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martes 2 jun 2020 | Actualizado a 04:00

Drama en la frontera

La burocracia y los procedimientos no pueden ser más importantes que la vida y la seguridad de las personas.

/ 4 de abril de 2020 / 08:47

Por La Razón

A medida que pasan los días, los problemas relacionados con las drásticas medidas que ha demandado la contención a la expansión del COVID-19 en el país se multiplican; la mayoría de ellos era previsible y sin embargo están causando no solo complicaciones logísticas, sino sobre todo políticas. En el fondo el origen de algunos de estos problemas está en la falta de adecuada comunicación.

Probablemente el más acuciante sea el caso de más de dos centenares de bolivianas y bolivianos detenidos en la frontera con Chile desde hace más de una semana y que no han podido ingresar a territorio nacional debido a la instrucción de cierre total de fronteras contenida en el DS 4200. Mal mirado, el asunto tiene que ver con el celo puesto por las autoridades nacionales en el control de la pandemia; pero bien mirado es evidente que hay una crisis de derechos humanos que puede costar muy cara al gobierno transitorio.

Es un hecho que las medidas adoptadas por el Gobierno boliviano, y por la mayoría de los Estados en todo el orbe, implica la suspensión temporal de algunos derechos humanos, comenzando por el de movilidad. Sin embargo, ha causado justificada indignación la noticia de que las personas retenidas al otro lado de la frontera con Chile, durante nueve días hasta el viernes, no solo estaban impedidas de volver a su patria, sino también carecían de cualquier apoyo del Estado boliviano.

Para empeorar el escenario, el fin de semana pasado la Canciller anunció que se trasladaría hasta el punto donde permanecen esas más de 200 personas para facilitar su ingreso a territorio nacional y asegurarse de que cumpliesen las medidas precautorias para evitar posibles contagios del temido virus. Pero al día siguiente se limitó a informar por Twitter que no haría el viaje y que sus compatriotas no cruzarían la frontera. La situación hizo posible que un militar chileno se diera el lujo de cuestionar al Gobierno boliviano y se mostrara generoso en la dotación de condiciones mínimas para que esas personas esperen a que sus autoridades les permitan el paso por la frontera.

El miércoles, seguramente como fruto de la presión ejercida por la opinión pública, encabezada por exautoridades, dirigentes políticos y otras personas notables, tanto el Director de Migración como el Ministro de Defensa (responsable del resguardo de las fronteras), anunciaron que en los próximos días estaría listo un campamento de emergencia en la frontera para albergar durante la cuarentena a las personas hoy varadas en un pueblo chileno.

Es evidente que hay protocolos sanitarios que cumplir, pero también que el Estado ha cometido un error muy grave al dejar a toda esa gente sin un mínimo de protección. La burocracia y los procedimientos no pueden ser más importantes que la vida y la seguridad de las personas que solo deseaban volver a su patria, donde creyeron que estarían más seguras. Ojalá que el drama en la frontera no termine en tragedia.

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¿Volver a la normalidad?

Quienes desean convertirse en gobierno en el corto plazo bien podrían prestar atención a la Agenda 2030 de la ONU e incluirla en su propuesta programática

/ 1 de junio de 2020 / 05:42

Por La Razón

Las medidas de desconfinamiento que se inician hoy, aunque en los hechos hayan comenzado hace semanas de la mano de personas necesitadas de trabajar para ganar el sustento diario, y que son comunes a muchas ciudades del orbe, hacen pensar a muchos en que podríamos estar en puertas de un “retorno a la normalidad”; sin embargo, esa idea no es más que una ilusión.

Por una parte, es poco razonable creer que luego de más de dos meses en cuarentena, las cosas puedan volver a ser “normales”, especialmente en vista de la crisis económica que se anuncia tan severa como inevitable, luego de casi 10 semanas con el aparato productivo casi completamente paralizado. El que sea “normal” que en estas condiciones haya una crisis económica que sumará sus costes a los de la crisis sanitaria que vive el mundo entero, no significa que se trate de una normalidad deseable o siquiera aceptable.

Por otra parte, lo que muchas personas entienden por “normalidad” implica un estilo de vida basado en la completa ignorancia de los costes presentes y futuros de un modelo de consumo sin límites, con crecientes cantidades de desperdicio y, lo que es peor, que descansa sobre el uso de energía fósil. El resultado es el desastre ambiental que ya se está viviendo en prácticamente todo el mundo, y que por unos días parecía haberse detenido a la par que se detenía la actividad humana por la pandemia.

