Voces

miércoles 3 jun 2020 | Actualizado a 18:51

Propuestas y necesidades

Además de dinero, el país necesita de parte de las autoridades grandes dosis de creatividad para la gestión.

/ 7 de abril de 2020 / 06:16

Por La Razón

La extraordinaria circunstancia que vive el mundo y de la cual Bolivia no es la excepción tiene a gran parte de la clase política encerrada en casa, lo cual no significa que abandonen su oficio; algunos, conmovidos por la amenaza que se cierne sobre un gran porcentaje de la población buscan formas de recaudar dinero que alivie el impacto, pero hay mucho más que pueden hacer.

Probablemente convencidos de que ostentar un cargo jerárquico en el Estado, mucho más si es por elección, es un privilegio, algunos parlamentarios alimentaron la idea de reducir en parte no solo sus salarios, sino también de otras autoridades, incluyendo las de los órganos Ejecutivo y el Judicial a fin de crear un fondo que ayude a las personas con mayores necesidades.

El primero en anunciar un proyecto de ley con ese propósito fue un senador del MAS por Chuquisaca, quien lo puso a consideración de la Presidenta de la Cámara Alta la semana pasada. Su propuesta implica reducir todos los salarios de la jerarquía del sector público a un tope máximo de Bs 15.000. La medida, que duraría mientras continúe la emergencia por el COVID-19, alcanzaría incluso a autoridades y docentes de la universidad pública.

Días después, una diputada, también del MAS, presentó su propio proyecto de ley, que propone recortar a la mitad los salarios de los cargos electos y jerárquicos en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los tres niveles gubernativos. El fruto de tal reducción sería un Fondo del Pueblo, a ser destinado exclusivamente a temas de salud y asistencia social para quienes no recibirán ningún tipo de beneficio durante la cuarentena.

Más prácticos, cuatro alcaldes de Chuquisaca, concejales de Sucre y de Mojocoya, el Gobernador de Potosí, trabajadores del Servicio Departamental de Caminos de ese departamento y tres concejales de Oruro anunciaron, por separado, la donación de todo o parte de sus sueldos para ayudar a los más afectados por la cuarentena. En algunos casos, el dinero recaudado servirá de base para una campaña a la que más personas podrán sumarse para incrementar el fondo.

Se trata, en todos los casos, de muestras de la mejor de las voluntades y una gran sensibilidad de quienes saben que su posición exige mucho más que solo idoneidad profesional. Sin embargo, es posible pensar en que además de dinero, el país necesita de parte de las autoridades grandes dosis de creatividad para la gestión.

En efecto, ha sido evidente que el bono de emergencia anunciado por la Presidenta no puede llegar de modo eficaz a sus destinatarios, debido a la débil institucionalidad del Estado y a la pobre coordinación entre instancias gubernativas. Es más urgente diseñar procedimientos, y acompañarlos en el nivel local, para que la multimillonaria inversión del Gobierno sea apropiadamente realizada, y los recursos lleguen efectivamente a donde son necesitados.

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6 de septiembre

Se trata de una valiosa señal de certidumbre sobre unos comicios muy complejos

/ 3 de junio de 2020 / 05:49

Por La Razón

Luego de un amplio acuerdo entre las principales fuerzas políticas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció al país la buena noticia de que las postergadas elecciones generales tienen fecha: serán el domingo 6 de septiembre. Se trata de una valiosa señal de certidumbre sobre unos comicios muy complejos, que tendrán como telón de fondo la persistente pandemia del coronavirus.

Más allá de la disputa en torno al proceso electoral, la fecha misma de votación se convirtió en objeto de cálculo político y de controversia tras haberse dejado en suspenso el calendario electoral. El desencuentro enfrentaba a quienes exigían “elecciones ya” y aquellos que buscaban postergarlas sin fecha (mejor si hasta el 2021). En tal contexto, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley fijando un plazo máximo de 90 días, que en los hechos implicaba votar a más tardar el 1 de agosto.

Quienes demandaban la realización de elecciones lo antes posible, en el plazo establecido por ley, alegaban que era imprescindible tener un gobierno legítimo para enfrentar la drástica crisis resultante de la pandemia. Acusaban al régimen de la presidenta-candidata Áñez de pretender prorrogarse en el poder (pese a su carácter transitorio). Y asumían que el TSE podía adoptar medidas para ir a votar en condiciones mínimas de seguridad sanitaria, como se hizo o se está haciendo en otros países.

