Voces

sábado 6 jun 2020 | Actualizado a 00:35

El discurso del miedo

Sabemos que el miedo y la esperanza tienen el poder de cambiar el mundo, aunque por caminos diametralmente opuestos.

/ 4 de abril de 2020 / 09:10

Entre 1878 y 1879 Cochabamba, al igual que La Paz y Sucre, soportó una peste que diezmó a la población. El cementerio desbordó de cadáveres y tuvieron que cavar fosas comunes.

Para la oligarquía, esta peste fue desatada por el cólera morbus, que al igual que el coronavirus Covid-19 habría venido de Asia y Europa, haciendo estragos en la región. Sin embargo, posteriormente los investigadores coincidieron en que no había sido el cólera, sino el tifus que, conjuntamente con la hambruna y la sequía, fueron los que provocaron la devastación sanitaria.

Esta calamidad pública fue usada con fines biopolíticos, diría Michel Foucault, para el control social y el disciplinamiento individual. El uso del miedo, con fines políticos, fue decisivo.

El uso del miedo ante la expansión del supuesto cólera morbus servió para disciplinar a la población, especialmente a la plebe. Aquella peste se convirtió en un pretexto civilizador.

Para tal efecto se configuró no solamente un discurso sanitario, sino también moralista y político para someter a la población. Así, se construyó el discurso del chivo expiatorio: la plebe, cuyos hábitos insalubres fueron identificados como la causa de la peste sanitaria.

Esta estigmatización le permitió a la élite ejercer un control biopolítico; con el cual, en nombre de la “higiene”, el “progreso” y las “buenas costumbres”, pudo ocupar física y simbólicamente el espacio urbano público cochabambino. Esta mirada al pasado es insoslayable para detectar conexiones discursivas en el manejo biopolítico del Covid-19.

Sabemos que el miedo y la esperanza tienen el poder de cambiar el mundo, aunque por caminos diametralmente opuestos. En el curso de esta crisis sanitaria por el coronavirus, los diferentes gobiernos asumieron el discurso del miedo o, por el contrario, el de la esperanza.

Por ejemplo, el presidente en ejercicio del Ecuador, Otto Sonnenholzner (quien remplazó a Lenin Moreno que se ha refugiado en la isla Galápagos por razones de salud), propaló un discurso tranquilizador: “No perdamos la esperanza”, decía uno de sus tweets. Ecuador registra los datos más dramáticos de América Latina del coronavirus: 1,627 personas infectadas y 41 fallecidos.

Mientras tanto, en un tuit, la titular del Gobierno boliviano transitorio (Jeanine Áñez), señalaba que “la cuarentena es una medida muy dura y tenemos que llevarla con disciplina”. Este mensaje recurre al miedo. Era previsible, ya que desde el golpe de Estado demostró su cariz autoritario. 

Entonces, su estrategia política de procesar la crisis sanitaria solo confirma un rasgo despótico. Ese discurso del miedo a la pandemia apela al estado de excepción, privilegiando el “orden y la seguridad”, inclusive totalitario, a sabiendas de la subjetividad de los sectores conservadores de la sociedad.

Desde su inicio, la política represiva del gobierno de Áñez no respetó la vida: masacró a gente pobre como parte de su estrategia disciplinaria. Y en el orden simbólico, los estigmatizó racialmente, llamándolos “salvajes”.

No es casual, por lo tanto, que en el contexto de la crisis sanitaria, el Gobierno, en complicidad con varios medios de comunicación, haya desacreditado a los vecinos alteños, porque algunos de ellos no acataron la cuarentena, calificándolos nuevamente de “salvajes”.

Acto seguido, en un acto biopolítico militarizó la urbe alteña, territorio de resistencia al golpe de Estado de noviembre pasado, en nombre de la salud pública. Valga la ironía: en la urbe alteña hasta ahora no se ha confirmado ningún caso de infección por el coronavirus, mientras que Santa Cruz de la Sierra, ciudad donde se gestó el golpe de Estado, registra el mayor número de infectados de esta pandemia en Bolivia. 

Esta estrategia autoritaria de control biopolítico de la crisis sanitaria obedece a que el Gobierno transitorio carece de legitimidad democrática; por tanto, difícilmente apelará a un discurso de convencimiento para que los bolivianos se queden en sus casas.

Y hoy su discurso de “salvar la vida” provoca ruido; por eso recurre al miedo, mecanismo coercitivo para hacer respetar la cuarentena. En un contexto de polarización, las derivas represivas del miedo son peligrosas, por sus desenlaces imprevistos para la democracia y la propia vida de los bolivianos.

