La emergencia sanitaria desatada en el país por la pandemia del nuevo coronavirus ha frenado los ímpetus del Gobierno y, especialmente, de su ministro Arturo Murillo, en la caza —como éste prometió— de políticos de la ahora oposición que estuvieran involucrados en actos de “sedición” y terrorismo.
La lista de señalados, acusados, aprehendidos, detenidos o encarcelados se paró en decenas y los noticieros, por ahora, dejaron de hablar de ellos, a diferencia del día a día de antes de la crisis de salud.
El país está casi paralizado por la irrupción del virus, los 11 casos, las medidas de los gobiernos nacional y locales, y la histeria colectiva. No hay tema que no tenga más relevancia que ese mal llegado desde otro lado del charco; ni las elecciones ni sus aprestos tienen mucha importancia hoy.
Pero no hay que perder de vista el motivo mayor que el gobierno de Jeanine Áñez arguye para justificar, primero, las masacres de Sacaba y Senkata, como calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y, segundo, las acciones contra algunos de sus oponentes.
Desde el principio, la narrativa que el Gobierno instaló en la opinión pública que las muertes de cocaleros y alteños fue consecuencia de un acto terrorista y sedicioso (ellos mismos se dispararon, insinuó Murillo sin prueba materia ni jurídica alguna) y que la represión policial-militar, al amparo de un decreto que absolvía de culpa a los militares, fue también una respuesta al terrorismo y la sedición.
Así comenzó a señalar, acusar, aprehender, detener o encarcelar a funcionarios y autoridades del gobierno anterior, incluso al expresidente Evo Morales, contra quien pesa un juicio ordinario por su presunta vinculación con terrorismo y sedición sustentado en un video-audio que devela el llamado del exmandatario a cercar las ciudades para privar de alimentos a la población.
Si es así la calificación del delito y la consiguiente querella penal, ¿cómo se tipifican otras acciones violentas ocurridas antes de la renuncia de Morales?
¿En qué se diferencia la quema de tribunales departamentales y las casas de legisladores y autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el bloqueo a la planta de Senkata? ¿Fueron simples actos vandálicos o temibles actos terroristas?
En las movilizaciones inmediatas a las elecciones del 20 de octubre, cuyos resultados fueron declarados gravemente irregulares por la Organización de Estados Americanos (OEA) y luego anulados, los movimientos cívicos y políticos propiciaron la toma y el cierre de oficinas del Estado, el amedrentamiento y ataque a funcionarios y a quienes no se sumaban al paro, y el cierre de centros de abastecimiento de alimentos.
¿Van a calificar los delitos en función de si lo cometen los suyos o los detractores?
Entendiendo que Morales cometió los delitos de terrorismo y sedición con su convocatoria al cerco de las ciudades (entonces estaba bloqueado El Alto), como insiste el Gobierno, ¿cómo se califica la invocatoria del excívico Luis Fernando Camacho a las Fuerzas Armadas, su alianza con la Policía Boliviana con la ayuda de su padre, incluido un pliego, o la instalación de la biblia, la tricolor y la carta de renuncia que redactó en el hall del viejo Palacio de Gobierno siendo entonces establecimiento gestionado por el gobierno de Morales?
Siendo congruente con su ímpetu, la administración de Áñez debería acusar también a quienes propiciaron esas protestas violentas, así callaría las voces que ahora cuestionan su doble rasero en los procesos penales abiertos por sedición y terrorismo.
* Es periodista.