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Una violación cada cuatro horas

El Día Internacional de la Mujer fue un grito de protesta desesperado, masivo y contundente en América Latina y en Bolivia. Y cómo no habría de serlo, si cada día amanecemos contando feminicidios, contando violaciones a niñas y adolescentes, muchas de ellas forzadas a unirse con su agresor y a ser madres a temprana edad para esconder el delito. Cada día, estos crímenes, a cuál más cruel, a cuál más impune.

En la edición del domingo 8 de marzo, La Razón publicó el dato escalofriante de que en los primeros dos meses de 2020 en Bolivia se denunció una violación cada cuatro horas; es decir, seis violaciones por día. En casi la mitad de esos casos se trató de agresiones a niñas y adolescentes. Si consideramos que la violación sexual es una de las formas de violencia que más cuesta denunciar porque el perpetrador suele ser un familiar o un conocido cercano de la víctima, es seguro que ese dato escalofriante es apenas una muestra de un número mayor de casos en el país, que no se registran ni denuncian; y que en este preciso momento se ocultan en el miedo, en la amenaza y, sobre todo, en el silencio.

Más allá de las cifras, la manifestación del patriarcado y del machismo es el común denominador en cada historia: niñas y adolescentes abusadas por su padre, por su tío, por su abuelo, por su vecino, por su amigo, por el primo, por el compadre y hasta por el hermano. Estos agresores además amenazaron a la víctima para que guarde silencio por una vez o por varios años. Pasó en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro, Beni, Chuquisaca y Pando. Es decir, en los nueve departamentos, en las capitales y en municipios más pequeños.

Como Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) hemos evidenciado en distintas investigaciones que la violencia sexual no respeta fronteras, edades, cultura, situación de discapacidad ni parentesco; lo que hace más complejo combatirla y eliminarla. Por ello, se requiere del compromiso de todas y todos, y en especial del Estado para desnaturalizar, prevenir, atender y sancionar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en todas sus manifestaciones.

Nos sumamos a las voces de organizaciones de mujeres para que las propuestas de los partidos políticos incluyan de manera expresa, firme y comprometida políticas públicas e inversiones sostenidas para garantizar que las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas ejerzan su derecho a una vida sin violencia. Reiteramos, el compromiso debe ser de todas y todos para que dejemos de contar muerte y violencia, y contemos, cada vez más, derechos y equidad.