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sábado 15 may 2021 | Actualizado a 16:40

Sedición, el doble rasero

¿Van a calificar los delitos en función de si lo cometen los suyos o los detractores?

/ 16 de marzo de 2020 / 23:23

La emergencia sanitaria desatada en el país por la pandemia del nuevo coronavirus ha frenado los ímpetus del Gobierno y, especialmente, de su ministro Arturo Murillo, en la caza —como éste prometió— de políticos de la ahora oposición que estuvieran involucrados en actos de “sedición” y terrorismo.

La lista de señalados, acusados, aprehendidos, detenidos o encarcelados se paró en decenas y los noticieros, por ahora, dejaron de hablar de ellos, a diferencia del día a día de antes de la crisis de salud.

El país está casi paralizado por la irrupción del virus, los 11 casos, las medidas de los gobiernos nacional y locales, y la histeria colectiva. No hay tema que no tenga más relevancia que ese mal llegado desde otro lado del charco; ni las elecciones ni sus aprestos tienen mucha importancia hoy.

Pero no hay que perder de vista el motivo mayor que el gobierno de Jeanine Áñez arguye para justificar, primero, las masacres de Sacaba y Senkata, como calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y, segundo, las acciones contra algunos de sus oponentes.

Desde el principio, la narrativa que el Gobierno instaló en la opinión pública que las muertes de cocaleros y alteños fue consecuencia de un acto terrorista y sedicioso (ellos mismos se dispararon, insinuó Murillo sin prueba materia ni jurídica alguna) y que la represión policial-militar, al amparo de un decreto que absolvía de culpa a los militares, fue también una respuesta al terrorismo y la sedición.

Así comenzó a señalar, acusar, aprehender, detener o encarcelar a funcionarios y autoridades del gobierno anterior, incluso al expresidente Evo Morales, contra quien pesa un juicio ordinario por su presunta vinculación con terrorismo y sedición sustentado en un video-audio que devela el llamado del exmandatario a cercar las ciudades para privar de alimentos a la población.

Si es así la calificación del delito y la consiguiente querella penal, ¿cómo se tipifican otras acciones violentas ocurridas antes de la renuncia de Morales?

¿En qué se diferencia la quema de tribunales departamentales y las casas de legisladores y autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el bloqueo a la planta de Senkata? ¿Fueron simples actos vandálicos o temibles actos terroristas?

En las movilizaciones inmediatas a las elecciones del 20 de octubre, cuyos resultados fueron declarados gravemente irregulares por la Organización de Estados Americanos (OEA) y luego anulados, los movimientos cívicos y políticos propiciaron la toma y el cierre de oficinas del Estado, el amedrentamiento y ataque a funcionarios y a quienes no se sumaban al paro, y el cierre de centros de abastecimiento de alimentos.

¿Van a calificar los delitos en función de si lo cometen los suyos o los detractores?

Entendiendo que Morales cometió los delitos de terrorismo y sedición con su convocatoria al cerco de las ciudades (entonces estaba bloqueado El Alto), como insiste el Gobierno, ¿cómo se califica la invocatoria del excívico Luis Fernando Camacho a las Fuerzas Armadas, su alianza con la Policía Boliviana con la ayuda de su padre, incluido un pliego, o la instalación de la biblia, la tricolor y la carta de renuncia que redactó en el hall del viejo Palacio de Gobierno siendo entonces establecimiento gestionado por el gobierno de Morales?

Siendo congruente con su ímpetu, la administración de Áñez debería acusar también a quienes propiciaron esas protestas violentas, así callaría las voces que ahora cuestionan su doble rasero en los procesos penales abiertos por sedición y terrorismo. 

* Es periodista.

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El exprocurador Arce devela que juicio contra La Razón fue por ‘instrucción del Ejecutivo’

El 22 de abril de 2014, la Procuraduría presentó una demanda ante la Fiscalía contra los periodistas Ricardo Aguilar, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos, y Claudia Benavente, por presunta complicidad, tras una publicación.

/ 14 de mayo de 2021 / 09:00

El exprocurador del Estado Héctor Arce develó que el juicio contra La Razón en 2014 fue motivado por una “instrucción del Órgano Ejecutivo” y “un interés superior (la demanda marítima)”, y la “preocupación” del entonces presidente Evo Morales.

El 22 de abril de ese año, la Procuraduría, regida por el abogado, presentó una demanda ante el Ministerio Público contra los periodistas Ricardo Aguilar, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos, y Claudia Benavente, por presunta complicidad, tras la publicación del reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’, publicado el 13 de abril en Animal Político.

Meses después, el 5 de agosto, la Sala Penal Tercera, mediante Resolución 148/2014, remitió el caso al Tribunal de Imprenta, que hasta la fecha no se conformó.

