Voces

sábado 19 jun 2021 | Actualizado a 05:40

Drama en la frontera

La burocracia y los procedimientos no pueden ser más importantes que la vida y la seguridad de las personas.

Por La Razón

/ 4 de abril de 2020 / 08:47

A medida que pasan los días, los problemas relacionados con las drásticas medidas que ha demandado la contención a la expansión del COVID-19 en el país se multiplican; la mayoría de ellos era previsible y sin embargo están causando no solo complicaciones logísticas, sino sobre todo políticas. En el fondo el origen de algunos de estos problemas está en la falta de adecuada comunicación.

Probablemente el más acuciante sea el caso de más de dos centenares de bolivianas y bolivianos detenidos en la frontera con Chile desde hace más de una semana y que no han podido ingresar a territorio nacional debido a la instrucción de cierre total de fronteras contenida en el DS 4200. Mal mirado, el asunto tiene que ver con el celo puesto por las autoridades nacionales en el control de la pandemia; pero bien mirado es evidente que hay una crisis de derechos humanos que puede costar muy cara al gobierno transitorio.

Es un hecho que las medidas adoptadas por el Gobierno boliviano, y por la mayoría de los Estados en todo el orbe, implica la suspensión temporal de algunos derechos humanos, comenzando por el de movilidad. Sin embargo, ha causado justificada indignación la noticia de que las personas retenidas al otro lado de la frontera con Chile, durante nueve días hasta el viernes, no solo estaban impedidas de volver a su patria, sino también carecían de cualquier apoyo del Estado boliviano.

Para empeorar el escenario, el fin de semana pasado la Canciller anunció que se trasladaría hasta el punto donde permanecen esas más de 200 personas para facilitar su ingreso a territorio nacional y asegurarse de que cumpliesen las medidas precautorias para evitar posibles contagios del temido virus. Pero al día siguiente se limitó a informar por Twitter que no haría el viaje y que sus compatriotas no cruzarían la frontera. La situación hizo posible que un militar chileno se diera el lujo de cuestionar al Gobierno boliviano y se mostrara generoso en la dotación de condiciones mínimas para que esas personas esperen a que sus autoridades les permitan el paso por la frontera.

El miércoles, seguramente como fruto de la presión ejercida por la opinión pública, encabezada por exautoridades, dirigentes políticos y otras personas notables, tanto el Director de Migración como el Ministro de Defensa (responsable del resguardo de las fronteras), anunciaron que en los próximos días estaría listo un campamento de emergencia en la frontera para albergar durante la cuarentena a las personas hoy varadas en un pueblo chileno.

Es evidente que hay protocolos sanitarios que cumplir, pero también que el Estado ha cometido un error muy grave al dejar a toda esa gente sin un mínimo de protección. La burocracia y los procedimientos no pueden ser más importantes que la vida y la seguridad de las personas que solo deseaban volver a su patria, donde creyeron que estarían más seguras. Ojalá que el drama en la frontera no termine en tragedia.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

¿A dónde vamos?

El país parece atrapado entre las angustias del día y las heridas no cicatrizadas del pasado reciente.

Por La Razón

/ 19 de junio de 2021 / 01:46

Las urgencias de la pandemia y la polarización política parecen monopolizar todas las discusiones públicas. Sin embargo el resto de la vida continúa y el tiempo pasa: hay necesidad de ir perfilando los contornos de los ineludibles cambios económicos y sociales que se deberán encarar una vez pasada esta terrible coyuntura.

El país está recién saliendo de casi dos años de crisis sucesivas que han modificado sustantivamente las orientaciones de la política, la vida social y las perspectivas económicas. La velocidad de los eventos que se han vivido en este tiempo dificulta una evaluación social serena de sus implicaciones y de los grandes retos que aparecen en el horizonte de la nación.

Un vistazo a las noticias más comentadas de esta semana revela que no se ha salido aún de la tiranía de las emergencias sanitarias cotidianas que agobian a todas las familias y de la tarea ingrata de aclarar y resolver los agudos conflictos políticos que dividieron y enfrentaron a la sociedad desde mediados de 2019. El país parece atrapado entre las angustias del día y las heridas no cicatrizadas del pasado reciente. El futuro aparece muy poco en las conversaciones cotidianas.

