Voces

Saturday 28 Jan 2023 | Actualizado a 23:31 PM

Fecha sin consenso

Existen criterios diferentes, como es natural, respecto a la nueva fecha de votación: mientras unos quieren que el tema se zanje lo antes posible, otros plantean esperar hasta que sea posible.

/ 28 de marzo de 2020 / 22:14

En el marco de la cuarentena total y extendida decretada por el Gobierno provisorio como estrategia de contención ante la pandemia del coronavirus Covid-19, el TSE dejó en suspenso las actividades del calendario electoral. Y preparó un proyecto de ley para postergar la fecha de elecciones. Si bien el camino es razonable, lo crítico es que no fue concertado con todos los actores políticos relevantes.

Además de sus terribles efectos sanitarios, con alcance global, el Covid-19 trae consigo difíciles consecuencias sociales y económicas para gran parte de la población. En el caso de Bolivia, la pandemia y las acciones gubernamentales para enfrentarla inciden también en el escenario y en la agenda política. El efecto inmediato fue el congelamiento por casi un mes del calendario electoral, que en el mejor escenario podrá retomarse el 16 de abril. Ello implica la imposibilidad de votar el 3 de mayo.

Si bien todos los actores relevantes, incluidas las fuerzas políticas, asumen el hecho inevitable de la postergación de los comicios, existen criterios diferentes, como es natural, respecto a la nueva fecha de votación: mientras unos quieren que el tema se zanje lo antes posible, otros plantean esperar hasta que sea posible. En el fondo ambas miradas apuntan al mismo propósito de buscar un equilibrio para que las elecciones tengan todas las condiciones no solo técnicas, sino también de participación.

Por ello la ruta electoral, como hemos señalado en este espacio, debe ser resultado de un acuerdo nacional, sin exclusión de ninguna fuerza política. Cuando hablamos de ruta electoral estamos pensando no solo en las elecciones generales 2020, sino también en los comicios subnacionales, que quedarían postergados hasta el primer semestre del próximo año. No es un dato menor en un contexto de crisis institucional, polarización e incertidumbre, hoy acentuado por la emergencia sanitaria, que apenas comienza.

En ese horizonte, sin acuerdo con todas las fuerzas políticas, el TSE mandó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en el que plantea un “rango de fechas” para realizar la votación, entre el 7 de junio y el 6 de septiembre. La decisión del día quedaría en manos del propio TSE en función a consideraciones técnicas sobre la evolución de la pandemia. El MAS considera que la decisión no debe darse en medio de la emergencia sanitaria, y que la fecha debe definirse por consenso para votar “lo antes posible”.

Más allá de hasta cuándo se posterguen las elecciones, y lo que ello implica en términos de prorrogar el mandato de una presidenta-candidata cuya legitimidad no proviene de las urnas, es evidente que todos los actores políticos están fijando sus posicionamientos con arreglo al cálculo estratégico. ¿A quién beneficia o perjudica prolongar el paréntesis electoral? ¿Cómo saldrá el Gobierno provisorio, si acaso, de la crisis integral provocada por la pandemia? No lo sabemos de cierto, lo suponemos.

 

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La mentira antimasista

/ 28 de enero de 2023 / 02:16

La deshonestidad intelectual es hoy día una especialidad de la política boliviana. Es deshonesto intelectualmente quien afirma algo que no es cierto y lo hace con la intención de hacerles creer a los demás cosas imposibles de demostrar y para que esa tarea haya adquirido potencia, circula entre las clases medias urbanas una credencial indispensable que es la del antimasismo. Hay que ser antimasista para aspirar a la licenciatura, la maestría y el doctorado en eso que se llama mentira organizada.