A su vez, quienes rechazaban la sola posibilidad de pensar en una fecha para los comicios, argüían que primero está la salud y que la votación debía postergarse hasta que se haya superado la pandemia y no existan riesgos para la ciudadanía. Acusaban al MAS de alentar un plan de desestabilización. Y empezaron a cuestionar al TSE por su decisión de acatar la ley. Algunos fueron más lejos al pretender no solo el aplazamiento de la votación, sino incluso una nueva convocatoria con reglas diferentes.

A reserva del hoy superado debate sobre la fecha de votación, que en todos los casos respondía a cálculos estratégicos de las fuerzas políticas y candidaturas, el TSE asumió el desafío con apego al principio de legalidad y con responsabilidad institucional. Y fue avanzando en tareas preparatorias antes de reactivar el calendario electoral, como ajustes presupuestarios, protocolos, innovaciones logísticas. El propósito era garantizar el ejercicio del sufragio como derecho ciudadano en democracia.

Haber superado la disputa política y la incertidumbre sobre la fecha de votación es una valiosa señal política e institucional en medio del agravado escenario de crisis y polarización. Más allá de alguna crítica destemplada y hoy aislada, la buena noticia es que se despeja la ruta electoral en el país. Así, el TSE podrá retomar a mediados de julio el calendario electoral sin dar marcha atrás en las actividades que precluyeron (padrón, candidaturas, circunscripciones). Las y los demócratas debemos celebrarlo.

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Calendario incierto

Toca a las y los representantes políticos debatir si se posterga o no la elección y hasta cuándo

/ 2 de junio de 2020 / 11:35

Por La Razón

Con la promulgación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones, el país parecía haber ingresado a una etapa de certidumbre respecto de la fecha de realización de la elección presidencial, tanto así que incluso habiendo admitido un recurso de nulidad, el Tribunal Constitucional señaló que el plazo definido se mantenía. El fin de semana, el Movimiento al Socialismo (MAS) decidió cambiar ese estado de cosas.

En efecto, gracias a la mayoría que todavía conserva en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el MAS no solo aprobó, sino también promulgó en tiempo récord una norma destinada a fijar la fecha de las elecciones generales, postergadas a causa de la pandemia por el COVD-19, y ampliar el mandato de las y los legisladores, así como de la Presidenta interina y su gobierno.

Todas las demás fuerzas políticas con interés en esa elección, particularmente la que sustenta a la Mandataria transitoria, se manifestaron en contra de la fecha sugerida en la norma (el primer domingo de agosto), asegurando que dadas las condiciones de la pandemia era muy riesgoso reunir a la población votante en los recintos electorales.

Únicamente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) conservó la calma y la institucionalidad, y su Presidente afirmó que el Órgano Electoral cumplirá la ley tal como está, a menos que hubiera otra norma interpretativa que fije un nuevo diferimiento del acto electoral. Explicó también que no hace falta un nuevo calendario electoral, sino que se reanudarán las actividades en el punto que se suspendieron en marzo pasado, cuando se esté dentro del plazo fijado.

Jugó también en contra de la posición de quienes se oponen a la fecha fijada en la Ley 1297 que, con ocasión de normar la suspensión paulatina de la cuarentena que tuvo al país en pausa durante 10 semanas, se dispuso la celebración de actos religiosos en templos y ambientes similares. La reacción lógica fue: si se puede ir a la misa o al culto, ¿por qué no a actividades culturales o a los recintos electorales?

Pero finalmente, cuando todo hacía parecer que las y los bolivianos acudirían a las urnas en la fecha prevista, el expresidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, anunció el fin de semana, mediante Twitter, que su partido está considerando diferir la fecha de elecciones si fuese necesario por la situación sanitaria. En el gesto del exmandatario se percibe no solo un evidente cuanto previsible cálculo político, sino sobre todo el ejercicio de una iniciativa política que su partido todavía conserva en buen estado.

Toca a las y los representantes políticos debatir si se posterga o no la elección y hasta cuándo. Quienes se opusieron a la fecha fijada en la norma promulgada el 30 de abril tienen la ocasión de negociar una nueva, solo que esta vez a sabiendas de que lo que decidan, aparentemente, beneficiará al partido echado del gobierno en noviembre de 2019.

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¿Volver a la normalidad?

