Siguiendo con el tema del litio, y considerando que la histeria que vive el país con el COVID-19 motiva a un momento diferente de reflexión, quiero referirme al punto esencial del proyecto de industrialización de nuestros salares.
¿Qué nivel de industrialización es posible y conveniente a los intereses del país? La Ley 928, de abril de 2017 —que crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)—, encomienda toda la cadena de química básica a esta institución, sin intervención de intereses privados, y solo posibilita la asociación con firmas privadas para las etapas de industrialización.
Como antes se mencionó, a la fecha se hizo una considerable inversión en química básica, y se preveía llegar a un total de $us 940 millones con la construcción de la planta industrial de carbonato de litio (en ejecución).
En la primera etapa de industrialización se preveía instalar una planta de hidróxido de litio, que también es química básica y debería haber sido encarada solo por YLB. La cual iba a proveer, junto con la planta de carbonato, materia prima para las plantas de materiales catódicos, baterías de ion litio y otras, para obtener sales de boro, magnesio, sodio bromo etc.
La aventura considera una inversión de $us 1.400 millones (fuente: “YLB Conferencia en Club de Minería: Industrialización del litio en Bolivia”), que posteriormente se iba a ampliar a los salares de Coipasa y Pastos Grandes. No es “moco de pavo”, se diría por estos lados, si se considera que la única proyección para los productos finales era el mercado alemán, en caso de mantener la asociación con ACI Systems. ¿Cómo debiera seguir la historia?
Una cosa es seguir el programa de YLB a rajatabla, y otra rediseñar un camino crítico de investigación técnica, económica y de mercados sobre las posibilidades de competir con los diversos proyectos en carpeta y con los productores actuales en todo el mundo.
La sobreoferta de sales de litio hoy es una realidad, proveniente de operaciones en salares andinos, que tienen entre el 60 y el 70% de las reservas mundiales de este mineral, ubicadas en el «triángulo del litio” (Bolivia, Argentina y Chile); y de yacimientos en roca dura, que hoy son protagonistas de primera línea, con reservas probadas y probables que van desde 243,8 millones de toneladas (MM t) y 4,5 MM t de carbonato de litio equivalente (LCE) en México (Sonora Lithium Project); 179 MM t de mineral y 3,1 MM t de LCE en EEUU (Thacker Pass Lithium Project); hasta 108,2 MM t de mineral con una ley de 1,27% de Li2O en Australia (Pilgangoora Lithium–tantalum Project).
Reservas de alta ley que contrastan con los yacimientos de los salares andinos, que tienen bajas concentraciones (v.g. 1.840 miligramos de litio por litro de salmuera en el Salar de Atacama).
Hay proyectos en etapas de factibilidad (Bacanora) y prefactibilidad con proyecciones de producción a 2021. En algunos casos con capacidad programada de producción de 35.000 t por año a un costo de $us 4.000 por tonelada (Bacanora Lithium Project Corporate Presentation Dic. 2019).
Este emprendimiento es muy competitivo en costos, frente a proyectos en los salares de Chile y Argentina (hasta $us 5.000 por tonelada); y frente a proyectos en rocas con espodumeno, uno de los minerales primarios del litio, en China y Australia ($us + 7.000 por t).
No se conocen estimaciones en el caso del Salar de Uyuni, y ese debiera ser el primer reto: la certificación de reservas probadas y posibles, así como los costos operativos. A la fecha solo sabemos que se tiene un recurso medido he indicado de 2 millones de toneladas de litio (sic) en el sector productivo, y un recurso inferido de 19 MM t en otros sectores (“Rendición de cuentas 2018 de YLB”, continuará).
Dionisio J. Garzón M., ingeniero geólogo, ex ministro de Minería y Metalurgia.