Yuri F. Tórrez, sociólogo.

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Certidumbre democrática

La realización de las elecciones debe permitir allanar la agenda pública para concentrarse en los temas sanitarios

/ 5 de junio de 2020 / 06:30

Símbolos. Las últimas imágenes que habíamos recibido hace pocos meses desde la Plaza Avaroa que alberga la simbólica casa donde se ubica el Tribunal Supremo Electoral fueron aquellas que hoy nos evocan los terribles y riesgosos días que vivimos el pasado fin del año 2019 y que pusieron en vilo a nuestra democracia. Por ello, sin duda alguna, la fotografía de la semana es la que fue tomada en esas instalaciones, el pasado martes, donde se ve a gran parte de la Sala Plena, tres candidatos presidenciales y un par de representantes de organizaciones políticas. El hecho: existe un consenso entre esos actores para la realización de las elecciones generales pendientes el domingo 6 de septiembre.

A reserva del existente debate sobre la exclusiva atribución del Órgano Electoral para fijar el día de la votación sin necesidad de recurrir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, qué mejor señal democrática que arribar a la misma a través de un proceso de acercamiento no solo entre esos dos poderes sino integrando, por supuesto, a aquellos actores políticos que buscarán el voto entonces. La ruta jurídica: la futura promulgación de una ley y la posterior emisión de una resolución de Sala Plena, estableciendo esa fecha que ya es conocida por el país.

En nuestra actual coyuntura, en la que continuamente transitamos de una incertidumbre a otra respecto a casi todo lo que respecta a nuestras vidas, es importante relevar no solo el hecho sino también la forma en la que se ha construido esta certeza de tipo político electoral de cara al país. No solo porque una buena parte del país está convencida de la necesidad de que contemos lo más pronto posible con un gobierno legítimo sino también porque es necesario que la realización de las elecciones se constituya en una certeza que permita allanar la agenda pública y podamos dedicarnos a temas sanitarios, que son lo realmente urgente en este momento.

No obstante, también es necesario dejar constancia de que este se constituirá, hacia adelante, solo en un pequeño momento democrático más en el que el Poder Electoral, el sistema político y la ciudadanía se encuentren para ir resolviendo aún una importante cantidad de situaciones propias del que se ha denominado el proceso electoral más difícil de nuestra historia democrática. Entre ellos, la mencionada preclusión de las etapas ya realizadas del proceso, que impedirían la apertura del padrón electoral para posibilitar el ejercicio del derecho al voto de las y los jóvenes que han cumplido años en los últimos meses en los que se ha postergado este proceso. O la cantidad de innovaciones y ajustes que atravesarán las acciones y actividades de todo el ciclo electoral debido a la implementación tecnológica o logística de medidas de bioseguridad. O la misma campaña electoral que deberá ser reinventada y ser llevada adelante en medio de una pandemia. Estas son solo algunas de las delicadas situaciones pendientes que configuran la ruta que aún tenemos que transitar pero que, al menos, reinicia con una certeza construida dialógicamente.

En tiempos de incertidumbre sanitaria y democrática, a veces es realmente suficiente un símbolo para evocar, en la agenda informativa y política, instancias propias de una democracia como el diálogo, el acuerdo y la concertación. Para posicionar el ejercicio de autoridad e iniciativa del Órgano Electoral (aunque debiera preocupar que esta no provenga del sistema político). Y, finalmente, también para que algunos candidatos envíen alguna señal al electorado de que se entiende que el grave problema político institucional en el que estamos inmersos es algo que nos atañe a todos/as y que no admite mezquindades.

Verónica Rocha, comunicadora social

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Violentos y con el cerebro lavado

La presión de un grupo sobre el individuo puede ser aplastante y atentar contra los derechos humanos básicos

/ 5 de junio de 2020 / 06:26

Por nombrar una de mis publicaciones, en un tuit en el que me oponía a las cuarentenas forzadas, se produjeron hasta ahora 7.000 interacciones y 300 mensajes con fuertes insultos (y 210 “likes”). Mi reacción fue doble; por un lado, la sensación de estar en lo cierto ya que, cuando insultan tanto, es que a falta de argumentos no les queda más alternativa que agredir y, como no pueden por la razón, imponen sus ideas por la fuerza.

Por otro lado, me entró un escalofrío, me recordó al Tercer Reich y al fanatismo imperante y dónde terminó todo eso. Jamás se me ocurriría imponer mis ideas por la fuerza, aun si la ciencia me diera toda la razón, lo que no es posible, porque no es posible llegar a la verdad absoluta ni a una verdad irrefutable, de otro modo no existiría ciencia que, precisamente, es la incesante búsqueda de la verdad a la que nunca se llega del todo.

El fanatismo ha llegado a tal punto que para gran parte de los medios y la opinión pública, todo es culpa de la “pandemia”. Si cae la bolsa, titulan “Bajó la bolsa por el coronavirus”. No razonan, no relacionan causa y efecto. Porque el virus provoca fiebre y otros síntomas, pero no que bajen las acciones.

Una nota en un diario importante de Buenos Aires titulaba “Por el coronavirus peligra el nivel de desarrollo humano”. Mamma mia, cómo no va a ser que la gente le tenga terror al virus si hasta “provoca pobreza”. Debería haber dicho la verdad, o sea, que la pobreza es el resultado de las cuarentenas forzadas, por la violencia de los gobiernos, y la violencia siempre destruye.

 “El nivel de desarrollo humano —que mide la educación, la salud y las condiciones de vida— corre el peligro de sufrir un retroceso… evaluó el PNUD”, dice la nota que continúa afirmando que “10 millones de niños más en todo el mundo podrían enfrentarse este año a desnutrición aguda como resultado de la pandemia (sic), lo que los dejaría a un paso de morir de hambre”. O sea que “la pandemia” provoca desnutrición cosa que deberían informar a los médicos que todavía no se han dado cuenta de ese síntoma.

Solomon Asch, psicólogo polaco radicado en EE.UU., estudió el proceso de “conformidad”. Formó grupos y los sometió a un experimento falso. El resultado fue que el 75% respondía lo mismo que los demás, sumándose a la respuesta errónea. Pero en privado confesaron distinguir la verdad, pero que no lo habían dicho en voz alta por miedo.

La conclusión es que la presión que ejerce el grupo sobre el individuo es aplastante y uno de los mayores temores del ser humano es no ser aceptado. El experimento de Asch demuestra hasta qué punto importa evitar el juicio social negativo y que cuestionar las bases del relato que sostiene todo el andamiaje social provoca pánico. Por eso las personas son capaces de negar la realidad y los hechos irrefutables. Y hoy el relato oficialista es abrumador a partir de los Estados que tienen una capacidad casi infinita de propaganda.

El otro 25%, que no se dejó llevar por la mayoría, despertó envidia y un resentimiento porque se animaba a dar libremente su opinión. De aquí la tendencia de los resentidos al insulto, su irracionalidad y la prepotencia de imponerse por la vía violenta, forzada, como las cuarentenas obligatorias.

 Y así, con este lavado de cerebro, es que han impuesto algo tan incoherente como decir que “para el bien de las personas” les quitan un derecho humano, básico, como es el de la libertad.

Alejandro A. Tagliavini, asesor senior en The Cedar Portfolio y miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California. Twitter: @alextagliavini; www.alejandrotagliavini.com

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Administración del potencial minero

Se debe definir un camino crítico y generar sinergias útiles con los operadores importantes del sector

/ 5 de junio de 2020 / 06:18

Comienza la transición a la nueva normalidad post pandemia y es necesario reflexionar sobre lo que vendrá en el sector productivo que como siempre será el que defina los parámetros económicos del país en el corto, mediano y largo plazo; de manera particular en el sector minero del cual se ocupa esta columna. Históricamente este sector se desenvuelve en un ambiente permanente de crisis desde la nacionalización de las minas en 1952 por el indefinido resultado de una lucha constante entre intereses corporativos y los del Estado, actores que pretenden pero nunca concretan una estructura sectorial adecuada al potencial minero del país y a sus características de enclave geográfico y de generación de materias primas minerales.

