Si el drama de poco más de un centenar de bolivianas y bolivianos en la frontera con Chile que pretendían regresar a su país trajo dolores de cabeza a las autoridades del Gobierno transitorio, el desarrollo ulterior del caso ha puesto en evidencia que el prejuicio es una de las variables que intervienen en la toma de decisiones, tanto para la acción como para los discursos.
Luego de la polémica en torno a los bolivianos retenidos hace más de 10 días en una población cercana a Pisiga, el Gobierno habilitó un campamento de emergencia en territorio nacional donde al final llegaron más de 300 personas. Días después, un grupo mucho mayor llegó a la frontera con intención de volver a su país, pero se encontró con la imposibilidad de cruzar el paso.
La respuesta gubernamental, repetida por los ministros de Gobierno y de Defensa, fue que se trata de un grupo organizado y financiado por el Movimiento al Socialismo (MAS). El Director de Migración fue todavía más explícito cuando afirmó que se trata de personas que “no tienen ningún argumento sobre por qué vienen al país; sabemos lo que han venido a hacer: manejan dinero para movilizar a esta gente, y lo único que buscan es romper la cuarentena en Bolivia, en Oruro”.
La situación hubiese sido menos polémica de no haber sido que en la madrugada del miércoles un avión procedente de Santiago de Chile llegó a Bolivia transportando a 36 compatriotas que no tuvieron inconveniente alguno de retornar a su país. La explicación gubernamental fue que se trataba de un vuelo organizado con anterioridad, atendiendo a razones “humanitarias”. Luego, un comunicado de la Cancillería ayudó a relativizar esa idea, al señalar que los pasajeros se costearon el viaje y que se harían cargo de las medidas de prevención. El mensaje de este hecho sería que vuelve a Bolivia quien tiene dinero para hacerlo.
Dadas las explicaciones ofrecidas por las autoridades transitorias, así como por la escasa evidencia que se ha conocido, es imposible descartar por completo algún interés político detrás de algunas personas varadas en la frontera. Pero también es imposible afirmar que la sola amenaza de la fuerza e incluso un proceso sumario contra algunas de esas personas, que habrían delatado a otras tantas, es la respuesta apropiada para una situación de crisis que antes de ser política es humanitaria y de salud.
Ha sido tan grande la polémica por este caso que el Ministro de Obras Públicas terminó anunciando que todos los bolivianos que deseen volver a su patria podrán hacerlo tras cumplir un trámite. Por ahí debió comenzar la gestión del conflicto: argumentar que unos tienen razones de salud, parientes necesitados de cuidado, y que hay niños y niñas en el grupo, pero que los varados en la frontera no califican para volver al país es muestra de que en Bolivia todavía hay algunos ciudadanos dignos de sus derechos y muchos otros que no.