemia y al aislamiento por COVID-19.

Los datos de la Fiscalía General, entre marzo y mayo, meses de cuarentena, dan cuenta de 118 casos de violación a niñas, niños y adolescentes, al menos uno por día. Esta cifra reporta solo aquellos delitos sexuales que fueron denunciados, que suelen ser los menos cuando de violencia sexual se trata. Sin duda, la pandemia ha agravado la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban las niñas y adolescentes. Las epidemias exacerban las desigualdades existentes para las mujeres y las niñas. Así, la pandemia por COVID-19 transcurre en medio de otra pandemia de más larga data: la violencia de género.

Pero el suplicio para las niñas no termina en la agresión sexual; en muchos casos, fruto de esa violencia, se producen embarazos forzados. Diversos estudios realizados en el país y en la región evidencian que la mayoría de los embarazos en menores de 15 años es resultado de la violencia sexual. En los primeros cinco meses del año, el Ministerio de Salud registró 663 embarazos en menores de 15 años, es decir, cuatro embarazos en niñas por día. Entre los casos de violencia sexual denunciados hasta mayo, niñas de 9, 10 y 11 años presentaban embarazos de sus agresores, lo que no solo implica graves consecuencias psicológicas para ellas, sino que las pone en una situación de alto riesgo porque sus cuerpos no están preparados para una gestación y un parto a tan temprana edad.

La ley permite que en casos de violencia sexual, las niñas puedan recurrir a la interrupción legal del embarazo; sin embargo, no siempre se aplica la norma, sea por procesos administrativos burocráticos, sea por oposición de quienes no comprenden los derechos de la niña y la gravedad de su situación y que ese embarazo es producto de una agresión cobarde de un sistema patriarcal. Lo cierto es que muchas de ellas terminan dando a luz, a costa de su niñez, su desarrollo y su propia vida.

Esta violencia está muy naturalizada y socialmente no se la considera un delito. La primera menstruación es casi una condena a una iniciación sexual forzada. De igual forma, un embarazo a esa edad tampoco es motivo de alarma. Se piensa más en cuidar la “honra” familiar que en el bienestar de la niña. Esta cadena de sufrimiento para las niñas agredidas sexualmente, que deriva en embarazos o uniones forzadas, es parte de un sistema patriarcal, que pone en situación de desigualdad a las mujeres de todas las edades. Hace unas semanas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, presentó el informe del Estado Mundial de la Población 2020, en el que se identifica al menos 19 prácticas nocivas hacia niñas y adolescentes, en todo el mundo, entre ellas, la violencia sexual y los matrimonios y embarazos infantiles forzados, la preferencia por los hijos varones, la mutilación genital femenina, entre otras.

El informe señala que pese a que el matrimonio o unión infantil está prohibido en casi todo el mundo, cada día se producen 33.000 matrimonios infantiles, vulnerando derechos fundamentales de más de 12 millones de niñas cada año. Se calcula que de las niñas y mujeres vivas en la actualidad, 650 millones se casaron siendo niñas y en 2030 estarán casadas otras 150 millones menores de 18 años. Como señala la directora ejecutiva de UNFPA, Natalia Kanem, estas prácticas nocivas que afectan a las niñas ocasionan un trauma grave y duradero que les roba el derecho a desarrollar todo su potencial.

En noviembre de 2019, durante la Cumbre de Nairobi “Adelantando la promesa”, representantes de 173 países se comprometieron a erradicar estas prácticas nocivas para 2030. Este año comienza la “Década de Acción” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de sus metas (5.3) busca, precisamente, poner fin a todas las prácticas nocivas hacia las mujeres. Con la pandemia, los avances para el logro de estos objetivos y metas están en riesgo.

Como UNFPA hemos expresado, en reiteradas oportunidades, nuestra preocupación sobre la gravedad de esta condición de las niñas y hacemos un llamado para que las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalezcan sus esfuerzos de prevención y protección durante la pandemia. Es importante que, pese a las limitaciones y la demanda de atención de los casos de COVID-19, no se deje de lado el funcionamiento de servicios de salud sexual y reproductiva y los servicios de atención y prevención de violencia hacia niñas y adolescentes. Es importante que la respuesta a la emergencia incluya intervenciones focalizadas para garantizar los derechos de todas las personas, en especial de las niñas y adolescentes. Las necesidades de protección de las mujeres y las niñas deben estar en el centro de los esfuerzos de respuesta.

Debemos pasar del discurso de cuidado y protección de la niñez a la acción efectiva de protección desde el Estado, la comunidad y la familia para que ninguna niña, adolescente y mujer siga padeciendo la tortura de estar en cuarentena con su agresor.

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