En un artículo publicado en el Washington Post el 4 de marzo, el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) planteaba que “(…) el brote del Covid-19 es una nueva fuente de volatilidad y una amenaza para la estabilidad macroeconómica de América Latina y el Caribe”. Desafío que está poniendo a prueba la resiliencia de la región. La propagación del Covid-19 ha desatado una crisis de salud, pero no es solo eso. También está provocando una crisis social, económica, política y de desarrollo que dejará profundas cicatrices en las sociedades afectadas.
A la fecha, el virus se ha expandido a escala planetaria, con más de 487.648 casos confirmados y 22.030 muertes, que siguen en franco aumento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que esta crisis tendrá consecuencias económicas con choques en la oferta y la demanda diferentes a crisis pasadas. El tremendo impacto que está teniendo esta pandemia se explica en parte por el crecimiento de la economía china y los precios de los productos básicos. Lo cual podría provocar un shock en la región, siendo China el principal proveedor de insumos intermedios, así como también un fuerte destino de exportaciones. La CEPAL prevé impactos en el nivel de empleo que podrían incrementar la pobreza en un 6% (de 185 millones de personas a 220 millones).
Ya en Bolivia se registra una caída en las importaciones (15% hasta enero de 2020 respecto al mismo periodo de 2019). La reducción del precio del petróleo en más del 50% (de $us 51,37 el barril a 26,53) influirá en el precio de exportación del gas boliviano, afectando los ingresos de varios sectores y niveles de gobierno, universidades, así como también a la inversión y el gasto público. Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares, que representa un 67% del PIB, también experimentará una reducción, afectando al crecimiento. Y por el lado de la oferta, que en conjunto representan aproximadamente el 25% del PIB, varios sectores están siendo afectados por las restricciones, como el transporte público, el comercio (al por mayor y minorista, formal e informal) y la actividad turística.
Ante este preocupante contexto, es preciso adoptar un enfoque integral con respuestas decididas contra el Covid-19 que enfrenten este desafío más allá del sector de la salud. Esto para limitar la propagación del virus y al mismo tiempo mitigar el potencial impacto devastador en poblaciones y economías vulnerables, así como en sistemas de gobernanza e institucionalidad frágiles.
Este enfoque abarca tres grandes áreas. En primer lugar, es preciso fortalecer los sistemas de salud, incluyendo la adquisición de productos y suministros médicos; así como la infraestructura de salud y la gestión de residuos sanitarios. También urge una asesoría técnica especializada a las diferentes reparticiones del Ministerio de Salud, incluyendo incentivos salariales para trabajadores del sector.
En segundo lugar, es necesario establecer respuestas integradas que reúnan a todos los niveles de gobierno, sociedad civil, academia y sector privado entorno a un diálogo y acciones mancomunados. Esto incluye actores de sectores que no necesariamente operan en el ámbito de la salud, como por ejemplo las áreas de educación, transporte, servicios públicos y protección social.
Por último, es preciso trabajar en estrategias de resiliencia integrales que aborden los impactos sociales, económicos, ambientales y de derechos humanos del Covid-19, definiendo agendas de mediano y largo plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y que también aborden la discriminación creciente como efecto de la pandemia y la violencia de género, con especial foco en poblaciones vulnerables.
En Bolivia ya se están dando pasos adelante para ayudar a las comunidades a prepararse, responder y recuperarse de los impactos generados por el Covid-19, impulsados desde una mesa de coordinación estratégica al más alto nivel. Será vital articular desde este espacio acciones centradas en los grupos más vulnerables y con mirada de futuro.
* Es representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia.