A medida que pasan los días, los problemas relacionados con las drásticas medidas que ha demandado la contención a la expansión del COVID-19 en el país se multiplican; la mayoría de ellos era previsible y sin embargo están causando no solo complicaciones logísticas, sino sobre todo políticas. En el fondo el origen de algunos de estos problemas está en la falta de adecuada comunicación.
Probablemente el más acuciante sea el caso de más de dos centenares de bolivianas y bolivianos detenidos en la frontera con Chile desde hace más de una semana y que no han podido ingresar a territorio nacional debido a la instrucción de cierre total de fronteras contenida en el DS 4200. Mal mirado, el asunto tiene que ver con el celo puesto por las autoridades nacionales en el control de la pandemia; pero bien mirado es evidente que hay una crisis de derechos humanos que puede costar muy cara al gobierno transitorio.
Es un hecho que las medidas adoptadas por el Gobierno boliviano, y por la mayoría de los Estados en todo el orbe, implica la suspensión temporal de algunos derechos humanos, comenzando por el de movilidad. Sin embargo, ha causado justificada indignación la noticia de que las personas retenidas al otro lado de la frontera con Chile, durante nueve días hasta el viernes, no solo estaban impedidas de volver a su patria, sino también carecían de cualquier apoyo del Estado boliviano.
Para empeorar el escenario, el fin de semana pasado la Canciller anunció que se trasladaría hasta el punto donde permanecen esas más de 200 personas para facilitar su ingreso a territorio nacional y asegurarse de que cumpliesen las medidas precautorias para evitar posibles contagios del temido virus. Pero al día siguiente se limitó a informar por Twitter que no haría el viaje y que sus compatriotas no cruzarían la frontera. La situación hizo posible que un militar chileno se diera el lujo de cuestionar al Gobierno boliviano y se mostrara generoso en la dotación de condiciones mínimas para que esas personas esperen a que sus autoridades les permitan el paso por la frontera.
El miércoles, seguramente como fruto de la presión ejercida por la opinión pública, encabezada por exautoridades, dirigentes políticos y otras personas notables, tanto el Director de Migración como el Ministro de Defensa (responsable del resguardo de las fronteras), anunciaron que en los próximos días estaría listo un campamento de emergencia en la frontera para albergar durante la cuarentena a las personas hoy varadas en un pueblo chileno.
Es evidente que hay protocolos sanitarios que cumplir, pero también que el Estado ha cometido un error muy grave al dejar a toda esa gente sin un mínimo de protección. La burocracia y los procedimientos no pueden ser más importantes que la vida y la seguridad de las personas que solo deseaban volver a su patria, donde creyeron que estarían más seguras. Ojalá que el drama en la frontera no termine en tragedia.