Voces

lunes 29 nov 2021 | Actualizado a 01:13

‘¿Tiempo de guerra?’

Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarnos, sin resignar nuestros derechos a opinar, criticar y fiscalizar

Por La Razón

/ 12 de abril de 2020 / 07:24

En varios países del mundo, la necesaria cuarentena total como medida extrema para limitar contagios y fallecidos por el coronavirus COVID-19 tropieza con problemas de cumplimiento. Ora por necesidad, ora por provocación e indolencia, personas y grupos resisten la medida. Algunos gobiernos apelan a la información y la conciencia ciudadana. Otros, como el boliviano, apuestan por la fuerza pública.

A pocos días de que venza el plazo (ampliado) de la cuarentena decretada el 21 de marzo, el Gobierno provisorio de Janine Áñez se alista para extender la medida. Resta saber por cuánto tiempo, y si será nuevamente en todo el territorio nacional o habrá algunas regiones o territorios “liberados”. La novedad en esta nueva fase es que, además de sanciones (multas, arrestos, denuncias penales) y acciones de vigilancia y control, se anuncia el paso a la militarización. Santa Cruz es la punta de lanza.

Con gran enojo, el ministro de Defensa, Fernando López (censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional), reprendió a la ciudadanía cruceña en general, tildándola de irresponsable. “Lo que está pasando en la ciudad (de Santa Cruz) es realmente vergonzoso”, declaró. Y remató pidiendo “mano dura” ante lo que calificó como “el peor ejemplo de cuarentena para toda Bolivia”. Hoy el departamento de Santa Cruz concentra el 50% de los casos de contagio y fallecidos en el país por COVID-19.

El titular de Defensa pronto tuvo que pedir disculpas por sus palabras. Pero apenas 24 horas después, otra autoridad gubernamental, más bien intrascendente, anunció la decisión de militarizar Santa Cruz desde el próximo martes. Nos referimos al ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, quién informó que el municipio cruceño será cerrado con militares en todos los límites municipales. La medida, con varias amenazas, es coordinada con la Gobernación y con la alcaldesa interina.

A reserva del resultado de la militarización para obligar por la fuerza al cumplimiento de la cuarentena, es crítica la lógica que está detrás de la drástica medida. Con evidente torpeza, el ministro Rojo dijo dos cosas muy preocupantes. Por una parte, declaró que “estamos en guerra”. Por otra, sentenció que en tiempos de guerra el Gobierno no discute con nadie y los ciudadanos “solo obedecen” (sic). Esos aires son propios de dictaduras. Y que se sepa, en Bolivia todavía vivimos en democracia.

Más allá del enojo del ministro López y del exabrupto de su colega Rojo, es fundamental, con o sin uniformados armados en las calles, cumplir la cuarentena como reducto para evitar la propagación del coronavirus. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarnos, sin resignar nuestros derechos a opinar, criticar y fiscalizar. El Gobierno, en tanto, tiene la obligación de generar condiciones para el cumplimiento de sus medidas y brindar información con transparencia. La primera línea contra la pandemia es sanitaria, no militar.

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OEP: guerra avisada

El renovado ataque contra el sistema y los vocales no es una buena noticia para la democracia.

Por La Razón

/ 28 de noviembre de 2021 / 00:27

Las “fantasiosas y temerarias” acusaciones de la exvocal Rosario Baptista han anticipado en tres años la previsible batalla política en torno al organismo electoral, con centro en cuestiones recurrentes como el padrón. Pronto se agitarán banderas y consignas opositoras para descabezar al TSE y “auditar el sistema electoral” como condición para ir a nuevas elecciones. Es de manual.

Anticipándose a su posible destitución por una falta muy grave, la abogada Baptista se marchó a Estados Unidos y, desde allá, mandó su carta de renuncia como vocal electoral. Por supuesto no le bastaba con dejar el cargo: tenía que hacer el mayor daño posible. Entonces atacó la credibilidad de sus excolegas de Sala Plena, sembró dudas sobre la legitimidad de las elecciones 2020, se ensañó contra el partido de gobierno y, en general, cuestionó todo el sistema democrático, político y electoral.

Más allá de sus odios viejos y de su personal ajuste de cuentas, la acción política de Baptista, en sincronía con la oposición radical, anticipó la reciclada guerra contra la institucionalidad electoral en el país. No es casual que la dirigencia cívica ya esté demandando la renovación total de vocales del TSE, la elaboración de un nuevo padrón electoral y “una auditoría integral al sistema electoral” (sic). No es nada nuevo. Son las banderas que suelen agitar, invariablemente, quienes pierden elecciones.

