Voces

viernes 14 ago 2020 | Actualizado a 04:36

Unidad sin legitimidad

La unidad se construye, no puede imponérsela a punta de amenazas y el recurso a la violencia

/ 5 de abril de 2020 / 06:30

Por La Razón

Algunos voceros del oficialismo y sus operadores mediáticos plantean la necesidad de unión incondicional, sin pizca de crítica, en torno a las erráticas medidas adoptadas por el Gobierno provisorio en su estrategia de contención del coronavirus COVID-19. Olvidan premeditadamente que la unidad se construye con acuerdos, requiere un mínimo de legitimidad e implica disponibilidad para hacerla posible.

Es evidente que en una situación de emergencia sanitaria, como la que hoy afrontamos a nivel global por la pandemia del COVID-19, las sociedades deben cerrar filas en torno a sus autoridades electas y liderazgos. No siempre ocurre así debido a que priman mezquindades personales, disputas políticas e intereses económicos y corporativos. Pero al menos hay la certidumbre de que existe conducción y el barco no está a la deriva. Ello no exime, sino más bien supone, la necesidad del intercambio crítico.

En ese marco, el primer dato relevante e ineludible es que la unidad se construye: no puede imponérsela a punta de amenazas y el recurso a la violencia. La historia nos demuestra que grandes crisis requieren líderes concertadores que tejan la convicción de unidad –en este caso nacional– con diálogo plural, decisiones planificadas y acuerdos. Para enfrentar una crisis como la del coronavirus no bastan cabezas de poco mérito cuya narrativa principal sea autoritaria, de persecución, fuerza pública y cárcel.

Claro que para construir unidad en torno a decisiones complejas, difíciles, que demandan sacrificio y suponen pérdidas es fundamental que quienes deciden por todos tengan la suficiente legitimidad. El problema añadido en Bolivia es que el actual Gobierno provisorio carece de legitimidad de origen proveniente de las urnas. Peor todavía en un contexto de crisis, polarización e incertidumbre, marcado por una fuerte fractura social derivada de los irresueltos hechos de octubre y noviembre del año pasado.

En esas condiciones, mientras no se tiendan puentes de encuentro auténtico, consignas como “la unión es la fuerza” son solo banderas deshilachadas. Peor todavía si las decisiones se toman de manera unilateral a punta de decretos, sin la necesaria coordinación con los otros niveles territoriales del Estado ni con la densa y amplia red organizativa que existe en la sociedad boliviana. No se ve, pues, que las autoridades provisorias que prueban suerte ante la crisis tengan disponibilidad de unidad.

Pero quizás el problema de fondo tiene que ver con la apuesta por la improvisación frente a la crisis sanitaria, que claramente es la peor apuesta. El Gobierno provisorio decide por su cuenta con arreglo al cálculo electoral, comunica mal y, para colmo, no está logrando ejecutar sus decisiones. Veamos sino el anuncio de la “canasta familiar” realizado el 21 de marzo. Diez días después resulta que, en realidad, será un bono. Y que se pagará, si acaso, desde el 3 de abril. Así, no hay unidad posible.

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Conflicto irresuelto

Una vez más se ha hecho evidente que hay una brecha racial y de clase que no solo no ha sido resuelta en la última década y media, sino que es hábilmente profundizada por políticos que piensan primero en sus intereses y solo después, un poco, en el país y su futuro.

/ 14 de agosto de 2020 / 01:51

Por La Razón

Con la promulgación, ayer, de la ley que fija elecciones hasta el domingo 18 de octubre “así se caiga el cielo” —como dijo el presidente de la Cámara de Diputados—, una parte de la sociedad boliviana cree ver una salida a la crisis política iniciada el 3 de agosto con los bloqueos carreteros instruidos por la COB y el Pacto de Unidad; sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse.

La polémica decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, semanas atrás, de postergar las elecciones generales del 6 de septiembre al 18 de octubre fue el motivo que necesitaba la Central Obrera Boliviana (COB) para resurgir después de haber perdido su relevancia en el debate político desde, al menos, el año pasado. La adhesión del Pacto de Unidad, articulación de movimientos sociales de origen indígena originario campesino claramente coaligada con el MAS, brindó la fortaleza necesaria para asegurar que el bloqueo de caminos se produzca en todo el país. Como siempre sucede en estos casos, las demandas enarboladas por los movilizados fueron cambiando e incrementándose con el paso de los días.

Asimismo, la decisión del TSE también sirvió para que otras fuerzas políticas salgan por sus fueros, ora para atacar al TSE, particularmente a su presidente, que desde que fue posesionado por la Presidenta interina hasta ahora ha recibido todos los insultos y acusaciones posibles, y no parece que eso vaya a parar pronto, ora para actualizar su discurso de odio y confrontación.

Especialmente notable fue la declaración del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que acudió al lenguaje violento y racista que se le conoce desde hace décadas para amenazar con el uso de la fuerza para desbloquear las carreteras y, finalmente, para dar a conocer su propio pliego petitorio, que incluye la suspensión sine die de las elecciones y toda clase de privilegios para el pequeño grupo de élite que maneja el civismo cruceño.

