La extraordinaria circunstancia que vive el mundo y de la cual Bolivia no es la excepción tiene a gran parte de la clase política encerrada en casa, lo cual no significa que abandonen su oficio; algunos, conmovidos por la amenaza que se cierne sobre un gran porcentaje de la población buscan formas de recaudar dinero que alivie el impacto, pero hay mucho más que pueden hacer.
Probablemente convencidos de que ostentar un cargo jerárquico en el Estado, mucho más si es por elección, es un privilegio, algunos parlamentarios alimentaron la idea de reducir en parte no solo sus salarios, sino también de otras autoridades, incluyendo las de los órganos Ejecutivo y el Judicial a fin de crear un fondo que ayude a las personas con mayores necesidades.
El primero en anunciar un proyecto de ley con ese propósito fue un senador del MAS por Chuquisaca, quien lo puso a consideración de la Presidenta de la Cámara Alta la semana pasada. Su propuesta implica reducir todos los salarios de la jerarquía del sector público a un tope máximo de Bs 15.000. La medida, que duraría mientras continúe la emergencia por el COVID-19, alcanzaría incluso a autoridades y docentes de la universidad pública.
Días después, una diputada, también del MAS, presentó su propio proyecto de ley, que propone recortar a la mitad los salarios de los cargos electos y jerárquicos en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los tres niveles gubernativos. El fruto de tal reducción sería un Fondo del Pueblo, a ser destinado exclusivamente a temas de salud y asistencia social para quienes no recibirán ningún tipo de beneficio durante la cuarentena.
Más prácticos, cuatro alcaldes de Chuquisaca, concejales de Sucre y de Mojocoya, el Gobernador de Potosí, trabajadores del Servicio Departamental de Caminos de ese departamento y tres concejales de Oruro anunciaron, por separado, la donación de todo o parte de sus sueldos para ayudar a los más afectados por la cuarentena. En algunos casos, el dinero recaudado servirá de base para una campaña a la que más personas podrán sumarse para incrementar el fondo.
Se trata, en todos los casos, de muestras de la mejor de las voluntades y una gran sensibilidad de quienes saben que su posición exige mucho más que solo idoneidad profesional. Sin embargo, es posible pensar en que además de dinero, el país necesita de parte de las autoridades grandes dosis de creatividad para la gestión.
En efecto, ha sido evidente que el bono de emergencia anunciado por la Presidenta no puede llegar de modo eficaz a sus destinatarios, debido a la débil institucionalidad del Estado y a la pobre coordinación entre instancias gubernativas. Es más urgente diseñar procedimientos, y acompañarlos en el nivel local, para que la multimillonaria inversión del Gobierno sea apropiadamente realizada, y los recursos lleguen efectivamente a donde son necesitados.