No hay mucho que Baptista y los suyos puedan hacer respecto a los comicios del año pasado, cuya transparencia y resultados fueron certificados de manera unánime por 19 informes, nada menos, de observación nacional e internacional (la misma exvocal avaló cada acto del proceso desde su convocatoria hasta la entrega de credenciales). Se trata de una acción preventiva: los opositores, que desde hace casi dos décadas no ganan en las urnas, quieren un TSE y reglas a su gusto para las elecciones 2025.

Estamos entonces ante una guerra avisada como anticipo de la venidera disputa electoral, que tendrá su hito de inicio a fines de 2024 con la convocatoria a elecciones primarias de candidaturas para binomios presidenciales. Antes de ello, el actual tribunal electoral deberá administrar las elecciones judiciales 2023 o, en su caso, un referéndum de reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Le tocará gestionar también el ímpetu revocatorio, que hasta ahora naufragó por exceso de requisitos.

El renovado ataque contra el sistema y los vocales no es una buena noticia para la democracia. Como país debiéramos aprovechar este periodo sin comicios para fortalecer la institucionalidad, hacer ajustes normativos, renovar equipamiento, afinar el registro de votantes, en fin, consolidar sistemas que garanticen la integridad electoral. En lugar de ello, abundarán acusaciones sin evidencia (como las de Baptista) y exigencias sin fundamentación técnica. Todo sirve para avivar la polarización política.

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Cuarta ola

Se esperaría una gran ofensiva de todos los niveles de gobierno en las próximas semanas.

Por La Razón

/ 27 de noviembre de 2021 / 01:35

Hay indicadores preocupantes de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el territorio nacional. Después de tres eventos similares, se entiende que debería existir una estrategia para enfrentar una cuarta ola de la pandemia. No basta con insistir en que hay vacunas disponibles, se precisan orientaciones integrales claras y acuerdos concretos entre las instancias responsables.

Las noticias globales no son buenas acerca del control del COVID- 19. Europa está enfrentando un rápido aumento de contagios, se están endureciendo las medidas de restricción y en algunos países se está incluso imponiendo cuarentenas rígidas. En Sudáfrica ha aparecido una cepa nueva particularmente contagiosa y en América Latina empieza a incrementarse el número de casos positivos. Todo eso, en contextos en los que la cobertura de vacunación ya está en 60%.

Es evidente que el planeta está aún muy lejos de un escenario de superación de la pandemia. Parece que viviremos mucho más tiempo con el virus. La vacunación es una herramienta potente para administrar esa “nueva normalidad” pero no es una panacea, habrá frecuentes rebrotes con gran costo humano. Por tanto, hay que tener una estrategia permanente de prevención, restricciones parciales y asistencia médica reforzada de la enfermedad.

En el país, en la última semana los casos positivos han aumentado en un 21% y el número promedio diario de contagiados se va acercando a los 1.000. No hay ninguna señal que indique que esa tendencia se va a atenuar. Es probable que ya nos encontramos en una cuarta ola que podría tener su pico en cuatro a seis semanas si vemos lo que pasó en anteriores eventos. Hay pues riesgos importantes para la población que no se deben minimizar.

Se reconoce el esfuerzo gubernamental para conseguir vacunas. Hoy, ese no es el problema. Después de aumentar rápidamente, las coberturas de inmunización avanzan lentamente pese a la ampliación de la población que puede acceder a ellas. La debilidad de las entidades subnacionales en ese ámbito es evidente y no se resuelve. Frente a ese panorama, resultan insuficientes las llamadas de autoridades del Gobierno nacional a que se acelere el proceso. Se requieren acciones más claras y contundentes.

De igual manera, entendiendo el cansancio de todos, sorprende el debilitamiento de las campañas de comunicación y del esfuerzo preventivo. Las autoridades nacionales y locales repiten mecánicamente que debemos protegernos, pero no hay medidas masivas que acompañen esos llamados, ni a nivel central y menos aún en los gobiernos departamentales y municipales.

En resumen, se esperaría una gran ofensiva de todos los niveles de gobierno en las próximas semanas para preparar al país a un nuevo momento complicado de la pandemia. Esa será inevitablemente una prioridad nacional en los próximos meses. Se espera que todas las autoridades y la población en su conjunto colaboremos.