Así las cosas, es poco probable que este estado de situación pueda durar mucho tiempo más sin generar malestar social pues cualquier sociedad precisa contar con algún horizonte plausible de su futuro para tranquilizarse, una idea de hacia dónde se está transitando, una luz en el horizonte grande. Esta perspectiva debería además estar enraizada en los escombros de un pasado violento al cual no se volverá y ojalá en los imprescindibles aprendizajes de los meses convulsos y dramáticos que vivieron y siguen experimentando muchos bolivianos y bolivianas.

Se intuye que el principal contenido de ese futuro es socioeconómico dado que la crisis ha desnudado brutalmente las falencias de nuestros sistemas sanitarios, educativos y de protección social, y porque las pérdidas de bienestar e ingresos han sido tan significativas y masivas que sería insensato pensar que se repararán naturalmente.

Es de estas cuestiones que como país deberíamos estar hablando y discutiendo con pasión: ¿cómo será la normalidad que pueda congregar los esfuerzos de toda la nación? ¿Qué debemos modificar en nuestra política social? ¿Cuáles serán los motores de la recuperación económica?

Hay que tener cuidado, los psicólogos sociales observan que mientras la gente está en medio de la crisis, tiende a concentrarse en lo inmediato, que es lo básico, casi de sobrevivencia, dejando pasar los elementos más estructurales. La complicación puede llegar después, cuando se piense y se pida sin postergaciones que la normalidad retorne, algo que ya se sabemos que no responderá a los esquemas anteriores a la pandemia. Los gobernantes y la clase política están ampliamente advertidos.     

Comparte y opina:

Contrabando de alimentos

La CAO registra una pérdida de $us 400 millones a causa de esta desleal competencia.

Por La Razón

/ 18 de junio de 2021 / 01:24

Días atrás, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha advertido que el contrabando de alimentos está produciendo un costo multimillonario a sus afiliados, una gran proporción de los grandes, medianos y pequeños productores agropecuarios de Santa Cruz y Beni. El gremio no solo reclama más esfuerzos de la Aduana, sino también propone algunas otras medidas.

Según el presidente de la CAO, a través de un comunicado divulgado el martes último, el sector al que representa en el oriente del país registra una pérdida aproximada de $us 400 millones a causa de la desleal competencia que representa la importación ilegal de alimentos. Agrega que el contrabando “está matando a miles de unidades productivas”, principalmente a los pequeños productores que son el 75% de los asociados a la CAO. No es difícil imaginar que la situación es igual en el occidente del país.

En respuesta a esta crítica situación, los agropecuarios del oriente proponen, entre otras medidas, ampliar las facultades de interdicción contra el contrabando, adecuando la normativa para que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Aduana Nacional puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas, pues no solo se trata de evitar la internación de esa mercadería, sino también que sea exitosamente comercializada en el país.

También plantean los agropecuarios que los gobiernos municipales y departamentales realicen controles estrictos y permanentes en lugares de expendio para que no se comercialicen productos de contrabando riesgosos para la salud de la población y que el delito sea tratado como atentado a la salud pública. Finalmente, proponen modificar la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando la mercadería valuada a partir de las 5.000 Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), y que todo el proceso sea acompañado por la Oficina de Defensa del Consumidor.

Coincidiendo con el comunicado, el mismo día, el Ministro de Defensa anunció que el Gobierno decidió fortalecer la lucha contra el contrabando de productos agrícolas. Y anunció que se creará el Comando Especial de Lucha Contra el Contrabando Agrícola, subirá los aranceles a la importación de productos agrícolas, reducirá cupos de importación y regulará la internación de estos productos de los productores en zonas de frontera.

Sin embargo, ninguna de esas medidas será suficiente mientras haya en las ciudades gente dispuesta a comprar alimentos de contrabando, lo cual debe evitarse con comunicación y educación, pues la interdicción en los mercados urbanos es poco efectiva, además de estar fuera del alcance de las fuerzas del orden.

En un país que hace años se propuso garantizar su seguridad alimentaria y hasta ser exportador de alimentos, y cuyo Presidente hace poco anunció la decisión de promover la sustitución de importaciones, es inaceptable que el contrabando siga dominando en los mercados.

