Eran aproximadamente las cinco de la mañana de un martes cualquiera. Estaba sentada en el sofá comiéndome un pan tostado cuando recibí una notificación de Facebook que decía que acababa de iniciar una redada policial. “Por favor, no salgan de sus casas”, leí. “Si están en la calle, ¡busquen un lugar para refugiarse!”.
Las clases se cancelaron esa mañana. Tanques blindados pasaron por las calles, aparentemente disparando de forma aleatoria. Hacia las ocho de la mañana, de acuerdo con los reportes, oficiales de la Policía irrumpieron en algunas viviendas y torturaron a los residentes. Otros se dirigieron a las azoteas para establecer guaridas de francotiradores. La operación duró todo el día. Fue algo totalmente habitual.
Por supuesto, eso no sucedió en el lugar donde vivo, un vecindario de clase media en Sao Paulo, donde este tipo de actos de terrorismo de Estado serían prácticamente inconcebibles. No, la operación se realizó el mes pasado en Complexo da Maré, un conjunto de 16 comunidades de favelas en Río de Janeiro, donde viven aproximadamente 140.000 personas.
Hace algunos meses, empecé a seguir la página de Facebook “Maré Vive” en un vago esfuerzo por comprender lo que se siente vivir en una favela de Río. Para mantener a los residentes a salvo, la página comparte información y actualizaciones en vivo sobre las redadas policiales en la comunidad. Casi todas las mañanas, cerca de las 5.00, recibo su pronóstico diario. ¿Estará todo en calma hoy en la favela? ¿O ya los tanques están rodando por las calles? Es casi como un pronóstico del tiempo… si pudieras cambiar impermeables por chalecos antibalas.
Sin embargo, yo podría apagar la computadora y olvidar todo ese asunto inmediatamente si quisiera. Los residentes no pueden. En 2019, según un informe realizado por la organización sin fines de lucro Redes da Maré, se realizaron 39 operaciones policiales en el complejo —una cada 9,4 días—, que duraron casi 300 horas y dejaron un saldo de 34 personas fallecidas (ninguna de ellas fue una persona blanca). Se perdieron 24 días escolares (las clases se suspenden cuando hay una redada policial).
Las redadas forman parte de una desastrosa política para combatir el tráfico de drogas en Río de Janeiro. Las fuerzas de seguridad del Estado siempre han sido violentas y nunca le han rendido cuentas a nadie por sus acciones en las favelas, pero la situación incluso ha empeorado durante el mandato del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y su aliado Wilson Witzel, gobernador de Río de Janeiro.
Witzel ha prometido “masacrar” a los criminales en las comunidades, y ha dicho que la Policía Militar debe “apuntar a sus pequeñas cabezas”. Esta es la esencia de su política de seguridad pública, que solo consiste en una retórica fuerte contra la delincuencia, darle carta blanca a la Policía y nada más. El año pasado, Witzel afirmó que debería tener el derecho de lanzar un misil a una favela para poder “volar en pedazos a estas personas”. Promueve incesantes y letales invasiones policiales en las comunidades pobres en búsqueda de bandas de narcotraficantes, sin reconocer que la mayoría de los residentes son ciudadanos trabajadores que respetan la ley.
Como resultado, los asesinatos policiales en Río de Janeiro alcanzaron una cifra récord en 20 años el año pasado, con 1.810 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, casi cinco muertes al día (22 oficiales de la Policía fueron asesinados en el mismo periodo). Las fuerzas policiales son actualmente responsables del 43% de todas las muertes violentas en el estado, un número asombrosamente alto incluso para estándares brasileños.
Si bien las autoridades alegan que la mayoría de las víctimas eran miembros de pandillas que se involucraron en enfrentamientos con la Policía, muchos casos muestran señales de haber sido ejecuciones extrajudiciales. En otros casos, las víctimas fueron transeúntes inocentes atrapados en el fuego cruzado: seis niños murieron el año pasado durante redadas policiales realizadas en las comunidades más pobres de Río de Janeiro (la mayoría de estos asesinatos siguen sin resolverse). Otras víctimas fueron atacadas por error; si eres negro y vives en una favela, cualquier cosa que tengas puede ser confundida con un arma. Varias personas han sido asesinadas por tener un paraguas, un gato hidráulico, un teléfono o una mochila. Hace cuatro años, un muchacho de 16 años fue asesinado porque se pensó que su bolsa de palomitas de maíz contenía drogas.
En los vecindarios más pobres, los episodios aleatorios de violencia, tortura, humillación y agresión verbal ejecutados por la Policía son tan comunes que ya tenemos una palabra en portugués para ellos: “esculacho”. Esta palabra se refiere al trato denigrante de los oficiales de la Policía a los ciudadanos pobres y negros. ¿Tirar abajo una puerta, despertar a todos dentro de la casa, apuntarles con fusiles en la cabeza y acusarlos de consumir drogas? Eso es un esculacho bastante común. “Nuestra sociedad ha construido la idea de que la favela es inferior, de que la gente que vive allí vale menos”, afirmó el periodista y activista Raull Santiago durante una entrevista con The Guardian. Santiago es cofundador de Papo Reto (charla directa), un grupo similar a Maré Vive que monitorea los abusos policiales en la favela Complexo do Alemão, también en el norte de Río de Janeiro.
El año pasado, Santiago grabó y transmitió varios episodios de policías en helicópteros blindados disparándole a su vecindario desde las alturas. Esa práctica de disparar desde helicópteros se ha intensificado en los últimos dos años de tal manera que una escuela en Complexo da Maré tuvo que instalar un enorme letrero amarillo en la azotea que dice, en mayúsculas: “Escuela, no disparen”.
Al menos dos personas murieron y dos resultaron heridas en la redada “habitual” de Complexo da Maré que mencioné antes, la cual tuvo lugar el 18 de febrero. Las autoridades encontraron un fusil y dos transmisores de radio. Es evidente que estas redadas policiales salvajes y aleatorias no son efectivas para combatir el crimen organizado o el tráfico de drogas. Sin duda funcionan para socavar cualquier confianza que los residentes puedan tener en la Policía, la cual debería estar protegiéndolos, y en el Gobierno, que debería al menos reconocerlos como ciudadanos.
No sé qué tenga que pasar para que las autoridades entiendan que las personas que viven en las favelas merecen, como cualquier otra persona, el derecho a comer en paz y, bueno, a mantenerse con vida. Pero tengo una sugerencia. Instalemos un letrero en cada azotea y en cada calle que diga: “Seres humanos, no disparen”.
* Es escritora y periodista, editora del sitio web de literatura A Hortaliça (El Vegetal, en español), colaboradora de The New York Times Company. © 2020 The New York Times Company.