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Acabar con la violencia

Guardar silencio o mirar a otro lado cuando ocurren estos casos solo abona a perpetuar la violencia patriarcal.

Por La Razón

/ 26 de noviembre de 2021 / 00:46

Ayer se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que convoca a las personas a pensar en ello y reconocer el profundo costo que tiene para toda la sociedad y no solo para las víctimas de las innumerables formas de maltrato que caen sobre ellas. Como todos los años, sobraron los discursos y manifestaciones, pero ¿cuánto cambia?

En primer lugar, cambia año tras año la cifra de casos denunciados ante la Fiscalía: si en 2020 se conoció de 25.554 denuncias de mujeres contra sus agresores por violencia familiar o doméstica (más del 99% de los casos), económica, patrimonial y laboral, en 2021, hasta mediados de noviembre, se habían presentado 32.904 denuncias, sobre los mismos tipos de violencia más acoso político y violencia política contra las mujeres.

Los feminicidios, sin duda la peor de todas las formas de violencia contra las mujeres, también se incrementan año a año: si en 2020 se lamentó la pérdida de 103 vidas a manos de varones asesinos de mujeres, en lo que va de 2021 ya se contabilizan 99 casos y falta ver qué sucederá en las últimas semanas del año, cuando junto con las fiestas se multiplican los casos de agresión hacia mujeres de todas las edades.

Irónicamente quedan fuera de la estadística del Ministerio Público los casos de violencia sexual contra las mujeres, especialmente adolescentes y niñas, que en un gran porcentaje se agravan con embarazos no deseados. El caso de una niña en Yapacaní, semanas atrás, concitó gran atención mediática y provocó encendidos debates entre quienes “defienden” la vida del ser en gestación y quienes defienden los más elementales derechos de esa niña violada sexualmente y luego mediáticamente. La suma de violencias que recaen sobre la víctima fue ostensible y desgarradora.

La Ley 348, Contra todo Tipo de Violencia hacia las Mujeres, promulgada hace más de ocho años, reconoce y tipifica 16 tipos de violencia contra ellas, y sin embargo los colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de esta mitad de la población reclaman que no se cubren todas las posibles formas de agresión y, sobre todo, que la norma tiene deficiencias que pueden y deben ser enmendadas. La incapacidad del Estado para corregir y mejorar la norma debería ser considerada también una forma de violencia, evidentemente estructural.

Parece ocioso hacer recuento de las múltiples formas de violencia, la mayor parte de ellas naturalizadas y por tanto casi invisibles, y sin embargo es un ejercicio que debe hacerse en los medios y en cuanto espacio haya para la conversación y el debate. Es evidente que guardar silencio o mirar a otro lado cuando ocurren estos casos solo abona a perpetuar la violencia patriarcal. El Estado tiene grandes obligaciones al respecto, pero la sociedad en pleno debe exigir un nuevo contrato entre hombres y mujeres, en el que la igualdad sea el horizonte común y la violencia sea rechazada por todas y todos.

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Dos masacres sin justicia

Ninguna democracia, ningún Estado de derecho, debieran tolerar una masacre. Y peor aún dejarla en la impunidad.

Por La Razón

/ 24 de noviembre de 2021 / 01:10

La coyuntura crítica de fines de 2019 dejó varios hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos, como fue documentado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sin duda el más crítico para la convivencia en sociedad fueron las masacres de Sacaba y Senkata. La exigencia irrenunciable es verdad, reparación, justicia y no repetición.

Pocos días después del derrocamiento del expresidente Morales, el régimen inconstitucional de Áñez se estrenó con un decreto supremo de impunidad seguido de dos masacres. Según el informe del GIEI, “la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”. El saldo fueron 20 muertes producidas por armas de fuego de la fuerza pública, ejecuciones sumarias, torturas y tratos inhumanos a los detenidos.

En el contexto de la “transición”, promovida y avalada por jefes de la oposición, la jerarquía católica y algunos diplomáticos, se instalaron eficazmente narrativas para ocultar, justificar y hasta legitimar las masacres. Los operadores mediáticos del régimen hablaron de enfrentamientos y de “fuego cruzado” donde hubo masacres. Y, según el guion de los exministros Murillo y López, informaron que los manifestantes “se mataron entre ellos” en Sacaba e “iban a hacer volar la planta de gas” en Senkata.