El día en que llegaron a romperle los platos de la cena de gala a la clase dominante, el día en que indios de distintos orígenes étnicos empezaron a ocupar cargos en el aparato estatal, el día en que supieron que “el indiecito” no iba a caerse en los seis meses pronosticados desde el paternalismo colonial y la subestimación racista, ese día se instaló el antimasismo y para ser antimasista hay que saber mentir, hay que manejar algunas técnicas de cómo se manipula la información y a continuación, con esas armas, intentar instalar como verdades históricas, estruendosos disparates desmentidos por los hechos, esto es por las violaciones a los derechos humanos, las transgresiones a la ley de distintos tamaños y por el ocultamiento de la información que beneficia política y electoralmente, precisamente, al masismo.

Para ser masista hay que repetir con convicción robótica: “No fue golpe, fue fraude”. Una idiotez pronunciada por todos los autores intelectuales, materiales, encubridores y operadores de la sucesión anticonstitucional que llevó a la presidencia a Jeanine Áñez. La consigna es de gelatina porque en el supuesto demostrable de que para las elecciones de 2019 se hubiera producido un fraude electoral, la forma en que se combatió ese supuesto fraude estuvo plagada de violaciones a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos legislativos que dicen expresamente cómo y en qué orden jerárquico debe producirse la elección de un nuevo Presidente del Estado con la participación y el voto de representantes nacionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se ha constatado, hasta ahora, que se hubiera producido efectivamente un fraude electoral y eso que el gobierno de facto tuvo casi un año para investigar y hasta para “montar” una versión sobre el asunto. Sí se tiene constatado, en cambio, que la sucesión fue inconstitucional, y que por lo tanto sí hubo un golpe de Estado que por añadidura tuvo características violentas y desembocó en masacres respaldadas por un decreto firmado por la presidenta y sus ministros. Con tan graves motivos, Jeanine Áñez tiene una condena de 10 años de reclusión y Luis Fernando Camacho ha sido detenido preventivamente, acusado por su actuación decisiva en el golpe de Estado.

Otra mentira que se viene arrastrando desde que el MAS gobierna Bolivia es la de la “persecución” y los “presos políticos”. En la actualidad se dice que hay como 180 personas encarceladas en el país por “pensar distinto”. Se trata de otra genialidad que no resiste un debate de cinco minutos: Todos a quienes se victimiza como presos políticos en nombre de la “justicia y la libertad” están siendo procesados por la comisión de delitos que consisten en violaciones a los derechos humanos, gran parte de ellos policías y militares que participaron en las masacres de Sacaba y Senkata, así como la quema de la sede de Adepcoca. Una segunda tongada la conforman los investigados por casos de corrupción, incluido Rubén Costas al que le inició un proceso el mismísimo Luis Fernando Camacho, y en un tercer grupo se encuentran quienes tienen acusaciones menores pero igualmente delictivas. Sigo buscando y no encuentro a alguno de estos supuestos presos políticos que haya sido privado de libertad por ese supuesto “pensar distinto” que, dicho sea de paso, hasta ahora se circunscribe a militar en el antimasismo con tufo de plegaria evangélica. Todos, absolutamente todos estos ciudadanos y ciudadanas, están sometidos a la Justicia por hechos relacionados con distintos grados de violaciones al ordenamiento jurídico boliviano.

El listado de mentiras convertidas en eslogan callejero y en consigna política tiene otras perlas como esa de que vivimos en dictadura y nos encaminamos a ser como Cuba y Venezuela, afirmación que se vocifera desde las escuálidas concentraciones de la calle 21 de la zona Sur conformadas por señoritas y señoritos que no quieren saber de aprendizajes sobre la historia de Bolivia. Y para ponerle caviar con fecha vencida al tema, se ha publicado el 1 de diciembre del pasado año lo siguiente: “No hemos tenido en la historia otro presidente así: Evo Morales primero hizo que perdiéramos el mar y ahora que perdiéramos las aguas del Silala #JuicioDeReponsabilidades” (sic). Quien firma este histórico tuit es nada menos que un presidente de asociación de periodistas, de esas en las que se arman cursos financiados por agencias norteamericanas para instruir a sus asistentes acerca de mentiras del tamaño del sistema solar y que ya provocan vergüenza ajena. Que quede claro: Estos técnicos de la mentira y la manipulación informativa no admiten pausas.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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La deuda como medida de crisis