“La Procuraduría depende del Órgano Ejecutivo y nosotros recibimos una instrucción —y ésa es la aclaración que yo he pretendido darle durante todos estos años— para evitar que en el futuro, o el trámite de esta demanda u otras demandas que el Estado intente, se cometiera esta situación de —no quiero llamar infidencia, no quiero usar ningún término peyorativo— que pudieran afectar los objetivos estratégicos del Estado”, explicó anoche Héctor Arce en una entrevista con la transmisión virtual de Piedra, papel y tinta de La Razón.

Arce habló por primera vez con La Razón desde 2014. Al presentar la entrevista, Benavente contó que no se sentiría tranquila continuar la conversación si no le recuerda a su interlocutor sobre el resultado de ese proceso.

El exprocurador deslindó responsabilidad sobre la iniciativa. “Nunca hubo mala intención, sino una preocupación y una preocupación no nuestra”, arguyó.

Fue “una situación que le preocupó al Presidente en ese momento por el cuidado, el amor y la protección que le pusimos a este emprendimiento grande”, insistió en relación al momento en que Bolivia argumentaba un juicio contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya (Países Bajos).

“Hablamos de esto, de la grave preocupación que en ese entonces tenían el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García”, recordó la exautoridad.

Arce contó que al final el juicio a los periodistas de La Razón terminó en el Tribunal de Imprenta. “Pero ante el pedido de ustedes, y también ante un pedido de Carlos Mesa —no tengo por qué negar esta situación, un hombre que colaboró muchísimo en la demanda— nosotros accedimos”, afirmó.

“No sabía que hasta ahora estaba pendiente esta situación, que, de alguna manera, muestra la ineficacia de la Ley de Imprenta muy antigua”, cuestionó.

“Nosotros hemos respirado al pasar (juicio) de la Justicia Ordinaria al Tribunal de Imprenta y ahora estamos esperando —nos decían los abogados que depende de quien demande— que se conforme el Tribunal de Imprenta”, respondió Benavente.

Arce está a punto de asumir funciones en representación de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Arce devela que el juicio a La Razón fue por ‘instrucción’ del Órgano Ejecutivo

El 2014, el entonces Procurador del Estado demandó a los periodistas Ricardo Aguilar y Claudia Benavente por presuntos delitos de espionaje y revelación de secretos del Estado.

/ 13 de mayo de 2021 / 22:27

El ahora exprocurador del Estado Héctor Arce develó que el juicio contra dos periodistas de La Razón en 2014 fue motivado por una “instrucción del Órgano Ejecutivo” y “un interés superior”, y la “preocupación” del entonces presidente Evo Morales por que en el futuro “no pudieran afectar los intereses estratégicos del Estado”.

El 22 de abril de ese año, la Procuraduría, regida por el abogado, presentó una demanda ante el Ministerio Público contra los periodistas Ricardo Aguilar, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos, y Claudia Benavente, por presunta complicidad, tras la publicación del reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’, publicado el 13 de abril en el suplemento Animal Político.

Meses después, el 5 de agosto, la Sala Penal Tercera, mediante Resolución 148/2014, remitió el caso al Tribunal de Imprenta, que hasta la fecha no se ha conformado.

“La Procuraduría depende del Órgano Ejecutivo y nosotros recibimos una instrucción —y ésa es la aclaración que yo he pretendido darle durante todos estos años— para evitar que en el futuro, o el trámite de esta demanda u otras demandas que el Estado intente, se cometiera esta situación de —no quiero llamar infidencia, no quiero usar ningún término peyorativo— que pudieran afectar los objetivos estratégicos del Estado”, explicó Arce este jueves en una entrevista con la transmisión virtual Piedra, papel y Tinta, de La Razón.

Arce habló por primera vez con La Razón desde 2014, cuando demandó a dos periodistas de este diario. Al presentar la entrevista, Benavente contó que no se sentiría tranquila continuar la conversación si no le recuerda a su interlocutor sobre el resultado de ese proceso en la justicia ordinaria y su paso al Tribunal de Imprenta.

La demanda contra La Razón es derivada al Tribunal de Imprenta

El exprocurador deslindó responsabilidad sobre la iniciativa. “Nunca hubo mala intención, sino una preocupación y una preocupación no nuestra”, arguyó.

Fue “una situación que le preocupó al Presidente en ese momento por el cuidado, el amor y la protección que le pusimos a este emprendimiento grande”, insistió en relación al momento en que Bolivia argumentaba un juicio contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya (Países Bajos).

“Hablamos de esto, de la grave preocupación que en ese entonces tenían el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro García”, relató Arce.