Comparte y opina:

El factor Mesa

Seguro brindará información relevante al respecto en su declaración como testigo en el proceso penal.

Por La Razón

/ 16 de junio de 2021 / 01:24

La declaración ante la Fiscalía de la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, así como otras versiones que se van difundiendo, como la de la jerarquía de la Iglesia Católica, permiten reconstruir el tablero de acciones y actores de los hechos de noviembre de 2019. Se está discutiendo el protagonismo del excandidato y hoy jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Diego Mesa.

Denuncias penales, declaraciones de imputados y testigos, memorias, reportes de prensa, entrevistas periodísticas, diversos comunicados, en fin, proveen información y plantean diferentes miradas e interpretaciones sobre la coyuntura crítica que derivó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la sucesión del 12 de noviembre de 2019, cuya legalidad y constitucionalidad están en cuestión. La evidencia muestra que la gestión de la “transición” fue extrainstitucional, incluidos actores externos.

En los últimos días, la disputa política sobre el tema apunta al papel que tuvo, en diferentes momentos de la crisis, el excandidato presidencial de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Se recuerda al respecto que Mesa, derrotado en las elecciones generales 2019 —a la postre declaradas sin efecto legal—, se apresuró a declarar, la misma noche de la votación, que había segunda vuelta. Al día siguiente, sobre la base de resultados preliminares y no oficiales, proclamó “fraude escandaloso”.

Durante los 21 días de paro y movilizaciones urbanas que siguieron a los comicios, con centro decisorio en los cabildos realizados en el Cristo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el actor político Mesa tuvo intervenciones episódicas. Y su discurso fue mutando a tenor de las consignas del entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho. Así, del planteamiento de segunda vuelta electoral, Mesa pasó a la demanda de anulación de las elecciones y, luego, la exigencia de renuncia de Evo Morales.

Más allá de acciones deplorables asociadas a la coyuntura crítica, que se inauguraron con la quema de cinco tribunales electorales departamentales, fueron decisivos los días posteriores a las renuncias del presidente y vicepresidente el 10 de noviembre. Hay diferentes datos e interpretaciones sobre la sucesión presidencial, que correspondía a la titular del Senado, Adriana Salvatierra. Mesa fue tajante al cerrar esa opción: “Nadie que sea militante del MAS puede continuar ese proceso político”.

En tal contexto de “vacío de poder”, se produjeron las opacas reuniones en la Universidad Católica. Allí, algunos operadores políticos, cívicos y eclesiásticos de oposición trazaron y ejecutaron el plan para la autoproclamación de Áñez. Uno de los principales actores en aquel momento, dada su condición de excandidato, fue precisamente Carlos Mesa. Seguramente brindará información relevante al respecto en su declaración como testigo en el proceso penal en curso contra la exsenadora y otros implicados.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Renta petrolera

Urge, pues, que la gestión del negocio hidrocarburífero esté a la altura de las expectativas que las autoridades están creando.

Por La Razón

/ 14 de junio de 2021 / 01:36

Dos nuevos proyectos de exploración han despertado el optimismo de las autoridades del área hidrocarburífera, que ya comienzan a soñar con ganancias de hasta $us 5.000 millones si es que los pozos resultan ser exitosos. Sin embargo, hay quien afirma que hay un exceso de confianza en los futuros pozos, que todavía no han terminado de ser explorados y mucho menos perforados.

Se trata de los pozos Itacaray- X1 y Charagua-X1, el primero en Chuquisaca y el segundo en Santa Cruz, que juntos producirían en el futuro inmediato la multimillonaria renta ya mencionada, amén de estabilizar las reservas hidrocarburíferas del país, fijadas, tras una certificación internacional en 2018, en 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas, es decir, efectivamente existentes.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asegura que el campo que se explora en Charagua producirá una renta de $us 1.500 millones; el de Chuquisaca provoca todavía mayor expectativa, pues el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de la estatal petrolera sostiene que aportará con $us 3.500 millones a las arcas del país.