Quienes desean convertirse en gobierno en el corto plazo bien podrían prestar atención a la Agenda 2030 de la ONU e incluirla en su propuesta programática

/ 1 de junio de 2020 / 05:42

Por La Razón

Las medidas de desconfinamiento que se inician hoy, aunque en los hechos hayan comenzado hace semanas de la mano de personas necesitadas de trabajar para ganar el sustento diario, y que son comunes a muchas ciudades del orbe, hacen pensar a muchos en que podríamos estar en puertas de un “retorno a la normalidad”; sin embargo, esa idea no es más que una ilusión.

Por una parte, es poco razonable creer que luego de más de dos meses en cuarentena, las cosas puedan volver a ser “normales”, especialmente en vista de la crisis económica que se anuncia tan severa como inevitable, luego de casi 10 semanas con el aparato productivo casi completamente paralizado. El que sea “normal” que en estas condiciones haya una crisis económica que sumará sus costes a los de la crisis sanitaria que vive el mundo entero, no significa que se trate de una normalidad deseable o siquiera aceptable.

Por otra parte, lo que muchas personas entienden por “normalidad” implica un estilo de vida basado en la completa ignorancia de los costes presentes y futuros de un modelo de consumo sin límites, con crecientes cantidades de desperdicio y, lo que es peor, que descansa sobre el uso de energía fósil. El resultado es el desastre ambiental que ya se está viviendo en prácticamente todo el mundo, y que por unos días parecía haberse detenido a la par que se detenía la actividad humana por la pandemia.

En ese sentido discurre una reflexión publicada en nuestra edición impresa el viernes y que lleva la firma de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, y del director regional para América Latina y el Caribe de Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Leo Heileman, quienes luego de ofrecer un preocupante diagnóstico para la región, señalan la importancia de “tomar medidas de reactivación económica sostenibles y ‘a prueba del clima’; no las usuales”.

Para el efecto proponen como horizonte la Agenda 2030 de la ONU y la “recuperación verde” a través de varias iniciativas: acudir a las energías renovables y eficiencia energética; transporte público y de última milla electrificado, con uso de litio; soluciones basadas en la naturaleza para la producción agrícola y ganadera, a la gestión del agua y a los ecosistemas; restauración de ecosistemas con orientación científica y pagos por servicios ecosistémicos; ampliación de la infraestructura sanitaria básica (agua y saneamiento) y la producción de materiales bajos en carbono para la construcción.

Sin duda es una agenda tan deseable como difícil y conflictiva para quienes orientan la práctica política a la satisfacción de intereses parciales, pero eso no debe significar que no es necesario orientar la actividad pública hacia ella. Quienes desean convertirse en gobierno en el corto plazo bien podrían prestar atención a esta agenda e incluirla en su propuesta programática.

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Incierta desescalada

Lo preocupante es que la desescalada de medidas se produce en plena escalada de contagios.

/ 31 de mayo de 2020 / 07:18

Por La Razón

Luego de 70 días (nada menos) de cuarentena decretada por el Gobierno provisorio, desde este lunes se levanta en el país la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus SARS-CoV2. Y pasamos a las “tareas de mitigación”, delegadas a planes de contingencia de las entidades territoriales autónomas. En tanto, estamos a pocos días de superar los 10.000 casos de contagios.

La desescalada establecida por la presidenta-candidata Janine Áñez y su gabinete de ministros, mediante el Decreto Supremo N° 4245, implica una suerte de abandono de responsabilidades en el peor momento de la crisis sanitaria. Ahora serán en esencia las gobernaciones y municipalidades, con escasos recursos, las que tomarán a su cargo la lucha contra el COVID-19 en la temible fase de contagio comunitario. La cuarentena nacional, en tanto, bajo modalidad “dinámica y condicionada”, continúa hasta fines de junio.

Hemos señalado en este espacio que la cuarentena total decretada en marzo fue una medida necesaria a fin de limitar los contagios y “ganar tiempo” para enfrentar la pandemia en mejores condiciones sanitarias. En general, la medida fue cumplida de manera responsable por la ciudadanía, salvo deplorables excepciones. Empero, al final del camino, 10 semanas después, los casos no hacen sino aumentar, y queda la sensación de que, en realidad, fue un tiempo desperdiciado. La salida a las calles será crítica.

