Todo indica que la crisis desatada por la pandemia del coronavirus COVID-19 no va a durar poco tiempo; por tanto, la planificación de las medidas económicas para mitigar sus efectos debería considerar esta realidad. En particular, las autoridades deberían analizar con precisión los complejos escenarios fiscales de mediano plazo que el país podría enfrentar en este año.
La mayoría de las naciones se están preparando para afrontar severas reducciones en la actividad económica, producto de las drásticas medidas para combatir el coronavirus. Al mismo tiempo, los gobiernos están impulsando medidas para evitar que esta contracción afecte estructuralmente el tejido productivo y el bienestar mínimo de sus ciudadanos.
La ecuación y el dilema desde el punto de vista fiscal es bastante claro y difícil de resolver: los ingresos corrientes del Estado se van a reducir, mientras que los gastos van a aumentar. Los pocos países que cuentan con reservas financieras suficientes recurrirán a sus ahorros, pero la gran mayoría deberá financiar ese enorme esfuerzo con la emisión de deuda pública. Para varios de ellos, las cosas se complican si el acceso a los mercados financieros (internos y externos) se ve restringido por el aumento del riesgo país o la debilidad del sistema bancario.
Por esa razón, resulta crucial identificar los escenarios de sostenibilidad fiscal de mediano plazo que el país deberá manejar, pues no se puede suponer que en mayo o junio la economía volverá a su situación normal. Lo más probable es que las restricciones de movimiento y la recesión económica global seguirán lastrando la actividad hasta fines del 2020 (será una crisis larga). Por tanto, se debe evaluar la capacidad fiscal no solo para financiar medidas de mitigación en abril, sino también para que el Estado asuma sus responsabilidades en los meses posteriores.
Bolivia enfrenta este difícil momento con serias fragilidades: con reservas internacionales sin margen para gastos extraordinarios, y una muy posible reducción severa de los ingresos fiscales por las regalías de la exportación de gas y minerales, cuyos impactos más fuertes se sentirán a partir de mediados de año, y en el corto plazo, con postergaciones obligadas en el pago de ciertos impuestos que solían dar liquidez a las arcas fiscales a partir de mayo.
Posiblemente se tendrá que recurrir a algún tipo de financiamiento para sostener este complicado contexto. Y eso es justamente lo que se debe prever y planificar. Todos entendemos que se precisan medidas de alivio en este momento, como bonos o reducciones masivas de precios de los bienes públicos, pero también resulta necesario conocer cómo se van a financiar y si su aplicación es racional, considerando el complicado contexto fiscal descrito anteriormente. Urge ser previsores para evitar la incubación de otros desequilibrios inquietantes detrás de la crisis sanitaria.