Días atrás, la representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en Bolivia, Celia Taborga, presentó un informe sobre la situación de niñas y adolescentes en el país. Según este estudio, cada día los servicios de salud nacionales atienden en promedio a siete menores de 15 años embarazadas. Lo que evidencia que no solo el Estado, sino también la sociedad están fallando en esta materia.

El informe refleja estadísticas del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), el cual reportó que en 2019 al menos 2.485 menores de 15 años asistieron a algún servicio médico para hacer control prenatal. Si se suman los casos registrados entre 2015 y 2019, se tiene un total de 19.938 niñas y adolescentes embarazadas en ese lapso.

Para Taborga, la cifra real probablemente sea mucho mayor, pues es inevitable un subregistro si se toma en cuenta que “la mayoría” de los casos de adolescentes y niñas embarazadas no llega a ningún servicio de salud, sobre todo porque persiste la idea de que tal situación avergüenza a sus familias. Además, según agrega la representante de la agencia de Naciones Unidas, hay servicios de salud en los que no se hace un buen registro.

Se trata de una trágica situación sobre la cual se han hecho numerosas alertas en los últimos años, incluyendo una que advertía que Bolivia es uno de los países de la región con mayor número de casos de niñas y adolescentes no solo embarazadas, sino sobre todo obligadas a culminar su gestación y convertirse en madres sin tener las condiciones para la tarea.

El panorama luce aún más oscuro cuando se observa que cada año centenares de niñas y adolescentes son obligadas a casarse, a menudo con un adulto que las ha abusado sexualmente provocando su embarazo, por padres y madres que creen estar haciendo “lo mejor” para ellas, consideradas incapaces de decidir por sí mismas. Las estadísticas oficiales muestran que el 3% de las mujeres de entre 15 y 19 años de edad ya casadas se juntaron con su pareja antes de cumplir los 15 años.

Estamos frente a un problema atribuible en primer lugar a la sociedad en general, que de una u otra manera impide a niñas, niños y adolescentes recibir información y educación sexual suficiente y oportuna. Y al mismo tiempo las hace culpables por no saber evitar los embarazos no deseados, y que oculta la violencia sexual en nombre del pudor o las buenas costumbres, que ciertamente no se le exigen al adulto agresor.

A su vez, el Estado también falla ostensiblemente al mostrarse incapaz de garantizar los derechos de esas niñas y adolescentes, no solo en la instancia policial, donde se debería denunciar cualquier abuso, sino en todos los órdenes de la vida social, en los que se condena a las niñas y adolescentes por llevar un embarazo, pero no a los varones que lo produjeron, sin ofrecer el apoyo necesario para llevar a término la gestación y, fundamentalmente, para evitar que suceda.

El Observatorio de Fútbol con sede en Suiza publicó la semana pasada un ranking de las ligas que más tarjetas amarillas y rojas acumulan a lo largo de una temporada, es un promedio por la cantidad de partidos. Es una recopilación de información de 92 países, entre ellos Bolivia.

Hay un detalle que llama la atención: el fútbol boliviano está en la “cima” con 7,01 tarjetas por partido (0,48 rojas y 6,53 amarillas). Le siguen el uruguayo y el guatemalteco, con sus matices.

La publicación generó algunas reacciones.

Entre las más llamativas está la de Marcelo Claure, ahora presidente de Bolívar. El empresario suele criticar todo lo relacionado con la actual dirección en el fútbol boliviano y en esta ocasión sus dardos apuntan a lo mismo: “De locos. César Salinas por amor a los Bolivianos hagamos algo sobre la liga y el tema árbitros. Somos la liga más VIOLENTA en todo el mundo. Somos los peores. Como presidente de la FBF tiene obligación de arreglar esto” (sic), escribió en Twitter.

¿Es una cuestión de los arbitrajes? ¿Es la FBF la que lo tiene que arreglar? ¿Por dónde en realidad pasa el asunto?

Si el estudio abarcara más detalles que solo contabilizar el número de tarjetas sacadas por los árbitros, probablemente concluiría que en Bolivia el peor de los males son los futbolistas. El nuestro es un fútbol con harta indisciplina de parte de ellos, debe ser donde más reclamos hay con y sin razón y donde dispensan el peor trato a los “hombres de negro”.

Es un tema no menor que se asocia con lo que ocurre en el juego como tal. La liga boliviana está entre las que más faltas se cometen. Ello tiene que ver con los recursos ilícitos que utilizan los futbolistas.

Con este panorama no es justo apuntar solo a los árbitros —que probablemente tengan sus errores— cuando la culpa mayor está en los otros actores. Entonces hay que buscar soluciones más allá, en el comportamiento de los futbolistas y ese es un tema que deben tomar en cuenta los clubes, no la Federación.

En los últimos 10 años, los ingredientes habituales de la cocina boliviana han disminuido de 46 a 12, depauperando de esta manera no solo la dieta de las y los bolivianos, sino también su salud. Y si esto fuera poco, también a las familias de campesinos que se dedican al cultivo y la producción orgánica de los alimentos, quienes poco a poco van desapareciendo de las mesas.

Isaño, yacón, walusa, papalisa, racacha son algunas de las palabras que ya no se pronuncian en los mercados ni en las cocinas del país; y solo las personas mayores pueden recordar sus sabores. Otras, como cañahua, amaranto, achiote, achojcha y betarraga no son tan raras, pero poco a poco van cediendo espacio a alimentos e ingredientes más convencionales, cuando no fruto del procesamiento industrial. Entre las carnes que ya no se consumen están la de llama y la de cuy.

Los datos provienen de un estudio del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el que se analizó el consumo de alimentos per cápita entre 2010 y 2016. Los resultados obtenidos permitieron proyectar cifras para el 2019 y su conclusión es que los hábitos alimenticios han cambiado y no que los alimentos tradicionales han dejado de producirse. Sin embargo, la disminución de la demanda inevitablemente terminará por impactar en la oferta hasta hacerla desaparecer.

Para el gerente general de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), el problema está en la falta de apoyo para impulsar la inclusión de estos productos en la canasta familiar, pues en los últimos años se ha dado prioridad a la agroindustria cruceña, considerada verdadera fuente de divisas en comparación con la agricultura familiar, pese a que, irónicamente, Bolivia apoyó activamente a este sector en el seno de la Organización de Naciones Unidas.

El Director General de Desarrollo Rural explicó a este diario que los ingredientes cuyo consumo más han incrementado son el pollo y la papa, ambos producidos a escala industrial en el país y consumidos mayoritariamente fritos. Junto con estos alimentos, los principales ingredientes en la dieta de las y los bolivianos son el huevo, la leche, el arroz, la carne de res, el maíz, la cebolla, el tomate y la zanahoria.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas Dietistas de Bolivia alerta que la disminución en el consumo de alimentos tradicionales implica la pérdida de algunos macro y micronutrientes buenos para una dieta saludable. El incremento de males como la diabetes y la obesidad reportado por el Ministerio de Salud coincide con esta apreciación.

Urge, pues, producir políticas públicas que reviertan el descuido en el que los productores de alimentos orgánicos estuvieron sumidos y, sobre todo, que garanticen a los pequeños agricultores mercados, dentro y fuera del país, suficientes como para que el trabajo valga la pena. No hacerlo así implicará seguir promoviendo la migración del campo a la ciudad.