El robusto informe del GIEI (468 páginas) demostró de manera inequívoca que dichas narrativas fueron falsas. No hubo “enfrentamiento” entre la fuerza pública y “movimientos violentos”, sino graves violaciones de los derechos humanos. Además de las masacres, se produjeron torturas, detenciones ilegales, criminalización y persecución política, discursos de odio, actos de racismo y violencia de género. Todo ello, en nombre de la “pacificación”. Y con la complicidad o silencio de diferentes actores.

Despejadas las mentiras sobre las masacres de Sacaba y Senkata, la exigencia irrenunciable como país es que haya reparación y justicia. Transcurridos dos años, la justicia no llega. Con una administración judicial en crisis, el Gobierno parece más empeñado en el ajuste de cuentas del “caso Golpe”. Y la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra Áñez, que debiera aprobarse por unanimidad en la Asamblea Legislativa, tropieza con el deplorable veto de Comunidad Ciudadana y Creemos.

Ninguna democracia, ningún Estado de derecho, debieran tolerar una masacre. Y peor aún dejarla en la impunidad. La garantía de justicia y de no repetición pasan por enjuiciar y sancionar a los responsables con la máxima pena. En ello no caben relatos ni excusas. La premisa por supuesto es que se respeten los principios de presunción de inocencia, derecho a la defensa y debido proceso. El imperativo de convivencia democrática en sociedad es que nunca más en Bolivia se produzca una masacre en nombre de nada.

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Mujeres desempleadas

El Gobierno habla de grandes avances en el último año, pero también hay pendientes.

Por La Razón

/ 22 de noviembre de 2021 / 01:11

Es bien sabido que la combinación de falta de preparación con los rigores por la pandemia global del COVID-19 tuvo en 2020 un impacto generalizado sobre la economía y mucho más sobre el mercado laboral, particularmente en países como Bolivia, donde los puestos de trabajo formal son muy escasos. El Gobierno habla de grandes avances en el último año, pero también hay pendientes.

Entre esos pendientes destaca particularmente la situación de jóvenes y mujeres en edad de trabajar, dos sectores de la población que tienen preocupantes índices de desocupación. Según el Presidente del Estado, en 2020, la tasa de desocupación urbana tuvo su pico en 11,6% de personas en edad de trabajar sin empleo; había subido sin descanso desde octubre de 2019, cuando el indicador estaba en 4,3%; en septiembre de 2021 había llegado a 6,2%. Sin embargo, si el dato del desempleo se desagrega por sexo, resulta que 7,4% de las mujeres en edad de trabajar no tienen empleo, y si el análisis se realiza por edad, las y los jóvenes de 18 a 28 años de edad tienen un índice de desocupación de 9,8%.

Según un economista consultado por este diario, el principal obstáculo para la incorporación de más jóvenes en el mercado laboral está en su falta de experiencia; en el caso de las mujeres, la situación es mucho peor: son discriminadas en la selección de personal debido a los “costos laborales” asociados a su género, particularmente el embarazo y las protecciones que llegan con él para las mujeres asalariadas. La solución, dice, es crear incentivos, como por ejemplo eliminar la figura del salario mínimo.

El Presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia opina que el país debe recuperar al menos 400.000 empleos y atribuye el retraso en esta tarea a una visión “sesgada” del Gobierno que se rehúsa a acordar con el sector privado mecanismos de reactivación económica. El Gerente de la Cámara Nacional de Comercio coincide en la necesidad de esta articulación entre el sector público y el privado. Opina que es necesaria una “agenda de trabajo” que tenga el objetivo de “generar sostenibilidad y credibilidad en las familias para que pueda haber paz social”.

Si bien las propuestas parecen inclinarse al tradicional liberalismo, en el que el Estado participa lo menos posible, no es desdeñable la voluntad de los agentes privados por buscar acuerdos con el Gobierno para revertir la situación actual. Cabe, sin embargo, preguntarse si tal voluntad pasa por comprometerse a trabajar de manera mancomunada o simplemente dejar a cuenta del Estado algunos costos laborales.

Por su parte, el Estado, particularmente el Gobierno nacional, debe generar incentivos para el sector privado, no necesariamente a través de subsidios, sino a través de otros mecanismos que podrían favorecer la contratación de más jóvenes y más mujeres en las empresas, sin que ello ponga en riesgo la calidad de su empleo o su sostenibilidad en el tiempo.

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