/ 28 de enero de 2023 / 02:10

En estos últimos días y a consecuencia del discurso presidencial en el cual se destaca los logros de la economía nacional, los “analistas económicos” (varios de ellos mis catedráticos) hicieron un análisis negativo, sobre todo de la deuda del país; en opinión de estos profesionales, nuestra economía estaría al borde del desastre porque la deuda externa e interna, según sus cálculos, llega a más de 80% del PIB.

Lo que no dicen estos “profesionales” es que la deuda (crédito) es un instrumento financiero mediante el cual los países, empresas, familias y personas adquieren recursos financieros para realizar inversiones e incrementar o ampliar sus ingresos. La deuda no es mala cuando se destina a ampliar la capacidad productiva, pero es pésima cuando se destina a gasto corriente, por lo menos eso era lo que nos inculcaban en las aulas universitarias.

Como ejemplo tendremos a la familia, en 2000 el salario mínimo era Bs 355, la capacidad de endeudamiento de esa familia era mínimo, no se podía acceder a una deuda, por ejemplo, para comprar un departamento, porque ese ingreso no alcanzaba para cubrir intereses y mucho menos capital, en la actualidad el salario mínimo es de Bs 2.250, vale decir que la capacidad de endeudamiento es un aproximado de siete veces más, ahora sí la familia puede acceder a un crédito mejor (en ese periodo y por ese porcentaje creció el PIB de Bolivia).

La familia de nuestro ejemplo puede acceder a un crédito de Bs 25.000 para comprarse maquinaria para hacer pan, ese endeudamiento en un corto plazo puede ser alarmante, pero a futuro, al hacer funcionar su maquinaria, los ingresos de la familia se incrementarán por la venta de pan, vale decir que su capacidad de pago se aumentará, esta deuda no es mala.

En el aspecto familiar, el PIB viene a ser sus ingresos (Bs 2.250), su deuda representa más del 100% de sus ingresos, pero ¿se podría afirmar que esa familia está cerca de una crisis económica? Que esté endeudada por encima de sus ingresos no implica que tiene que pagar en esa gestión los créditos, generalmente se tienen plazos superiores a los ocho años. En el caso de los países, a nivel internacional, los plazos llegan a 30 años, vale decir que la deuda es amortizada de a poco. Solo como curiosidad se tiene que la deuda de EEUU sobrepasa el 70% de su PIB, pero nadie puede afirmar que EEUU está cerca de la crisis.

En el caso de nuestro país, la deuda externa (30%) está destinada a la red caminera y otros proyectos productivos evaluados y con visto bueno de organismos internacionales como el BID; la deuda interna, según el Ministerio de Economía, está destinada a ampliar el capital de las empresas estatales, entre la principal está la inversión en exploración de YPFB.

En la familia, como en el país, la buena administración de la deuda ampliará los ingresos y la diversificación de la producción. Mientras estas inversiones no se mezclen con la política y tengan la correspondiente ingeniería económica de sostenibilidad, tendremos un futuro prometedor.

Griselda Chambi es licenciada en Contaduría Pública.

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Rumbo a otra cosa

No basta que haya condiciones para la emergencia de un ‘outsider’ político para que este tipo de personaje aparezca

/ 28 de enero de 2023 / 02:09

La detención del Gobernador de Santa Cruz y el zafarrancho que provocó solo han profundizado las tendencias políticas que ya se percibían al final del conflicto por el Censo: una llamativa estabilidad del gobierno de Arce, un debilitamiento de todas las dirigencias políticas, el agotamiento cada vez más evidente de la polarización y la aparición potencial de condiciones para escenarios electorales disruptivos en el horizonte de 2025.