Hace casi una década en un libro que tuvo bastante éxito y en el que participé junto a otros especialistas (Los dilemas de la minería, Fundación Vicente Pazos Kanki. La Paz, Bolivia. 2012) y en muchas entrevistas en los medios de comunicación, puntualicé sobre estos dilemas irresueltos de la industria y sobre posibles soluciones. El tiempo pasa y seguimos montados a este columpio de indefiniciones; el lector acucioso puede acudir a la publicación citada, aquí deseo puntualizar lo que considero apremiante si queremos avanzar: 1) Todo el mundo conoce nuestro gran potencial minero, ¿Queremos desarrollarlo? 2) ¿Queremos hacer minería de clase mundial con este potencial o mantener nuestra irrelevante estructura sectorial actual? 3) ¿Podemos y queremos garantizar seguridad jurídica al capital privado nacional y/o extranjero para que participe en todas las fases de la industria? 4) ¿Estamos abiertos a modificar la ley sectorial actual y otras normas para definir una nueva estructura sectorial? 5) En caso negativo, ¿Tenemos la capacidad adecuada para emprender estos cambios con la sola participación estatal? Y podemos seguir.

La situación actual del sector es muy delicada, las minas importantes han terminado o están por terminar su vida útil, las minas chicas y cooperativas se hunden en su dependencia de los precios internacionales de los metales, solo la minería informal cooperativa y aquella ilegal del oro están florecientes pero dejan muy poco para el Estado y producen reyes chiquitos que se enriquecen con la explotación inmisericorde de la mano de obra desocupada del país. Patético para un país que era líder de la minería continental y en algún caso mundial en los albores del siglo XX. Comibol agoniza, ya no controla el Mutún, tampoco los Salares, patalea en Huanuni, Corocoro, Colquiri, Karachipampa; no tiene capacidad para generar nuevos emprendimientos (v.g. Mallku Khota, Amayapampa). Así la minería boliviana es la gran ausente de las estadísticas mundiales, ya nadie nos toma en cuenta, las poquísimas empresas que están hoy en Bolivia están con el Jesús en la boca rogando para que no haya avasallamientos o nuevas estatizaciones.

Hemos hecho una pésima administración de nuestro potencial en la era republicana, peor en el reciente intento plurinacional. Cabe pues, otra vez, empezar de cero, contestar las preguntas que esbozo, definir un camino crítico para el sector y generar sinergias útiles con los operadores importantes, dejar la retórica y el discurso fácil y empezar a contestar la primera de las preguntas ¿Queremos desarrollar el potencial minero y administrarlo adecuadamente?, o ¿colocamos un candado al sector minero y empezamos a andar hacia la visión idílica de la pretérita Arcadia de los soñadores de siempre? Hay muy poco margen para el error en ambos casos, la actual pandemia nos enseña que es fácil administrar la riqueza pero es muy difícil generarla.

Dionisio J. Garzón M., ingeniero geólogo, ex ministro de Minería y Metalurgia.

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Asedio al TSE

Los ataques a los miembros del Tribunal Supremo Electoral ponen el riesgo la institucionalidad en el país, así como el proceso electoral.

/ 5 de junio de 2020 / 06:14

Por La Razón

Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dado señales claras de responsabilidad institucional y apego al principio de legalidad, algunos actores políticos, con eco en las redes sociales, están asediando a los nuevos vocales, en especial a su presidente. El objetivo, más bien marginal, es claro: no quieren elecciones y, por tanto, no quieren democracia. Eso es inaceptable.

Luego de las fallidas elecciones generales de octubre de 2019, declaradas “sin efecto legal” por una ley aprobada de manera unánime en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el país asumió el desafío imprescindible de volver a la urnas en el corto plazo para elegir a sus gobernantes y representantes. Una condición para el efecto, producto del acuerdo político, fue la recomposición de la institucionalidad electoral, con la designación de nuevos vocales tanto en el TSE como en los nueve tribunales departamentales.

En ese marco, el TSE asumió el reto inmediato de convocar a los nuevos comicios y ejecutar el calendario electoral para una votación que debió realizarse el pasado 3 de mayo. Lo hizo en condiciones adversas, en un contexto de agravada crisis, polarización e incertidumbre, con disputa política en torno al Gobierno provisorio. Lo hizo en medio de una situación crítica del organismo electoral, con cuatro tribunales quemados como parte del vandalismo de los hechos de octubre y noviembre del año pasado.

Así, las elecciones 2020, de hecho difíciles por el contexto político-institucional, se fueron desarrollando hasta quedar en suspenso el 21 de marzo por efecto de la cuarentena total decretada por el Gobierno. La emergencia sanitaria por el coronavirus añadió un nuevo factor de complejidad a los comicios. La disputa por la nueva fecha se resolvió en dos momentos: primero mediante una ley que fijó un plazo máximo hasta el 1 de agosto y luego con el acuerdo anunciado esta semana para votar el 6 de septiembre.