Sin embargo, tres expertos consultados por LA RAZÓN al respecto coinciden en señalar que hay demasiado “exitismo” en las autoridades, pues las exploraciones aún están en curso y todavía falta perforar los pozos y hacerlos productivos, si es que la exploración resulta exitosa. Un resultado negativo en la exploración podría no solo frustrar la enorme expectativa despertada, sino también afectar la imagen del Gobierno.

Por otra parte, aunque se valora el esfuerzo de exploración y perforación de nuevos pozos, se señala que esta tarea lleva considerable retraso, pues hubo poca inversión en exploración y desarrollo de nuevos campos, actividades que fueron confiadas a empresa socias de YPFB que, según algunos expertos, mostraron poco interés en el desarrollo de nuevos campos dado el contexto normativo del negocio en Bolivia.

Asimismo, los expertos consultados por este diario señalan que además de los esfuerzos que aquí se comentan, urge que la estatal petrolera desarrolle planes de exploración y planes de negocio para el largo plazo, en los que se establezca costos e ingresos de los proyectos, además de capacidad de producción esperada y rentabilidad del negocio; esta información mejoraría la capacidad negociadora de YPFB con compradores internacionales.

Para nadie es desconocido que la renta petrolera es el principal ingreso económico del país, y en la medida en que la industrialización es todavía incipiente (y ha sufrido un retraso de casi un año a causa del gobierno transitorio y sus equivocadas decisiones), la producción de líquidos sigue siendo el corazón del negocio, tanto para la exportación como para el consumo interno, que solo puede incrementar gracias al crecimiento de las redes de gas domiciliario e industrial. Urge, pues, que la gestión del negocio hidrocarburífero esté a la altura de las expectativas que las autoridades están creando.

Comparte y opina:

Tres días decisivos

Se constata que se descartó por anticipado el camino de la sucesión constitucional.

Por La Razón

/ 13 de junio de 2021 / 01:36

La declaración realizada el pasado 7 de junio por la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, hoy con detención preventiva, aporta información relevante acerca de los tres días decisivos en la coyuntura crítica de noviembre de 2019. Sin duda lo más relevante es que la crisis se gestionó por fuera de la institucionalidad democrática, con participación de la fuerza pública.

Áñez está acusada por varios delitos asociados a su autoproclamación como presidenta el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Según el proceso tramitado en el Ministerio Público, Áñez y otros imputados están provisionalmente vinculados a seis delitos penales: terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y anticipación y prolongación de funciones. No es poco.

La denuncia, tramitada por la vía ordinaria, se asienta en el relato —rechazado por las oposiciones— según el cual las acciones que derivaron en el derrocamiento de Morales y el posterior régimen transitorio son producto de un “golpe de Estado”. Hay otras cinco denuncias: una desestimada, tres en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y una en trámite, sobre cuestiones referidas al ejercicio del cargo de presidenta, por lo cual siguen el curso previsto para juicio de responsabilidades.

¿Qué dijo Áñez en su declaración ante el Ministerio Público? En algunos aspectos se trata de información confirmatoria de hechos conocidos, en otros hay revelaciones. Así, se reafirma que la gestión y desenlace de la crisis siguió un espacio y un camino extrainstitucional. Como es de conocimiento público, al amparo de jerarcas de la Iglesia Católica y del exembajador de la Unión Europea en Bolivia, algunos actores políticos de la oposición trazaron y viabilizaron el camino de la “transición”.

Las revelaciones de la exsenadora y expresidenta muestran también que su autoproclamación como presidenta ya fue decidida en la Universidad Católica el día de la renuncia de Morales. Y la llamaron para ofrecerle el cargo. Para el efecto, a su arribo a La Paz el 11 de noviembre, se dispuso de helicópteros de la Fuerza Aérea, espacios en el Colegio Militar, espacios en la Academia de Policías y hasta vehículos diplomáticos. Fue decisiva la reunión de Áñez con el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho.

Sin duda la revelación más comprometedora en el caso es la constatación de que se descartó por anticipado el camino de sucesión constitucional, por el cual la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, debió asumir el cargo de presidenta del Estado. En ello la palabra del perdedor de las elecciones, Carlos Mesa, habría sido determinante. Y se procedió a la toma del poder sin leer las renuncias de los exmandatarios, sin quórum, sin mandato legal, en fin, cerca de la Biblia, lejos de la Constitución Política.

Comparte y opina: