El 56% de la harina de trigo que se emplea en Bolivia para hacer pan de batalla, entre otros fines, es importada. La noticia no es nueva; sin embargo, no deja de ser preocupante, sobre todo en el actual escenario en el que se prevén tormentas económicas debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. Asimismo, significa que las políticas de seguridad alimentaria no han funcionado.
Al ser considerado un alimento esencial en la canasta básica, el pan de batalla no debe faltar en las mesas de las y los bolivianos. De ahí que, por una parte, el precio de la harina y de otros ingredientes es subsidiado por el Estado en favor de los panificadores; y por otra, existen los mecanismos necesarios para garantizar su existencia en el mercado. Pero poco se ha hecho para incrementar la producción de este cereal en el país.
El Director General de Desarrollo Rural y Tierras, del ministerio del mismo nombre, explicó a este diario que en los últimos cinco años, la importación de harina creció en 45% en volumen y 48% en valor, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo en 2019 se importaron 310.658 toneladas, equivalentes al 56% del consumo anual. El 98% de las importaciones proviene de Argentina.
La autoridad también señaló que en 2019 se cultivaron 203.127 hectáreas con el cereal, pero que la cantidad producida sigue siendo insuficiente, al extremo que en la producción diaria de pan de batalla se estima que solo el 35% de la harina es nacional y el resto, importada. También reveló que actualmente se produce trigo únicamente en Santa Cruz, particularmente en los municipios de Okinawa, Cuatro Cañadas, Pailón y San Julián.
Lo señalado significa que los valles subandinos, particularmente de Cochabamba, hace tiempo que han perdido su vocación de “granero de Bolivia”. Pues desde hace al menos seis décadas que su producción de granos y cereales ha ido en descenso. Según la autoridad, la escasa producción en estas zonas se explica por lo accidentado de la geografía, que impide la producción y cosecha mecanizadas, la falta de tecnología apropiada y el cambio climático. A ello debe añadirse la falta de políticas públicas.
Finalmente, el citado director explicó que en el país hay cinco veces más superficie cultivada con soya, y que aunque es posible reemplazar un cultivo por otro, no se lo hace debido a la falta de incentivos para los productores, comenzando por la ausencia de certeza en que tendrán mercados para el cereal.
El que esta valoración haya sido formulada por la autoridad encargada del desarrollo rural debe tomarse como una señal positiva, pues está en sus manos idear y proponer las políticas públicas para mejorar la producción de este alimento esencial. Falta ver si el resto de las autoridades del Estado comparten su preocupación y tienen voluntad política para cambiar la agenda de los productores agroindustriales; el anterior Gobierno, pese a su promesa, no lo logró.