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domingo 18 abr 2021 | Actualizado a 07:12

La introyección en los servidores públicos

En el aparato estatal existen jerarcas de la cosa pública que hacen y deshacen sin que medien cuestionamientos

/ 17 de marzo de 2020 / 23:40

Mucho se habla y escribe acerca de la esperada eficiencia en el sector público; la propia normativa desarrollada para su desenvolvimiento la establece en principios, disposiciones, criterios y recomendaciones. Pero resulta que el medio ambiente en el que se desenvuelve un servidor público tiende a estar fomentado por pautas y códigos que conceptualizan la cosa pública como un bien ajeno, considerada como un bien común, pero del resto, de un resto que no revisa, no cuida, se conforma y se resigna; y por tanto, sin un dueño a quien responder.

Más aún, las viejas estructuras organizacionales jerárquicas que rigen el aparato estatal suelen dar lugar a verdaderos jerarcas de la cosa pública, quienes hacen y deshacen sin que medien cuestionamientos ni críticas. Porque el servidor público subordinado está perfectamente condicionado para la obediencia, la repetición y el trabajo, como diría Herbert Marcuse, por estímulos aversivos como su desvinculación o aislamiento.

Respirando ese ambiente, solo es cuestión de tiempo para que los rasgos y conductas de personalidad de la mayoría de los servidores públicos se asimilen como propios en el resto. Y este mecanismo de defensa, conocido como “introyección”, se acelera en esquemas procedimentalistas y altamente burocráticos como los que rigen hoy en día en el quehacer público nacional; y mucho más si descartamos o relegamos el aprendizaje y experiencia organizacional.

La alternativa pasa por desarrollar una gestión pública orientada a la satisfacción de expectativas y necesidades ciudadanas, adoptando prácticas innovadoras y métodos orientados a la humanización de la prestación del servicio público al ciudadano, como destinatario de toda la actividad estatal. A lo cual se debe sumar la generación y el desarrollo de competencias y valores institucionales basados en la contribución de los servidores públicos, mediante la transmisión de sus propios valores, fundados en su identidad, convivencia, experiencia y creencia. Y por último, pasa por aplicar las competencias laborales, la capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de trabajo en una situación real, movilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión obtenidos no solo a través de la instrucción, sino también (y en gran medida) mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo.

Puesto que no existen mecanismos de introyección ni de homologación de valores para aplicarlos en la práctica, así como principios éticos propios que sean accesibles y sentidos por los servidores públicos, debemos cimentar el desarrollo de una nueva gestión pública en el hecho de que las personas se fundamentan sobre la solidaridad con sus semejantes, dando paso al compromiso con el servicio público, permitiéndole que se deba a la comunidad mediante su contribución. Esto conllevaría a la generación de una sinergia en favor de acciones de gestión que respondan a las expectativas de la comunidad, verificando los resultados bajo condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad.

* Es servidor público.

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Ejecución presupuestaria

Para medir la ejecución presupuestaria de una entidad debe considerarse el momento contable del ‘devengado’

/ 21 de marzo de 2019 / 05:14

Un reciente editorial de este matutino hace referencia a la supuesta existencia de varios mecanismos que se tendrían a la hora de reportar la ejecución presupuestaria en las entidades públicas, con la finalidad de mostrar una buena gestión fiscal. Sobre este particular, lo mejor será cortar por lo sano. Para ello, nada más claro, concreto y contundente que las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante la Resolución Suprema 222957, que son de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público, y que en sus artículos 21 y 22, para el registro de Recursos y Gastos respectivamente, establecen que la ejecución del presupuesto se produce el momento en que la entidad pública devenga un recurso o un gasto.

Por tanto, para medir la ejecución presupuestaria de una entidad debe tomarse la información del momento contable del “devengado”, independientemente si los recursos fueron recaudados o si las obligaciones devengadas fueron efectivamente pagadas. En este sentido, me permitiría recomendar al “analista económico con reconocida trayectoria en el sector público” que considera que “lo correcto es que el devengado no entre a la ejecución presupuestaria” remitirse a la normativa citada, para rectificar su posición.

Ahora bien, queda por aclarar cuándo debe registrarse un devengado de recursos o de gastos. La citada norma determina que se considera devengado de recursos al registro del derecho de cobro a terceros, por venta de bienes, servicios y otros; y devengado de gastos cuando nace la obligación de pago a favor de terceros. Asimismo, determina que un devengado implica una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición patrimonial de una entidad pública.

Sobre este particular, la nota editorial se refiere a una supuesta práctica que a entender del Secretario Departamental de Planificación de la Gobernación paceña es común en las entidades públicas, y que consistiría en incluir en la ejecución presupuestaria obras que todavía se encuentran en ejecución. Al respecto, la norma dispone que el devengado de gastos por la adquisición de bienes o servicios se reconoce cuando exista la recepción definitiva del bien o servicio (parcial o total) y a completa conformidad de la entidad contratante.