Tanto afán para tan poco resultado podría ser una manera de reseñar la espiral de acontecimientos que se iniciaron con el rechazo a la postergación del Censo y que concluyeron en los “cabildos nacionales” de hace unos días. Al final, el tablero político experimentó pocos cambios sustantivos o rupturas como algunos auguraban o deseaban.

Las encuestas siguen ratificando un contexto en el que el bloque masista cuenta con el apoyo de alrededor del 40% de la población, sin cambios desde hace dos años, mientras un 30% sigue extremadamente irritado con el oficialismo, y el otro 30% anda ocupado en sus afanes y no parece muy interesado en la política.

En medio, Áñez y Camacho fueron detenidos, se organizaron tres cabildos, se acumulan más de 40 días de paros “indefinidos” en dos años en la urbe cruceña, se quemaron una veintena de instituciones, muchos ciudadanos tuvieron que sacrificar sus economías y vidas, se produjeron bloqueos, “cercos” y contracercos, y se gastaron ríos de tinta y de posts en redes sociales para glosar esa seguidilla de ch’ampa guerras. Pero, el Gobierno, aunque algo abollado, sigue en pie y, salvo algo realmente rarísimo, completará su mandato en 2025 como lo establece la Constitución.

Ese es el producto de la fortaleza social y política del masismo, que algunos insisten en no reconocer desde hace 15 años, y de un liderazgo presidencial que se reveló audaz, que utiliza sin complejo el poder institucional y que ejerce un sentido de autoridad que está sorprendiendo a más de uno. Por supuesto, nada de eso hubiera sido suficiente sin un clima social en el que la mayoría apuesta a la estabilidad y que entiende intuitivamente que para ello se deben cumplir los tiempos institucionales.

En ese sentido, me parece que la capacidad del Gobierno para controlar el reciente conflicto tuvo más que ver con el mayoritario sentimiento de rechazo al desorden y de desinterés en el conflicto, que con el fervor revolucionario de las masas populares o la simpatía por Arce.

La propia oposición radical parece haberse dado cuenta de eso después de más de medio año de idas y venidas: al final las resoluciones de los recientes “cabildos”, despojadas de los excesos verbales propios del momento asambleísta en el que fueron anunciadas, apuntan a una confrontación en el campo legislativo, enmarcado más o menos en la Constitución y en clave electoral. Esos opositores volvieron, de esa manera, a hacer política razonablemente democrática, lo cual está bien.

Pero todas estas escenas muestran, de igual manera, el modo zombi en el que está operando la polarización masismo-antimasismo. Ese problema perdió centralidad, pero seguirá siendo un rasgo importante del campo político, que no se debe subestimar, aunque únicamente tendrá fuerza o cobrará sentido si está asociado a otros fenómenos. Por lo pronto, ya no produce por sí solo mayorías, a lo más consolida grupos sectarios intensos. El encapsulamiento de Arce, Evo, Camacho y Mesa en sus tercios respectivos de convencidos es una demostración de esa realidad.

Frente a ese mundo crepuscular, emergen señales nuevas, todavía poco estructuradas, por lo pronto reflejadas en mucho malestar y desconfianza en toda la dirigencia política. Al igual que la mayoría apostó pasivamente por la tranquilidad, la persistencia del conflicto acompañada de un discurso político excesivo y estrafalario fueron alimentando el fastidio y la desconexión. En este momento, ningún dirigente político supera el 40% de opiniones positivas, la mayoría anda entre 20 y 30% y ese es un dato duro. Arce, que parecía con capacidad de posicionarse como un actor transversal a mediados de año, terminó encerrado en su bloque.

No obstante, falta mucho para que esto sea evidencia de una transformación de fondo. No basta que haya condiciones para la emergencia de un outsider político para que este tipo de personaje efectivamente aparezca. Tampoco se debe descartar que el viejo mundo político aprenda de estas señales y genere un aggiornamiento desde sus propias entrañas. Al tiempo.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Crisis educativa y malla curricular

/ 28 de enero de 2023 / 01:56

La pandemia de COVID-19 precipitó una crisis educativa a nivel global, incluyendo a Bolivia, que ha tenido efectos devastadores en la vida de millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo, poniendo en evidencia la brecha digital, la inequidad de oportunidades y la necesidad de prepararse para un futuro productivo en el que la niñez y la adolescencia desarrollen su máximo potencial y persigan sus planes de vida sin limitaciones ni discriminación.