El resultado es una sociedad jalonada entre estos extremos, sumida en la incertidumbre por el futuro inmediato del país; grupos radicales que se creen empoderados solo porque los medios de comunicación amplían sus discursos de modo acrítico, sensacionalista y, peor, lleno de prejuicios; y los liderazgos formales mostrándose incapaces de galvanizar a su favor las fuerzas desatadas y mucho más de poner freno a los excesos que se han producido en la última semana y media.

Es posible que por el enorme costo de mantener la movilización activa y, sobre todo por las señales brindadas por la clase política en el Ejecutivo y el Legislativo, la protesta vaya perdiendo fuerza en los próximos días. Sin embargo, una vez más se ha hecho evidente que hay una brecha racial y de clase que no solo no ha sido resuelta en la última década y media, sino que es hábilmente profundizada por políticos que piensan primero en sus intereses y solo después, un poco, en el país y su futuro.

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Parálisis estatal

Cierto que las elecciones por sí mismas no resuelven la crisis múltiple (político-institucional, sanitaria, socioeconómica, ambiental), pero brindarán al menos mejores condiciones, en especial de legitimidad, para enfrentarla.

/ 12 de agosto de 2020 / 02:26

Por La Razón

La irresuelta crisis múltiple y la creciente polarización política en el país se complican con una sensación cada vez más penosa de parálisis estatal. Existe un bloqueo mutuo entre el Ejecutivo y el Legislativo. El nivel central del Estado coordina poco y mal con las entidades territoriales autónomas. Y el propio Gobierno provisorio demuestra fragilidad e incoherencia interna.

Hay varias experiencias de gobiernos que carecen de bancada mayoritaria en el Legislativo. En tal escenario, existe la tradición de coaliciones entre dos o más fuerzas políticas. Cabe también la posibilidad de construir acuerdos puntuales sobre determinadas normas y políticas públicas. En ausencia de gobierno mayoritario o de pactos, surgen el bloqueo institucional y la parálisis decisoria. Lo vivimos en Bolivia en el gobierno de la UDP, en la gestión de Mesa y con el actual Gobierno provisorio.

Más allá de la relación armónica o conflictiva entre los órganos del poder público, incluido el Judicial, el Tribunal Constitucional y, en algunos casos, el organismo electoral, es fundamental en democracia preservar la razonable y necesaria lógica de pesos y contrapesos. El problema surge cuando ese principio de coordinación e independencia de poderes se convierte en desencuentro sistemático. Cuando cada órgano va por su lado, con arreglo a intereses irreconciliables, no hay horizonte común posible.

La situación hoy en Bolivia es más complicada y crítica porque el bloqueo institucional se produce entre un gobierno provisorio sin la legitimidad de las urnas, y una asamblea cuya composición no representa la actual correlación de fuerzas políticas. Ambos con mandatos sobradamente prorrogados y ya improrrogables. Dos órganos sin ninguna voluntad política e institucional para coordinar acciones mínimas para enfrentar la crisis. Si ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en escucharse el 6 de agosto.

Es evidente también la ausencia de coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Así, decisiones del Gobierno provisorio no necesariamente son acompañadas por gobernaciones departamentales y gobiernos municipales. Ello ocurre por varias razones, entre otras, decisiones verticales que no se consultan, falta de recursos, disputa política. La mala gestión pública de la pandemia por el COVID-19 es una muestra de ello, con la actual sensación de colapso sanitario.

Dada esta insostenible situación, que parece irremediable en el corto plazo, es fundamental garantizar un gobierno y una Asamblea Legislativa resultantes de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Cierto que las elecciones por sí mismas no resuelven la crisis múltiple (político-institucional, sanitaria, socioeconómica, ambiental), pero brindarán al menos mejores condiciones, en especial de legitimidad, para enfrentarla. Empezando por la posibilidad de construir acuerdos y evitar escenarios de violencia.

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País bloqueado

Mientras tanto, la sociedad boliviana, particularmente en las ciudades principales, se ve jalonada por los grupos que alientan la polarización y la alimentan de cotidianas consignas y desinformación, y sometida a la incertidumbre cuando intenta conservar una posición equidistante.

/ 10 de agosto de 2020 / 01:23

Por La Razón

El fracaso, el sábado, del intento del Tribunal Supremo Electoral por lograr un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, y el domingo, de la Presidenta candidata, por lograr un compromiso para resolver la tensión política, sirve también como conjunto de indicadores del mal momento que atraviesa la democracia del país, golpeada no solo por la ruptura institucional, sino también por la pandemia.

En primer lugar, la COB, desvencijada organización matriz de los trabajadores, ha vuelto a tener un protagonismo inesperado en el escenario político, sin que hasta ahora sea claro cuál es el propósito que persiguen las movilizaciones iniciadas hace una semana a instancias de la histórica central sindical, aparentemente coaligada con una parte del MAS, la misma que tiene influencia sobre las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, sector que tampoco está dispuesto a ceder en sus pretensiones de adelantar, así sea una semana, la fecha de las elecciones, hoy fijadas para el 18 de octubre.

