Algunos voceros del oficialismo y sus operadores mediáticos plantean la necesidad de unión incondicional, sin pizca de crítica, en torno a las erráticas medidas adoptadas por el Gobierno provisorio en su estrategia de contención del coronavirus COVID-19. Olvidan premeditadamente que la unidad se construye con acuerdos, requiere un mínimo de legitimidad e implica disponibilidad para hacerla posible.
Es evidente que en una situación de emergencia sanitaria, como la que hoy afrontamos a nivel global por la pandemia del COVID-19, las sociedades deben cerrar filas en torno a sus autoridades electas y liderazgos. No siempre ocurre así debido a que priman mezquindades personales, disputas políticas e intereses económicos y corporativos. Pero al menos hay la certidumbre de que existe conducción y el barco no está a la deriva. Ello no exime, sino más bien supone, la necesidad del intercambio crítico.
En ese marco, el primer dato relevante e ineludible es que la unidad se construye: no puede imponérsela a punta de amenazas y el recurso a la violencia. La historia nos demuestra que grandes crisis requieren líderes concertadores que tejan la convicción de unidad –en este caso nacional– con diálogo plural, decisiones planificadas y acuerdos. Para enfrentar una crisis como la del coronavirus no bastan cabezas de poco mérito cuya narrativa principal sea autoritaria, de persecución, fuerza pública y cárcel.
Claro que para construir unidad en torno a decisiones complejas, difíciles, que demandan sacrificio y suponen pérdidas es fundamental que quienes deciden por todos tengan la suficiente legitimidad. El problema añadido en Bolivia es que el actual Gobierno provisorio carece de legitimidad de origen proveniente de las urnas. Peor todavía en un contexto de crisis, polarización e incertidumbre, marcado por una fuerte fractura social derivada de los irresueltos hechos de octubre y noviembre del año pasado.
En esas condiciones, mientras no se tiendan puentes de encuentro auténtico, consignas como “la unión es la fuerza” son solo banderas deshilachadas. Peor todavía si las decisiones se toman de manera unilateral a punta de decretos, sin la necesaria coordinación con los otros niveles territoriales del Estado ni con la densa y amplia red organizativa que existe en la sociedad boliviana. No se ve, pues, que las autoridades provisorias que prueban suerte ante la crisis tengan disponibilidad de unidad.
Pero quizás el problema de fondo tiene que ver con la apuesta por la improvisación frente a la crisis sanitaria, que claramente es la peor apuesta. El Gobierno provisorio decide por su cuenta con arreglo al cálculo electoral, comunica mal y, para colmo, no está logrando ejecutar sus decisiones. Veamos sino el anuncio de la “canasta familiar” realizado el 21 de marzo. Diez días después resulta que, en realidad, será un bono. Y que se pagará, si acaso, desde el 3 de abril. Así, no hay unidad posible.