Con estas aclaraciones y las afirmaciones de su Secretario de Planificación, entenderíamos que el Gobierno Departamental de La Paz debería revisar sus registros presupuestarios y no considerar una supuesta práctica, que se encuentra contraria a la norma vigente. En todo caso, una lectura más amigable de la ejecución presupuestaria de una entidad pública podrá encontrase en un reporte de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF), en la que se puede apreciar si la entidad tuvo un ahorro o desahorro o un superávit o déficit; conocer sus ingresos y gastos corrientes, recursos y gastos de capital, así como sus fuentes y aplicaciones financieras.

* Servidor público.

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Desnudando formas

Servidor público, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

/ 11 de agosto de 2017 / 04:00

En días pasados, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz realizó un discurso de inauguración por un hospital de segundo nivel en el que, seguramente a su entender y por sus palabras, quiso mostrarse como un ejecutivo clarividente y caritativo. Al parecer, olvidó el hecho de estar ejerciendo la gestión pública.

Será entonces oportuno contextualizar el tema, señalando que nuestra normativa de gestión pública cuenta con el Sistema de Planificación Integral del Estado, de cuya aplicación, por los diferentes niveles de gobierno y con participación y en coordinación con los actores sociales, resulta la planificación de largo, mediano y corto plazo, con un enfoque integrado y armónico.

Hablamos de una gestión pública cuyo horizonte está definido y pactado con la sociedad civil organizada, que determinaron metas, resultados y acciones a lograr y para cuyo propósito y consecución, se deben priorizar y asignar los recursos públicos en los próximos años.

Esta normativa de gestión, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, y con la concurrencia de acciones por parte de todas las entidades públicas, determina la directriz para llevar adelante la gestión pública, en el marco de metas y resultados comunes.

En consecuencia, se trata de un instrumento de gestión cuya aplicación tiene carácter imperativo. Por tanto, toda acción institucional desarrollada en el sector público debe encontrarse ya determinada, articulada y coordinada con los diferentes sectores de la sociedad, en directa correlación entre las necesidades colectivas y la calidad del gasto público.

Entonces, en la entrega del hospital manifestaciones como “ (…) podíamos haber pavimentado media ciudad, pero si tengo que elegir entre esto y la salud, voy a elegir la salud de nuestros vecinos. Vamos a elegir siempre lo que es prioritario para nuestra población (…)” desnudan una forma de gestión, donde la priorización para la asignación de recursos no se guía por la planificación institucional y comunitaria, sino por la arbitrariedad de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, distorsionando la lógica de una gestión pública planificada y prestándose a maniobras con afanes proselitistas.

Cuán constructivo resultaría que las y los funcionarios estatales visionaran el servicio público como elemento motor de la realización individual y colectiva, dándose a la comunidad mediante su contribución, y haciendo del individuo un ser para el otro y a la colectividad un ser al servicio de los individuos.

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Queridos banqueros

Para la mayoría de los clientes, sino simpáticos, los banqueros de hoy son tratables

/ 25 de noviembre de 2015 / 04:02

Parecería que ando contra corriente respecto a un sentimiento popular, cuando me refiero así a los gestores o propietarios de las entidades bancarias y financieras de nuestro país, intentaré transmitir mi motivación. Hasta hace poco, quienes hemos tenido que lidiar con la banca para acceder a préstamos, bien para la compra de vivienda o su anticresis, bien para el emprendimiento de un negocio, recordamos la odisea que representaba; un sinnúmero de requisitos, elevadísimos porcentajes en tasas de interés, exagerada solicitud de garantías, en fin… Era lo que uno debía aceptar para lograr el recurso, sin que nadie pusiera límites a estos excesos, arbitrariedades y atropellos.

Hoy, quienes se acercan a la banca con idénticos propósitos ya no padecen “en exceso” de tales atropellos y ello tiene una razón: el establecimiento de metas intermedias anuales que las entidades de intermediación financiera deben cumplir en sus carteras de crédito, destinadas al sector productivo y a viviendas de interés social, hasta alcanzar mínimos definidos para un quinquenio, lo que los obliga a flexibilizar de manera progresiva la exigencia de determinadas garantías y exigencias anodinas, así como competir por la fidelidad de sus clientes con moderadas tasas de interés y la prestación de servicio de calidad y con calidez.

Es ilustrativo recordar que cuando el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a principios de año, estableció dichas metas, representantes de la banca privada se manifestaron desconfiados de poder alcanzar tan elevadas cifras so pretexto de una inadecuada coyuntura económica y temerosos de una tergiversación del mercado (favorable particularmente a ellos) que incrementaría el riesgo crediticio. Diez meses han pasado de la incomprendida norma y los resultados hablan por sí solos, 15 de 17 bancos, no solo alcanzaron la meta, sino que la superaron y los dos restantes están a un paso de cumplirla.

El acierto de esta clase de políticas de Estado va más allá porque permiten encaminar el desarrollo de la economía, priorizando la atención a determinados sectores bajo la orientación del nuevo modelo económico social comunitario y productivo.

Para el caso, el impacto que esta regulación está logrando hasta el momento se verifica en más de dos decenas de miles de familias que concretaron su sueño de contar con una vivienda, así como en la colocación crediticia de más de 5.000 millones de dólares en el sector productivo. Para la mayoría de estas familias y emprendedores, sino simpáticos, los banqueros de hoy  son tratables, y esperemos que concluido el quinquenio, muchísimos más podamos referirnos a ellos como: nuestros queridos banqueros.

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