En ese sentido discurre una reflexión publicada en nuestra edición impresa el viernes y que lleva la firma de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, y del director regional para América Latina y el Caribe de Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Leo Heileman, quienes luego de ofrecer un preocupante diagnóstico para la región, señalan la importancia de “tomar medidas de reactivación económica sostenibles y ‘a prueba del clima’; no las usuales”.

Para el efecto proponen como horizonte la Agenda 2030 de la ONU y la “recuperación verde” a través de varias iniciativas: acudir a las energías renovables y eficiencia energética; transporte público y de última milla electrificado, con uso de litio; soluciones basadas en la naturaleza para la producción agrícola y ganadera, a la gestión del agua y a los ecosistemas; restauración de ecosistemas con orientación científica y pagos por servicios ecosistémicos; ampliación de la infraestructura sanitaria básica (agua y saneamiento) y la producción de materiales bajos en carbono para la construcción.

Sin duda es una agenda tan deseable como difícil y conflictiva para quienes orientan la práctica política a la satisfacción de intereses parciales, pero eso no debe significar que no es necesario orientar la actividad pública hacia ella. Quienes desean convertirse en gobierno en el corto plazo bien podrían prestar atención a esta agenda e incluirla en su propuesta programática.

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Incierta desescalada

Lo preocupante es que la desescalada de medidas se produce en plena escalada de contagios.

/ 31 de mayo de 2020 / 07:18

Por La Razón

Luego de 70 días (nada menos) de cuarentena decretada por el Gobierno provisorio, desde este lunes se levanta en el país la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus SARS-CoV2. Y pasamos a las “tareas de mitigación”, delegadas a planes de contingencia de las entidades territoriales autónomas. En tanto, estamos a pocos días de superar los 10.000 casos de contagios.

La desescalada establecida por la presidenta-candidata Janine Áñez y su gabinete de ministros, mediante el Decreto Supremo N° 4245, implica una suerte de abandono de responsabilidades en el peor momento de la crisis sanitaria. Ahora serán en esencia las gobernaciones y municipalidades, con escasos recursos, las que tomarán a su cargo la lucha contra el COVID-19 en la temible fase de contagio comunitario. La cuarentena nacional, en tanto, bajo modalidad “dinámica y condicionada”, continúa hasta fines de junio.

Hemos señalado en este espacio que la cuarentena total decretada en marzo fue una medida necesaria a fin de limitar los contagios y “ganar tiempo” para enfrentar la pandemia en mejores condiciones sanitarias. En general, la medida fue cumplida de manera responsable por la ciudadanía, salvo deplorables excepciones. Empero, al final del camino, 10 semanas después, los casos no hacen sino aumentar, y queda la sensación de que, en realidad, fue un tiempo desperdiciado. La salida a las calles será crítica.

En la hora de la “mitigación, con escasa información oficial como casi todo lo relacionado con la pandemia en el país, se mantienen algunas restricciones importantes como el cierre de fronteras, la suspensión de los vuelos internacionales y de las clases presenciales, prohibiciones con horario para circulación de vehículos y personas, y suspensión de eventos públicos y todo tipo de actividades y reuniones. La curiosa excepción son las ceremonias religiosas, fuente crítica de contagios en algunos países.

Si bien es cierto que la cuarentena rígida era insostenible y en los hechos ya fue rebasada, lo preocupante es que la desescalada de medidas se produce en plena escalada de contagios, con alertas rojas sobre el muy posible colapso del sistema de salud pública. Las consecuencias de ello, como se vio en otras experiencias, pueden ser desastrosas. Como sea, desde este lunes se retoman las actividades económicas y las jornadas laborales del sector público y privado. La contingencia tendrá acción local. ¿Qué nos queda como ciudadanas y ciudadanos? Cuidarnos y cumplir medidas de bioseguridad.

El último decreto gubernamental dedica todo un artículo, completo y de cumplimiento obligatorio, al respecto: distanciamiento físico, uso de barbijo, desinfección con alcohol y lavado permanente de manos. ¡Qué tal! ¿Y si tenemos la desgracia de contagiarnos? Parece una pesadilla: según el nivel de riesgo, las entidades territoriales autónomas (ETA) actuarán “según su capacidad de respuesta”. La desescalada es incierta, con mucha lavada de manos.