En la entrevista, en la que habló su experiencia sobre su asilo en la residencia de la embajada de México en La Paz, Arce contó que al final el juicio a los periodistas de La Razón terminó en al Tribunal de Imprenta, aunque admitió que no supo por qué no se resolvió. “Pero ante el pedido de ustedes, y también ante un pedido de Carlos Mesa —no tengo por qué negar esta situación, un hombre que colaboró muchísimo en la demanda— nosotros accedimos (a que el caso pase al Tribunal de Imprenta)”, afirmó.

“No sabía que hasta ahora estaba pendiente esta situación, que, de alguna manera, muestra la ineficacia de la Ley de Imprenta muy antigua”, dijo.

“Nosotros hemos respirado al pasar (juicio) de la justicia ordinaria al Tribunal de Imprenta y ahora estamos esperando —nos decían los abogados que depende que quien demande— que se conforme el Tribunal de Imprenta para resolver el caso”, respondió Benavente.

A punto de asumir funciones en representación de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el también exministro de Justicia lamentó que el caso que propició en 2014 haya afectado al periodista Aguilar y a Benavente.

“La idea era que este tipo de situaciones, que pueden ser muy llamativas para el instinto acucioso para el periodista, no se repitan en un tema que en ese momento resultaban de trascendental importancia”, insistió.

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Perú a Bolivia: ‘La declaratoria no afirma el derecho de exclusividad de la morenada’

A través de la Ley 135, del 14 de junio de 2011, la morenada fue declarada como “Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional” de Bolivia.

La fraternidad Transporte Pesado Primero de Mayo reivindicó la morenada este miércoles en La Paz. Foto: Rodwy Cazón

Por Jorge Castel y Rubén Atahuichi

/ 12 de mayo de 2021 / 14:30

Ante las protestas surgidas en Bolivia sobre la declaratoria de la “morenada puneña” como patrimonio de Perú, el Ministerio de Cultura de este país respondió que dicha resolución “no manifiesta o afirma el derecho de exclusividad o de denominación de origen de la danza

“La declaratoria no manifiesta o afirma el derecho de exclusividad o de denominación de origen de la danza o de algún personaje propio de nuestro origen altiplánico”, señala un comunicado difundido por el diario peruano El Comercio.

“La declaratoria promulgada se ajusta a las normas de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ratificada por el Perú en el año 2005, que entiende por patrimonio cultural inmaterial a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”, justifica el texto.

El 7 de mayo, el Ministerio de Cultura declaró a la “morenada puneña” como patrimonio nacional de Perú. “El día de hoy se ha declarado a la Danza Morenada, Rey Moreno y Rey Caporal del departamento de Puno como Patrimonio Cultural de la Nación”, informó en sus redes sociales.

La decisión peruana motivó una serie de reacciones en instituciones del folklore, la Alcaldía de La Paz y el Ministerio de Culturas. El mismo presidente Luis Arce reivindicó la declaratoria de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la morenada, el caporal y la diablada como patrimonio boliviano.

Este miércoles, Perú justificó que “el universo cultural altiplánico evidencia la presencia de diversas prácticas y saberes que son compartidos por comunidades de portadores en los actuales territorios del Perú y Bolivia”.

Además, afirmó que diversos autores “locales y foráneos” recorrieron el altiplano peruano y establecieron que “la morenada puneña encarna el espíritu de la sociedad urbana de la ciudad del lago y está profundamente vinculada a la festividad de la Virgen de la Candelaria”.

Remonta la vigencia de la danza a 1940 y al siglo XX.

A través de la Ley 135, del 14 de junio de 2011, la morenada fue declarada como “Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional” de Bolivia. Según estudios bolivianos, la morenada apareció en el Siglo XIX en los departamentos La Paz y Oruro.

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Santos no es Felipe

/ 12 de mayo de 2021 / 02:19

Qué habría sido de Felipe Quispe, “El Mallku”, de haber vencido su infortunado destino de volver a la Pachamama en un episodio tan imprevisto. No habríamos conocido a su hijo, y seguro que estaríamos en otras condiciones políticas y con más certidumbre sobre el futuro de La Paz. Es que el antiguo líder indígena estaba bien perfilado como candidato a gobernador de La Paz.

Santos Quispe es un político advenedizo, si le calza el término. Su elección resultó tan endeble, que en otras circunstancias su destino no habría sido el que hoy ostenta. Llegó bajo el poncho de su padre —un rebelde con causa y hombre cuya impronta contagia respeto y empatía— y se alimentó de la evolución política de Eva Copa, la humillación de la expresidenta de la Cámara de Senadores y el resentimiento/ cansancio con el desgastado Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto y las provincias de La Paz.