Por otra parte, hay una dura lección para las y los miembros de la Sala Plena del TSE, que con su decisión de mover de manera autónoma la fecha de las elecciones, y sin importar si sus razones son más valederas que las del resto de los actores políticos, ha provocado el actual momento de inestabilidad, en gran medida por no haber construido acuerdos necesarios, particularmente con aquellos que estando conformes con la decisión, prefieren no decirlo públicamente por cálculo electoral.

Para la Presidenta candidata y su equipo de gobierno tiene que haber sido sensible el mensaje de que gobernar es mucho más que administrar la fuerza o siquiera la amenaza de usarla. Todo gobierno democrático debe extremar sus recursos para construir consensos amplios con quienes le apoyan, mínimos con quienes ni adhieren ni atacan, y siquiera principios de acuerdo con quienes se oponen. Convocar al diálogo, cuando no se ha dado muestras de que es posible concertar, no tiene sentido ni mucho menos resultados.

Mientras tanto, la sociedad boliviana, particularmente en las ciudades principales, se ve jalonada por los grupos que alientan la polarización y la alimentan de cotidianas consignas y desinformación, y sometida a la incertidumbre cuando intenta conservar una posición equidistante, necesaria para decidir quién merece el voto popular en octubre próximo, sobre todo a la luz de la escasa vocación democrática que muestran unos y otros.

El balance final muestra que todos los actores políticos relevantes coinciden en estar dispuestos a firmar un acuerdo que fije de manera definitiva el 18 de octubre como fecha de los nuevos y postergados comicios, y sin embargo el país sigue bloqueado, lo cual claramente obliga a buscar qué intereses se esconden detrás de las posturas maximalistas e intransigentes, de las cuales hay abundante memoria en la historia política boliviana.

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Acuerdo urgente

El requisito es garantizar por ley, sin ninguna condicionalidad o duda, que la fecha del 18 de octubre es inamovible. Ello implica un compromiso formal del TSE. Y también que el Gobierno provisorio garantice las condiciones para el ejercicio del voto tanto en el país como en el exterior.

/ 9 de agosto de 2020 / 03:51

Por La Razón

Mientras actores radicalizados del Gobierno provisorio y de organizaciones sociales afines al MAS apuestan por atizar la polarización en el país, diferentes voces plantean la necesidad de diálogo. El desafío es construir un acuerdo amplio que permita enfrentar la crisis múltiple y encaminar las elecciones 2020. Solo así se evitarán salidas violentas, inaceptables en democracia.

Bolivia vive una situación de crisis integral que parece conducirnos al abismo. A la agravada crisis político-institucional arrastrada desde los hechos de octubre y noviembre de 2019, se añade una mal gestionada crisis sanitaria, una crisis socioeconómica con efectos venideros de largo alcance y una renovada crisis ambiental por nuevos incendios forestales. Si a ello sumamos el bloqueo institucional, la parálisis decisoria y la escasa legitimidad de varias autoridades, el panorama es sombrío.

En relación al proceso electoral originalmente convocado para el 3 de mayo, continúa la incertidumbre acerca de la nueva fecha decidida unilateralmente por el TSE. Si bien parece haberse asumido la imposibilidad de concurrir a las urnas el 6 de septiembre, la jornada electoral ahora postergada hasta el 18 de octubre aún tiene problemas de legalidad y de legitimidad. Por un lado, requiere una ley dado su carácter excepcional; por otro, implica acuerdos y garantías con los sectores movilizados.

Semejante escenario de crisis múltiple y de incertidumbre respecto a los comicios solo podrá superarse si los actores relevantes concurren al diálogo y se abren a la posibilidad de lograr convergencias mínimas, aunque sean únicamente procedimentales y de corto plazo. De lo contrario, la polarización que apela al uso de la fuerza para bloquear o desbloquear abona la clausura de salidas electorales y, por tanto, pacíficas; y nos conduce casi como fatalidad al deplorable riesgo de violencia y enfrentamiento.

¿Cómo blindar las elecciones, esto es, la imperiosa necesidad de autoridades y representantes con legitimidad para enfrentar la crisis? Pareciera viable construir un arreglo en el ámbito de la Asamblea Legislativa. El requisito es garantizar por ley, sin ninguna condicionalidad o duda, que la fecha del 18 de octubre es inamovible. Ello implica un compromiso formal del TSE. Y también que el Gobierno provisorio garantice las condiciones para el ejercicio del voto tanto en el país como en el exterior.

La bochornosa negación mutua en los actos oficiales del 6 de agosto muestra la dificultad de un acercamiento institucional y político. Cierto que la presidenta-candidata Áñez ofreció un acuerdo sobre bonos, pero lo hizo con ataques y en clave de campaña electoral. Cierto que la presidenta de la Asamblea habló de unidad, pero el MAS alienta acciones que dividen. Estamos como país en cuenta regresiva para un acuerdo urgente. Si no se logra, lamentaremos daños de largo plazo para nuestra convivencia social.

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La Razón, más que papel y tinta

Somos un equipo de profesionales que se esfuerza cada día para llegar a manos de nuestros lectores con información veraz, relevante y completa en sus páginas.

/ 5 de agosto de 2020 / 12:36

Por La Razón

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