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Responsabilidad compartida

Existen grandes desafíos de coordinación y ejecución concurrente de las acciones contra el COVID-19 en esta nueva etapa

/ 30 de mayo de 2020 / 12:43

Por La Razón

La nueva etapa de cuarentena “dinámica y condicionada” se inicia en medio de un repunte de los contagios. Los gobiernos departamentales y municipales están asumiendo mayor protagonismo. Sin embargo, esto no exime al Gobierno central de sus responsabilidades de rectoría. Al contrario, más que nunca se necesita una clara coordinación entre todos los niveles del Estado.

Después de 70 días de cuarentena estricta, en gran parte del país las restricciones de movilidad serán flexibilizadas de manera paulatina, supuestamente con base en indicios de la estabilización de los contagios en sus territorios. Sin embargo, llama la atención que varios municipios han iniciado este proceso sin que sus calificaciones de riesgo hayan mejorado significativamente en las últimas semanas.

Se entiende la urgencia de algunos ciudadanos y empresas para reiniciar actividades. Pero, otra vez, no queda clara la aplicación de los criterios y los riesgos que esto implica para la población. Parecería que depende mucho de los equilibrios sociopolíticos de cada territorio y no tanto de estándares epidemiológicos estrictos. Se esperaría que cada gobierno local evalúe con cuidado sus opciones, ya que están asumiendo una gran responsabilidad.

Otra situación extraña es la distancia que está tomando el Gobierno central frente a estas decisiones. El Ministerio de Salud ha publicado un mapa de riesgo municipal, pero tal parece que no desea ejercer una rectoría, o que cuente con instrumentos para monitorear su efectiva aplicación. ¿Por qué algunos territorios están empezando a liberar actividades cuando tienen aún un riesgo alto de circulación del COVID-19? ¿Pueden las autoridades locales asumir riesgos sin que el Gobierno central diga algo?

Y existe otra cuestión aún más inquietante: los gobiernos locales tienen un gran reto, y de sus acciones depende la salud de cientos de miles de personas. Pero al mismo tiempo enfrentan escasez de recursos. El desempeño de muchos de ellos ha sido deficiente en estos tres meses de crisis; por ejemplo, en el caso de varios servicios departamentales de salud (SEDES). ¿Por qué ahora será mejor? ¿Se han reestructurado en este tiempo?

Lo cierto es que el Gobierno central tiene la obligación de acompañar a todos los territorios en este esfuerzo, monitorear su desempeño, compensar las obvias desigualdades de recursos que existirán entre ellos, e intervenir cuando haya necesidad de hacerlo. En medio de una crisis sanitaria de tal envergadura, no pueden haber diferencias en la atención de salud entre las regiones, y solo el poder central tiene los medios para velar que eso no suceda.

En otras palabras, existen grandes desafíos de coordinación y ejecución concurrente de las acciones contra el COVID-19 en esta nueva etapa, y el Gobierno central no puede eludir su rol crucial en los resultados que se obtengan. La población al final juzgará el desempeño de sus autoridades sin distinción.

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‘Secuestro’ de un juez

La detención del juez se produjo sin ninguna información oficial sobre las causas de semejante hecho

/ 29 de mayo de 2020 / 07:09

Por La Razón

La irregular aprehensión del juez Hugo Huacani, poco antes de que lleve adelante la audiencia cautelar por el caso respiradores, provocó sorpresa y dudas, primero; e indignación y cuestionamientos, después. Se trata de un nuevo e inaceptable acto de intromisión contra el Órgano Judicial. Organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron al respecto demandando una investigación.

El pasado viernes, el juez asignado al caso de los 170 respiradores españoles, comprados con sobreprecio por el Gobierno nacional, debía realizar la audiencia cautelar con los cinco acusados hasta el momento, incluido el ex ministro de Salud. Y cuando ingresaba al tribunal fue prácticamente secuestrado por policías y civiles, sin que exista un requerimiento o proceso abierto para el efecto. El hecho provocó la suspensión de la audiencia por segunda vez (la primera fue por el rechazo a la modalidad virtual).