Es difícil imaginar que la alianza que lo cobijó por un par de meses, Jallalla La Paz, haya pensado en él como un cuadro sólido y capaz de gobernar el departamento más importante del país más allá de las emociones que envolvía a la dirigencia y mitancia incipientes. El “Wayna” Quispe, como acuñó en la campaña electoral, fue elegido candidato al influjo de Copa y en medio del dolor por la partida de su padre.

Su elección como sustituto de “El Mallku” fue más emotiva que racional o estratégica. Y su elección en segunda vuelta como gobernador se alimentó de la bronca ciudadana y un voto anti MAS de sectores conservadores y recalcitrantes de La Paz.

Al final, es el gobernador y nos toca a los paceños y no paceños guardarle respeto, no pleitesía ni sumisión.

Cómo le irá en los cinco años de gestión, es un complejo misterio.

Hay un dejo de incertidumbre en la opinión pública, a un poco más de una semana de su juramento. Quispe no genera seguridad; su actitud torpe y soberbia está sembrando dudas sobre su gestión y su futuro político, y su encanto electoral comienza a esfumarse.

No ha comenzado bien su periplo en la administración pública. Nada más al recibir su credencial de autoridad electa destiló odio político: rompió con la alianza que lo llevó a la Gobernación de La Paz.

Lo hizo de la peor forma, sorprendió a sus aliados con la decisión anunciada ante los medios de información. Quizás pudo guardar las formas, pero vaya a saber uno qué más pudo esperarse de él.

¿Habrá sido una ruptura casual? Es para dudar. Pero el mantener una alianza primero implicaba una eventual división de cargos con sus aliados y, luego, una dependencia política ante una estructura quizás endeble, pero estructura al fin.

Consumado su alejamiento de su alianza, ahora se enfrenta a un encono que va a cargarse en adelante, al punto de estar a merced de posibles movilizaciones y eventuales procesos judiciales: ha faltado a su palabra y ha puesto en duda su gestión. No tiene una estructura política más que algunos cuadros en la Asamblea Departamental, una militancia hambrienta de puestos en la Gobernación y un respaldo político para nada sólido.

Su indecisión en la designación de la nueva directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en un momento crucial para la salud de los paceños ha sido una muestra clara de cómo toma las cosas serias. Su equipo de transición se ha movido a último momento por esa tarea, por eso fue que el antiguo director se quedó más de una semana más en sus funciones.

Ojalá nos equivoquemos. Los retos para que La Paz tenga el mejor de los desarrollos en los cinco años que vienen son tan enormes, que no calzan en una gestión improvisada y llena de conflictos internos nada más al comenzar una difícil tarea.

Santos no es Felipe para gastarse tanta ingenuidad, soberbia y rebeldía sin causa.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Arce: La economía comienza ‘a mostrar buenos signos’ y ‘saldremos de la pandemia’

El presidente Luis Arce cumple este sábado seis meses en el poder; había llegado al gobierno el 8 de noviembre de 2020 al ganar las elecciones con el 55,1% de votos.

El vicepresidente David Choquehuanca impone la banda al presidente Luis Arce, el 8 de noviembre de 2020. Foto: La Razón-archivo

/ 8 de mayo de 2021 / 13:31

El presidente Luis Arce cumplió seis meses de gestión. Al recordarlo este sábado, destacó su desempeño respecto de la economía, de la que dijo que comienza a mostrar “buenos signos”, y ofreció salir de la situación de pandemia.

“Los resultados económicos comienzan a mostrar buenos signos. Tenemos que apretar el acelerador para concretar la industrialización con sustitución de importaciones, principalmente en la agricultura y el litio. ¡Estamos diversificando la economía!”, escribió al mediodía de este sábado en su cuenta de Twitter.

Arce juró a su mandato de cinco años de gestión el 8 de noviembre de 2020, casi tres semanas después de ganar las elecciones del 18 de octubre con el 55,1% de los votos. Entonces había prometido enfrentar la reactivación económica y la emergencia sanitaria a causa de la irrupción del COVID-19 en marzo de ese año.

“¡Saldremos unidos de la pandemia! Garantizamos las vacunas y seguiremos con políticas que reactiven la economía de #Bolivia. No defraudaremos la confianza que nos dio el pueblo boliviano”, prometió Arce.

El mandatario se expresó sobre este hito de su gobierno y admitió que al asumir sus funciones sabía de la complicada tarea que le correspondía desarrollar. “¡Cumplimos seis meses! Al asumir el Gobierno éramos conscientes de la gran responsabilidad de recuperar la Patria y dar tranquilidad al pueblo boliviano, que estaba sumido en una profunda crisis política, social y económica, ahondada por la pandemia y el gobierno de facto”, dijo.

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