Pese al silencio de defensores de derechos humanos y gremios en el país, algunos organismos internacionales como Human Rights Watch alertaron que un decreto del Gobierno provisorio respecto al coronavirus amenaza la libertad de expresión. Existe el grave riesgo, contrario al Estado de derecho y la democracia, de penalizar discrecionalmente la opinión y la difusión de información.
Un debate sustantivo en torno a la pandemia del COVID-19 tiene que ver con el difícil equilibrio entre las declaratorias de emergencia sanitarias adoptadas por los Estados, y la restricción de derechos de las y los ciudadanos. Las estrategias de contención orientadas a limitar el número de contagios, como el necesario aislamiento social, pueden derivar en excesos de la fuerza pública, así como en acciones persecutorias de los gobiernos. Así, en nombre de la excepcionalidad, se suprimen libertades.
Si bien, en general, las sociedades apoyan las restricciones derivadas de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia en cada país, y están dispuestas a resignar algunas libertades y derechos, ello no implica que pierdan su condición de ciudadanía, con capacidad de opinar, reclamar, expresarse. Las cuarentenas son imprescindibles y deben ir acompañadas de sanciones ante el incumplimiento. Pero asumir que el estado de excepción otorga poder discrecional a los gobiernos es ciertamente un desvarío.
Algo así está ocurriendo en Bolivia. Pese a que las medidas del Gobierno provisorio de Jeanine Áñez fueron erráticas, la gran mayoría de la población asumió la necesidad del aislamiento obligatorio: primero parcial, luego total con ampliación de plazo, y seguramente extendido a partir del 15 de abril. Pero resulta inaceptable que, por una parte, se censuren y penalicen reclamos y críticas; y, por otra, que las autoridades busquen encubrir sus errores con el fácil expediente de acusar a los oponentes políticos.
El Decreto Supremo N° 4199, que declara cuarentena total en el país, incluye una disposición que amenaza la libertad de expresión y limita el debate público, imprescindibles en democracia. El artículo 7 establece que las personas que “desinformen o generen incertidumbre a la población” (sic) serán objeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública. ¿Quién define qué es desinformación o hay incertidumbre? ¿Un fiscal? ¿El juez? ¿O el titular de gobierno en clave persecutoria?
Esta evidente amenaza aprovechando la pandemia ha sido observada por la reconocida organización internacional Human Rights Watch, cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco, alertó sobre la ambigüedad del decreto, lo que “podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión”. Y añadió algo fundamental en democracia: contra la información errónea o la desinformación, “el mejor antídoto” es el debate público, no encarcelar a quienes hacen críticas.