En este marco, surge el llamado a transformar la educación como parte de “Nuestra Agenda Común”, fijada por los gobiernos a nivel global para alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030. Esta voluntad política fue expresada en la Cumbre Sobre la Transformación de la Educación celebrada en Nueva York en 2022, a convocatoria del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. En ese evento, que tuvo la participación del Estado Plurinacional de Bolivia, se evidenció la necesidad de mayores compromisos para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 —Educación de calidad— antes de 2030, los que se deben cumplir con especial participación, asertividad y dinamismo por el efecto de la pandemia y en beneficio de las y los estudiantes.

Con este esfuerzo mundial, se espera recuperar el terreno perdido y mejorar la calidad y pertinencia de la educación, y Bolivia no debería ser un caso aparte. Es por eso que desde Naciones Unidas alentamos todas las actualizaciones educativas enfocadas en el cumplimiento y desarrollo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que sean plausibles y contribuyan al país a cumplir sus compromisos internacionales, pero, sobre todo, el compromiso con la niñez y adolescencia boliviana para ofrecerles una educación más pertinente para su futuro y su plan de vida.

Una revisión curricular no se la hace con frecuencia, y es por eso que destacamos el esfuerzo que realizó el Ministerio de Educación para que la actualización curricular fuera una oportunidad para el debate con múltiples actores, y así proporcionar una visión de mejoramiento continuo, alentando un dinamismo que no solo es saludable sino también deseable. No es aconsejable, por lo tanto, reducir el proceso a unas temáticas particulares en debate, sino quizás tomar la oportunidad para mejorar la calidad de la educación de Bolivia, recuperar los aprendizajes perdidos y preparar a los estudiantes con las habilidades que requiere el contexto global y el mundo del trabajo, desarrollando también sus competencias para protegerse contra la violencia y alcanzar su pleno desarrollo con igualdad de oportunidades.

La malla curricular del sistema educativo boliviano es un marco de referencia y la Resolución Ministerial 001/2023, en su artículo 68, parágrafo III, anima a maestros a contrastar la información de los textos educativos oficiales en todos sus contenidos con otras fuentes, y que sea el educador quien genere un criterio en el aula con fines educativos y que se podría extender en la aplicación práctica. La educación debe ser comprendida como el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo en el estudiantado. Los contenidos educativos ya no se limitan a lo que está escrito en los textos. Los niños, niñas y adolescentes tienen acceso hoy en día a una infinidad de contenidos a través de redes sociales e internet, entre otros. Lo más importante en el contexto global actual es que haya un consumo fluido y crítico de la información.

Naciones Unidas está comprometida con la educación a nivel mundial y, en tal sentido, comprometemos todos nuestros esfuerzos para seguir construyendo con las autoridades educativas bolivianas en el desarrollo de las herramientas y las capacidades necesarias que requiera el plantel docente con el objetivo de mejorar la calidad educativa, sin dejar a nadie atrás.

Rafael Ramírez es coordinador residente a.i. del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia.

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Estado Plurisexual de Bolivia

/ 27 de enero de 2023 / 02:34

Desde 2009, Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Sin embargo, en un atrevimiento característico de todo impulso revolucionario, urge pensar la pluralidad como una de las bases fundamentales del Estado que pueda abrir sendero a otros paradigmas que contribuyan radicalmente a dejar atrás la etapa colonial, burguesa, heteronormativa y patriarcal de la que todavía se viven resabios de violencia, dominación y exclusión constante.