En la hora de la “mitigación, con escasa información oficial como casi todo lo relacionado con la pandemia en el país, se mantienen algunas restricciones importantes como el cierre de fronteras, la suspensión de los vuelos internacionales y de las clases presenciales, prohibiciones con horario para circulación de vehículos y personas, y suspensión de eventos públicos y todo tipo de actividades y reuniones. La curiosa excepción son las ceremonias religiosas, fuente crítica de contagios en algunos países.

Si bien es cierto que la cuarentena rígida era insostenible y en los hechos ya fue rebasada, lo preocupante es que la desescalada de medidas se produce en plena escalada de contagios, con alertas rojas sobre el muy posible colapso del sistema de salud pública. Las consecuencias de ello, como se vio en otras experiencias, pueden ser desastrosas. Como sea, desde este lunes se retoman las actividades económicas y las jornadas laborales del sector público y privado. La contingencia tendrá acción local. ¿Qué nos queda como ciudadanas y ciudadanos? Cuidarnos y cumplir medidas de bioseguridad.

El último decreto gubernamental dedica todo un artículo, completo y de cumplimiento obligatorio, al respecto: distanciamiento físico, uso de barbijo, desinfección con alcohol y lavado permanente de manos. ¡Qué tal! ¿Y si tenemos la desgracia de contagiarnos? Parece una pesadilla: según el nivel de riesgo, las entidades territoriales autónomas (ETA) actuarán “según su capacidad de respuesta”. La desescalada es incierta, con mucha lavada de manos.

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Responsabilidad compartida

Existen grandes desafíos de coordinación y ejecución concurrente de las acciones contra el COVID-19 en esta nueva etapa

/ 30 de mayo de 2020 / 12:43

Por La Razón

La nueva etapa de cuarentena “dinámica y condicionada” se inicia en medio de un repunte de los contagios. Los gobiernos departamentales y municipales están asumiendo mayor protagonismo. Sin embargo, esto no exime al Gobierno central de sus responsabilidades de rectoría. Al contrario, más que nunca se necesita una clara coordinación entre todos los niveles del Estado.

Después de 70 días de cuarentena estricta, en gran parte del país las restricciones de movilidad serán flexibilizadas de manera paulatina, supuestamente con base en indicios de la estabilización de los contagios en sus territorios. Sin embargo, llama la atención que varios municipios han iniciado este proceso sin que sus calificaciones de riesgo hayan mejorado significativamente en las últimas semanas.

Se entiende la urgencia de algunos ciudadanos y empresas para reiniciar actividades. Pero, otra vez, no queda clara la aplicación de los criterios y los riesgos que esto implica para la población. Parecería que depende mucho de los equilibrios sociopolíticos de cada territorio y no tanto de estándares epidemiológicos estrictos. Se esperaría que cada gobierno local evalúe con cuidado sus opciones, ya que están asumiendo una gran responsabilidad.

Otra situación extraña es la distancia que está tomando el Gobierno central frente a estas decisiones. El Ministerio de Salud ha publicado un mapa de riesgo municipal, pero tal parece que no desea ejercer una rectoría, o que cuente con instrumentos para monitorear su efectiva aplicación. ¿Por qué algunos territorios están empezando a liberar actividades cuando tienen aún un riesgo alto de circulación del COVID-19? ¿Pueden las autoridades locales asumir riesgos sin que el Gobierno central diga algo?

Y existe otra cuestión aún más inquietante: los gobiernos locales tienen un gran reto, y de sus acciones depende la salud de cientos de miles de personas. Pero al mismo tiempo enfrentan escasez de recursos. El desempeño de muchos de ellos ha sido deficiente en estos tres meses de crisis; por ejemplo, en el caso de varios servicios departamentales de salud (SEDES). ¿Por qué ahora será mejor? ¿Se han reestructurado en este tiempo?

Lo cierto es que el Gobierno central tiene la obligación de acompañar a todos los territorios en este esfuerzo, monitorear su desempeño, compensar las obvias desigualdades de recursos que existirán entre ellos, e intervenir cuando haya necesidad de hacerlo. En medio de una crisis sanitaria de tal envergadura, no pueden haber diferencias en la atención de salud entre las regiones, y solo el poder central tiene los medios para velar que eso no suceda.

En otras palabras, existen grandes desafíos de coordinación y ejecución concurrente de las acciones contra el COVID-19 en esta nueva etapa, y el Gobierno central no puede eludir su rol crucial en los resultados que se obtengan. La población al final juzgará el desempeño de sus autoridades sin distinción.

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