La detención del juez se produjo sin ninguna información oficial sobre las causas de semejante hecho. Su liberación fue resultado de una acción de libertad interpuesta por el propio magistrado tras su arresto. Ante las repercusiones por esta arbitrariedad, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió un comunicado aclarando que no había emitido ninguna orden de aprehensión en su contra. A su vez, el Ministerio de Justicia difundió una aclaración señalando que no había presentado ninguna denuncia contra Huacani.

Pronto se conocieron categóricos pronunciamientos de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a tiempo de llamar a las autoridades a investigar las circunstancias de la aprehensión, recordó que “la independencia judicial es vital para la vigencia del Estado de derecho”. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras demandar la protección de la actividad judicial, llamó a “evitar que estas acciones indebidas se repitan”.

En ese contexto se supo por un comunicado oficial que la entidad responsable de la detención del juez, operada por la Policía, fue el Ministerio de Gobierno. Alegó en descargo la “posible parcialización (de Huacani) en un caso de cesación de detención preventiva”. Y presume “un hecho en flagrancia” (sic). Con esa lógica, cuestionó el director de Human Rights Watch (José Miguel Vivanco), el Gobierno de Bolivia “podrá encerrar a todo juez que emita una decisión que no le guste”.

Es “un desvarío”, remató. Más allá de las implicaciones del “secuestro” de marras como hecho en sí mismo, es muy crítica la persistente lógica de amedrentamiento desde el Órgano Ejecutivo contra fiscales y jueces para influir en decisiones judiciales (hay innumerables ejemplos de ello en el gobierno del MAS). Claro que este caso reviste atención y gravedad especial, toda vez que el juez Huacani tiene a su cargo el proceso relacionado con el mayor escándalo de corrupción de la gestión gubernamental de la presidenta-candidata Jeanine Áñez.

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Desafortunada declaración

Las declaraciones del Procurador General del Estado han enardecido el ya de por sí complejo escenario electoral

/ 28 de mayo de 2020 / 05:09

Por La Razón

Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya tiene a su cargo un asunto de extrema complejidad como es conciliar el mandato de celebrar elecciones presidenciales hasta el primer domingo de agosto, con la necesidad de preservar la salud de la población en el actual contexto de pandemia, el Procurador General del Estado acaba de enrarecer aún más este escenario.

En efecto, de manera inopinada, la máxima autoridad de la institución llamada constitucionalmente a defender los intereses del Estado convocó el martes a conferencia de prensa para acusar al presidente del TSE de “negligencia”, por no haberse constituido en parte querellante en el proceso instaurado por el presunto fraude en las anuladas elecciones del 20 de octubre de 2019.

Dijo el Procurador que es notoria la “ausencia y la falta de colaboración y cooperación” del TSE y los nueve tribunales electorales departamentales en formar parte del proceso penal por delitos electorales. Trámite del cual el Ministerio Público no ha dado ningún dato sobre su avance o sobre las dificultades que afronta en su realización. La autoridad se refería al hecho de que el presidente del TSE no ha respondido a cartas enviadas por su despacho el 19 de febrero, el 16 de marzo y el 15 de mayo de 2020.

Aunque es tarea de abogados y jurisconsultos confirmarlo o negarlo, a simple vista la declaración del Procurador parece caer por fuera de las atribuciones que la CPE y la Ley 64 asignan a la institución a su cargo. Una cosa es requerir al TSE información relevante para el avance las investigaciones encomendadas a la Fiscalía General, y otra muy distinta es tratar de forzar a su máxima autoridad a constituirse en parte querellante.

Es posible que las obvias aristas políticas del caso sean las razones por las que el aludido en la conferencia de prensa del Procurador ha preferido guardar prudente silencio. Ya bastante duro tiene el panorama electoral como para verse involucrado en un caso de evidente interés para el Gobierno transitorio en general y para los ministerios de Justicia y de Gobierno en particular.

Asimismo, no es descabellado pensar que para la población boliviana será de mucho mayor interés ver a la Procuraduría General del Estado participando en la investigación del caso de compra de respiradores españoles con sobreprecio. Asunto en el que el Procurador no solo eximió de responsabilidad a la Canciller, sino que además le sirvió para atacar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ha sido, pues, desafortunada la declaración del Procurador, especialmente si se considera que el TSE es por ahora el último órgano del Estado en conservar no solo credibilidad, sino también institucionalidad; condiciones imprescindibles para llevar adelante un proceso electoral de gran trascendencia para el presente y futuro del país.

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