La pluralidad sexual, es decir, el reconocimiento de una Plurisexualidad que dignifique a aquellas personas y cuerpos que siguen postergados en sus causas y luchas más íntimas y que deben atenderse para alcanzar un suma qamaña (vivir bien) que nos incluya a todas, todos y todes sin excepción alguna.

En un Estado Plurisexual, las niñas y los niños no son sometidos a la imposición binaria del género, ellas y ellos pueden elegir libremente el color de sus ropas, practicar el deporte que quieran, tener el pelo largo o corto según su comodidad y su gusto, no se les asigna un rol que deban cumplir según los mandatos de la masculinidad y la feminidad.

En un Estado Plurisexual, los y las jóvenes reciben información adecuada para ejercer una sexualidad sin culpa, sin miedo, bajo consentimiento, reciprocidad e interés mutuo; sin violencias ni presiones, sin estereotipos de género, con los conocimientos suficientes para elegir los métodos de cuidado y prevención más adecuados y convenientes para sus cuerpos.

En un Estado Plurisexual, los hombres viven sus emociones y sentimientos, pueden llorar y emocionarse sin sentir vergüenza, sin ser sancionados por la masculinidad patriarcal disciplinante, sin preocuparse por encajar en el rol de macho en la sociedad. Pueden renunciar al mandato del machismo, pueden denunciar la violencia ejercida por sus pares, pueden exiliarse de la complicidad con esa violencia. La hombría ya no se piensa como una membresía para pertenecer a la corporación masculina, sino como una característica que les permita ser empáticos, afectivamente responsables, solidarios con el mundo, sin competir, sin poseer ni dominar. Aquí los hombres comprenden que un no es no y que la virilidad no es lo único que los define.

En un Estado Plurisexual, las personas LGBTIQ no viven en la clandestinidad de la invisibilización, la sociedad no asume que todos los habitantes del país son heterosexuales; se promueve el respeto a las diversidades y disidencias sexuales, pueden casarse con quienes aman, y divorciarse también, pueden besarse en público sin que sus vidas corran riesgo y sin sufrir el hostigamiento condenatorio de la doble moral de la sociedad. El bullying contra personas gays, lesbianas, bisexuales y trans es frenado y atendido con urgencia por las autoridades escolares. La identidad de mujeres y hombres trans no es puesta en duda, se garantizan todos sus derechos. Los discursos de odio no son vistos como “libertad de expresión” y son sancionados de forma inmediata por las autoridades competentes. Quedan atrás las posturas patologizantes sobre la homosexualidad. La diversidad es parte de los valores sociales e institucionales del país y la orientación sexual de las personas no es una excusa para la discriminación.

En un Estado Plurisexual, las personas que viven con VIH reciben su tratamiento con prontitud y puntualidad, son atendidas en centros especializados con la sensibilidad y las condiciones necesarias para impulsarles a seguir con sus vidas y sus proyectos laborales, afectivos, sentimentales, académicos, familiares, etc. No se usa más el término “grupos de riesgo” por evocar estigma y prejuicio sobre la sexualidad de determinados grupos sociales empobrecidos y precarizados. Son atendidas por personal médico que no juzga ni maltrata. Son personas a las que se les da empatía y acompañamiento.

En un Estado Plurisexual, las mujeres deciden sobre sus cuerpos, reconocen ese espacio como el primer territorio de soberanía y autodeterminación. No son obligadas a ser madres por mandato ni obligación social ni religiosa. Las niñas no son torturadas llevando embarazos causados por la violencia sexual. Ser mujer no es sinónimo de ser madre porque se reconoce el derecho a la anticoncepción. El aborto no es un delito, no se persigue ni encarcela a las mujeres por decidir, se les garantiza la vida y no se penaliza su sexualidad, ni se las castiga por ejercerla. Los valores de producción y reproducción de la vida están determinados por el deseo pleno de la mujer, su pareja, sus proyectos de vida y sus sueños.

Un Estado Plurisexual es el Estado que queremos.

Christian Egüez es activista LGBTIQ.

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