En esta ruta incierta y crítica, las autoridades electorales asumieron una posición institucional y de cumplimiento de la normativa, en especial del principio de preclusión, que constituye una base fundamental e ineludible del sistema electoral boliviano. Cerraron así las puertas a quienes, buscando frenar las elecciones, demandan dar marcha atrás en el proceso. Ello derivó en algunas críticas contra el presidente del TSE, incluida una acusación temeraria y fuera de lugar del Procurador del Estado.

Es necesario rechazar con firmeza estas acciones de desprestigio contra el TSE, pues ponen en riesgo no solo la todavía frágil institucionalidad en el país, sino también el proceso electoral. Lo más peligroso, nuevamente, es que este asedio antidemocrático busca golpear la legitimidad de los comicios, como narrativa para un eventual desconocimiento e impugnación del resultado. El guion es conocido. E inaceptable. Bolivia necesita gobernantes con la legitimidad de las urnas para enfrentar la crisis.

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Demócratas de papel

La resistencia al proceso electoral reafirma, de quienes se oponen, que lo discursivo se minimiza ante lo conductual

/ 4 de junio de 2020 / 05:31

Son las crisis políticas y sociales profundas las que exigen que hombres y mujeres de acción pública deban pasar por el tamiz de la consideración societal para explicar, descarnadamente, sus creencias más arraigadas. Asumir un discurso democrático en favor de la igualdad y la libertad es cosa simple, sin embargo, obrar en consecuencia a lo dicho pide consistencia de pensamiento y de personalidad, algo que las almas confusas no suelen poseer. Giovanni Sartori decía “los que nunca han conocido las tiranías y las dictaduras, se inclinan fácilmente hacia una retórica de la libertad”. El relato libertario y democrático como eje discursivo ante la opinión pública es insuficiente para evidenciar el perfil acabado de un líder, pues requiere, indefectiblemente como acción seguida, ser contrastado con las formas que adoptan sus conductas. Los personajes públicos quedan revelados por sus comportamientos antes que por sus palabras. Se dicen demócratas cuando ejercen de autócratas desembozados; al momento de gobernar, lo hacen bajo una narrativa que refiere al pueblo o a dios como el fin de sus acciones, pero en cada hecho patentizan que únicamente se representan a sí mismos.

Hace 48 horas que el Tribunal Supremo Electoral señaló fecha para el postergado día de elecciones generales, quienes están en una atropellada cruzada por evitar el proceso de institucionalización de autoridades ya critican nuevamente, con argumentos apurados, el anuncio del órgano electoral. Separados del facilismo discursivo de circunstancia, los portadores del “recuperemos la democracia y la libertad” mataron impiadosamente, junto a la democracia popular, a “ese otro dios que falló”: el republicanismo, lo abandonaron en manos de quienes son inclasificables, pues no piensan ni por derecha ni izquierda, están en el lado de las conveniencias. Con extrañeza vemos a esta nueva generación de múltiples entendedores de lo social, que hablan de democracia y se enfadan con toda referencia electoral. Pasa que en realidad no son demócratas y no sienten aprecio por una institucionalidad del Estado que no entienden o que les perturba. Carecen de ideología e ingresan en esa oscura categoría de aquellos que conciben el ejercicio del poder como la lógica de advertir, aterrar, frivolizarse y abreviar el proceso personal de la acumulación económica. Son los inoxidables del poder y de cualquier espacio que atienda sus validaciones sociales y garantice su transcurrir circunspecto. Después de más de una década de ostracismo estatal, se esperaba de ellos una versión de derecha evolucionada y serena, pero el transcurrir del tiempo produjo el efecto inverso, los convirtió en escandalosos administradores de la cosa pública.

La calidad institucional de un país —comprendiendo que las instituciones deben evidenciar también la complejidad y pluralidad de quienes comparten y habitan un mismo territorio—, está expresada por el afecto a los acuerdos societales que determinan las formas de gobierno que adopta un conjunto poblacional. Resistirse al proceso electoral reafirma solamente que lo discursivo se minimiza ante lo conductual.

Un gobierno agotado en su inoperancia sanitaria, a quien una reciente medición de opinión pública le anota que esa conducta signada por la corrupción y que su baja eficiencia en la gestión del Estado le ha paralizado su perspectiva electoral, aún tiene una pequeña posibilidad de honor, de salvación de la excomulgación histórica: comprender que los tiempos electorales no quedan marcados por las ansiedades gubernamentales y que no puede ajustar las horas según sus propias urgencias.

Jorge Richter Ramírez, politólogo

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